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Sentencia T.S.J. Madrid 777/2013 de 11 de octubre


 RESUMEN:

Reclamación de despido: Desestimación. Expediente de regulación de empleo: Cierre de la totalidad de los centros de trabajo de la empresa demandada en España. Excedencia voluntaria: No reincorporación a la empresa por conclusión de dicho periodo. No se produce un despido teniendo en cuenta que la empresa ha extinguido todas las relaciones de sus trabajadores y cerrado todos sus centros de trabajo. No cabe materializar el derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya.

Domicilio: C/ General Martínez Campos, 27 - 28010

Teléfono: 914931977

Fax: 914931956

34002650

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO SOCIAL - SECCIÓN PRIMERA

Recurso número: 1436/13

Sentencia número: 777/13

K.

Ilmo. Sr. D. JUAN MIGUEL TORRES ANDRÉS

Ilmo. Sr. D. IGNACIO MORENO GONZÁLEZ ALLER

Ilma. Sra. D.ª MARIA JOSÉ HERNÁNDEZ VITORIA

En la Villa de Madrid, a ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, habiendo visto en recurso de suplicación los presentes autos la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Sres. citados, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución española de 27 de diciembre de 1.978,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de suplicación número 1436/2013, formalizado por el Sr/a. Letrado/a D. Antonio Sarabia Gómez, en nombre y representación de D.ª Visitacion contra la sentencia de fecha 24 de enero de 2013, dictada por el Juzgado de lo Social número 2 bis de Móstoles (MADRID), en sus autos número 1213/12, seguidos a instancia de recurrente frente a PC CITY SPAIN SAU y WORTEN ESPAÑA DISTRIBUCION S.L, en reclamación de despido, siendo Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. IGNACIO MORENO GONZÁLEZ ALLER, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los oportunos actos de juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones de las partes, dictó la sentencia referenciada anteriormente.

Segundo.—En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos probados:

Primero.—Visitacion ha prestado servicios para la empresa demandada "PC CITY SPAIN SAU", con la categoría profesional de mando, desde el 22/03/2004 hasta el 24/03/2011, percibiendo un salario mensual medio con inclusión de prorrata de pagas extras, ascendente a 1542,97 €. (Documento n 1 de la demandada: últimas 12 nóminas)

Segundo.—En fecha 11/03/2011, la actora solicitó una excedencia voluntaria por un periodo de un año, desde el 25/03/2011 hasta el 24/03/2012, la cual le fue concedida por la empresa. (Documento n 2 adjunto a la demanda)

Tercero.—Por Resolución de la Dirección General de Trabajo de 17/05/2011, dictada en el Expediente de Regulación de Empleo NUM000, se autorizó la extinción de las relaciones laborales de los 1223 trabajadores de la plantilla de la empresa PC CITY SPAIN SAU, en los términos del pacto de despido colectivo celebrado entre la empresa y su representación legal laboral (Comité Intercentros). (Documentos n 2 y 3 de la demandada)

Cuarto.—La actora dirigió al domicilio de la empresa PC CITY SPAIN, sito en Alcorcón, escrito de fecha 08/03/2012 comunicando que, concluyendo su periodo de excedencia voluntaria el día 24/03/2012, interesaba su reincorporación a la empresa; si bien dicha comunicación no pudo ser entregada a la empresa por el servicio de Correos, constando destinatario desconocido. (Documento n 3 adjunto a la demanda y Documento de la parte actora)

Quinto.—Por la parte demandante se presentó papeleta de conciliación ante el SMAC, a fin de intentar el acto de conciliación previa.

Tercero.—En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:

"QUE DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO LA DEMANDA INTERPUESTA POR D.ª Visitacion FRENTE A LA EMPRESA "PC CITY SPAIN SAU"; ABSOLVIENDO A LA MISMA DE LAS PRETENSIONES FORMULADAS EN SU CONTRA.

SE TIENE POR DESISTIDA A LA PARTE ACTORA DE SU DEMANDA FORMULADA CONTRA LA EMPRESA "WORTEN ESPAÑA DISTRIBUCIÓN SL".".

Cuarto.—Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte 26 de abril de 2013, formalizándolo posteriormente; tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

Quinto.—Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social de Madrid, tuvieron los mismos entrada en esta Sección Primera en fecha 25 de septiembre de 2013 dictándose la correspondiente y subsiguiente providencia para su tramitación en forma.

Sexto.—Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de autos al mismo para su conocimiento y estudio en 25 de septiembre de 2013, señalándose el día 9 de octubre de 2013 para los actos de votación y fallo.

Séptimo.—En la tramitación del presente recurso de suplicación no se ha producido ninguna incidencia.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los siguientes


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—Doña Visitacion vino prestando servicios para la empresa demandada PC CYTY SPAIN SAU, con categoría de mando, desde el 22 de marzo 2004, solicitando en marzo de 2011 excedencia voluntaria por un periodo de un año - desde el 25 de marzo de 2011 hasta el 24 marzo 2012- la cual le fue concedida por la empresa. Por resolución de la Dirección General de Trabajo de 17 mayo 2011, dictada en Expediente de Regulación de Empleo NUM000, se autorizó la extinción de las relaciones laborales de los 1223 trabajadores de la plantilla de la empresa PC CYTY SPAIN SAU, en los términos del pacto de despido colectivo suscrito entre la empresa y su representación legal laboral (comité intercentros) que ha supuesto el cierre de la totalidad de centros de trabajo de la empresa en España (folios 86 a 99 de autos). La actora solicitó por escrito de 8 de marzo de 2012 su reincorporación a la empresa por concluir el periodo de excedencia voluntaria el 24 de marzo de 2012, solicitud que no pudo ser comunicada por correos al constar como desconocido el destinatario.

Segundo.—La sentencia de instancia ha desestimado la pretensión rectora de autos, tendente a declarar se ha producido un despido calificable de de nulo o improcedente, para lo cual se basa en que no existen vacantes en que poder reincorporar a la actora, ni tampoco una negativa o rechazo empresarial expreso a la solicitud de reincorporación, de la que ni tan siquiera tuvo conocimiento la demandada, por lo que no cabe entender se ha producido un despido teniendo en cuenta la empresa ha extinguido todas las relaciones de sus trabajadores y cerrado todos sus centros de trabajo.

Tercero.—Disconforme interpone recurso de suplicación la demandante, estructurado en dos motivos, el primero de lo cuales viene dedicado a la revisión del relato fáctico, en concreto del hecho probado tercero, con correcto sustento procesal en el apartado b) del art. 193 LRJS, a fin de adicionar lo que sigue:

"No ha quedado acreditado que se extinguieran la totalidad de las relaciones laborales de la plantilla de PC CYTY SPAIN SAU".

Soporta la revisión en los folios 87 a 99 de autos.

Cuarto.—Conviene precisar que el recurso de suplicación se configura como de naturaleza extraordinaria, casi casacional, de objeto limitado, [base trigésimo tercera de la Ley 7/1989] en el que el tribunal "ad quem" no puede valorar "ex novo" toda la prueba practicada ni revisar el Derecho aplicable, sino que debe limitarse a las concretas cuestiones planteadas por las partes, [ SSTC 18/1993 y 294 /1993 ], lo que no obsta a reconocer se haya evolucionado hacia la consideración de oficio de determinados temas como son la insuficiencia de hechos probados y los defectos procesales, procedente contra las resoluciones y por las causas o motivos limitativamente tasados o seleccionados por el legislador. De donde se sigue que, a diferencia de lo que ocurre en la apelación civil, recurso este de carácter ordinario, no existe en el proceso laboral una doble instancia que permita traer la cuestión objeto de la resolución impugnada al pleno conocimiento de un órgano superior, sino que el sistema de recursos viene inspirado, según el legislador, por el principio de doble grado jurisdiccional, [base trigésimo primera de la Ley 7/1989].

Los Juzgados de lo Social vienen diseñados como órganos de acceso a la prestación jurisdiccional en primera y única instancia, no habiéndose incorporado al orden jurisdiccional laboral la figura de la apelación. Las sentencias de esos órganos unipersonales podrán ser recurribles en suplicación ante los Tribunales Superiores de Justicia y sólo ante ellos, con lo que se cumple, y en términos rigurosos, la previsión constitucional de culminar la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. [ Artículo 152.1, párrafo 3.º, CE ].

Solamente se puede pedir la revisión de los hechos probados a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas, tal como señala el artículo 193 b) LRJS.

Es necesario, atendiendo a reiterada doctrina judicial para que pueda operar la revisión de los hechos declarados probados propuesta por las partes que concurran los siguientes requisitos [ STSJ Madrid 17 ene.02 ]:

A) Ha de devenir trascendente a efectos de la solución del litigio, con propuesta de texto alternativo o nueva redacción que al hecho probado tildado de erróneo pudiera corresponder y basada en documento auténtico o prueba pericial que, debidamente identificado y obrante en autos, patentice, de manera clara, evidente y directa, de forma contundente e incuestionable, sin necesidad de acudir a hipótesis, conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales o razonables, el error en que hubiera podido incurrir el juzgador, cuya facultad de apreciación conjunta y según las reglas de la sana critica, (artículo 97.2 LPL) no puede verse afectada por valoraciones o conclusiones distintas efectuadas por parte interesada. Es al Juez de instancia, cuyo conocimiento directo del asunto garantiza el principio de inmediación del proceso laboral, a quien corresponde apreciar los elementos de convicción -concepto más amplio que el de medios de prueba- para establecer la verdad procesal intentando su máxima aproximación a la verdad real, valorando, en conciencia y según las reglas de la sana crítica, la prueba practica.

B) La revisión pretendida sólo puede basarse en las pruebas documentales o periciales sin que sea admisible su invocación genérica, y sin que las declaraciones de las partes o de testigos sea hábiles para alcanzar la revisión fáctica en el extraordinario recurso de suplicación.

C) El Juzgador ha de abstenerse de consignar en la relación de hechos probados cualquier anticipación de conceptos de derecho, que tienen su lugar reservado en la fundamentación jurídica.

D) La alegación de carencia de elementos probatorios eficaces, denominada por la doctrina "obstrucción negativa", resulta completamente inoperante para la revisión de los hechos probados en suplicación ante la facultad otorgada al Magistrado de apreciar los elementos de convicción.

E) La revisión pretendida debe ser trascendente para el sentido del fallo, esto es, influir en la variación de la parte dispositiva de la sentencia, y no puede fundarse en hechos nuevos no tratados ante el Juzgado de lo Social.

Quinto.—De los términos de la redacción fáctica solicitada ha de quedar excluido:

a) Todo lo que no sea un dato en sí, como los preceptos de normas reglamentarias de carácter interno o del convenio colectivo aplicable, y, en definitiva cualquier concepto jurídico.

b) Los hechos notorios y los conformes.

c) Los juicios de valor predeterminantes del fallo, cuya sede ha de corresponderse con la motivación o fundamentación jurídica del recurso.

d) Las hipótesis, conjeturas o elucubraciones, pues lo no acontecido, por posible, probable o incluso seguro que pudiera resultar llegar a ser, de darse las condiciones correspondientes, no ha llegado a ser, y debe quedar fuera de esa relación.

e) Los hechos negativos cuando equivalen a no acaecidos.

Sexto.—Dicho esto, el motivo de revisión viene abocado al fracaso, en primer lugar porque la Sala de lo Social tiene una cognitio limitada de los hechos en el recurso de suplicación, pretendiéndose traer la cuestión objeto de la resolución impugnada al pleno conocimiento del órgano superior, para valorar, ex - novo, la documental por ella aportada. En segundo término, porque no se observa el yerro de la iudex a quo, ya que no es correcto afirmar, como hace la recurrente: "No ha quedado acreditado que se extinguieran la totalidad de las relaciones laborales de la plantilla de PC CYTY SPAIN SAU". Tal afirmación no se infiere de manera clara y limpia de los folios que invoca, más bien y de manera diáfana de los mismo es perfectamente deducible lo contrario, esto es, que se ha extinguido la totalidad de los puestos de trabajo de la plantilla de PC CYTY SPAIN SAU, quedando cerrados todos los centros de trabajo. En tercer lugar, porque la recurrente acude a una técnica proscrita en el recurso extraordinario de suplicación, cual es la obstrucción negativa, introduciendo un hecho negativo-que es diferente a un hecho no probado- con la finalidad de eliminar el hecho base que no ha podido ser contradicho con la documental referenciada.

Séptimo.—Ya en sede del Derecho aplicado censura, en el segundo motivo, con correcto amparo en el apartado c) del art. 193 LRJS, infracción de los artículos 46, 51.8, 5, 52 y 54 del ET, sosteniendo, en síntesis de su discurso argumentativo, la situación de excedencia voluntaria, que considera causa suspensiva del contrato de trabajo, impide ser incluida en un despido colectivo, no habiendo quedado acreditado la extinción de la totalidad de los puestos de trabajo ni el cierre de todos los centros, confundiendo la sentencia de instancia el derecho a la indemnización con el derecho a ser notificada e informada.

Octavo.—El art. 46.2 del ET reconoce el derecho a la excedencia voluntaria de los trabajadores con una antigüedad en la empresa de un año, con una duración de entre cuatro meses y cinco años. El art. 46.5 del ET concreta el alcance de este derecho: un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya. La excedencia voluntaria no conlleva reserva de puesto de trabajo. Reiterada doctrina jurisprudencial niega que la excedencia voluntaria constituya un supuesto de suspensión del contrato de trabajo (SSTS de 14 febrero 2006, 13 noviembre 2006 y 31 enero 2008), si bien es preciso reconocer doctrina jurisprudencial antigua mantuvo la excedencia voluntaria era un supuesto de suspensión del contrato de trabajo, con unos efectos específicos, "por cuanto el vínculo contractual se mantiene, aunque debilitado" (SSTS de 8 de octubre 1983,, 20 septiembre 1984, 30 octubre 1985, 21 abril 1986, 23 julio 1987, 25 enero 1988 y 21 febrero 1992). Estamos ante una situación sui generis más próxima a la suspensiva que a la extintiva. La excedencia voluntaria no está incluida entre las causas de suspensión del contrato de trabajo del art. 45 del ET, a diferencia de lo que sucede con la excedencia forzosa, que sí que está mencionada expresamente en el art. 45.1.k) del ET. Y la excedencia voluntaria, que responde al interés del trabajador, no conlleva el mantenimiento del contrato de trabajo (aunque exonerando temporalmente de las obligaciones de trabajar y remunerar el trabajo), sino que el trabajador excedente voluntario únicamente tiene una expectativa de reingreso a la empresa condicionado a la existencia de vacantes de igual o similar categoría a la suya.

En definitiva, la excedencia voluntaria se configura legalmente como un auténtico derecho subjetivo del trabajador, si bien condicionado por la exigencia de determinada antigüedad en la empresa y limitado en cuanto al período de tiempo mínimo y máximo que puede disfrutarse, configurándose, en cuanto a su naturaleza jurídica, a medio camino entre la suspensión y la extinción del vínculo laboral, por cuanto si bien provoca la cesación de las esenciales obligaciones de trabajar y remunerar, no otorga al trabajador reserva alguna de puesto de trabajo, sino una mera expectativa de reingreso en la empresa, con carácter preferente respecto de otros, pero cuya efectividad se condiciona a la existencia de una vacante apropiada en puesto de igual o similar categoría a la del excedente, «incertus an, incertus quando»". (STSJ Andalucía de 19 diciembre 2003).

El reconocimiento de la excedencia voluntaria compete al empleador y, si incumple, el trabajador puede ejercer las acciones judiciales. Es un derecho potestativo del trabajador, no causal, al no ser necesario justificar o alegar motivación en esta clase de excedencia teniendo cabida cualquier interés profesional o personal, (STS de 25 octubre 2000) y de concesión obligada por la empresa. Pero lo que no cabe es que acuda a la vía de hecho de auto-tutela del propio derecho adoptando unilateralmente el trabajador la decisión de auto-concederse dicha situación de excedencia voluntaria, porque si lo hace incurre en justa causa de despido (STS de 5 julio 1990, SSTSJ Baleares de 7 marzo 2001 y Andalucía/Granada de 8 enero 2003).

El trabajador en excedencia voluntaria puede, en principio, trabajar en empresas de similar actividad, salvo que se hubiera pactado expresamente la no concurrencia (STS de 3 octubre 1990), aunque no faltan voces doctrinales que matizan no se prohíbe la realización de cualquier actividad durante la excedencia voluntaria sino la realización de actividad que signifique concurrencia desleal, esto es, con un perjuicio real, no meramente potencial. La renuncia a la situación de excedencia voluntaria no se encuentra comprendida entre las prohibiciones del art. 3.5 ET y debe estimarse como válida siempre que no implique perjuicios para terceros (STS de 4 octubre 1988).

Debe quedar claro que quienes se encuentran en excedencia voluntaria común y ven sus relaciones laborales extinguidas como consecuencia de expediente de regulación de empleo, no tienen derecho a la indemnización establecida para el despido por causas económicas, ya que la finalidad de la misma, que no es sino la compensación al trabajador por los daños derivados de la pérdida de su puesto y de los medios de vida que su desempeño le proporciona, se cumple en el supuesto de trabajadores en activo o con el contrato suspendido con derecho a reserva del puesto, pero no en el de aquellos que únicamente tienen una expectativa va de reincorporación a expensas de la existencia de vacantes (SSTS de 25 octubre 2000 y 31 enero 2008). Las nuevas normas de aplicación a la excedencia voluntaria por sucesión de convenios no son de aplicación a las situaciones nacidas al amparo del convenio anterior salvo que la norma lo establezca de forma nítida y clara (STS de 22 marzo 1999 y de 26 julio 1998).

Reiterada doctrina jurisprudencial sostiene que la indemnización de daños y perjuicios al trabajador en caso de denegación del reingreso al finalizar la excedencia voluntaria, alegando la empresa la inexistencia de vacantes, cuando se prueba que al terminar el periodo de excedencia existe vacante de su categoría, consiste en el valor de los salarios dejados de percibir desde el día en que terminó la excedencia voluntaria (STS 28 de mayo 2008 y STSJ Aragón de 13 Oct. 2010). En efecto, si bien una primera doctrina unificada contenida, entre otras, en las sentencias TS de 26 junio 1998, 14 octubre 2005, 12 julio 2010 y 3 mayo 2011 dio una respuesta negativa a la pretensión de abono de salarios de tramitación en el supuesto de despido improcedente de trabajador excedente " habida cuenta que el cese o despido del actor se produjo estando en excedencia y en esta situación no se devenga retribución ", más recientemente la STS de 19 diciembre 2011 rectifica este criterio afirmando que: " durante el periodo durante el que el trabajador permanece en situación de excedencia voluntaria no tiene derecho a salario, pero cuando la empresa incumple con la obligación de readmisión, la consecuencia es la de que la situación del trabajador excedente no readmitido injustamente desde la fecha en que debería haberse cumplido la obligación de readmitir es análoga a la del trabajador injustamente despedido a partir de la fecha del despido, con obligación indemnizatoria de perjuicios en ambos casos (bajo la forma de salarios de tramitación o de indemnización compensatoria)", fijando, por ende, como doctrina unificada que la declaración judicial de improcedencia del despido de un trabajador en situación de excedencia voluntaria por negativa, expresa o tácita, empresarial al reingreso conlleva el abono de salarios de tramitación desde la fecha en que se fije como la del despido y en aplicación de las normas generales sobre nulidad o improcedencia del despido. El salario ha de calcularse teniendo en cuenta el que le hubiera correspondido al trabajador en caso de haberse producido su efectiva reincorporación, y no el existente en el momento que pidió y le fue reconocida la excedencia (STSJ Madrid de 16 julio 2010).

Tiene validez la regulación convencional que establece un requisito de preaviso a cargo del trabajador excedente para la solicitud de reincorporación y que determina la pérdida del derecho en caso de inobservancia del mismo (STS de 18 septiembre 2002), ya que no parece exorbitante o desproporcionado que los representantes de los trabajadores y empresarios anuden a la inobservancia del preaviso de solicitud de reingreso tal consecuencia de pérdida de la opción al reingreso, en cuanto que ésta es conocida por el trabajador, no afecta sensiblemente al período de excedencia acordado, y no desvirtúa en fin una facultad legal que ya de por sí ha de ejercitarse dentro de un período limitado más o menos extenso, y que precluye después de su agotamiento (STSJ Madrid de 1 marzo 2013). No tiene la empresa obligación de reincorporar al trabajador antes de finalizar el periodo de excedencia concedido (STSJ Aragón de 2 julio 2008). Tampoco procede equiparar la excedencia voluntaria a la forzosa, teniendo los actores en excedencia voluntaria solo una expectativa de reingreso, la cual desaparece al cerrarse el centro de trabajo, no existiendo perjuicio que proceda indemnizar (STSJ Madrid de 25 marzo 2003).

Si la excedencia voluntaria común no comporta para el empresario el deber de reservar al trabajador excedente el puesto de trabajo desempeñado con anterioridad ello quiere decir que el empresario puede disponer de la plaza vacante, bien contratando a otro trabajador para el desempeño de la misma, bien reordenando los cometidos laborales que la integran, bien incluso procediendo a la amortización de la misma (STS de 21 enero 2010). Ello significa, desde el punto de vista del trabajador, que el derecho "expectante" del excedente voluntario común sólo puede ejercerse de manera inmediata cuando el mismo puesto de trabajo u otro similar o equivalente se encuentra disponible en la empresa (STS de 14 febrero 2006).

Los términos en que el legislador se expresa en el art. 46.2 ET están reconociendo al trabajador el derecho a una excedencia cuyo período es de libre elección por él, pero no permiten aceptar que una vez elegido dicho período pueda ser alterado de forma unilateral por el propio trabajador. La empresa, una vez concedida la excedencia por el período solicitado, tiene derecho a poder organizar sus propios intereses en función del período por el que el trabajador optó, y ese derecho quebraría si tuviera que someterse a variaciones ulteriores unilateralmente decididas por el trabajador excedente (SSTS de 11 diciembre 2003 y 23 de julio 2010).La carga de la prueba sobre la inexistencia de vacante recae sobre el empresario (STS de 6 octubre 2005).

Noveno.—Respecto al reingreso del trabajador excedente voluntario, es doctrina consolidada, como señala la STS de 22 noviembre 2007, la que distingue, claramente, entre las situaciones de negativa rotunda e irrevocable de la empresa al reingreso solicitado por el trabajador, lo que viene suponer la voluntad de ruptura del vínculo jurídico-laboral que mantiene con el mismo y las de simple omisión de respuesta a la solicitud de reingreso o de aplazamiento de este último para el momento en que se produzca vacante adecuada para la categoría y puesto de trabajo a desempeñar por el trabajador excedente. Para el primer supuesto se entiende que la acción a ejercitar es la de despido, en tanto que para el segundo se considera que la acción a ejercitar es la del reconocimiento del derecho al reingreso.

Décimo.—Pues bien, dicho todo lo anterior, la censura jurídica desplegada viene abocada al fracaso. Por una parte porque la tesis del recurso carece de apoyo fáctico al desestimarse el primer motivo, y de otra porque las consideraciones de la sentencia de instancia son plenamente ajustadas a Derecho, puesto que no existen vacantes en que poder reincorporar a la actora ni tampoco una negativa o rechazo empresarial expreso a la solicitud de reincorporación, de la que ni tan siquiera tuvo conocimiento, por lo que mal cabe deducir se ha producido un despido teniendo en cuenta la empresa ha extinguido todas las relaciones de sus trabajadores y cerrado todos sus centros de trabajo, todo ello por acuerdo con la representación de los trabajadores y decisión ulterior adoptada por la autoridad administrativa laboral en expediente de regulación de empleo, que no consta haya sido impugnada, sin que, en definitiva, quepa materializar el derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya. Más aún si cabe cuando quienes como la actora se encuentran en excedencia voluntaria común y ven sus relaciones laborales extinguidas como consecuencia de expediente de regulación de empleo, no tienen derecho a la indemnización establecida para el despido por causas económicas, ya que la finalidad de la misma, que no es sino la compensación al trabajador por los daños derivados de la pérdida de su puesto y de los medios de vida que su desempeño le proporciona, se cumple en el supuesto de trabajadores en activo o con el contrato suspendido con derecho a reserva del puesto, pero no en el de aquellos que únicamente tienen una expectativa va de reincorporación a expensas de la existencia de vacantes.

En méritos de lo razonado se impone la desestimación del recurso y la íntegra confirmación de la sentencia de instancia, sin que haya lugar a la condena en costas dada la condición con que litiga la recurrente.

VISTOS los anteriores, y obligados por el artículo 120.3 de la Constitución española de 27 de diciembre de 1.978, razonamientos y argumentos, así como los mencionados preceptos y los demás de general y debida aplicación, los Ilmos. Sres. Magistrados referenciados en el encabezamiento de esta sentencia, previos los actos de dación de cuenta por quien de ellos fue designado Ponente, y conjuntas deliberación, votación y fallo,


FALLAMOS


 
Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por D.ª Visitacion contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 2 de Móstoles, de fecha 24 de enero de 2013, en sus autos n.º 1213/12, en virtud de demanda interpuesta por recurrente contra PC CITY SPAIN SAU y WORTEN ESPAÑA DISTRIBUCION S.L y, en consecuencia, debemos confirmar la sentencia de instancia. Sin costas.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de Sala.

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación, que se archivará en este Tribunal, y a los autos principales.

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Hágaseles saber a los antedichos, sirviendo para ello esta misma orden, que contra la presente sentencia pueden, si a su derecho conviene, interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina, que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social de Madrid dentro del improrrogable plazo de los diez días laborales inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia de acuerdo con los establecido, más en concreto, en los artículos 220, 221 y 230 de la LRJS.

Asimismo se hace expresa advertencia a todo posible recurrente en casación para unificación de esta sentencia que no goce de la condición de trabajador o de causahabiente suyo o de beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social o del beneficio reconocido de justicia gratuita, deberá acreditarse ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso el ingreso en metálico del depósito de 600 euros conforme al art. 229.1 b) de la LRJS y la consignación del importe de la condena cuando proceda, presentando resguardos acreditativos de haber efectuado ambos ingresos, separadamente, en la cuenta corriente número 2826000000 n.º recurso que esta Sección Primera tiene abierta en el Banco Español Crédito, sucursal número 1026, sita en la calle Miguel Ángel 17, 28010 de Madrid, pudiéndose, en su caso, sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento de dicha condena mediante el correspondiente aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por la entidad de crédito.

Se advierte, igualmente, a las partes que preparen recurso de casación para la unificación de doctrina contra esta resolución judicial, que, según lo previsto en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, modificado por el RDL 3/13, de 22 de febrero, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, con el escrito de interposición del recurso de casación para la unificación de doctrina habrán de presentar justificante de pago de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional a que se refiere dicha norma legal, siempre que no concurra alguna de las causas de exención por razones objetivas o subjetivas a que se refiere la citada norma; tasa que se satisfará mediante autoliquidación según las reglas establecidas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales, para su debida ejecución, al Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta Sección de Sala.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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