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Sentencia A.P. Bilbao 557/2013 de 14 de octubre


 RESUMEN:

Marcas: Acción reivindicatoria. Distinción de servicios de transporte en ambulancia y servicios médicos y sociales. Inexistencia de acreditación del uso de la marca de forma indebida por los demandados: Doctrina jurisprudencial al respecto y en relación a la acción de nulidad absoluta y relativa.

BIZKAIAKO PROBINTZIA AUZITEGIA

Sección / Sekzioa: 4.ª/4.

BARROETA ALDAMAR 10-3.ª planta - C.P./PK: 48001

Tel.: 94-4016665

Fax/Faxa: 94-4016992

N.I.G. / IZO: 48.04.2-10/035566

R. apela. merca. L2 / E_R.apela.merca.L2 696/2012

O.Judicial origen / Jatorriko Epaitegia: Juzgado de lo Mercantil n° 1 de (Bilbao) / (Bilbo)ko 1 zk.ko Merkataritza-arloko Epaitegia

Autos de Procedimiento ordinario 822/2010 (e)ko autoak

Recurrente / Errekurtsogilea: ASOCIACIÓN DE AYUDA EN CARRETERA DYA GUIPÚZCOA

Procurador/a/ Prokuradorea: ROSA ALDAY MENDIZABAL

Abogado/a / Abokatua: JEAN BENOIT DEVAUREIX

Recurrido/a / Errekurritua: DEDICACIÓN Y ATENCIÓN S.L. y Edemiro

Procurador/a / Prokuradorea: ANA BUSTAMANTE ESPARZA y ANA BUSTAMANTE ESPARZA

Abogado/a/ Abokatua: ANA MARIA MENDIA ARGOMANIZ y ANA MARIA MENDIA ARGOMANIZ

SENTENCIA N.º 557/2013

ILMOS/AS. SRES/AS.

D. IGNACIO OLASO AZPIROZ

Dña. LOURDES ARRANZ FREIJO

Dña. REYES CASTRESANA GARCÍA

En BILBAO (BIZKAIA), a catorce de octubre de dos mil trece.

La Sección 4.ª de la Audiencia Provincial de BIZKAIA, constituida por los/as Sres/as que al margen se expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos civiles de Procedimiento Ordinario 822/2010, seguidos en el Juzgado de lo Mercantil n° 1 de (Bilbao) a instancia de ASOCIACIÓN DE AYUDA EN CARRETERA DYA GUIPÚZCOA apelante - demandante, representada por la Procuradora ROSA ALDAY MENDIZABAL y defendida por el Letrado JEAN BENOIT DEVAUREIX contra DEDICACIÓN Y ATENCIÓN S.L. y Edemiro apelada (se opone al recurso) - demandada, representados por la Procuradora ANA BUSTAMANTE ESPARZA y defendidos por la Letrado ANA MARIA MENDIA ARGOMANIZ; todo ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 17 de mayo de 2012.

Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la sentencia impugnada en cuanto se relacionan con la misma.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—La Sentencia de instancia de fecha 17 de mayo de 2011 es de tenor literal siguiente:

"FALLO: DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO ÍNTEGRAMENTE la demanda interpuesta por la ASOCIACIÓN DE AYUDA EN CARRETERA DYA GUIPÚZCOA contra Edemiro y DEDICACIÓN Y ATENCIÓN, S.L., condenado a la parte actora al pago de las costas procesales causadas a los codemandados."

Segundo.—Publicada y notificada dicha Resolución a las partes litigantes, por la representación de la demandante se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación que, admitido por el Juzgado de Instancia y tramitado en legal forma ha dado lugar a la formación del presente rollo, al que ha correspondido el n° 696/12 de Registro y que se ha suscitado con arreglo a los trámites de los de su clase.

Tercero.—Hecho el oportuno señalamiento, la vista se celebró el pasado 7 de mayo de 2013, con asistencia de los Letrados de las partes, quienes informaron en apoyo de sus respectivas pretensiones.

Terminado el acto quedaron las actuaciones sobre la Mesa del Tribunal para resolución y fallo

Cuarto.—En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Ha sido Ponente para este trámite la Ilma. Sra. Magistrado DÑA. LOURDES ARRANZ FREIJO.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—La demandante en su condición de titular registral de las marcas:

- Marca española n° 2.581.576 "ASOCIACIÓN DE AYUDA EN CARRETERA DYA" (mixta), solicitada el 18 de Febrero de 2004 y concedida el 12 de Julio de 2004 para distinguir servicios de las clases 39 "servicios de transporte. Servicios de transporte en ambulancias, 41C, 44 "servicios médicos y 45 "servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales. Servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas".

- Marca española n° 2.644.939 "BIDE LAGUNTZA ELKARTEA DYA" (mixta), solicitada el 5 de abril de 2005 y concedida el 29 de Septiembre de 2005 para distinguir servicios de las clases 39 "servicios de transporte. Servicios de transporte en ambulancias, 41 "servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades culturales", 44 "servicios médicos y 45 "servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales. Servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas".

- Marca española n° 899.176 "DYA" (denominativa), solicitada el 26 de Enero de 1979 y concedida el 19 de Noviembre de 1979 para distinguir servicios de la clase 42 "servicios de una asociación de ayuda en carretera".

- Marca española n° 899.177 "ASOCIACIÓN DE AYUDA EN CARRETERA DYA" (mixta), solicitada el 26 de Enero de 1979 y concedida el 19 de Noviembre de 1979, para distinguir servicios de la clase 42 "servicios de una asociación de ayuda en carretera"; formulaba demanda frente al solicitante y titular registral de las marcas:

- Marca española n° 2.874.610 (mixta) "DYA DEDICACIÓN Y ATENCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN", solicitada el 6 de Mayo de 2009, y concedida el 18 de Enero de 2010 para distinguir servicios de la clase 4139 "servicios de transporte. Servicios de transporte en ambulancias, 41 "servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades culturales",y

- Marca española n° 2.941.949 "DYA DEDICACIÓN Y ATENCIÓN" solicitada el 30 de Julio de 2010 para distinguir servicios de las clases 37 "servicios de limpieza y portería" y 39 "servicios de transporte" solicitada el 30 de Julio de 2010 y actualmente concedida y en vigor, ejercitaba distintas pretensiones declarativas y de condena, al amparo de distintos preceptos de la Ley Marcas y Ley Competencia Desleal, pretensiones todas ellas que han sido desestimadas en la resolución hoy objeto de recurso.

La parte demandante, interpone recurso de apelación solicitando la revocación de la Sentencia en base a las siguientes alegaciones.

Segundo.—En primer lugar, precisa que en su demanda además de ejercitar la acción reivindicatoria de marcas, y subsidiaria acción de nulidad absoluta por haberse solicitado de mala fe las marcas de íos demandados, se ejercitaron las acciones de infracción de marca previstas en los arts. 34 y 41 de LM, y acciones de competencia desleal, y sin embargo la Sentencia recurrida omite cualquier pronunciamiento sobre la acción de competencia desleal, y sólo trata muy tangencialmente la acción de infracción.

En lo que se refiere a esta última acción se sostiene que la Sentencia ha omitido mencionar que los demandados utilizan la denominación DYA, sin gráfico alguno, como nombre de dominio y que además reproducen las marcas de la recurrente en el rótulo de su sede social.

Alega que la utilización del nombre de dominio dyasl.com, infringe la marca española n° 899.176 D.Y.A. (denominativa) solicitada el 26 de Enero de 1979 para servicios de las clase 42 "servicios propios de una asociación de ayuda en carretera", siendo prácticamente idéntica dicha marca y el nombre de dominio "dyasl.com, por lo que debe declararse la existencia de infracción de acuerdo con lo dispuesto en el art. 34.1 e).

Por lo que se refiere al uso de la denominación DYA en la sede social de los demandados, ha quedado acreditado que las marcas que figuran en el rótulo del establecimiento son las marcas denominativas y mixtas de la actora.

En lo que respecta a la marca n° 2941.949 D/A DEDICACIÓN Y ATENCIÓN, de titularidad de los demandados y cuyo uso en el mercado, es analizado en la Sentencia de instancia, se alega que es una mera marca de cobertura, y que se utiliza para prestar servicios no protegidos por la marca en cuestión, por lo que no enerva la acción de infracción.

Igualmente y por lo que se refiere a esta última marca, se alega que se debe de prestar atención al elemento dominante, y que en la comparación entre marcas mixtas deben prevalecer los aspecto denominativos, especialmente en los casos en los que el servicio se pide por su nombre, y que deben eliminarse los descriptivos y genéricos; añade que teniendo en cuenta la notoriedad de las marcas prioritarias de la actora, se debe declarar que el uso que hacen los demandados de dicha marcas, infringe las suyas prioritarias, de conformidad con lo establecido en el art. 34 de la LM.

En lo que se refiere a la acción reivindicatoria, que la Sentencia desestima al considerar que siendo la demandante titular registral, la protección de sus derechos debía ejercitarse a través de las acciones de los arts. 40, 41, 51 y 52 de la LM, se alega que el art. 2.2 LM no limita su ejercicio al usuario extraregistral, resultando la Sentencia incongruente con las pretensiones de las partes, al no haber analizado si el demandado actuó en fraude de sus derechos, al solicitar las marcas cuya titularidad pretendía la recurrente.

Por lo que se refiere a la acción de nulidad absoluta por solicitud de registro de mala fe, que es desestimada al considerar que no resulta de aplicación cuando se trata de resolver un conflicto entre marcas registradas, se alega que el ejercicio de dicha acción no está limitado por el hecho de que las partes tengan o no sus marcas registradas, y que al igual que en el caso anterior, la Sentencia es incongruente al desestimar su pretensión sin analizar si los hechos ocurridos pudieran ser considerados de mala fe al momento de efectuar la solicitud. Respecto de la acción de nulidad relativa del art. 52.1, se sostiene que las dos marcas de las demandados son muy semejantes, y tienen idéntico ámbito aplicativo, existiendo riesgo de confusión acrecentado por la notoriedad de las marcas de la recurrente.

En lo que se refiere a las acciones de competencia desleal se alega que la Sentencia de instancia no se pronuncia sobre ellas, sosteniendo que la conducta de los demandados debe reputarse desleal al concurrir los supuestos recogidos en los art. 4.6, 11.2 y 12 de la LCD.

Finalmente y de acuerdo con la prueba pericial practicada, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 43.2 de la LM interesa una indemnización de 32.338, 45 euros, y en todo caso en mínimo legal expreso del canon del 1% de la cifra de negocios realizada con el producto litigioso, conforme al apartado 5 del art. 43 LM, ascendiendo en ese caso la indemnización a un importe de 2.936,86 euros.

Tercero.—Planteados así los términos del recurso, diremos en primer lugar, que si bien la Sentencia recurrida no analiza la conducta de los demandados desde el punto de vista de la competencia desleal, lo cierto es que resuelve sobre todas las pretensiones concretadas en el Suplico de la demanda, rechazando la procedencia de toda condena derivada de un uso ilícito de las marcas de la recurrente, al no haberse acreditado que los demandados utilizaran las marcas de las demandantes, dando así respuesta tanto a la acción de infracción, como a las de competencia desleal.

Comenzando por el análisis de la acción de infracción, debe de recordarse que para el éxito de estas acciones lo que debe de compararse son los signos del demandante en la forma en que los tiene registrados, con los signos infractores, es decir aquellos que el demandado esté utilizando.

Es por ello que la Sentencia de instancia, y tras haber examinado el riesgo de confusión al analizar la procedencia de la acción de nulidad relativa, habiendo concluido que era inexistente, concluye que ninguna conducta infractora han cometido los demandados, pues se limitan, tai como consta, en el doc. 14 acompañado con la demanda, a utilizar su marca, (la n° 2.941.949 "D/A DEDICACIÓN Y ATENCIÓN") y sin que deí hecho de que coincidan los colores en la pintura de las ambulancias pueda considerarse la existencia de un riesgo de confusión, pues tales signos (los colores o la forma de rotular), no están registrados por la demandante, y por tanto ninguna infracción por su uso puede cometerse.

En lo que se refiere a la utilización de las marcas de la demandante para rotular la sede social de los demandados, decir que tal rotulación se corresponde con la sede social de DYA Alava, y no con la sede social de la demandada.

Tampoco estimamos que la utilización del nombre de dominio "dyasl", constituya una infracción del derecho de la marca de la actora, D.Y.A, pues no existe ni identidad denominativa, ni gráfica, ni fonética, sin que la similitud que pudiera presentar ocasione riesgo alguno de confusión, puesto para acceder a la página de la demanda es necesario introducir al completo el nombre de dominio con la mención "sl", lo que sólo sucederá si se conoce tal nombre de dominio, y se pretende por ello acceder a la página de la demandada.

Cuarto.—Acción reivindicatoria.

Compartimos el criterio del Juzgador de la instancia, de que la acción reivindicatoria resulta de aplicación para proteger los derechos del usuario extraregistral y no para proteger los derechos del titular registral que tiene a su alcance otras acciones, tal como se desprende de la doctrina contenida en las siguientes resoluciones:

STS de 25 de Noviembre de 2009:

"Significa ello, y así lo destacábamos en nuestra Sentencia de 15 de febrero de 2008, que la actual Ley de Marcas mantiene el sistema instaurado por la anterior (Ley 32/1988) al aceptar un doble sistema de adquisición de la marca, uno el de concesión por la oficina competente en respuesta a la solicitud del registro de conformidad con las disposiciones reguladoras, que es la vía normal y por la que la demandada adquirió el derecho que le manda compartir la resolución recurrida en base, precisamente, al otro mecanismo o sistema legal de obtención, que es el previsto en ese artículo 2 que se ha dejado transcrito, en respuesta a la colisión que, como en el caso de autos, surge entre una marca registrada o cualquier otro signo de similar cobertura (rótulo, nombre comercial, etc.) y el mejor derecho que sobre ese mismo signo detenta un tercero por creación o uso previo en el tráfico pero sin reflejo registral, en cuyo supuesto, dice la STS de 5 de octubre de 2007, la ley "sacrifica aquélla en beneficio de ésta - si es que la acción se hubiera ejercitado una vez concedida la marca - y otorga protección - con el reconocimiento de la facultad de subrogarse, [en todo o en parte] ya en el expediente de solicitud, ya en el asiento practicado- a quien ostente el mejor derecho por razones ajenas al registro, con tal que hubiera sido perjudicado por el solicitante o titular registral, con una actuación fraudulenta o que signifique violación de una obligación legal o contractual - sentencias de 14 de febrero de 2000, 25 de febrero, 30 de mayo y 30 de diciembre de 2005, o 24 de marzo de 2006.".

Se está pues, en palabras de esta última Sentencia que se cita, ante una acción reivindicatoria que implica un modo extraordinario de conseguir el derecho de dominio de una marca adquirida por prioridad de uso a la que ningún impedimento supone, y luego se analizará el efecto pretendido por la anticipación en su registro ("prior tempore, potiur iure"), que la marca objeto de vindicación se halle registrada, pues precisamente esa es una de las notas que caracteriza la acción, "que el sujeto pasivo haya solicitado u obtenido el registro de la marca objeto de aquélla", ya que de lo que se trata, en definitiva, es de determinar si se ejercitó con éxito la acción por venir amparada en la concurrencia de cada uno de sus requisitos y poder obtener entonces a través de la misma la declaración, explícita o implícita, de pleno dominio y devolución de la cosa vindicada, con reconocimiento de su titularidad en la marca y la consiguiente subrogación o sustitución por parte del perjudicado en la posición jurídica de titularidad respecto de la solicitud o del registro.

Dicho de otro modo y en palabras de la STS de 10 de julio de 2008, "no se tinta de proteger al más rápido o al menos despierto, sino que los derechos deben ejercitarse de conformidad con el sistema establecido". Así pues, lo importante, y de ello dependerá el éxito de la acción reivindicatoria, es la prueba del fraude ("fraus alterius"); de la infracción legal o contractual orientada al aprovechamiento, sin consentimiento del que usaba extrarregistralmente el signo marcario, del prestigio o implantación alcanzado con el esfuerzo de quien actuaba, o lo perdió en su momento por causas ajenas a él, sin la protección tabular para el tráfico o sector al que va dirigido el producto o servicio de que se trate y puede ver arrebatada la posibilidad de continuar su actividad bajo ese signo distintivo, simplemente, porque otra parte, que además quiere competir en el mismo sector, lo registra y hace propio para legitimar de esta manera su uso, prohibiéndolo a los demás. Supuesto ante el que la Ley reacciona protegiendo al titular extrarregistral, permitiendo reivindicar y hacer propio el registro promovido por aquél con tal de que no transcurra el plazo legal de impugnación/reivindicación de 5 años. ".

En la Sentencia de la AP BARCELONA DE 16 de MAYO DE 2013:

"El art. 2.2 LC concede a la persona perjudicada por el registro de una marca la posibilidad de reivindicarla ante los Tribunales cuando el registro hubiera sido solicitado con fraude a los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual. En un sistema como el nuestro, que se funda en el principio de que la adquisición de los signos se hace por su registro (art. 2.1 LM), de forma que la inscripción tiene eficacia constitutiva, parece un contrasentido la denominación de acción reivindicatoria para designar la acción que se atribuye al tercero que se considere perjudicado por el registro de un signo. Es obvio que ese tercero no puede ser titular del signo reivindicado, al menos en el país en el que reclame su titularidad. Por consiguiente, en materia de marcas, no estamos ante una acción reivindicatoria en el sentido del Código Civil sino ante una reivindicatoria impropia, cuyo ejercicio no presupone la titularidad del signo. "

En la sentencia de la AP de ZARAGOZA 15/07/09

"Como ha dicha esta Sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza, en su sentencia 681/2008, de 11 de Diciembre, "La acción reivindicatoria acogida por la Sentencia ahora apelada (art 2-2 Ley Marcas), viene a constituir una excepción a la regla general de la eficacia constitutiva del Registro, protegiendo el mejor derecho sobre el signo usado, pero carente de existencia tabular, frente a la titularidad marcarla registrada en fraude de terceros. Dicho conflicto de intereses es resuelto por la ley marcarla a favor del tercero, cuando quien accede al Registro y consigue para sí el "ius prohibendi", lo hace de manera fraudulenta o con violación de la reglamentación legal o contractual. Se sacrifica así la regularidad formal del Registro en beneficio de valores extra-registrales que se consideran de mejor derecho que el inscribiente (Ss A.P. Asturias, secc 1.ª, de 21- diciembre-2007 y T.S. 5-octubre-2007).

El efecto del triunfo de esta acción llamada por algún sector doctrinal "reivindicativa", más que "reivindicatoria" es la sustitución - en el sentido de subrogación- por parte del perjudicado en la posición jurídica del titular que accede ilícitamente al Registro (S.T.S. 25-febrero-2005)."

AP BARCELONA.-2 de Octubre de 2008

"Hemos mantenido en anteriores Sentencias, como las de 8 de marzo de 2005 y de 9 de enero de 2004, que como complemento de las normas que atribuyen efectos constitutivos al registro de la marca y con el fin de impedir abusos derivados de la aplicación rigurosa del principio de inscripción, el artículo 2.2 de la Ley de Marcas vigente (al igual que lo hiciera el 3.3. de la anterior Ley de Marcas y al igual que los artículos 11 y 12 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes) concede, durante un tiempo, una protección limitada a la reivindicación de la solicitud o de la marca ya registrada, al tercero que no ostenta la titularidad registral, pero sí un mejor derecho extra registral sobre el signo cuyo registro se ha solicitado o concedido.

La norma resuelve un conflicto de intereses entre el solicitante o el titular registral de la marca y un tercero que no lo es, y lo hace a favor de éste, mediante la técnica de colocarle en la solicitud o la titularidad, a consecuencia de ser mejor su derecho por razones extra-registrales. Para que esa protección se conceda es necesario que el titular haya actuado con fraude de los derechos del tercero o con violación de una obligación legal o contractual. El término fraude (manifestación del llamado fraus alterius, cuya fuerza expansiva se considera tradicionalmente que alcanza a la totalidad del acto o negocio -fraus omnia corrumpit- e impide que de él nadie obtenga ventaja -fraus nemini prodest-) se emplea en el artículo 2.2 de la Ley de Marcas en el sentido de acto dañoso ejecutado sin buena fe o, lo que es lo mismo, con mala fe. Se trata, en fin, de un concepto de significado similar al que resulta del artículo 4.4.g de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 (LCEur 1989132), a propósito de definir el régimen de las prohibiciones relativas de registro.

La actuación lesiva tiene por objeto, según la norma, los derechos de un tercero, los cuales han de estar proyectados sobre el signo que se reivindica, pero, lógicamente, no tienen por qué ser los que concede un registro constitutivo, ya que en tal caso el conflicto se resolvería conforme a las reglas del mismo. Por ello se entiende que el término no se utiliza en sentido estricto, sino en el amplio de intereses legítimos. "

Quinto.—Acción de nulidad absoluta.

Compartimos igualmente el criterio del Juzgador de la instancia, de que en el supuesto de autos, al ejercitarse la acción de nulidad confrontando marcas registradas, la resolución del litigio debe hacerse en sede de los supuestos de nulidad relativa ex art. 52 de la LM, precepto que protege el derecho que el aquí recurrente, como titular registral, pretende hacer valer, y que no es otro que su derecho a excluir del registro de marcas, los signos recogidos en el art. 6.1b), y ello con independencia de la existencia o no de mala fe al momento de la solicitud del signo impugnado, quedando el supuesto de nulidad absoluta recogido en el art. 51.1 b, para proteger a quien utiliza un signo no registrado frente a quien teniendo conocimiento de ello registra un signo idéntico o similar, para identificar productos idénticos o similares, lo que puede dar lugar a confusión, y con la finalidad de impedir que el tercero (usuario del signo) pueda continuar utilizando tal signo, lo que supone, tal como exige el precepto, que la protección al usuario sólo se dará si se acredita la existencia de mala fe al momento de la solicitud.

Sexto.—Acción de nulidad relativa.

También en este caso compartimos los razonamientos del Juzgador de la instancia, que le llevan a concluir, que las marcas de la demandada no son ni idénticas ni semejantes a ninguna de las de la actora, sin que exista riesgo alguno de confusión, conclusión que no se altera aunque se considerase que las marcas de la demandante, fuesen unas marcas renombradas.

Y es que ninguna de las marcas de la demanda guarda ni similitud ni identidad con ninguna de las de la parte actora, porque aunque el elemento dominante fuese "DYA", ello no resulta suficiente para generar confusión.

Una de las marcas de la demanda ni siquiera incorpora dicho signo, sin que D/A evoque al mismo.

Los conjuntos fonéticos, gráficos, y conceptuales son diferentes y también lo son los signos gráficos en cuanto su diseño, color y grafía..., todo lo cual excluye cualquier riesgo de confusión, excluyendo la concurrencia de la causa de nulidad invocada.

Séptimo.—Por lo que se refiere a las acciones de competencia desleal, estimamos que en ningún caso ha quedado acreditado que los demandados hayan incurrido en las conductas concurrenciales que la recurrente les imputa.

En el ámbito de la competencia desleal lo que resulta relevante es como se han venido utilizando los signos, tomando en consideración, su presentación, sus canales de distribución....y en el caso de autos, lo que único que se ha constado es que la actora utiliza sus propios signos, sin entrar en comportamientos colusorios, pues así se desprende de los documentos 14 de la demanda y 41 a 46 de la contestación.

Octavo.—Si no existe conducta infractora alguna en ningún caso resultará procedente el resarcimiento de daños y perjuicios.

Noveno.—La desestimación del recurso conlleva la condena al pago de las costas de la apelación (arts. 394 y 398 de la LEC).

DECIMO-. La disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), regula el depósito previo que ha de constituirse para la interposición de recursos ordinarios y extraordinarios, estableciendo en su apartado 9, aplicable a este caso, que la inadmisión del recurso y la confirmación de la resolución recurrida, determinará la pérdida del depósito.

Vistos los artículos citados y demás de genera! y pertinente aplicación,

En virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberanía Popular y en nombre de S.M. el Rey,


FALLAMOS


 
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la ASOCIACIÓN DE AYUDA EN CARRETERA DYA GUIPÚZCOA contra la Sentencia de fecha 17 de mayo de 2012, dictada por el Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Bilbao, en el procedimiento Proc. Ordinario 822/10, de que el presente rollo dimana; debemos confirmar y confirmamos íntegramente dicha resolución condenando al apelante al pago de las costas del recurso.

Transfiérase el depósito por el Secretario Judicial del Juzgado de origen a la cuenta de depósitos de recursos inadmitidos y desestimados.

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución cabe recurso de CASACIÓN ante la Sala de lo Civil del TS, si se acredita interés casacional. El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Tribunal en el plazo de VEINTE DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación (artículos 477 y 479 de la LECn).

También podrán interponer recurso extraordinario por INFRACCIÓN PROCESAL ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo por alguno de los motivos previstos en la LECn. El recurso habrá de interponerse mediante escrito presentado ante este Tribunal dentro de los VEINTE DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación (artículo 470.1 y Disposición Final decimosexta de la LECn).

Para interponer los recursos será necesaria la constitución de un depósito de 50 euros si se trata de casación y 50 euros si se trata de recurso extraordinario por infracción procesal, sin cuyos requisitos no serán admitidos a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Tribunal tiene abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito) con el número 4704 0000 00 0696 12. Caso de utilizar ambos recursos, el recurrente deberá realizar dos operaciones distintas de imposición, indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un "Recurso" código 06 para el recurso de casación, y código 04 para el recurso extraordinario por infracción procesal. La consignación deberá ser acreditada al interponer los recursos (DA 15.ª de la LOPJ).

Están exentos de constituir el depósito pata recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposición citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Al escrito de interposición deberá acompañarse, además, el justificante del pago de la tasa judicial debidamente validado, salvo que concurra alguna de las exenciones previstas en la Ley 10/2012.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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