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Resolución A.E.P.D. R/00409/2010, de 25 de febrero


 Protección de datos personales: Vulneración del deber de secreto sobre datos incorporados a ficheros relativos a la comisión de infracciones administrativas o penales. Facultades del Administrador: No debió exponer en el tablón de anuncios informaciones que, pese a ser de interés para la comunidad de propietarios, se encuentran dentro de la esfera de protección de datos de carácter personal y pudieron ser vistos por terceros ajenos a la comunidad. Publicidad de sentencias ya depositadas: Debe procurarse la supresión de datos de identificación de los sujetos para asegurar la protección del derecho al honor e intimidad personal y familiar.

RESOLUCIÓN

En el procedimiento sancionador PS/00229/2009, instruido por la Agencia Española de Protección de Datos a GARCÍA & DELMASTRO SERVICIOS S.L., vista la denuncia presentada por A.A.A. y en base a los siguientes,


ANTECEDENTES


 
Primero.-Con fecha de 6/11/2008 tuvo entrada en esta Agencia una denuncia de A.A.A. contra la Administradora de Fincas "García y DelMastro SERVICIOS S.L." (en lo sucesivo DELMASTRO), que presta servicios para la Comunidad de Propietarios "*COMUNIDAD1" de (C/....C1), por haber expuesto en los buzones de avisos de la Comunidad de cuatro portales y haber depositado en los buzones de cada propietario, una información que contiene sus datos de carácter personal.

Aporta una fotografía tomada el 25/09/2008, en la que con el sello de DELMASTRO en el escrito, se observa en un tablón de anuncios cerrado, el escrito con el título de "SE INFORMA", y detalla tres asuntos judiciales, citando el Juzgado, nº de procedimiento, resolución, denunciante y denunciado (nombre de la denunciante y de la administradora) y de modo breve el extracto de cada fallo. En el primero: "Que debo condenar y condeno a A.A.A. como autora responsable de una falta de amenazas.""cometida sobre B.B.B.", "a la pena de.", informando de la condena. En el segundo párrafo de la misma hoja, se informa que en la denuncia judicial de la denunciante sobre "falsedad de documento" contra B.B.B. se acordó el sobreseimiento provisional, y en el tercer párrafo de la hoja la referencia a otra denuncia judicial de la denunciante contra la misma persona por "intrusismo profesional" se acuerda el sobreseimiento libre, expresando al final de la hoja "Documentación a disposición de cualquier interesado".

Respecto a la entrega en buzones de la anterior información, aporta copia del mismo escrito que se inserta en el tablón, indica que se lo entregaron sus inquilinos, y que unos vecinos pueden corroborarlo, si bien no indica ni del escrito se desprende la fecha de su puesta a disposición ni el modo en que se encontró en el buzón.

Segundo.-El Director de la Agencia Española de Protección de Datos, tras la recepción de la denuncia, ordenó a la Subdirección General de Inspección de Datos la realización de las actuaciones previas de investigación para el esclarecimiento de los hechos denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

1) Se pidió información a la Comunidad de Propietarios de ***COMUNIDAD1, representada por DELMASTRO, y a la dirección de esta entidad. Con fecha 13/03/2009, se recibe en esta Agencia escrito de DELMASTRO en calidad de gestor de la Comunidad de Propietarios de ***COMUNIDAD1, manifestando:

1.1 No se ha distribuido publicación alguna por los buzones de la Comunidad.

La denunciante durante el transcurso de dos reuniones extraordinarias de la Comunidad de 16 /02 y 29/03/2008 "amenazó públicamente" a los dos socios de DELMASTRO, por lo cual estos interpusieron la denuncia, a resultas de la cual se produjo el mencionado falló del Juzgado.

Después, la denunciante presentó otras dos denuncias contra los miembros de DELMASTRO, y ella misma manifestó el contenido de las mismas en la Junta de Propietarios, haciendo copias y repartiéndolas a los asistentes para sembrar dudas entre ellos, una de las denuncias era por ejercer sin titulación y la otra por falsificación de documento privado. Ante la confusión generada por la denunciante y la toma de conocimiento que algunos propietarios expresaron, decidió publicar una parte de la resolución de los procedimientos a título informativo, sin usar dato alguno que como propietaria puedan figurar en los ficheros de la Comunidad.

1.2 De la denunciante le constan obrantes en sus ficheros el domicilio proporcionado por la misma el 23/01/2009, teléfonos de contacto, DNI y firma, según copia del documento que se aporta, que va acompañado de unas cláusulas informativas sobre el tratamiento que DELMASTRO efectúa por cuenta de la citada Comunidad. También se dispone de una ficha de datos personales en los que figuran sus viviendas, coeficientes, números de teléfono y nombre y apellidos junto al NIF y que no desea los recibos domiciliados.

1.3 Se aporta copia de Sentencia de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción **, nº procedimiento ***/07, observándose que lo expuesto no es fotocopia de la sentencia sino un breve resumen confeccionado para la ocasión, en el que se copia el fallo condenatorio de la sentencia. En los hechos probados se declara que las amenazas se produjeron en el seno de una Junta de Propietarios el 15/12/2007.

Asimismo se aporta el auto del Juzgado de Instrucción **, procedimiento ***/2008, en el que coincide la denunciante y la denunciada con el resultado que se hace constar en la nota expuesta.

En idéntico sentido consta respecto del auto del Juzgado de Instrucción **, procedimiento **1/2008.

Tercero.-El hecho de posibilitar el acceso de terceros a la información contenida en sentencias o autos por asuntos derivados o procedentes de Juntas de Propietarios sin el consentimiento de la persona afectada, y a titulo informativo, a través de los tablones de anuncio de la Comunidad de Propietarios, puede constituir una revelación de datos de carácter personal sobre los que existe deber de guardar secreto.

Cuarto.-Con fecha 8/09/2009, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos acordó iniciar, procedimiento sancionador a GARCÍA & DELMASTRO SERVICIOS S.L, por presunta infracción del artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13/12, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), tipificada como grave en el artículo 44.3.g) de dicha norma.

Quinto.-Notificado el acuerdo de inicio, la denunciante con escrito de 29/09/2009 comunica el nuevo domicilio de la denunciante a la que se remite de nuevo el acuerdo de inicio que finalmente es entregado.

GARCÍA & DELMASTRO SERVICIOS S.L formula alegaciones el 5/11/2009 en las que señala que mantiene una denuncia por estafa contra la denunciante, que la denunciante en una reunión de vecinos manifestó públicamente que había denunciado a los Administradores porque no tenía titulación, por lo cual no concurriría el elemento de culpabilidad.

Sexto.-Con fecha 12/01/2010 se inicio el período de práctica de pruebas, incorporando la dimanante de las actuaciones previas del expediente de investigación de estas actuaciones, E/00073/2009, así como las alegaciones formuladas al acuerdo de inicio. Además, se dio por reproducida la impresión obtenida del Registro general de Protección de Datos, del fichero código #####COD1 "Comunidad de Propietarios ***COMUNIDAD1 ", descrito como "gestión de los datos de la comunidad de propietarios", constando como responsable del fichero o tratamiento "García & del Mastro Servicios SL".

Séptimo.-Con fecha 11/01/2010 tuvo entrada un escrito de la denunciante en el que aporta testimonio de tres propietarios que afirman que la hoja estuvo expuesta en el tablón de anuncios de la Comunidad durante muchos meses del año 2009, y que dichas actuaciones nada tienen que ver con los intereses de la Comunidad, careciendo de total interés para la misma, sin que fueran aprobadas, autorizadas por Junta alguna.

La denunciante añade que se dirigió en junio 2008 a la Administradora para pedir la retirada de la hoja, costando sello de la administradora como recibido, según copia del escrito que aporta.

Finaliza señalando que la hoja se retiró cuando les llegó la denuncia.

Octavo.-Con fecha 21/01/2010 se emitió propuesta de resolución al Director de la Agencia, proponiendo la sanción de 60.101,21 € a GARCÍA & DEL MASTRO SERVICIOS S.L. por la infracción del artículo 10 de la LOPD tipificada como grave en el artículo 44.3.g) de dicha Ley Orgánica, según lo dispuesto en el artículo 45.2 y 4 de dicha norma.

Frente a dicha propuesta no se han presentado alegaciones.


HECHOS PROBADOS

1) El 25/09/2008 estaba expuesto en los tablones de anuncios de la "Comunidad de Propietarios ***COMUNIDAD1", de (C/..C1) una hoja que informaba de los fallos de contenciosos judiciales entre una propietaria, la denunciante, y la Administradora y su esposo de la Comunidad, pertenecientes a la entidad denominada GARCÍA & DEL MASTRO SERVICIOS S.L, Administradores de la CP ***COMUNIDAD1, añadiendo: "documentación a disposición de cualquier interesado". En concreto, se exponían en el tablón los datos de la denunciante referidos al fallo de tres sentencias, dos absolutorias para la Administradora, y una condenatoria para la denunciante por falta de amenazas, con la pena que se le impuso (folios 7 a 10 y 33). Según manifiesta la denunciante la Comunidad se compone de cuatro portales, y ha sido expuesta la hoja en los cuatro portales, aunque de las fotografías que se aportan no queda acreditado este extremo, si se deduce que al menos en uno si ha quedado expuesta. La hoja expuesta contiene en el pie el sello de GARCÍA & DEL MASTRO SERVICIOS S.L (folios 2, y 8 a 10).

2) La Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción **, de Granadilla de Abona, nº procedimiento ***/07, de 20/02/2008, declara en hechos probados que las amenazas se produjeron en el seno de una Junta de Propietarios el 15/12/2007 (folio 39). En la reunión de 2/03/2008 se puso en tela de juicio que de verdad la administradora tuviera la titulación legal para ser Administradora de fincas (folios 99 y 104) al carecer de la misma. El auto de 22/04/2008 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº ** de Granadilla de Abona, **1/2008, trata sobre el intrusismo profesional de la Administradora de García & del Mastro declarando el archivo de la causa, coincidiendo con lo expuesto en la hoja informativa en el tablón (folios 22, 45 a 48). Del fallo de sobreseimiento provisional del auto ***/20089 de 22/04/2008 sobre falsedad de documento (folios 49 y 55) también se informa en la hoja informativa del tablón. Los fallos de las resoluciones mencionadas en el tablón de anuncios coinciden con las copias de las sentencias aportadas (folios 8 a 10, 40-41, 48, 49, 55).

3) GARCÍA & DEL MASTRO SERVICIOS S.L. dispone de los datos de la denunciante para la gestión de los asuntos comunitarios (folios 27, 30), figurando el respectivo fichero inscrito en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos siendo responsable del fichero o tratamiento GARCÍA & DEL MASTRO SERVICIOS S.L. (folios 149 a 156).


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
I.-Es competente para resolver este procedimiento el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37. g) en relación con el artículo 36 de la LOPD.

II.-El artículo 10 de la LOPD dispone:

"El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo." El deber de secreto profesional que incumbe a los responsables de los ficheros, recogido en el artículo 10 de la LOPD, comporta que el responsable de los datos almacenados no pueda revelar ni dar a conocer su contenido teniendo el "deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo". Este deber es una exigencia elemental y anterior al propio reconocimiento del derecho fundamental a la libertad informática a que se refiere la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30/11, y por lo que ahora interesa, comporta que los datos tratados automatizadamente no pueden ser conocidos por ninguna persona o entidad ajena fuera de los casos autorizados por la Ley, pues en eso consiste precisamente el secreto.

Este deber de secreto resulta esencial en las sociedades actuales cada vez más complejas, en las que los avances de la técnica sitúan a la persona en zonas de riesgo para la protección de derechos fundamentales, como la intimidad o el derecho a la protección de los datos que recoge el artículo 18.4 de la Constitución Española. En efecto, este precepto contiene un "instituto de garantía de los derechos de los ciudadanos que, además, es en sí mismo un derecho o libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos" (Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000). Este derecho fundamental a la protección de datos persigue garantizar a esa persona un poder de control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino, que impida que se produzcan situaciones atentatorias con la dignidad de la persona, es decir, el poder de resguardar su vida privada de una publicidad no querida.

En el presente caso, ha quedado acreditado que la Administradora de la Comunidad de Propietarios, perteneciente a GARCÍA & DELMASTRO SERVICIOS S.L, dispuso por su cuenta de la publicación de los datos personales de la denunciante al menos en el tablón de un portal de la citada Comunidad, dando a conocer datos de carácter personal de la denunciante contenidos en una hoja, referidos a tres sentencias, siendo una de ellas condenatoria, detallándose la condena por falta de amenazas en la persona de la Administradora Sra. Viviana, y de su marido, por el pleito que les enfrentaba, divulgación que la denunciante no consta autorizara.

Asimismo, en la misma hoja informativa, se expone en relación con otras dos sentencias cuyo origen fue la denuncia de la denunciante, el sobreseimiento del asunto, vulnerándose asimismo el secreto que en este caso tiene todo propietario al secreto de sus datos.

De la función o uso que de los tablones de la Comunidad de Propietarios se debe efectuar, se ocupa la Ley de Propiedad Horizontal, que en el artículo 9 apartado 1.h) hace referencia a :

"h) Comunicar a quien ejerza las funciones de Secretario de la comunidad, por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, el domicilio en España a efectos de citaciones y notificaciones de toda índole relacionadas con la comunidad. En defecto de esta comunicación se tendrá por domicilio para citaciones y notificaciones el piso o local perteneciente a la comunidad, surtiendo plenos efectos jurídicos las entregadas al ocupante del mismo.

Si intentada una citación o notificación al propietario fuese imposible practicarla en el lugar prevenido en el párrafo anterior, se entenderá realizada mediante la colocación de la comunicación correspondiente en el tablón de anuncios de la comunidad, o en lugar visible de uso general habilitado al efecto, con diligencia expresiva de la fecha y motivos por los que se procede a esta forma de notificación, firmada por quien ejerza las funciones de Secretario de la comunidad, con el visto bueno del Presidente. La notificación practicada de esta forma producirá plenos efectos jurídicos en el plazo de tres días naturales".

Entre las competencias de la Junta figura en el artículo 14 e) "Conocer y decidir en los demás asuntos de interés general para la comunidad, acordando las medidas necesarias o convenientes para el mejor servicio común." Respecto a las manifestaciones de que la información expuesta no estaba relacionada con la Comunidad, y que eran cuestiones personales, se debe señalar que la denuncia que origina la sentencia del procedimiento ***/07 tuvo su inicio en la Junta de Propietarios de 15/12/2007 (folio 33), produciéndose las amenazas durante la celebración de la misma, hecho probado en la sentencia folio 39, la del procedimiento **1/2008 sobre intrusismo profesional, al carecer, según la denunciante de titulación para ejercer como Administradora de fincas, folio 46, constando en un acta manifestaciones vertidas por un propietario que señala que desconocen si de verdad es Administradora de Fincas (folio 104), acta de 29/03/2008 en la que se plantea iniciar acciones contra la denunciante -folio 126- relacionado con la sentencia del procedimiento ***/2008 e intercambio de anónimos en buzones folios 135 y 136. Como se aprecia son todas cuestiones que afectan al desenvolvimiento de la Comunidad.

Las competencias del Administrador se refieren en el artículo 20, que determina:

"a) Velar por el buen régimen de la casa, sus instalaciones y servicios, y hacer a estos efectos las oportunas advertencias y apercibimientos a los titulares.

b) Preparar con la debida antelación y someter a la Junta el plan de gastos previsibles, proponiendo los medios necesarios para hacer frente a los mismos.

c) Atender a la conservación y entretenimiento de la casa, disponiendo las reparaciones y medidas que resulten urgentes, dando inmediata cuenta de ellas al presidente o, en su caso, a los propietarios.

d) Ejecutar los acuerdos adoptados en materia de obras y efectuar los pagos y realizar los cobros que sean procedentes.

e) Actuar, en su caso, como secretario de la Junta y custodiar a disposición de los titulares la documentación de la comunidad.

f) Todas las demás atribuciones que se confieran por la Junta." Teniendo en cuenta que el tablón de anuncios puede ser visto no solo por los propietarios a los que les interesa al tema de por sí, sino inquilinos, familiares, amigos, prestadores de servicios, etc., en el presente supuesto, se acredita la vulneración del deber de secreto en el uso de este medio.

Aunque las actuaciones judiciales interesaran a todos los vecinos como integrantes de la Comunidad, al mantener la Administradora de la Comunidad contenciosos con una propietaria cabe decir que el conocimiento y la discusión de las cuestiones de interés de las comunidades de propietarios ha de realizarse a través de sus órganos de gobierno y, en concreto, de la junta de propietarios, sede ante la cual podrían haberse dado a conocer dichos temas.

En este sentido, el artículo 16 de la Ley 49/1960, de 21/07, de Propiedad Horizontal (en lo sucesivo LPH), en su actual redacción, establece que "Cualquier propietario podrá pedir que la Junta de propietarios estudie y se pronuncie sobre cualquier tema de interés para la comunidad". De ello se deduce que el conocimiento de dichas cuestiones ha de realizarse a través de dicho órgano de gobierno y no mediante la publicación en el tablón de anuncios de la misma de dichas cuestiones, motivo por el que se debe guardar la máxima diligencia a la hora de exponer en el tablón de anuncios informaciones que puedan referirse al derecho a la protección de datos de carácter personal de los afectados. No obstante, los propietarios hubieran tenido derecho a conocer las cuestiones derivadas del eventual intrusismo profesional de la Administradora, de la posibilidad del fraude documental y de los hechos acaecidos o relacionados con el desarrollo de la Junta, pese a que no debiera haber expuesto en el tablón de anuncio tal información ya que terceros ajenos a la Comunidad pudieron visualizar el contenido, consistiendo en esto la infracción del deber de secreto en este caso.

III.-Respecto al hecho de que se pudiera pensar que las actuaciones judiciales son públicas, según reconoce la Constitución Española, y al principio de publicidad de actuaciones procesales que contempla la Ley de Enjuiciamiento Civil, y que justificaría la difusión de la Sentencia con los datos en ella contenidos, se ha de analizar que el artículo 3 j) de la Ley Orgánica, cuyo inciso segundo establece, de forma taxativa y terminante que "tienen la consideración de fuentes de acceso público, exclusivamente, el censo promocional, los repertorios telefónicos en los términos previstos por su normativa específica y las listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales que contengan únicamente los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico, dirección e indicación de su pertenencia al grupo. Asimismo, tienen el carácter de fuentes de acceso público, los Diarios y Boletines oficiales y los medios de comunicación".

La simple lectura del tenor literal del precepto indica que las resoluciones judiciales no pueden ser consideradas como fuente accesible al público, sin perjuicio del principio de publicidad contenido en la Ley Orgánica del Poder Judicial (en lo sucesivo LOPJ).

Por otra parte, debe señalarse que la conclusión alcanzada tampoco contradice el principio de publicidad de las actuaciones judiciales, consagrado en cuanto a las sentencias por los artículos 205.6, 232 y 266 de la LOPJ.

Ello se funda en que la publicidad a la que se refieren dichos preceptos tiene por objeto asegurar el pleno desenvolvimiento del derecho de las partes a obtener la tutela efectiva de los jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos, sin que, en ningún modo, pueda producírseles indefensión, consagrado por el artículo 24.1 de la Constitución Española. Por ello, no puede ampararse en un precepto cuyo fundamento es la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos la realización de otras actividades que pueden producir una merma de otros derechos fundamentales, como en este caso, el derecho a la protección de datos personales La colisión entre la publicidad de las sentencias y el derecho a la intimidad de las personas ya ha sido, por otra parte, analizado por el Consejo General del Poder Judicial, disponiendo en el Acuerdo de 18/06/1997, por el que se modifica el Reglamento número 5/1995, de 7/06, regulador de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, como apartado 3 del nuevo artículo 5 bis del Reglamento, que "En el tratamiento y difusión de las resoluciones judiciales se procurará la supresión de los datos de identificación para asegurar en todo momento la protección del honor e intimidad personal y familiar".

Esta cuestión ha sido también abordada en la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1º), de 3/03/1995, cuyo Fundamento de Derecho Quinto señala que:

"La publicidad procesal, en su vertiente de derecho a la información y de acceso a las sentencias ya depositadas, requiere, como hemos anticipado, por parte de quien la invoca y ejercita, la concurrencia de la condición de «interesado», sin que, hemos también de apresurarnos a esta precisión, la expresión «cualquier interesado» empleada por el art. 266.1 respecto a las sentencias, añada matiz alguno ampliatorio al básico concepto de interesado, por tratarse de mera enunciación reduplicativa y quizás dirigida a no constreñirla a quienes han sido partes o intervenido de cualquier forma (testigos, peritos, etc.) en el proceso al que la sentencia o sentencias han puesto fin. Pues bien, el interés legítimo que es exigible en el caso, sólo puede reconocerse en quien, persona física o jurídica, manifiesta y acredita, al menos «prima facie», ante el órgano judicial, una conexión de carácter concreto y singular bien con el objeto mismo del proceso -y, por ende, de la sentencia que lo finalizó en la instancia-, bien con alguno de los actos procesales a través de los que aquél se ha desarrollado y que están documentados en autos, conexión que, por otra parte, se halla sujeta a dos condicionamientos: a) que no afecte a derechos fundamentales de las partes procesales o de quienes de algún modo hayan intervenido en el proceso, para salvaguardar esencialmente el derecho a la privacidad e intimidad personal y familiar, el honor y el derecho a la propia imagen que eventualmente pudiera afectar a aquellas personas; y b) que si la información es utilizada, como actividad mediadora, para satisfacer derechos o intereses de terceras personas, y en consecuencia adquiere, como es el caso, un aspecto de globalidad o generalidad por relación no a un concreto proceso, tal interés se mantenga en el propio ámbito del ordenamiento jurídico y de sus aplicadores, con carácter generalizado, pues otra cosa sería tanto como hacer partícipe o colaborador al órgano judicial en tareas o actividades que, por muy lícitas que sean, extravasan su función jurisdiccional..." Desde esta perspectiva la difusión de una Sentencia, en la que se contienen los datos personales los denunciantes, poniéndolas a disposición del público en general, no cumple los condicionamientos expuestos y supone una vulneración de la LOPD, atentando contra los poderes de disposición y control sobre los datos personales, que según la sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30/11 determina "son parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos que se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento", y ocasionando la vulneración del artículo 10 de la LOPD.

IV.-El artículo 44.3.g) determina como infracción grave:

"La vulneración del deber de guardar secreto sobre los datos de carácter personal incorporados a ficheros que contengan datos relativos a la comisión de infracciones administrativas o penales, Hacienda Pública, servicios financieros, prestación de servicios de solvencia patrimonial y crédito, así como aquellos otros ficheros que contengan un conjunto de datos de carácter personal suficientes para obtener una evaluación de la personalidad del individuo".

En el presente caso, la información facilitada en los tablones por la Administradora contenía al menos en una de las sentencias, los datos de la denunciante referidos a autora de una falta de amenazas, así como su condena, según tipifica el código Penal. Por lo que se considera que ha incurrido en la infracción grave descrita.

V.-El artículo 3.d) de la LOPD define al "responsable del fichero o tratamiento" como persona jurídica o física de naturaleza privada o publica u órgano administrativo que decida sobre la finalidad, contenido o uso del tratamiento" En el presente caso, GARCÍA & DEL MASTRO SERVICIOS S.L es el responsable del tratamiento del fichero de la Comunidad, por cuanto decide que con la Sentencia que tiene interés por tratar asuntos comunitarios además de personales, y que albergan datos de carácter personal de la denunciante propietaria, se use para difundir en el tablón de anuncios, sin que conste autorización de la denunciante.

Los datos que trata la Administradora de Fincas por cuenta de la Comunidad han de atenerse a las instrucciones que sobre estos emanen de la Comunidad, y en este caso, la Administradora ha utilizado estos datos para informar en un lugar en el que no solo acceden propietarios sino terceros que no tienen ni deben acceder a dicha información.

VI.-El artículo 45. 2, 4 y 5 de la LOPD establece lo siguiente:

"2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 60.101,21 € a 300.506,05 €." "4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza de los derechos personales afectados, al volumen de los tratamientos efectuados, a los beneficios obtenidos, al grado de intencionalidad, a la reincidencia, a los daños y perjuicios causados a las personas interesadas y a terceras personas, y a cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora." "5. Si, en razón de las circunstancias concurrentes, se apreciara una cualificada disminución de la culpabilidad del imputado o de la antijuridicidad del hecho, el órgano sancionador establecerá la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se integra la considerada en el caso de que se trate." Pese a que la denunciada no ha instado la aplicación del artículo 45.5 de la LOPD, la Sentencia de 21/01/2004 de la Audiencia Nacional, en su recurso 1939/2001, señaló que dicho precepto <<.no es sino manifestación del llamado principio de proporcionalidad (artículo 131.1 de la LRJPAC), incluido en el más general del prohibición de exceso, reconocido por la jurisprudencia como principio general del Derecho. Ahora bien, la presente regla debe aplicarse con exquisita ponderación y sólo en los casos en los que la culpabilidad y la antijuridicidad resulten sustancialmente atenuadas, atendidas las circunstancias del caso concreto. Lo cual insistimos puede darse, por excepción, en casos muy extremos (de aquí la expresión "especialmente cualificada") y concretos." En el presente caso, pese a no haberse invocado la aplicación del artículo 45.5 de la LOPD, si se invocó lo mas, la ausencia de culpabilidad, no siendo pues necesario una invocación expresa de lo menos para que se pueda tener en consideración, pues ninguna indefensión se causa con ello a las partes. A tal efecto, se debe tener en cuenta que la denunciada pretendía dar a conocer e informar a los propietarios de los resultados derivados de tres litigios relacionados e incluso producidos en el desarrollo de Juntas de Propietarios y que hacían referencia a la propia credibilidad profesional de la denunciada, por lo que se estima reducida parcialmente la antijuridicidad, resultando aplicable el artículo 45.5 de la LOPD Asimismo, teniendo en cuenta los criterios de graduación de la sanción previstos en el artículo 45.4 de la LOPD y, en especial, la falta de intencionalidad, procede imponer una sanción de 1.000 €.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, El Director de la Agencia Española de Protección de Datos


RESUELVE:


Primero.-IMPONER a GARCÍA & DELMASTRO SERVICIOS S.L, por una infracción del artículo 10 de la LOPD, tipificada como grave en el artículo 44.3.g) de dicha norma, una multa de 1.000 €, de conformidad con lo establecido en el artículo 45.2 y 4 de la citada Ley Orgánica.

Segundo.-NOTIFICAR la presente resolución a GARCÍA & DELMASTRO SERVICIOS S.L y a A.A.A..

Tercero.-Advertir al sancionado que la sanción impuesta deberá hacerla efectiva en el plazo de pago voluntario que señala el artículo 68 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en relación con el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, mediante su ingreso en la cuenta restringida nº 0000 0000 00 0000000000 abierta a nombre de la Agencia Española de Protección de Datos en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. o en caso contrario, se procederá a su recaudación en período ejecutivo. Si recibe la notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive, el plazo para efectuar el pago voluntario será hasta el día 20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior, y si recibe la notificación entre los días 16 y último de cada mes, ambos inclusive, el plazo del pago será hasta el 5 del segundo mes siguiente o inmediato hábil posterior.

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido notificada a los interesados. La publicación se realizará conforme a lo previsto en la Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre publicación de sus Resoluciones y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 116 del Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), y de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución, o, directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

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