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Sentencia T.S.J. Madrid 255/2013 de 12 de julio


 RESUMEN:

Tarifas eléctricas: Denegación de la aplicación del servicio de gestión de Telefónica de la demanda de interrumpibilidad en el suministro de energía en mercado libre, a sus instalaciones, ya que puede llegar a producir unos riesgos para la seguridad de las personas o de los bienes.

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Sexta

C/ General Castaños, 1 - 28004

33009710

NIG: 28.079.33.3-2009/0120151

Procedimiento Ordinario 268/2009

Demandante: TELEFONICA ESPAÑA

PROCURADOR D./Dña. JUAN ANTONIO GARCIA SAN MIGUEL ORUETA

Demandado: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Sr. ABOGADO DEL ESTADO

Ponente D.ª Amparo Guilló Sánchez Galiano.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Sección Sexta

SENTENCIA Núm.255

Ilmos. Sres.

Presidente:

D. Francisco de la Peña Elías

Magistrados:

D.ª Teresa Delgado Velasco

D.ª Cristina Cadenas Cortina

D.ª Amparo Guilló Sánchez Galiano

D.ª Eva Isabel Gallardo Martín de Blas

______________________________________

En la Villa de Madrid a doce de julio de dos mil trece.

VISTO por la Sala, constituida por los Sres. Magistrados relacionados al margen, los Autos del recurso contencioso- administrativo n.º 268/09, interpuesto por el Procurador don Juan Antonio García San Miguel y Orueta, en nombre y representación de Telefónica España SA contra la desestimación presunta (posteriormente ampliado a la Resolución desestimatoria del Ilmo. Sr. Subsecretario de Industria, Turismo y Comercio -dictada en uso de facultades delegadas por el Excmo. Sr. Secretario de Estado de Energía - de 7 de mayo de 2010) del recurso de alzada entablado frente a la Resolución del Ilmo. Sr. Director General de Política Energética y Minas de 27 de junio de 2008, por la que se deniega la aplicación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad regulado en la Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio, en el suministro a sus instalaciones de la calle Julián Camarillo 8 de Madrid. Ha sido parte demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó a la parte demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó mediante escrito en el que postuló una sentencia que, con anulación de las Resoluciones recurridas, declare su derecho al otorgamiento de la autorización del "servicio de interrumpibilidad " y se condene a la Administración, además del abono de las costas del pleito, a una indemnización por importe que resulte y se concrete en ejecución de sentencia.

Segundo.—El Sr. Abogado del Estado contestó la demanda en escrito en el que postuló la desestimación del recurso, reproduciendo la fundamentación jurídica de la Resolución recurrida.

Tercero.—Para deliberación, votación y fallo del presente recurso se señaló la audiencia del día 13 de marzo de 2013, teniendo lugar.

VISTOS los preceptos legales citados por las partes, concordantes y de general aplicación.

Siendo Ponente la Magistrada de la Sección Iltma. Sra. Dña. Amparo Guilló Sánchez Galiano


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—Del expediente administrativo, de la documental obrante en autos y de las alegaciones de las partes, quedan acreditados los siguientes extremos de interés para la resolución de este pleito:

La actora, Telefónica de España SA, solicito en fecha 10 de junio de 2008, al amparo de la Orden ITC 2370/2007, de 26 de julio, autorización para la contratación del Servicio de Ininterrumpibilidad en el suministro de Energía en Mercado Libre, acompañando a dicha solicitud, Informe de idoneidad emitido por el Operador del Sistema (Red Eléctrica de España), en cuyo apartado 2.6: Actividad desarrollada, se dice textualmente: "...El consumidor Telefónica España SAU en Madrid, está constituido por un Centro de Proceso de Datos y oficinas. Se considera que esta actividad no está relacionada con la prestación de servicios básicos ni que la prestación del servicio de interrumpibilidad pueda provocar riesgos para la seguridad de las personas o de los bienes" y en el apartado 4, Valoración: "Como conclusión se considera...al consumidor Telefónica de España SAU en Madrid apto para la prestación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad...". Por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de 27 de junio de 2008 (confirmada en alzada) se denegó la autorización en aplicación del art. 9.6.º de la precitada Orden por considerar que no reunía los requisitos exigidos en dicho apartado: "No desarrollar una actividad que incluya servicios básicos u otras actividades en que la aplicación del servicio de interrumpibilidad pueda provocar riesgos para la seguridad de las personas o los bienes".

Segundo.—Pues bien, se ha de comenzar por señalar que la Orden ITC/2370/2007, Regula el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad para los consumidores que adquieren su energía en el mercado de producción, y se dicta en ejecución de la Transitoria Sexta del Real Decreto 1634/06, de 29 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica a partir de 1 de enero de 2007. En su preámbulo se dice que:

"la necesidad de garantizar el suministro de electricidad a los consumidores, obliga a disponer de herramientas que flexibilicen la operación del sistema y que permitan dar respuestas rápidas y eficientes ante eventuales situaciones de emergencia, de forma que se minimice el impacto en la seguridad del sistema. La posibilidad de reducir la potencia demandada de aquellos consumidores que estén dispuestos a ello, se presenta como una valiosa herramienta para resolver aquellos incidentes que puedan derivar en una falta de suministro. La posibilidad de reducir la potencia demandada de energía eléctrica a cambio de una compensación económica no es nueva ya que está contemplada en nuestra regulación, si bien era una opción que sólo se ofrecía a los consumidores que se encontraban acogidos a las tarifas generales de alta tensión, a la tarifa horaria de potencia y a los grandes consumidores sujetos a la tarifa G.4., que cumplían determinadas condiciones. La necesidad de adaptar nuestra regulación a la de la Unión Europea y de no dar un tratamiento discriminatorio a los consumidores en función del procedimiento de adquisición de la energía, hacen necesario posibilitar la participación en el mecanismo de reducción de potencia a los consumidores que adquieren su energía en el Mercado de Producción. Dada la importancia de este servicio para la garantía de suministro y en línea con el nuevo modelo que establece la Directiva 2003/54 /CE, se hace necesario regularlo en el mercado para los consumidores que adquieren su energía libremente". Su objeto -art. 1 - es "regular las condiciones del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad ofrecido por los consumidores que adquieren su energía en el mercado de producción, los requisitos para participar como proveedor del mismo, así como su régimen retributivo". Conforme al art. 3, el servicio de ininterrumpibilidad de un consumidor que sea proveedor de este servicio "consiste en reducir la potencia activa demandada hasta el valor de la potencia residual requerida, en respuesta a una orden de reducción de potencia dada por el Operador del Sistema en los términos establecidos en la presente Orden y en el contrato que se formalice entre éste y aquél. 2. El servicio de interrumpibilidad será gestionado por el Operador del Sistema", y su art. 9.6, por lo que aquí interesa, exige: " No desarrollar una actividad que incluya servicios básicos u otras actividades en que la aplicación del servicio de interrumpibilidad pueda provocar riesgos para la seguridad de las personas o los bienes ".

Con arreglo a dicho precepto, la concurrencia de uno de estos dos requisitos impide obtener autorización para la prestación del servicio de gestión de la demanda de ininterrumpibilidad: a) desarrollar una actividad que incluya servicios básicos, o, b) que la aplicación de este servicio pueda generar riesgos para la seguridad de las personas o bienes. La cuestión estriba, por tanto, en dilucidar si la actora desarrolla una actividad que incluye servicios básicos o si la aplicación de ese servicio puede generar riesgos para la seguridad de las personas o bienes.

Ciertamente, como esta Sala ya ha señalado en ocasiones anteriores, la Orden ITC/2370/2007 no contiene una definición de lo que deba considerarse como servicio básico, ni enumera los supuestos en que la aplicación del servicio genera riesgos para la seguridad de las personas o de los bienes.

Al margen de que la telefonía (oficinas y centro de Datos) pueda considerarse servicio esencial como sustancia, principal o notable y de que el informe de la REE en que la actora fundamenta su pretensión no es vinculante para la misma, las resoluciones impugnadas consideran que no se da el segundo de los presupuestos de la norma y que la aplicación del servicio que se solicita podría dar lugar a situaciones de riesgo para la seguridad de las personas o las cosas y fundamenta a su vez tal apreciación en la detección en el centro en cuestión para el que se solicita de grupos electrógenos instalados para garantizar precisamente la continuidad del suministro evitando que dicha situación de riesgo para las personas o las cosas. Frente a tal apreciación razonada por la Administración de no concurrencia de las circunstancias requeridas por la norma para acceder a la solicitud actora, dicha parte no demuestra en el proceso que tal riesgo no concurra en este caso, por lo que ha de desestimarse su pretensión y con tal desestimación también la de los daños y perjuicios que se solicitan por la actora como derivados de resoluciones que, según lo expuesto, se consideran conformes al Ordenamiento Jurídico.

Tercero.—No se efectúa pronunciamiento en materia de costas (art. 139.1 LJCA).


FALLAMOS


 
Que Debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo n.º 268/09, interpuesto por el Procurador don Juan Antonio García San Miguel y Orueta, en nombre y representación de Telefónica España SA contra la desestimación presunta (posteriormente ampliado a la Resolución desestimatoria del Ilmo. Sr. Subsecretario de Industria, Turismo y Comercio -dictada en uso de facultades delegadas por el Excmo. Sr. Secretario de Estado de Energía - de 7 de mayo de 2010) del recurso de alzada entablado frente a la Resolución del Ilmo. Sr. Director General de Política Energética y Minas de 27 de junio de 2008, por la que se deniega la aplicación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad regulado en la Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio, en el suministro a sus instalaciones de la calle Julián Camarillo 8 de Madrid,. Sin costas.

Notifíquese con indicación de los recursos que, en su caso sean procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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