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Sentencia A.P. La Rioja 248/2013 de 25 de julio


 RESUMEN:

Reclamación de cantidad: Reconvención. Atención sanitaria: Presentación de facturas hospitalarias que están en relación con el tratamiento de la infección de la recurrida. El usuario de servicios sanitarios tiene derecho a ser indemnizado de los daños y perjuicios demostrados que la utilización del servicio le irrogue, salvo que aquellos daños le estén causados por su culpa exclusiva.

LOGROÑO

SENTENCIA: 00248/2013

AUDIENCIA PROVINCIAL DE LA RIOJA

LOGROÑO

Domicilio: VICTOR PRADERA 2

Telf Fax: 941296484/486/489

Modelo: SEN010

ROLLO: RECURSO DE APELACION (LECN) N.º 546 /2011

ILMOS.SRES.

PRESIDENTE:

MAGISTRADOS:

D.ª CARMEN ARAUJO GARCÍA

D. RICARDO MORENO GARCÍA

D.ª MARIA DEL PUY ARAMENDIA OJER

SENTENCIA N.º 248 DE 2013

En LOGROÑO, a veinticinco de julio de dos mil trece.

VISTO en grado de apelación ante esta Audiencia Provincial de LOGROÑO, los Autos de JUICIO ORDINARIO n.º 535/2010, procedentes del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 3 DE CALAHORRA (LA RIOJA), a los que ha correspondido el Rollo 546/2011, en los que aparece como parte apelante-apelada, "UNIVERSIDAD NAVARRA-CLINICA UNIVERSITARIA ", representada por la Procuradora de los Tribunales, DOÑA MARIA LUISA BUJANDA BUJANDA y asistida por el Letrado DON FERNANDO DOMINGO OSLÉ, y como parte apelada-apelante, DOÑA Daniela, representada por la Procuradora de los Tribunales, DOÑA LOURDES URDIAIN LAUCIRICA, siendo Magistrado Ponente la Ilma. DOÑA CARMEN ARAUJO GARCÍA.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—- Con fecha 1 de septiembre de 2011, se dictó sentencia por el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Calahorra (La Rioja), en cuyo fallo se recogía:

" Estimo parcialmente la demanda interpuesta por la representación procesal de la UNIVERSIDAD DE NAVARRA-CLINICA UNIVERSITARIA, contra Doña Daniela y CONDE NO a la demandada a abonar a la actora la cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS (209), más los intereses legales desde la fecha de su reclamación extrajudicial (24 de noviembre de 2009), hasta la fecha de la consignación judicial de dicha cantidad.

No se hace expresa imposición de costas."

Segundo.—Notificada la anterior sentencia a las partes, por la representación de la parte demandante-demandada se presentó escrito interponiendo recurso de apelación ante el Juzgado contra la sentencia dictada en la instancia. Admitido éste, se dio traslado a las demás partes para que en 10 días presentasen escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada, en lo que le resultase desfavorable.

Tercero.—Seguido el recurso por todos sus trámites, se señaló para la celebración de la votación y fallo el día 9 de mayo de 2013.

Cuarto.—En la tramitación del presente rollo se han observado las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—Impugnan ambas partes la sentencia de instancia, interponiendo sendos recursos de apelación, si bien, dado el contenido de los respectivos recursos, se impone la consideración previa del recurso formulado por la parte actora, Universidad Navarra-Clínica Universitaria de Navarra.

Pues bien, como primer motivo de su recurso, alega la demandante que la sentencia de instancia estima una pretensión indemnizatoria de la demandada sin que se haya planteado reconvención, condenando a Clínica Universitaria de Navarra sin que se haya ejercitado ninguna acción frente a ella. Sin embargo, basta la lectura de la sentencia recurrida para comprobar que ninguna condena efectúa respecto de la actora, valorando la reclamación por ésta deducida y la oposición que realiza la demandada, y concluyendo la estimación parcial de la demanda que la demandante formula frente a Doña Daniela, condenando a ésta a abonar a la actora 209 euros, más los intereses legales desde la fecha 24 de noviembre de 2009 hasta la fecha de la consignación judicial, cuando reclamaba la actora 12.241,66 euros de principal y 1.769,67 euros por intereses, estimando la reclamación únicamente en cuanto al importe, 209 euros, que la demandada, al contestar a la demanda, reconoce adeudar, rechazándola en cuanto al resto del principal por corresponder a facturas que recogen los gastos relativos al tratamiento y asistencia médica que precisó la demandada por haber sufrido una infección hospitalaria o nosocomial, que fue el motivo de oposición esgrimido por Doña Daniela frente a la reclamación del pago de dichas facturas que formula Clínica Universitaria de Navarra.

En suma, en contra de lo pretendido por la recurrente, la sentencia de instancia no concede a la demandada el derecho a ser indemnizada por culpa extracontractual de la Clínica Universitaria de Navarra sin que hubiera aquella ejercitado acción alguna por vía reconvencional; la sentencia se limita a estimar el motivo de oposición alegado por la demandada, resolviendo en consecuencia, por lo que el motivo de apelación que consideramos ha de ser rechazado.

Segundo.—Pretende la recurrente que yerra la sentencia porque en las facturas existen numerosos conceptos que no tienen nada que ver con el tratamiento de una infección, por ejemplo la factura aportada como documento 2-4 correspondiente a una factura de oftalmología de fecha 30 de mayo de 2007. Alega la parte apelante que la sentencia no explica si las facturas que se reclaman tienen que ver "con la infección hospitalaria alegada como oposición al pago" (tal y como exponemos en el precedente), o si corresponden al tratamiento de alguna de las múltiples dolencias que padece la demandada, alegatos estos que no fueron introducidos en la fase de alegaciones de la primera instancia. Basta al respecto, el visionado de la grabación de la audiencia previa en la que la demandante fija como hechos controvertidos si se produjo o no una infección hospitalaria, si la clínica está limpia o no y si se adeudan las facturas y la demandada establece como hechos controvertidos, la causa de la infección, y, para el caso de que la infección fuera ajena al hospital, los valores de las facturas y los suministros que incluyen. Y, hemos de señalar que, la apelación aunque permite al Tribunal conocer en su integridad del proceso, no constituye un nuevo juicio ni autoriza a resolver problemas o cuestiones distintos de los planteados en la primera instancia, porque a ello se opone el principio general de Derecho "pendente apellatione, nihil innovetur"; y sobrepasar dicho límite implicaría incongruencia y conllevaría indefensión para la parte contraria, que eventualmente podría verse afectada por un pronunciamiento relativo a una cuestión sobre la que no pudo fijar su postura en la fase de alegaciones ni articular los medios de prueba que estimara oportunos en periodo probatorio.

Respecto a la factura aportada (folio 13) como documento 2-4 de la demanda, por importe de 160 euros y concepto "honorarios consulta de oftamología", su relación con el tratamiento antibiótico para la infección, resulta del documento emitido por Clínica Universitaria de Navarra a los folios 36 y 37 ("desde la segunda dosis del antibiótico, ha notado visión borrosa de lejos y cerca"), del informe médico aportado por la demandada a los folios 92 a 94, que en el apartado diagnósticos recoge "neuritis óptica secundaria a tratamiento antibiótico"; y, del mismo modo, se recoge en el informe pericial judicial, concretamente, al folio 388 de los autos. Por tanto, se rechaza la alegación de que tal factura no tenga relación con la infección sufrida por la demandada.

Tercero.—Alega la recurrente que la sentencia aplica erróneamente la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y la Jurisdicción del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad de los centros hospitalarios.

Como establece la S.T.S. n.º 267/2004, de 26 de marzo: "son cada vez más las sentencias de esta Sala que en casos de reclamaciones fundadas en una deficiente atención médica o hospitalaria aplican el artículo 28 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, cuyo apartado 2 hace expresa mención de los "servicios sanitarios", después de que su apartado 1.º establezca una responsabilidad que la doctrina mayoritaria considera claramente objetiva a diferencia de la del artículo 26 de la misma Ley, razón por la cual se explica la limitación cuantitativa de las responsabilidades establecidas en el apartado 3.º del mismo artículo 28. No obstante, tales sentencias suelen versar sobre casos de infecciones contraídas o reactivadas en el propio medio hospitalario...Son aplicables los artículos 1, 26 y 28 de la Ley 26/1984, de 19 de Julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en cuanto la demandante es consumidora (artículo 1.º), ha autorizado unos servicios (artículo 26), entre los que se incluyen los sanitarios (artículo 28.2) y la producción de un daño genera responsabilidad objetiva que desarrolla el capítulo VIII (artículos 25 y siguientes). Esta responsabilidad de carácter objetivo cubre los daños originados en el correcto uso de los servicios, cuando por su propia naturaleza, o estar así reglamentariamente establecido, incluyen necesariamente la garantía de niveles determinados de pureza, eficacia, o seguridad, en condiciones objetivas de determinación y supongan controles técnicos, profesionales o sistemáticos de calidad, hasta llegar en debidas condiciones al usuario. Estos niveles se presuponen para el servicio sanitario, entre otros. (Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de Junio de 1998, 1 y 21 de Julio de 1997, 9 de Junio de 1998 y 29 de Junio de 1999)...."

En la actualidad las referencias a los artículos 26 y 28 de la Ley, habrían de efectuarse a los artículos 147 y 148 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre de 2007, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

También la S.T.S. n.º 527/2004, de 10 de junio, sobre la misma cuestión expresa. "la jurisprudencia de esta Sala ha evolucionado en un sentido protector de la víctima del hecho dañoso, en el sentido que resume la sentencia de 11 de abril de 2002 en estos términos: Hay, pues, nexo causal entre éstas y la enfermedad, de lo que deriva la apreciación de la culpabilidad, pues de no darse éste, no se habría producido el daño. Así se ha mantenido por la jurisprudencia desde, entre otras y como más importantes, la de 14 de junio de 1984 hasta las más recientes de 23 de enero de 1996, 8 de octubre de 1996, 21 de enero de 2000, 9 de octubre de 2000 y 24 de enero de 2002: "La interpretación progresiva del artículo 1902 del Código Civil que lo ha adaptado a la realidad social, pasó de la necesidad de la prueba de la culpa, a la inversión de la carga de la prueba y a la creciente objetivación, aplicando la doctrina del riesgo (la persona que provoca un riesgo que le reporta un beneficio, debe asumir la responsabilidad si causa un daño: sentencias de 5 de diciembre de 1995, 8 de octubre de 1996, 12 de julio de 1999, 21 de marzo de 2000), yendo a soluciones cuasiobjetivas (se exige un "reproche culpabilístico" aunque sea mínimo: sentencias de 11 de mayo de 1996, 24 de abril de 1997, 30 de junio de 1998, 18 de marzo de 1999) o llegando a la objetivación (al entender que si se causa un daño, se causa con dolo o culpa, pues de no haberla, no habría causado el daño: sentencias de 23 de enero de 1996, 8 de octubre de 1996, 21 de enero de 2000, 9 de octubre de 2000)".

Y sobre el tema de las infecciones, la sentencia de 1 de julio de 1997, recogida y reiterada por la misma de 18 de marzo de 2004 dice: "los niveles presumidos por ley de pureza, eficacia o seguridad que suponen, además, posibilidades de controles técnicos de calidad, impiden, de suyo (o deben impedir) por regla general las infecciones subsiguientes a una intervención quirúrgica adquirida, en el medio hospitalario o su reactivación en el referido medio. Cuando estos controles de manera no precisada fallan; o bien, por razones atípicas dejan de funcionar, en relación con determinados sujetos, el legislador impone que los riesgos sean asumidos por el propio servicio sanitario en forma externa de responsabilidad objetiva, cara al usuario, que por ser responsabilidad objetiva aparece limitada en su cuantía máxima, a diferencia de la responsabilidad por culpa, que sólo viene limitada en su cuantía económica por criterios de proporcionalidad y prudencia en relación con el alcance y circunstancias de los daños sufridos"."

La Sección 13.º de La Audiencia Provincial de Barcelona, en sentencia n.º 274/2012, de 8 de mayo, en similar sentido expone: "es doctrina reiterada que, conforme al sistema de garantías y responsabilidad que establece el Capítulo VIII de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, el usuario de servicios sanitarios tiene derecho a ser indemnizado de los daños y perjuicios demostrados que la utilización del servicio le irrogue, salvo que aquellos daños le estén causados por su culpa exclusiva, incluyendo expresamente el apartado 2 del artículo 28 a los servicios sanitarios (Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 1997; RJA 604/1997); que la aplicación del artículo 25 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, requiere como requisitos necesarios: la condición de consumidor o usuario en la persona que reclame una indemnización, la demostración de daños y perjuicios por la utilización de productos o servicios, y la ausencia de culpa exclusiva suya o de quienes deba responder (Sentencias del Tribunal Supremo de 25 de junio de 1996;RJA 4853/1996); y que la responsabilidad de carácter objetivo que, en relación con los servicios sanitarios, establece el artículo 28.2, cubre los daños originados en el correcto uso de los servicios, cuando por su propia naturaleza, o estar así reglamentariamente establecido, incluyen necesariamente la garantía de niveles determinados de pureza, eficacia, o seguridad, en condiciones objetivas de determinación, y supongan controles técnicos, profesionales, o sistemáticos de calidad, hasta llegar en debidas condiciones al usuario, niveles que se presuponen para el servicio sanitario (Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de junio de 1998, y 22 de noviembre de 1999; RJA 3717/1998, y 8618/1999; RJA 3717/1998, y 8618/1999)."

Y también, la sentencia n.º 572/2012, de 27 de septiembre, de la Sección 11.ª de la Audiencia Provincial de Valencia, indica "en el marco del llamado contrato de clínica, tal como ha sido definido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de la que se ha hecho eco esta Sala en Sentencia 543/2006, de 8 de noviembre, el Hospital queda obligado a dispensar esencialmente cobertura asistencial a los actos médicos propiamente dichos, de los cuales responden específicamente los facultativos escogidos por el paciente dentro de la oferta de profesionales que brinda la mutua asistencial deportiva a sus deportistas federados, comprendiéndose dentro de la cobertura hospitalaria que se dispensa a pacientes y facultativos los llamados servicios paramédicos y extramédicos, de cuya calidad y adecuada prestación responde la clínica con fundamento en los artículos 26 y 28 de la Ley de Consumidores y Usuarios en su redacción anterior al Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por referirse, como tiene declarado la Sentencia del Tribunal Supremo 438/2009, de 4 de junio, a "los aspectos organizativos o de prestación de servicios sanitarios, ajenos a la actividad médica propiamente dicha". Así lo tiene dicho el Alto Tribunal en Sentencia 336/2012, de 24 de mayo, señalando que se "ha venido admitiendo la invocación de los preceptos de la Ley de Consumidores y Usuarios por el defectuoso funcionamiento de los servicios sanitarios, si bien advierte que los criterios de imputación de la expresada ley deben proyectarse sobre los aspectos funcionales del servicio sanitario, sin alcanzar los daños imputables directamente a los actos médicos (Sentencias del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 2001; 26 de marzo y 17 de noviembre de 2004; y 5 de enero y 22 de mayo de 2007). Lo hizo a partir de la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 1997, utilizando como criterio de imputación los artículos 26 y 28 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. El art. 26 de la Ley de Consumidores y Usuarios establece la responsabilidad de los productores o suministradores de servicios por los daños y perjuicios ocasionados "a menos que conste o se acredite que se han cumplido debidamente las exigencias y requisitos reglamentariamente establecidos y los demás cuidados y diligencias que exige la naturaleza del producto, servicio o actividad", mientras que el art. 28 apartado 2.º hace expresa mención de los "servicios sanitarios" y vincula los daños originados en el correcto uso y consumo de bienes y servicios al hecho de que "por su propia naturaleza, o por estar así reglamentariamente establecido, incluyan necesariamente la garantía de niveles determinados de pureza, eficacia o seguridad, en condiciones objetivas de determinación, y supongan controles técnicos, profesionales o sistemáticos de calidad, hasta llegar en debidas condiciones al consumidor o usuario" (Sentencias del Tribunal Supremo de 5 de febrero 2001 y 5 de enero 2007)".

En el caso concreto enjuiciado aporta la demandada (folios 92 a 94) informe emitido por el Dr. Alvaro, ratificado (minuto 46:35) y precisado en juicio, que expresa como la Sra. Daniela, tras realizarse intervención quirúrgica, presenta infección de la herida quirúrgica, indicándosele hasta un total de siete tratamientos antibióticos empíricos, sin diagnostico microbiológico etiológico, y con efectos secundarios como neuritis óptica y osteopenía, concluyendo que "los repetidos tratamientos antibióticos empíricos sin la identificación del agente causal, bacteriano o vírico, pone de manifiesto lo inusual del hecho, y cabe pensar que dicho agente pudiera tratarse de un germen de ambiente hospitalario de difícil diagnóstico bacteriológico".

En el acto del juicio reitera el Dr. Alvaro que, aún no aislado el germen considera que es una infección hospitalaria "por el modo de producirse en el tiempo, en las circunstancias y en las formas...por la terapia aplicada...". Y preguntado sobre la causa de la infección el perito expresa que "la realidad es que en algún momento determinado ha habido un hecho que ha roto el protocolo quirúrgico y ha causado la infección", añadiendo que la aparición de los síntomas a los cuatro o cinco días de la operación se ajusta mucho a la definición nosocomial por características, síntomas, etc...

El perito judicialmente designado Don Felicisimo, en su informe (folios 386 a 429) ratificado en juicio, concluye que "la infección de partes blandas en mama izquierda con máxima probabilidad es de origen nosocomial o hospitalario", añadiendo que, "al no poder aislar el germen que produjo la infección, el agente causal no lo sabemos pero la mayor posibilidad es que sea de origen hospitalario por su amplia resistencia a los antibióticos y el lugar parece indicar que fue en el acto quirúrgico ya que en el levantamiento de la cura no parece dado la premura de la sintomatología con relación a ésta", insistiendo, al finalizar su informe, "lo único claro que tenemos, desde un punto de vista médico, es que Doña Daniela adquirió una infección durante su estancia hospitalaria, es decir con la máxima probabilidad infección nosocomial".

En el acto del juicio el Dr. Felicisimo, además de ratificarse en su informe, previa exhibición, concluye que la infección que sufrió la demandada es una infección hospitalaria "con toda probabilidad", "no ha podido ser de otra forma", por la forma de aparición y por los antibióticos aplicados.

La juez a quo, con base en la doctrina del Tribunal Supremo que expone y en las pruebas documental, testifical y pericial practicadas en juicio, concluye que es la actora quien ha de asumir los gastos derivados del tratamiento y asistencia que hubo de recibir la demandada por la infección hospitalaria que sufrió. Y en el mismo sentido ha de concluir el Tribunal, teniendo en cuenta que la impugnación por una de las partes de la apreciación de la prueba que razona la juez de instancia ante la que se practicó, mediante su valoración en conjunto, no puede prosperar sin más mediante el simple procedimiento de interpretar las pruebas ya examinadas y tenidas en cuenta en la sentencia, con el fin de obtener conclusiones más favorables a los intereses de la parte que recurre. Solamente cabe dicha revisión de la valoración probatoria de la sentencia si queda patente un error en la misma o una apreciación de la prueba de forma ilógica, arbitraria o contradictoria, o bien se produce la omisión de la consideración de alguna prueba esencial que arroje un resultado incontrovertible. Por el contrario, no puede producirse tal revisión si se funda en la mera discrepancia personal con la valoración que de la prueba ha dado el órgano judicial, intentando sustituir el criterio objetivo del Juez por las interpretaciones subjetivas e interesadas de la parte.

No ha acreditado la actora que la infección se contrajese fuera del centro hospitalario o por causa imputable a la demandada, por lo que, aún manifestando el testigo Don Mateo, Jefe de la Unidad de Medicina Preventiva de la Clínica Universitaria de Navarra, que en el caso enjuiciado se habían cumplido los protocolos, los mecanismos de seguridad, no consta que resultasen suficientes o se cumpliesen adecuadamente, visto el resultado producido, y, en todo caso, no ha probado la demandante que se trate de un hecho inevitable o cualquier otra circunstancia que pudiese excluir la responsabilidad de la actora en la causación de la infección, por lo que, en suma, habrá de asumir la Clínica Universitaria de Navarra los gastos que reclama a la demandada (excepto en el importe de 209 euros por ésta reconocido como adeudado) en tanto derivados del tratamiento y asistencia prestados a la Sra. Daniela como consecuencia de la infección hospitalaria que sufrió, desestimándose las pretensiones en relación con tal reclamación formuladas, como se verifica en la sentencia de instancia.

Cuarto.—Finalmente, respecto a la pretensión de la actora de que se aplique el Derecho Civil Foral de Navarra en cuanto a la mora automática o ex re, el artículo 491 del Fuero Nuevo establece para las deudas dinerarias el régimen de mora automática o mora "ex re", estableciendo el devengo de los intereses legales "desde el vencimiento de la obligación" "aún cuando mediase estipulación de intereses", pero no cabe su aplicación al caso, por cuanto no se ha acreditado, con carga de la prueba que a la actora correspondía y no ha cumplido, que se trate de una relación sujeta al ordenamiento civil navarro, por lo que, también en este aspecto ha de ser rechazado el recurso formulado por la parte demandante.

Quinto.—Recurre la demandada, Doña Daniela, la sentencia de instancia en cuanto al pronunciamiento de que no procede hacer expresa imposición de costas, exponiendo en el fundamento quinto que, de conformidad con el artículo 394-2 de La Ley de Enjuiciamiento Civil, al ser estimada parcialmente la demanda, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad; y solicita la recurrente que se revoque la sentencia en tal extremo y "se acuerde la imposición de las costas del juicio a la parte actora".

Alega la demandada que se considere que se ha desestimado sustancialmente la demanda, o que se ha desestimado íntegramente, por haberse allanado desde la demanda de procedimiento monitorio respecto a dos facturas por importes de 102 y 107 euros, respectivamente, debieron imponerse las costas a la parte actora.

Ciertamente, aún cuando, como solicitó (folios 100 y 101) la actora, no procedió el Juzgado, conforme a la posibilidad prevista en el artículo 21-2 de La Ley Procesal Civil respecto al allanamiento parcial y consignación (folio 97) realizada por la demandada, estimada la demanda únicamente respecto a la cuantía de 209 euros, lo que supone el 1,70 % del principal reclamado (12.241,66 euros), y desestimada correlativamente la petición de intereses (por un total de 1.769,67 euros), tanto en cuanto al principal rechazado, como en parte respecto a la suma de 209 euros, al reclamarse (folios 6 y 7 de la demanda) intereses desde las fechas 11 y 15 de octubre de 2007, y concederse únicamente desde la fecha 24 de noviembre de 2009, como se pide en el suplico subsidiariamente, es claro, en fin, que se ha producido una desestimación sustancial de la demanda, lo que, conforme a la doctrina reiterada al respecto de que la condena en costas atiende no solo a la sanción de una conducta procesal, sino a satisfacer el principio de tutela judicial efectiva, que exige que los derechos no se vean mermados por la necesidad de acudir a los Tribunales para su reconocimiento, de modo que el pago de las costas, aún solo de las suyas, es un gravamen que en justicia no debe soportar quien se ve obligado a presentar una demanda o a contestarla, representado por procurador y asistido de abogado, para defender su derecho, sino quien causó en definitiva los daños a la contraparte, las costas de la primera instancia han de imponerse a la actora, atendiendo al principio de vencimiento objetivo recogido en el artículo 394 de La Ley Civil Adjetiva, al ser la demanda sustancialmente desestimada.

Por tanto, se estima el recurso formulado por la parte demandada.

Sexto.—No procede imponer a ninguno de los litigantes las costas causadas por el recurso interpuesto por Doña Daniela, en virtud de lo dispuesto en el artículo 398-2 de La Ley de Enjuiciamiento Civil, al ser el recurso estimado.

Conforme establecen los artículos 398-1 y 394-1 de La Ley de Enjuiciamiento Civil, se imponen a Universidad de Navarra-Clínica Universitaria de Navarra las costas por su recurso causadas.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
1) Que, debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por el procurador de los tribunales Don Santiago de Echevarrieta Herrera, en nombre y representación de UNIVERSIDAD DE NAVARRA-CLÍNICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA, contra la sentencia, de fecha 1 de septiembre de 2011, dictada por El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Calahorra (La Rioja) en juicio ordinario en el mismo registrado al n.º 535/2010, de que dimana el Rollo de apelación n.º 546/2011, imponiendo a la referida apelante las costas por su recurso causadas.

2) Que, estimando el recurso de apelación contra la misma sentencia formulado por la procuradora de los Tribunales Doña María del Carmen Miranda Adán en nombre y representación de DOÑA Daniela, procede revocar el pronunciamiento de que "no se hace expresa imposición de costas" en la sentencia efectuado, y, en su lugar, establecer que se imponen a la parte actora las costas en la primera instancia causadas, confirmando la sentencia en sus restantes pronunciamientos.

No ha lugar a imponer a ninguno de los litigantes las costas por este recurso causadas en la alzada.

Contra la presente resolución puede interponerse recurso de casación y, en su caso, por infracción procesal para ante el Tribunal Supremo, si se cumplieran los requisitos legales, que serían examinados en cada caso por la Sala,

Devuélvanse los autos al juzgado de procedencia, con testimonio de esta resolución, interesándose acuse de recibo.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal al rollo de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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