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Sentencia T.S.J. Aragón 243/2013 de 22 de mayo


 RESUMEN:

Conflicto colectivo: Trabajadora recurrente en un supermercado, a la que se la estima que el plus por sábado tarde trabajado debe abonarse en la cuantía íntegra establecida en el Convenio colectivo de comercio en general, sin prorratearlo en proporción a las horas trabajadas.

ZARAGOZA

SENTENCIA: 00243/2013

T.S.J.ARAGON SALA SOCIALZARAGOZA

-

CALLE COSO N.º 1

Tfno: 976208361

Fax:976208405

NIG: 50297 34 4 2013 0101904

402250

TIPO Y N.º DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0000179 /2013

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEMANDA 0000632 /2012 JDO. DE LO SOCIAL n.º 001 de HUESCA

Recurrente/s: Elena

Abogado/a:. ASESORIA CCOO

Procurador/a:

Graduado/a Social:

Recurrido/s: LIDL SUPERMERCADOS S.A.U.

Abogado/a: AMAHO SANCHEZ PEREZ

Procurador/a:

Graduado/a Social:

Rollo número 179/2013

Sentencia número 243/2013

A.

MAGISTRADOS ILMOS. Sres:

D. CARLOS BERMÚDEZ RODRÍGUEZ

D. JOSÉ ENRIQUE MORA MATEO

D. JUAN MOLINS GARCÍA ATANCE

En Zaragoza, a veintidós de mayo de dos mil trece.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, compuesta por los Sres. indicados al margen y presidida por el primero de ellos, pronuncia en nombre del REY esta

SENTENCIA

En el recurso de suplicación núm. 179 de 2013 (Autos núm. 632/2012), interpuesto por la parte demandante D.ª Elena delegada de personal en el centro de trabajo de Huesca de la empresa Lidl Supermercados SA., contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social de Huesca, de fecha 15 de enero de 2013; siendo demandada la empresa LIDL SUPERMERCADOS, SA, sobre conflicto colectivo. Ha sido ponente el Ilmo. Sr. D. JUAN MOLINS GARCÍA ATANCE.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Según consta en autos, se presentó demanda por D.ª Elena, contra Lidl Supermercados SA, sobre conflicto colectivo, y en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de lo Social de Huesca, de fecha 15 de enero de 2013, siendo el fallo del tenor literal siguiente:

"DESESTIMANDO la demanda interpuesta por D.ª Elena frente a LIDL SUPERMERCADOS, SA. sobre CONFLICTO COLECTIVO, absuelvo a los demandados de todos los pedimentos contenidos en la demanda".

Segundo.—En la citada sentencia y como hechos probados se declararon los del tenor literal:

"PRIMERO.- La actora D Elena presta servicios laborales para la empresa demandada Lidl Supermercados, SA. en el centro de trabajo que tiene abierto en la ciudad de Huesca, ostentando la condición de Delegada de Personal por el sindicato CC.OO.

Segundo.—En el citado centro de trabajo se desarrolla la actividad con jornada laboral de lunes a sábado en horario continuado de mañana y tarde. Los trabajadores, incluidos todos ellos en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo Provincial de Comercio en General (BOP Huesca 19-7-10), realizan su jornada en turnos rotativos.

Tercero.—- El art 23 del citado convenio establece:

"Regulación de la prestación de trabajo los sábados por la tarde:

Las empresas cuya actividad está regulada por este convenio, podrán prestar servicio la tarde de los sábados, siempre a juicio de la propia empresa. A los trabajadores/as se les aplicarán las tablas salariales que figuran como Anexo I.

Aplicación específica y opcional: sin perjuicio de lo anterior, aquellos trabajadores/as cuyas condiciones laborales vinieran reguladas por el anterior Convenio de Comercio en General hasta la fecha de publicación del presente convenio, y cuyo centro de trabajo no esté ubicado en una zona turística de montaña, podrán optar por no prestar servicio los sábados por la tarde. A los trabajadores/as que hagan valer este derecho les serán de aplicación las tablas salariales que figuran como Anexo II. En caso de que los susodichos trabajadores/as presten servicio algún sábado por la tarde, se les abonará un plus de 24,77 €, por cada tarde de sábado trabajada. También en caso de acuerdo, el plus anteriormente citado puede ser sustituido por un día más de vacaciones por cada tarde de sábado trabajado.

Este plus se revalorizará cada año, en el mismo % que se pacte para los salarios".

La demandada venía abonando el plus de 24,77 euros por sábado-tarde trabajado con independencia del número de horas que se trabajase. Recientemente, viene prorrateando dicho plus por hora trabajada.

Cuarto.—En fecha 16-6-11, los trabajadores del referido centro de trabajo firmaron un acuerdo con la empresa (la actora en disconformidad) según el cual aquélla "se compromete al pago, durante el periodo de vigencia del convenio, del denominado Plus de Sábado Tarde en todos los centros de trabajo de la provincia de Huesca, sin distinción por ubicación geográfica del mismo. Para mayor equidad en la aplicación y pago de este Plus, ambas partes convienen que se devengará por trabajos realizados a partir de las 16:00 horas del sábado, y a razón de 0,07 euros por minuto trabajado, siendo este el resultado de prorratear el importe máximo del Plus Sábado Tarde actualmente fijado (25,51 euros) en una hipotética jornada de tarde completa (de 16:00 a 22:00 horas)...".

Quinto.—En fecha indeterminada, 6 de las trabajadoras que habían firmado el referido acuerdo y otra más acordaron facultar a la actora para que iniciase las acciones oportunas para la interpretación de la forma de abono del complemento establecido en el convenio para quien trabaje las tardes de los sábados.

Sexto.—En anterior conflicto colectivo, planteado en el año 2002 por la representante legal del personal que prestaba servicios en el centro de trabajo de Sabiñanigo, las partes llegaron a un acuerdo en acto de conciliación celebrado ante el SAMA en fecha 8-7-02, cuyos términos eran los siguientes:

"La empresa abonará la cuantía íntegra del plus por sábado tarde trabajado, a que se refiere el último párrafo del artículo 8 del Convenio Colectivo del Comercio en general, independientemente del número de horas que se trabajen en el sábado tarde. Se considera a estos efectos, que existe derecho al percibo del citado plus, en los casos en los que el trabajador preste servicios a partir de las 15 horas...".

Tercero.—Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante, siendo impugnado dicho escrito por la parte demandada.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—La controversia litigiosa suscitada en el presente conflicto colectivo radica en determinar si el plus de sábado tarde del personal que presta servicios en el centro de trabajo de la empresa Lidl Supermercados, SA radicado en Huesca debe percibirse independientemente del número de horas trabajadas en cada sábado tarde o prorrateado por cada hora trabajada. La sentencia de instancia desestima la demanda interpuesta por la representante legal de estos trabajadores, argumentando que este plus debe abonarse en proporción al tiempo trabajado. Contra ella recurre en suplicación la parte actora.

Segundo.—En primer lugar, la parte recurrente alega que no le era exigible el abono de la tasa para recurrir en suplicación porque tiene reconocido el beneficio de justicia gratuita. Esta cuestión se ha abordado y resuelto por la sentencia de esta Sala n.º 220/2013, de 8 de mayo, estableciendo la doctrina siguiente:

"Dispone el art. 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita (LAJG): "En los términos y con el alcance previsto en esta ley y en los tratados y convenios internacionales sobre la materia en los que España sea parte, tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita:...d) En el orden jurisdiccional social, además, los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social, tanto para la defensa en juicio como para el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales" (referencia concursal añadida por Ley 22/2003, de 9 julio).

La Exposición de Motivos de esta ley declara: "Suprimidas por la Ley 25/1986 las tasas judiciales, el núcleo de los costes económicos derivados del acceso a la tutela judicial viene determinado por la intervención en el mismo, por imperativo legal, en la mayor parte de las ocasiones, de profesionales especializados en la defensa y representación de los derechos e intereses legítimos. En efecto, una vez que el Estado ha renunciado a la percepción de cualquier cantidad por el acceso al aparato judicial, son los honorarios de abogados, de procuradores y, en su caso, de cualesquiera otros profesionales, así como el coste de la obtención de las pruebas documentales o periciales necesarias, los que implican un coste económico inasumible para los ciudadanos que no disponen de los recursos económicos necesarios para hacerles frente...A esa finalidad responde la presente Ley, cuyo objeto es regular un sistema de justicia gratuita que permita a los ciudadanos que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, proveerse de los profesionales necesarios para acceder a la tutela judicial efectiva y ver adecuadamente defendidos sus derechos e intereses legítimos".

Por ello el art. 6 LAJG establecía hasta su reforma de febrero de 2013, como contenido del derecho a la asistencia jurídica gratuita, el "asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso", la "asistencia de abogado al detenido o preso", la "defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial", la "inserción gratuita de anuncios o edictos", la "exención del pago de depósitos necesarios para la interposición de recursos", la "asistencia pericial gratuita", y la obtención gratuita o con reducción del 80 %, de instrumentos y actas notariales, o de certificaciones de los Registros de la Propiedad.

Es el 24-2-2013, con la vigencia del RDL 3/2013 de 22 febrero, después de dictarse la LT, Ley 10/2012, de 20 de noviembre, cuando se introduce en el art. 6 LAJG en el n.º 5, junto a la exención de depósitos, la exención del pago de tasas judiciales.

Así pues, el derecho a asistencia jurídica gratuita regulado en la Ley de 1996, hasta su reforma en 2013, no se refería a las tasas, inexistentes al publicarse dicha ley, sino principalmente a los honorarios de abogados, procuradores y otros profesionales, así como el coste de obtención de pruebas, anuncios y documentos notariales y registrales.

Cuando se restauró el pago de tasas en 2002 (Ley 53/2002, de 30 de diciembre) no se reformó la LAJG para introducir este concepto; se hace precisamente en 2013, tras la extensión del pago de tasas a los trabajadores, pago éste de los trabajadores que nunca había existido en el orden social de la jurisdicción.

Dispone el art. 4 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (LT): "Exenciones de la tasa. 2. Desde el punto de vista subjetivo, están, en todo caso, exentos de esta tasa: a) Las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora".

Y añade después: "3. En el orden social, los trabajadores, sean por cuenta ajena o autónomos, tendrán una exención del 60 por ciento en la cuantía de la tasa que les corresponda por la interposición de los recursos de suplicación y casación".

En su Preámbulo, justifica así esta Ley su regulación:

"La Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, recuperó en el ámbito de la Administración de Justicia la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional...El derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita. Se trata de dos realidades jurídicas diferentes. Desde el momento en que la Constitución encomienda al legislador la regulación del alcance de esta última, está reconociendo que el ciudadano puede pagar por los servicios que recibe de la Administración de Justicia. Sólo en aquellos supuestos en los que se acredite «insuficiencia de recursos para litigar» es la propia Constitución la que consagra la gratuidad de la justicia....esta Ley amplía su aplicación al orden social, pero sólo en lo que a los recursos de suplicación y casación se refiere y de una manera proporcionada a los intereses que se tutelan en el mismo, en atención a los derechos e intereses en juego en este orden jurisdiccional, lo que también lleva a prever una tasa de menor cuantía cuando el demandante que presente aquellos recursos sea el trabajador tanto por cuenta ajena como autónomo".

De la lectura de las normas legales expuestas se infiere que la LAJG, dictada cuando no existen tasas judiciales, reconoció la asistencia jurídica gratuita a los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social, para su defensa en juicio, es decir, honorarios profesionales y coste de las pruebas, en conformidad con el objetivo al que se dirige la Ley, que es, según su Preámbulo, la gratuidad de los honorarios profesionales y del coste de las pruebas..."una vez que el Estado ha renunciado a la percepción de cualquier cantidad por el acceso al aparato judicial".

Sin embargo, restaurada la exacción de tasas en 2002 con un ámbito limitado, y extendido su pago por la LT de 2012, con carácter general en el orden social, a los trabajadores en cuantía del 40 % de la tasa (literalmente, exención del 60 por ciento en la cuantía de la tasa que les corresponda) quedan en todo caso, exentos de pago quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora. Por ello, dice su Preámbulo, se exceptúa el pago de la tasa "sólo en aquellos supuestos en los que se acredite «insuficiencia de recursos para litigar»", pues en tal caso "es la propia Constitución la que consagra la gratuidad de la justicia".

En el art. 4 LT existe una aparente antinomia entre su n. 2 a) y su n. 3, pues no puede regularse al mismo tiempo una exención plena para los trabajadores, que tienen reconocido, por disposición expresa de la LAJG, el beneficio legal de Asistencia Jurídica Gratuita, y al mismo tiempo, otra exención, para los mismos, de un 60 % de la cuota tributaria de la tasa correspondiente.

Ocurre que, por un lado, con una técnica legislativa deficiente, el art. 4.3 LT establece como exención lo que en realidad es la determinación de la cuota tributaria de los trabajadores, que debió fijarse como tal en el art. 7.1 de la Ley y no en la regulación de las exenciones del art. 4, donde sólo tiene sentido la exención subjetiva establecida para "las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora", pero no una llamada "exención del 60 por ciento en la cuantía de la tasa que les corresponda", que en realidad no es una exención sino la determinación genérica de la cuota tributaria de la tasa para los trabajadores.

Por otro lado, como se ha dicho, la exención de tasas establecida genéricamente en el art. 4.2 a) LT a favor de "las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora", no se refiere a lo que la LAJG en su art. 2 d) llama "reconocimiento de asistencia jurídica gratuita a los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad para la defensa en juicio" de sus derechos en el orden social, (puesto que esta Ley de 1996 se refería a costes de profesionales y anuncios o depósitos, pero no a tasas, que no existían en nuestro ordenamiento), sino a los trabajadores a quienes, por insuficiencia de recursos, se les haya reconocido personal y expresamente el beneficio ("El derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita", dice el Preámbulo).

La LT, en concordancia ahora con la LAJG reformada, innova pues el pago de tasas en el orden social a los trabajadores (lo que está pendiente de pronunciamiento de constitucionalidad) pero deja exentos del pago de dicha tasa a los trabajadores que reúnan los requisitos de la LAJG, es decir, a los de bajas rentas o ingresos.

No aprecia, en consecuencia, la Sala el conflicto de normas que denuncia la recurrente sino: 1.º, el novedoso establecimiento legal de una tasa para los trabajadores que, en el orden social, reclaman tutela judicial efectiva de sus derechos como tales, novedad legal pendiente de declaración de constitucionalidad o inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional. Y, 2.º, una regulación legal muy defectuosa, insistimos, tanto en términos jurídicos como en términos tributarios, denominando exención, el art. 4.3 LT, a lo que en realidad es determinación de cuota.

A ello se añade la omisión de los beneficiarios de la Seguridad Social en esta llamada "exención" de la tasa a los trabajadores, omisión que debe subsanar una interpretación correctora que les otorga el mismo trato que a los trabajadores, tal como hacen con carácter general las leyes procesales de este orden jurisdiccional y la Ley de Seguridad Social".

Tercero.—La aplicación de la citada doctrina a la presente litis, por un elemental principio de seguridad jurídica, obliga a rechazar la alegación de la parte recurrente relativa a que no le era exigible el abono de la tasa para recurrir en suplicación.

La recurrente argumenta asimismo que el art. 235 de la LRJS prevé que en los recursos interpuestos en los conflictos colectivos cada parte debe abonar sus costas, por lo que los representantes de los trabajadores se ven obligados a abonar las tasas sin posibilidad de recuperación, incluso en el caso de vencer en el recurso.

En la condena al pago de las costas de primera instancia prevista en los órdenes civil y contencioso-administrativo, si el demandante tiene razón judicial, se estima la demanda, condenando al pago de las costas a la parte vencida, que incluyen la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional (art. 241.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Ello supone que el vencimiento en el proceso trasladará el pago de la tasa a la contraparte: el demandante que procesalmente tenga razón, solo debe adelantar la tasa, que será posteriormente reintegrada por la parte vencida.

Por el contrario, cuando se trata de un recurso devolutivo (suplicación o casación), el recurrente debe abonar la tasa. Si su recurso se estima, no se condena en costas a la parte recurrida porque no es una parte vencida (art. 235.1 LRJS y sentencia del TS de 29-1-2009, recurso 1013/2006, entre otras), por lo que, aunque el recurrente tenga razón y se estime su recurso, revocando la sentencia de instancia, ello no conlleva que se le devuelva la tasa para recurrir. Se establece así una diferencia entre la tasa y el depósito para recurrir. El depósito se reintegra al recurrente exitoso. Pero la tasa no.

En definitiva, la parte recurrente pretende un trato diferenciado por tratarse de un conflicto colectivo que, en principio, no conlleva la condena al pago de las costas del recurso de suplicación. Pero dicho trato diferenciado no existe porque en todos los recursos de suplicación la estimación del recurso no conlleva la condena a la contraparte al pago de las costas.

Cuarto.—Procede examinar conjuntamente, por su íntima interconexión, los dos motivos del recurso, formulados al amparo del apartado c) del art. 193 de la LRJS, en los que se denuncia la infracción del art. 23 del Convenio Colectivo provincial para las empresas dedicadas al comercio en general en la provincia de Huesca y de los arts. 41 y 3.1.c) del Estatuto de los Trabajadores, alegando, en síntesis, que la interpretación literal del citado precepto convencional conlleva su abono sin prorrateo alguno, así como que la empresa ha venido abonando este complemento sin prorratearlo por las horas trabajadas en sábado tarde, lo que integra una condición más beneficiosa de carácter colectivo, cuya modificación no se ha efectuado siguiendo los trámites del art. 41 del Estatuto de los Trabajadores, postulando que se estime la demanda.

Quinto.—En el centro de trabajo de Lidl Supermercados, SA radicado en Huesca la jornada laboral se realiza de lunes a sábado en horario continuado de mañana y tarde, en turnos rotativos. El art 23 del citado convenio establece: "(...) aquellos trabajadores/as cuyas condiciones laborales vinieran reguladas por el anterior Convenio de Comercio en General hasta la fecha de publicación del presente convenio, y cuyo centro de trabajo no esté ubicado en una zona turística de montaña, podrán optar por no prestar servicio los sábados por la tarde (...) En caso de que los susodichos trabajadores/as presten servicio algún sábado por la tarde, se les abonará un plus de 24,77 €, por cada tarde de sábado trabajada. También en caso de acuerdo, el plus anteriormente citado puede ser sustituido por un día más de vacaciones por cada tarde de sábado trabajado (...)".

La empresa demandada venía abonando el plus de 24,77 euros por sábado-tarde trabajado con independencia del número de horas. El 16-6-2011 la mayoría de los trabajadores del referido centro de trabajo firmaron un documento según el cual la empresa "se compromete al pago, durante el periodo de vigencia del convenio, del denominado Plus de Sábado Tarde en todos los centros de trabajo de la provincia de Huesca, sin distinción por ubicación geográfica del mismo. Para mayor equidad en la aplicación y pago de este Plus, ambas partes convienen que se devengará por trabajos realizados a partir de las 16:00 horas del sábado, y a razón de 0,07 euros por minuto trabajado, siendo este el resultado de prorratear el importe máximo del Plus Sábado Tarde actualmente fijado (25,51 euros) en una hipotética jornada de tarde completa (de 16:00 a 22:00 horas)..." La delegada de personal fue la única trabajadora que hizo constar en este documento la mención: "no conforme". Seis de las trabajadoras que habían firmado el referido acuerdo y otra más acordaron facultar a su representante legal para que iniciase las acciones oportunas para que este plus se continuase pagando como antes.

En anterior conflicto colectivo, planteado en el año 2002 por la representante legal del personal que prestaba servicios en el centro de trabajo de Sabiñánigo, las partes llegaron a un acuerdo en acto de conciliación celebrado ante el SAMA en fecha 8-7- 02, cuyos términos eran los siguientes: "La empresa abonará la cuantía íntegra del plus por sábado tarde trabajado, a que se refiere el último párrafo del artículo 8 del Convenio Colectivo del Comercio en general, independientemente del número de horas que se trabajen en el sábado tarde. Se considera a estos efectos, que existe derecho al percibo del citado plus, en los casos en los que el trabajador preste servicios a partir de las 15 horas...".

Sexto.—La Juez de lo Social argumenta que, aunque este precepto convencional no establece ninguna regla de proporcionalidad en la percepción de este complemento salarial, la estimación de la demanda supondría que los trabajadores a tiempo parcial o con reducción de jornada percibirían íntegro este plus, lo que a su juicio vulnera una interpretación lógica o racional del precepto aplicado.

Esta Sala disiente, con el mayor respeto, del argumento de instancia. Un trabajador a tiempo parcial o con reducción de jornada puede prestar servicio durante todo el sábado por la tarde. Frecuentemente se contrata a trabajadores a tiempo parcial para prestar servicios los sábados en los supermercados porque se trata del día semanal en el que se concentra la mayor parte de la facturación y por ello la mayor necesidad de mano de obra, lo que supone que hay trabajadores a tiempo parcial que prestan servicios durante todo el sábado por la tarde.

Lo cierto es que el precepto convencional no establece prorrata alguna, limitándose a prever el abono de una cantidad por trabajar el sábado por la tarde. La justificación de ello radica en abonar una compensación económica a los trabajadores por prestar servicios laborales en un lapso temporal habitualmente dedicado al ocio que normalmente se utiliza para estar con la familia y amigos, libres de obligaciones escolares y, en principio, laborales. Y la empresa venía abonando así este plus hasta que un acuerdo suscrito con parte de sus trabajadores, con la oposición de la representante legal de los mismos, lo dejó sin efecto: la empresa ha abonado este complemento sin prorrata alguna hasta el citado acuerdo, firmado por la empresa y por once trabajadores, constando como única trabajadora no conforme la delegada de personal, que era la única protegida por las garantías del art. 68 del Estatuto de los Trabajadores y del art. 110.2 de la LRJS.

A juicio de este Tribunal, conforme al tenor literal del art. 23 del Convenio Colectivo provincial para las empresas dedicadas al comercio en general en la provincia de Huesca y al principio general del derecho "ubi lex non distinguit, nec nos distiguere debemus", este complemento salarial debe abonarse por el hecho de prestar servicios los sábados por la tarde, sin prorratearlo en función del número de horas trabajadas, como venía haciendo la empresa y como pactó con los representantes legales del otro centro de trabajo radicado en la provincia de Huesca.

Cuando este convenio colectivo ha querido que un plus vinculado al momento de prestación de servicios se abone en función del número de horas efectivamente trabajadas durante ese lapso temporal, lo ha establecido así expresamente; el art. 18 regula el complemento por nocturnidad: "Se considerarán horas nocturnas las trabajadas entre las 22 horas y las 6 horas, abonándose aquellas que se realicen en este horario, con un recargo del 25% sobre el precio hora ordinaria".

Por el contrario, el art. 23 de esta norma colectiva no prevé el abono del plus de sábado tarde en función del número de horas trabajadas sino en una cantidad fija por cada sábado tarde trabajado, debiendo prevalecer esta norma colectiva, que tiene la consideración de derecho necesario relativo (está prohibido su empeoramiento pero no su mejora, siempre desde la perspectiva del trabajador), sobre el citado acuerdo suscrito por parte de los trabajadores, por lo que procede estimar el recurso, revocando la sentencia de instancia.

En atención a lo expuesto,


FALLO


 
Estimamos el recurso de suplicación núm. 179 de 2013, revocando la sentencia de instancia, estimando la demanda interpuesta por D.ª Elena, como representante del personal que presta servicios en el centro de trabajo de Huesca de Lidl Supermercados, SA, contra esta mercantil, declarando que el plus por sábado tarde trabajado debe abonarse en la cuantía íntegra establecida en el Convenio Colectivo de comercio en general para la provincia de Huesca, sin prorratearlo en proporción a las horas trabajadas, condenando a la parte demandada a estar y pasar por esta declaración.

Notifíquese esta resolución a las partes con la advertencia de que:

- Contra la misma pueden preparar recurso de casación para unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo por conducto de esta Sala de lo Social en el plazo de diez días desde la notificación de esta sentencia.

- El recurso se preparará mediante escrito, firmado por Letrado y dirigido a esta Sala, con tantas copias como partes recurridas y designando un domicilio en la sede de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, a efectos de notificaciones.

- En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de justicia gratuita, deberá, al momento de preparar el recurso y en el plazo de diez días señalado, consignar la cantidad objeto de condena o formalizar aval bancario por esa cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que al momento de formalizar el recurso de casación, deberá acompañar resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad de 600 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta en el Banco Español de Crédito (Banesto), debiendo hacer constar en el campo "observaciones" la indicación de "depósito para la interposición de recurso de casación".

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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