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Sentencia T.S.J. Madrid 446/2012, de 18 de mayo


 RESUMEN:

Despido nulo: Trabajadora embarazada. Indemnización. Si el trato desfavorable de las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad se considera legalmente discriminación por razón de sexo, y los actos que constituyen esta clase de discriminación deben dar lugar a reparaciones o indemnizaciones eficaces y proporcionadas al perjuicio sufrido, no cabe discutir el derecho de la Sra. Bárbara a su indemnización por los perjuicios que le haya supuesto la conducta de su empresa en relación a su situación de embarazo.

T.S.J.MADRID SOCIAL SEC.1

MADRID

SENTENCIA: 00446/2012

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO SOCIAL - SECCIÓN PRIMERA

Recurso número: 1735/12

Sentencia número: 446/12

K.

Ilmo. Sr. D. JUAN MIGUEL TORRES ANDRÉS

Ilmo. Sr. D. IGNACIO MORENO GONZÁLEZ ALLER

Ilma. Sra. D.ª MARIA JOSÉ HERNÁNDEZ VITORIA

En la Villa de Madrid, a DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DOCE, habiendo visto en recurso de suplicación los presentes autos la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Sres. citados, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución española de 27 de diciembre de 1.978,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de suplicación número 1735/12, formalizado por el Sr/a. Letrado/a D.ª Cristina Uceda Bernal, en nombre y representación de NOSOTRAS GIMNASIO Y CENTRO contra la sentencia de fecha 3 de noviembre de 2011, dictada por el Juzgado de lo Social número 28 de MADRID, en sus autos número 466/11, seguidos a instancia de Bárbara frente a recurrente, en reclamación de despido, siendo Magistrado-Ponente la Ilma. Sra. D.ª MARIA JOSÉ HERNÁNDEZ VITORIA, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los oportunos actos de juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones de las partes, dictó la sentencia referenciada anteriormente.

Segundo.—En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos probados:

Primero.—- La actora, D Bárbara ha venido prestando servicios por cuenta de la demandada NOSOTRAS GIMNASIO Y CENTRO DE ESTÉTICA S.L. desde el 7-01-10, con una categoría profesional de Fisioterapeuta, y percibiendo un salario bruto mensual de 955,92 eUros, incluido prorrateo de pagas extras.

Segundo.—- Mediante carta de 4-03-11 la empresa comunica a la actora su despido con efectos de ese mismo día por

faltas repetidas e injustificadas de respeto, actitud

desafiante y provocativa y agresiones verbales constantes a la encargada de la empresa. En dicha carta, la empresa

reconoce la improcedencia del despido. Damos por deJustcia reproducida dicha carta, obrante al folio 7 de la demandada.

Tercero.—La actora formuló papeleta de conciliación frente a dicho despido el 14-03-11, y citadas las partes al acto de conciliación ante el S.M.A.C. la actora no compareció, procediéndose al archivo del expediente.

La actora formula nueva papeleta de conciliación el día 28-03-11, citándose a las partes a comparecencia ante el S.M.A.C. el día 13-04-11.

Cuarto.—- La empresa mediante burofax de 11-04-11 remite carta a la actora el día 12-04-11 (doc. 10 de la demandada) en la que le ofrece la inmediata readmisión con abozo de los salarios de tramitación devengados desde la fecha en que se le entregó la carta de despido hasta que se acuerde su readmisión, y se reitera el reconocimiento de improcedencia. Se le indica que de no aceptar la readmisión, se va a proceder a subsanar y ampliar la Carta de despido.

En la misma fecha la empresa remite nueva carta. de ampliación de la carta de despido, que se adjunta con la demanda, y que damos aquí por reproducida.

Quinto.—- Resultó acreditado que el 2-12-11 la actora tenía que iniciar su jornada a las 8 de la mañana, y rio se personó en el centro, sin que conste el motivo de la

ausencia.

Sexto.—- Consta acreditado que el día 18 de enero la actora informó a la empresaria que estaba embarazada; la indica que necesitaría ir al médico, y hacerse unas pruebas, intentando acomodar tales citas con el horario de trabajo; al no ser posible el acuerdo, la actora, el día 20-01-li solicita por escrito a la empresa permiso para ausentarse las primeras horas de la mañana del día 25 de enero de 2011, para asistir a una consulta ginecológica que tendrá lugar a las 8,30 de la mañana. Ante esta solicitud, se produjo un enfrentamiento verbal entre la actora y la gerente, saliendo aquella de forma airada y diciéndole a la gerente que ya se podía ir buscando otra, porque ella no volvía más. El día 21 de enero, volvió a producirme un enfrentamiento entre ambas, al solicitar la trabajadora un certificado empresarial para poder solicitar a la Mutua un estudio de los riesgos del puesto de trabajo.

Séptimo.—El día 21 de enero la empresa pone un anuncio a través de internet solicitando una fisioterapeuta para sustituir a la hoy actora.

Octavo.—- El día 21 de enero de 2011 la actora acude al ginecólogo por sangrado vaginal, no apreciándose patología urgente en ese momento. En fecha 24-01-11 se le prescribe reposo relativo; causando baja médica el día 25-01-11, situación en la que permanece hasta el 18 de marzo de 2011.

Noveno.—- La actora causó baja por maternidad el día 26-09-11.

Décimo.—- La actora recibe tratamiento psicológico desde el día 8-03-11. En informe emitido el 15-07-11, ratificada en juicio por el psicólogo que la atiende, Dr. Juan Pedro, del Centro Médico Milenium, sería conveniente que la paciente continuara con la terapia psicológica con el objetivo de mejorar su estado de ánimo y su ansiedad, especialmente en los momentos actuales, ante un juicio por su situación laboral y ante su primera maternidad".

Undécimo.—- en fecha 13-04-11 se celebró SIN AVENENCIA la preceptiva conciliación ante el S.M.A.C. en la que la empresa se allanó a la petición de despido nulo, dado el embarazo de la actora, ofreciendo la readmisión en su puesto de trabajo con abono de los salarios de tramitación hasta la fecha de su reincorporación con fecha 18-04-11, indicando que se oponían a cualquier resarcimiento de daños y perjuicios que puedan ser reclamados vía violaciáfi de derechos fundamentales o cualquiera otra sin que eso suponga dej ación de derechos por la aceptación d la readmisión ofrecida.

Se indica por la empresa en dicho acto que en caso de negativa a la readmisión, se amplía y subsana la carta de despido remitida el 4-03-11, reatificación y ampliación que también le había sido ya comqnicada a la trabajadora por burofax.

La actora no acepta la readmisión y recibe la carta.

Duodécimo.—- La actora no ostenta ni ostentó la cualidad de representante legal o sindical de los trabajadores en la empresa.

Tercero.—En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:

"Que ESTIMO la demanda formulada por D.ª Bárbara frente a NOSOTRAS GIMNASIO YCENTRO DE ESTÉTICA S.L. y DECLARO NULO el despido de aquella, CONDENANDO a la demandada a que readmita a la trabajadora despedida inmediatamente en el omento de producirse el alta de maternidad, abonándole los salarios dejados de percibir desde el 19.3.11 hasta el 26.9.11 (191 días), a razón de un salario diario de 31,86 euros, y le abone además una INDEMNIZACIÓN por daños y perjuicios en cuantía de 6251 euros".

Cuarto.—Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandada, formalizándolo posteriormente; tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

Quinto.—Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social de Madrid, tuvieron los mismos entrada en esta Sección Primera en fecha 12 de marzo de 2012 dictándose la correspondiente y subsiguiente providencia para su tramitación en forma.

Sexto.—Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de autos al mismo para su conocimiento y estudio en 3 de mayo de 2012, señalándose el día 16 de mayo de 2012 para los actos de votación y fallo.

Séptimo.—En la tramitación del presente recurso de suplicación no se ha producido ninguna incidencia.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los siguientes


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—Por sentencia del juzgado de lo social n.º 28 de Madrid de fecha 3/11/11 se estimó la demanda de despido promovida por Bárbara contra "Nosotras Gimnasio y Centro Estética, S.L", declarando la nulidad de esa decisión, el abono de salarios de tramitación y una indemnización adicional por daños y perjuicios cuantificada en 6251 euros.

Recurre la empresa pidiendo la revisión del relato fáctico y el examen de la decisión de instancia.

Segundo.—El sexto es el hecho declarado probado que se quiere modificar, sustituyéndolo por este sexto:

"Consta acreditado que el día de enero la actor informó a la empresaria que estaba embarazada; la indica que necesitaría ir al médico y hacerse unas pruebas. La empresaria le dice que buscará los días que menos cita concertadas tengan o verá como pueden cambiar los días a algunas clientas. El día 2.º-O1-11 solicita la actora por escrito a la empresa permiso para ausentarse las primera horas de la mañana del día 25 de enero de 2011 para asistir a una consulta ginecológia que tendrá lugar a la 8:30 horas de la mañana. Al recriminarle la gerente nc atenerse a los cambios que estaba organizando para que pudiera asistir a la consulta médica sin crear grave problemas en las clientes que ya tenían cita, la actora s enfadó y salió de forma airada y diciéndole a la gerente

que ya se podía ir buscando otra porque ella no volví mas. El día 21 de enero, la actora hace entrega a la gerente de una hoja con la normativa sobre prevención de riesgos laborales y un certificaco en blanco sobre la actividad desarrollada en la empresa para que la gerente se lo cumplimentase y al decirle que en ese momento no podía hacerlo se volvió a enfadar la actora y profirio nuevamente gritos hacia la empresaria."

Es manifiesto, por imperativo de los arts. 191 b) y 194.3 de la antigua LPL, norma aplicable por la fecha en que fue dictada la sentencia que se impugna, que la revisión de hechos declarados probados sólo es posible cuando se den determinados presupuestos, en el caso de basarse la revisión en prueba documental, que el escrito en cuestión evidencie de modo directo el error que se atribuye al juzgados de instancia. En el caso presente los documentos que invoca la parte recurrente para dar apoyo al texto que propone son exactamente éstos: solicitud para asistir a consulta médica el 25/1/11, solicitud presentada por la trabajadora a la empresa para que ésta precisase en él la actividad desarrollada y las condiciones laborales a efectos de prevención de riesgos laborales, solicitud de información cursada por la empresa a otra mercantil que le suministraba determinados productos.

Pues bien, de ninguno de estos estos documentos puede extraerse la versión de los hechos de los que discrepa la recurrente con relación a los apreciados por la juzgadora de instancia, pues nada de lo que consta en ellos puede neutralizar la realidad apreciada a través de la prueba de interrogatorio de ambas partes procesales y de la documental en que se ha basado para fijar su sexto hecho declarado probado, tal como consta en el primer fundamento de derecho de la sentencia impugnada.

La revisión se descarta.

Tercero.—No cuestiona la empresa recurrente la nulidad del despido de la actora, sino la indemnización por daños y perjuicios que le ha reconocido la juzgadora de instancia. Esa decisión se dice no encuentra fundamento en los arts. 55.5 ET, 180.1 LPL, 1101 Cc ni en la doctrina constitucional (STC 247/06), por cuanto no consta ninguna lesión de derecho fundamental ni de discriminación, como tampoco acoso laboral, según se deduce de los hechos acreditados, destacando a tal efecto que fue el 18/1/11 cuando la trabajadora comunicó su embarazo a la empresa y a partir de ese momento sólo hubo dos incidentes, los días 20 y 21 de ese mes, ya que en esta última fecha (viernes) la trabajadora no volvió a la empresa, puesto que, tras el fin de semana, inició un proceso de baja médica el 29 de enero, incidiendo en que en ese fin de semana la trabajadora reconoció en su interrogatorio que estuvo realizando su traslado de domicilio y que esta circunstancia, con los esfuerzos físicos que conlleva, es mucho más justificante de la amenaza de aborto que existió que las discrepancias de los días 20 y 21. De ello concluye que en los 3 días de actividad laboral que mediaron entre la comunicación del embarazo y el cese de actividad difícilmente ha podido haber acoso por parte de la empresa, tanto más cuanto que ese hipotético acoso se alegó en demanda en función de una serie de hechos (trato vejatorio en los meses anteriores al despido) que no han sido probados de ninguna forma, como tampoco tuvo justificación la solicitud de indemnización de 60.000 euros formulada en demanda en función de un estado anímico que impedía a la trabajadora disfrutar de su vida familiar y social.

La trabajadora rechaza este punto de vista incidiendo en la admisión por parte de la empresa de la falta de causa del despido, así como que la gerente manifestó a la trabajadora el 25/1/11 que "se fuera buscando a otra porque ella no volvía más" y posteriormente puso un anuncio para contratar a una nueva fisioterapeuta. En función de todo ello afirma que, conforme al art. 185.1.2 de la Ley 36/11, el juzgador debe establecer una indemnización a favor de la trabajadora que sufre una discriminación por razón de la situación de maternidad, y concluye que: " Resulta evidente de lo hasta aquí expuesto, que el juzgados de instancia valora a su libre arbitrio el alegar por parte de la empresa hacia la trabajadora, como consecuencia de si su estado de gestación, que provoca su baja médica y posterior despido" (sic) .

Cuarto.—Los datos fundamentales para resolver la petición que se plantea a la Sala vienen recogidos en el sexto hecho declarado probado. En él vemos que las diferencias entre ambas partes procesales se han manifestado en tres días concretos: el 18/1/11, fecha en la que la trabajadora comunicó a la empresa que estaba embarazada e indicó que debía ir al médico, sin que las partes se pusieran de acuerdo para el momento de esa visita. El día 20/1/11, momento en que la trabajadora pidió permiso para ir al ginecólogo cuatro días más tarde, produciéndose una discusión entre las dos partes en el curso de la cual fue la trabajadora, (no la empresa, contrariamente a lo que indica el escrito de impugnación) quien manifestó a la gerente que buscase a otra persona para trabajar, porque ella no volvía más. No obstante, el día siguiente la trabajadora volvió a su puesto, solicitó de la empresa un certificado para llevar a cabo un estudio de los riesgos de su puesto de trabajo, produciéndose un nuevo enfrentamiento entre las partes procesales. Ese mismo día la actora hizo un sangrado vaginal, sin que se apreciara urgencia médica. Los días 22 y 23, sábado y domingo, respectivamente, no hubo actividad laboral y, si bien el recurso de la empresa manifiesta que en prueba de confesión la actora reconoció que hizo un traslado domiciliario, tal dato no consta acreditado ni, por tanto, lo puede considerar este Tribunal. El lunes 24/1/11 se prescribe a la actora reposo relativo y el día siguiente causa baja médica que enlazó con baja por maternidad de fecha 26/9/11.

Estos hechos son considerados en el tercer fundamento de derecho de la sentencia impugnada en la siguiente forma: dando por sentado que implican una conducta discriminatoria, se plantea la reparación de los daños morales que conlleva, y a continuación se precisan "los perjuicios concretos en que se traduce la lesión, que es lo mismo que exigir concreción de los perjuicios derivados del daño moral que produce la lesión del derecho fundamental ". Tales daños se identifican del modo siguiente: los "perjuicios por el mero hecho de haberle obligado a acudir a una demanda judicial, ante el despido sin causa lícita, de que fue objeto "; la dificultad de poder acudir a consulta médica; la falta de colaboración por la empresa para valorar el puesto de trabajo en cuanto a riesgos de embarazo y, por último, la consideración de un sangrado vaginal el día 21/1/11, la baja médica del 24/1/11, que se dice trae causa de riesgo de aborto, y tratamiento psicológico desde 8/3/11.

Quinto.—Compartimos el punto de partida que subyace en la postura de la magistrada de instancia, pero discrepamos en parte de los criterios que emplea para determinar qué daños deben ser indemnizados.

Ese punto de partida nos lleva a la regulación referida a la calificación que debe darse a las desventajas que sufre la mujer trabajadora por razón de su embarazo, lo que conduce directamente a los arts. 8 a 10 de la LO 3/2007. El primero de ellos establece que " Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad ". El segundo que " También se considerará discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres ". El tercero que " Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán nulos y sin efecto, y darán lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido, así como, en su caso, a través de un sistema eficaz y disuasorio de sanciones que prevenga la realización de conductas discriminatorias ".

En la misma línea se encuentran la doctrina constitucional y la jurisprudencia, tal como vemos en sentencia del Tribunal Supremo de fecha 18/4/11 (RCUD 2893/11), en la que se indica: " Como resumíamos en la STS de 6 de mayo de 2009 (rcud. 2063/2008 ), tras acoger los criterios del TC, la doctrina de esta Sala IV sobre la calificación del despido de la trabajadora embarazada se concreta en los siguientes puntos:

a)- La regulación legal de la nulidad del despido de las trabajadoras embarazadas constituye una institución directamente vinculada con el derecho a la no discriminación por razón de sexo [ art. 14 CE ], por más que puedan igualmente estar vinculados otros derechos y bienes constitucionalmente protegidos [el derecho a la seguridad y la salud de las trabajadores embarazadas, protegido por art. 40.2 CE ; o el aseguramiento de la protección de la familia y de los hijos, referido por el art. 39 CE ].

b)- Para ponderar las exigencias que el art. 14 CE despliega en orden a hacer efectiva la igualdad de las mujeres en el mercado de trabajo es preciso atender a la peculiar incidencia que sobre su situación laboral tienen la maternidad y la lactancia, hasta el punto de que -de hecho- el riesgo de pérdida del empleo como consecuencia de la maternidad constituye el problema más importante -junto a la desigualdad retributiva- con el que se enfrenta la efectividad del principio de no discriminación por razón de sexo en el ámbito de las relaciones laborales.

c)- La protección de la mujer embarazada que instaura la Ley 39/1999 (RCL 1999, 2800) (...) se lleva a cabo sin establecer requisito alguno sobre la necesidad de comunicar el embarazo al empresario o de que éste deba tener conocimiento de la gestación por cualquier otra vía; es más, el ámbito temporal de la garantía, referida a "la fecha de inicio del embarazo"(...), por fuerza excluye aquellos requisitos, pues en aquella fecha -a la que se retrotrae la protección- ni tan siquiera la propia trabajadora podía tener noticia de su embarazo.

d)- La finalidad de la norma es proporcionar a la trabajadora embarazada una tutela más enérgica que la ordinaria frente a la discriminación, dispensándola de la carga de acreditar indicio alguno sobre la conculcación del derecho fundamental y eximiéndola de probar que el empresario tenía conocimiento del embarazo; cuestión ésta que pertenece a la esfera más íntima de la persona y que la trabajadora puede desear mantener -legítimamente- preservado del conocimiento ajeno; aparte de que con ello también se corrige la dificultad probatoria de acreditar la citada circunstancia [conocimiento empresarial], que incluso se presenta atentatoria contra la dignidad de la mujer.

e)- Todo ello lleva a entender que el precepto es "configurador de una nulidad objetiva, distinta de la nulidad por causa de discriminación contemplada en el párrafo primero y que actúa en toda situación de embarazo, al margen de que existan o no indicios de tratamiento discriminatorio o, incluso, de que concurra o no un móvil de discriminación". Conclusión frente a la que no cabe oponer el apartamiento -en este punto de protección objetiva- de la Directiva 92/85/CEE [19/Octubre/92 (LCEur 1992, 3598) ] de la que la Ley 39/1999 era transposición, habida cuenta de que en la Exposición de Motivos de la citada Ley se advertía expresamente que tal transposición se efectuaba "superando los niveles mínimos de protección" previstos en la Directiva; ni tampoco es argumentable que la misma EM haga referencia al "despido motivado" por el embarazo, porque aún siendo claro que la finalidad esencial de la norma es la de combatir los despidos discriminatorios [por razón de embarazo], esa "finalidad última no implica que el instrumento elegido por el legislador para su articulación no pueda consistir en una garantía objetiva y automática, que otorgue la protección al margen de cualquier necesidad de prueba del móvil discriminatorio, como en el presente caso ocurre ".

En consecuencia, si el trato desfavorable de las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad se considera legalmente discriminación por razón de sexo, y los actos que constituyen esta clase de discriminación deben dar lugar a reparaciones o indemnizaciones eficaces y proporcionadas al perjuicio sufrido, no cabe discutir el derecho de la Sra. Bárbara a su indemnización por los perjuicios que le haya supuesto la conducta de su empresa en relación a su situación de embarazo.

Sexto.—Entre esos perjuicios ha de incluirse la dificultad de realizar consultas médicas y la falta de colaboración empresarial para valorar los riesgos propios del puesto de trabajo. Por el contrario, no creemos que sea posible considerar la problemática por riesgo de aborto, apreciado el 24/1/11, ya que no hay ningún elemento en sentencia que permita vincular esa situación con los hechos ocurridos tres días antes. Tampoco parece posible que pueda considerarse en este caso como daño indemnizable " el mero hecho de haberla obligado a acudir a una demanda judicial ", y ello por dos razones: porque, si así fuera, la lógica consecuencia sería que todos los litigantes que ganasen el pleito por ellos planteado tuviesen que ser indemnizados por la parte contraria, y esto es evidente que no lo ha acordado el legislador, quien ha establecido un sistema distinto, cual es el de pago de costas o multa por temeridad o mala fe procesal en supuestos tasados, que ni se alegan en este caso ni están acreditados; antes bien, consta (HDP 4.º y 11.º) que la empresa ofreció a la trabajadora en abril de 2011 su inmediata readmisión laboral y el abono de salarios de tramitación.

Dándose este conjunto de circunstancias y el significativo dato de que el alegado acoso de demanda está descartado incluso por la juzgadora de instancia así como que los hechos acontecidos ocurrieron en 3 días, se considera más conforme a derecho fijar la indemnización en 4168 euros, reduciendo un tercio el importe fijado en instancia.

El recurso se estima parcialmente.

Séptimo.—Procede la devolución del depósito a la recurrente así como de la diferencia entre la condena impuesta en instancia y en la presente sentencia.

No procede la imposición de costas, dado que la parte vencida de la que habla el artículo 235.2 de la LRJS es sólo la recurrente que carece del beneficio de justicia gratuita y ve íntegramente desestimada su pretensión.

Octavo.—Contra la presente sentencia cabe recurso de casación en unificación de doctrina en los términos previstos en el artículo 218 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.


FALLAMOS


 
Estimamos en parte el recurso de suplicación interpuesto por "NOSOTRAS GIMNASIO Y CENTRO ESTÉTICA S.L." contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 28 de los de esta ciudad, de fecha 3 de noviembre de 2011, en sus autos n.º 466/11. En su consecuencia, revocamos la sentencia de instancia sólo en la parte de la misma que se refiere al importe de la indemnización que corresponde a la actora, la cual se cuantifica en 4168 euros, manteniendo el resto de sus pronunciamientos. Acordamos la devolución del depósito a la recurrente así como de la diferencia entre la condena impuesta en instancia y en la presente sentencia. Sin costas.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de Sala.

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación, que se archivará en este Tribunal, y a los autos principales

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Hágaseles saber a los antedichos, sirviendo para ello esta misma orden, que contra la presente sentencia pueden, si a su derecho conviene, interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina, que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social de Madrid dentro del improrrogable plazo de los diez días laborales inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia de acuerdo con los establecido, más en concreto, en los artículos 220, 221 y 230 de la LRJS.

Asimismo se hace expresa advertencia a todo posible recurrente en casación para unificación de esta sentencia que no goce de la condición de trabajador o de causahabiente suyo o de beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social o del beneficio reconocido de justicia gratuita, deberá acreditarse ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso el ingreso en metálico del depósito de 600 euros conforme al art. 229.1 b) de la LRJS y la consignación del importe de la condena cuando proceda, presentando resguardos acreditativos de haber efectuado ambos ingresos, separadamente, en la cuenta corriente número 2826000000 n.º recurso que esta Sección Primera tiene abierta en el Banco Español Crédito, sucursal número 1026, sita en la calle Miguel Ángel 17, 28010 de Madrid, pudiéndose, en su caso, sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento de dicha condena mediante el correspondiente aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por la entidad de crédito.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales, para su debida ejecución, al Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta Sección de Sala.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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