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Sentencia A.P. Madrid 519/2013 de 19 de noviembre


 RESUMEN:

Contrato de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles: Nulidad. Contrato de póliza de préstamo: Nulidad por estar asociado dicho contrato de financiación al anterior. Vicios del consentimiento: No identificación clara de lo que se compra y vende, en relación a un apartamento, sin saber su estado o sus cargas.

N.I.G.: 28.079.00.2-2012/0005902

Recurso de Apelación 344/2012

O. Judicial Origen: Juzgado de 1.ª Instancia n.º 13 de Madrid

Autos de Procedimiento Ordinario 48/2006

APELANTE: D./Dña. Gregorio y D./Dña. Rosaura

PROCURADOR D./Dña. JORGE LUIS MIGUEL LOPEZ

APELADO: CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID

PROCURADOR D./Dña. FRANCISCO ABAJO ABRIL

DATUM PROYECTOS S.L

MC

SENTENCIA

MAGISTRADOS Ilmos Sres.:

D. GUILLERMO RIPOLL OLAZABAL

D.ª ROSA MARIA CARRASCO LOPEZ

D.ª M.ª ALMUDENA CANOVAS DEL CASTILLO PASCUAL

En Madrid, a diecinueve de noviembre de dos mil trece. La Sección Vigesimoprimera de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los Señores Magistrados expresados al margen, ha visto, en grado de apelación los autos de juicio ordinario número 48/2006 procedentes del Juzgado 1.ª Instancia n.º 13 de Madrid, seguidos entre partes, de una, como Apelantes- Demandantes: Dña Rosaura y D. Gregorio y de otra, como Apelados-Demandados: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid y Datum Proyectos S.L.

VISTO, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. GUILLERMO RIPOLL OLAZABAL.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.

Primero.—Por el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 13 de Madrid, en fecha 29 de noviembre de 2007, se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que, desestimando la demanda deducida por D. Gregorio y DÑA. Rosaura, representados por el Procurador de los Tribunales D. JORGE LUIS MIGUEL LOPEZ, contra CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID Y DATUM PROYECTOS, debo absolver y absuelvo a las demandadas de los pedimentos deducidos en su contra, con expresa condena en costas a la parte actora.

Segundo.—Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, del que se dio traslado a la parte apelada, quién se opuso en tiempo y forma. Elevándose los autos junto con oficio ante esta Sección, para resolver el recurso.

Tercero.—Por providencia de esta Sección, de 24 de junio de 2013, se acordó que no era necesaria la celebración de vista pública, señalándose para deliberación, votación y fallo el día 12 de noviembre de 2013.

Cuarto.—En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
No se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada.

Primero.—Los demandantes D. Gregorio y Dña. Rosaura, tras una reunión promocional, suscribieron el 19 de mayo de 2005 con la demandada Datum Proyectos S.L, en el ámbito de aplicación de la Ley 42/1998, sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias, un denominado contrato de compra para Atlas = El Club de los Propietarios Vacacionales, mediante el cual la demandada Datum Proyectos S.L vendía a los actores unos derechos exclusivos de ocupación en un complejo por precio de 17.520 euros, indicándose en el contrato como términos de la ocupación el apartamento NUM000, en temporada roja, un periodo semanal, cuatro de ocupación máxima, y como primer año de ocupación 2006 y último 2047.

Para la financiación del anterior contrato, el 26 de mayo de 2005 se suscribe una póliza de préstamo entre los demandantes y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid por importe de 17.520 euros, a un interés nominal anual del 8,5% y amortización en 60 cuotas mensuales de 359,45 euros cada una, comprensivas de capital e intereses. El mismo día los actores concertaron con Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid un contrato de libreta de ahorro ordinario, donde se abonó el importe del préstamo, y de la cual se transfirieron 13.622,05 euros a Datum Proyectos S.L el 30 de mayo de 2005. Aparte de ello, y a consecuencia de la póliza de préstamo, los demandantes suscribieron a la vez dos seguros de vida renta Caja Madrid y otros dos seguros vida amortización de préstamos personales a prima única Caja Madrid.

Los demandantes ejercitan en este proceso acción para que se declare la nulidad del contrato celebrado de uso y disfrute de bienes inmuebles a tiempo compartido, y al estar vinculado al anterior el de financiación para su adquisición, así como de los cuatro seguros de vida contratados, con condena a los demandados a restituirles las cantidades de que respectivamente hubieran dispuesto, o vinieran percibiendo durante la sustanciación del pleito, con sus intereses legales desde la interposición de la demanda.

Se alega en la demanda para fundamentar la acción de nulidad contractual un vicio intrínseco en el objeto del contrato al no identificarse claramente lo que se compraba y vendía, en relación a que era un apartamento NUM000, donde se situaba, cuál era su estado, sus cargas o la fecha de su construcción; el error como vicio invalidante del consentimiento; y algunas vulneraciones del artículo 9 de la Ley 42/1998 sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico, como no reflejar claramente en el contrato el derecho del comprador a exigir escritura pública e inscribir su adquisición en el Registro de la Propiedad, o no expresar claramente si existía o no derecho de intercambio de períodos de aprovechamiento.

La sentencia dictada por el Juzgado, cuya completa parte dispositiva se recoge en los antecedentes de esta resolución, desestima la demanda, habiendo sido recurrida en apelación por la parte demandante.

Segundo.—La Ley 42/1998, sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias quedó derogada por el Real Decreto-Ley 8/2012 de 16 de marzo, de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio, y el anterior Decreto-Ley por la Ley 4/2012, de 6 de julio, de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio y normas tributarias, pero de acuerdo con su disposición transitoria única el contrato celebrado entre las partes se rige por la normativa contenida en la Ley 42/1998.

De acuerdo con los artículos 1.5 y 9 de la Ley 42/1998 su normativa se aplica a cualquier persona física o jurídica que participa profesionalmente en la transmisión o comercialización de los derechos.

Y lo cierto es que el régimen legal de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico requiere la descripción de cada alojamiento destinado a su aprovechamiento por turno, la referencia expresa al derecho de naturaleza real o personal transmitido, la descripción precisa del alojamiento sobre el que recae el derecho, y el turno que es objeto de contrato, con indicación de los días y horas en que se inicia y termina, como resulta del artículo 9 de la Ley, disponiendo el artículo 1.7 de la Ley que el contrato por virtud del cual se constituya o transmita cualquier otro derecho, real o personal, por tiempo superior a tres años y relativo a la utilización de uno o más inmuebles durante un periodo determinado o determinable al año, al margen de la presente Ley, será nulo de pleno derecho, debiéndole ser devueltas al adquirente o cesionario cualesquiera rentas o contraprestaciones satisfechas, así como indemnizados los daños y perjuicios sufridos.

Cuando esta Audiencia Provincial de Madrid ha examinado cuestiones similares, el mismo contrato de venta de derechos exclusivos de ocupación concertado por Datum Proyectos S.L con otras personas se ha pronunciado en primer lugar por la nulidad absoluta del contrato, en el que no se hacía referencia a la naturaleza real o personal del derecho transmitido en relación al artículo 1.6 de la Ley 42/1998, no se contenían los requisitos del artículo 9.1. 3.º de esta Ley en cuanto a la descripción precisa del edificio, de su situación y del alojamiento sobre el que recaía el derecho, con referencia expresa a sus datos registrales y al turno que era objeto del contrato, con indicación de los días y horas en que se iniciaba y terminaba, lo que provocaba su nulidad en aplicación del artículo 1.7 de la Ley, y derivadamente, por estas circunstancias, se consideraba que había mediado un error como vicio invalidante del consentimiento.

En este sentido pueden citarse las sentencias de la Sección octava de 27 de septiembre de 2010, de la Sección duodécima de 6 de octubre de 2010 y 29 de febrero de 2012, y de la Sección decimocuarta de 25 de marzo de 2010.

Así, declaraba la sentencia de la Sección duodécima de esta Audiencia Provincial de 6 de octubre de 2010 que "Desde este punto de vista, acudir al error esencial en el consentimiento no es nada descabellado; el error no reside solo en el objeto, sino que también se expande a la representación de circunstancias erróneas que llevan a la conclusión del contrato, aproximándose a los límites del dolo civil, art.1269 C.C, que obliga contratar.

En efecto, de las estipulaciones del contrato, resulta una completa indeterminación del objeto del contrato que justifica sobradamente y por si solo el éxito de la acción de nulidad.

Como ya hemos dicho según la hoja primera del Contrato, lo que adquiere el comprador son Derechos Exclusivos de Ocupación en el Complejo, según tablas adjuntas que señalan que este derecho será durante la Temporada, Roja; Apartamento, NUM000; Periodo semanal, 1; siendo el primer año de ocupación el 2006 y el último el 2047. No consta referencia alguna al complejo sobre el que se adquiera ese derecho de ocupación, ni qué temporada es la que se califica como roja, ni cuáles son las condiciones del apartamento NUM000. Posteriormente en el anverso se les califica de propietario vacacional, y en el resumen se les hace entender que han adquirido una semana de vacaciones. Semana, cuyas fechas y destinos serán a su elección pero según las normas de intercambio de RCI y ATLAS, normas que por supuesto no aparecen recogidas en el contrato. Y a las cuales se sometería el dato temporal de la elección del periodo vacacional, por ello su omisión es esencial y determinante en este tipo de contratos en el que la decisión de comprar depende de la disponibilidad de tiempo y posibilidad de uso por el comprador.

En definitiva, en el contrato ni se concreta la naturaleza real o personal del derecho adquirido por los actores, en contra de la previsión exigida en el art. 9.1.2.º de la Ley aplicable, ni se concreta el periodo de la semana adquirida, ni tampoco el alojamiento turístico en que ésta iba tener lugar ni sus características. Y por otra parte, tras analizar los contratos cuya nulidad se pretende, considera este Tribunal que el clausulado negocial referido a la naturaleza y facultades del derecho adquirido no reúne las notas de claridad, concreción y sencillez que exige el art. 9 de la Ley 42/1998, de 15 de diciembre, sobre el derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y de normas tributarias, y que hubieran debido plasmarse en el contrato de forma comprensible para los adquirentes. Revistiendo la información facilitada a los compradores una notable insuficiencia, lo que da lugar al vicio de consentimiento por error en el objeto y por dolo contractual del art. 1296 del Código Civil, tal y como denunciaban los actores en el escrito rector del procedimiento y que se reproducen en su escrito de apelación. Así, en cuanto al error en el objeto, es preciso indicar que éste es determinante de la nulidad en tanto que afecta al objeto mismo del contrato, dado que la parte compradora difícilmente podía saber el objeto cierto que estaba comprando, habida cuenta de las omisiones y ambigüedades habidas en aquel. No puede olvidarse que el objeto del contrato, como señala el art. 1273 C.C. ha de ser cosa determinada en cuanto a su especie, entendiendo una constante y reiterada Jurisprudencia del Tribunal Supremo que "se emplea esta palabra en el sentido de que la determinación de la cosa se haga en forma que no pueda confundirse con otra distinta".

Esta falta de información bien pudo conducir a los adquirentes a padecer desconocimiento o, cuando menos, un equivocado conocimiento de tales circunstancias, provocado por los demandados, por lo que, de acuerdo con los requisitos que viene establecido la Jurisprudencia del Tribunal Supremo que más adelante se indicará, el error ha de reputarse inimputable y excusable para los actores para ser determinante de vicio de consentimiento y de consecuencias invalidantes del negocio jurídico (SSTS de 15 de diciembre de 1992, 14 y 18 de febrero de 1994 y 14 de julio de 1995, entre otras).

Media, pues, error sobre elemento esencial del contrato como es su propio objeto, del cual no se informa suficientemente, y ni se explicita de manera clara y que no induzca a equívocos qué semana concreta se estaba adquiriendo en el contrato, ni sobre que alojamiento y en qué condiciones recae. Pues de los datos sobre el apartamento a disfrutar en la semana vacacional, se ignoran sus características al identificarlo con un tipo NUM000, no explicado, y del que no se ofrece información alguna. Y en cuanto a la semana, se deja su elección al comprador, pero se le condiciona a una serie de límites, las normas de intercambio de RCI y ATLAS que no constan, y de cuya información se priva al comprador".

Tercero.—En parecidos términos indicaba la sentencia de la Sección decimocuarta de esta Audiencia Provincial de 25 de marzo de 2010 que "Tras una reunión maratoniana, y utilizando técnicas de venta asfixiantes y mas que agresivas, los demandantes firmaron un contrato con Datum Proyectos S.L. f.41, en el que los actores lo hacían en su propio nombre y derecho, y el demandado no se sabe en qué concepto. El demandado Datum aparece como vendedor, pero sin expresar representación vende para Atlas- El Club de los Propietarios Vacacionales; y no se sabe si su titulo es por compra anterior a Atlas que es una empresa perteneciente al consorcio RMI, del que dicho sea de paso no sabemos absolutamente nada, o el origen de sus derechos es la compra otra empresa que los adquirió previamente del promotor.

Por no saber no sabemos nada de Atlas. No sé si es sociedad española o extranjera, desconocemos los datos de su constitución, e inscripción registral; es una perfecta desconocida.

El objeto de la compra es el uso de un apartamento que no se identifica ni por su ubicación, ni por sus linderos, ni por sus características esenciales. Se habla de tipo NUM000 sin que sepamos cuales son los tipos de apartamentos ni las características de cada tipo, en semana roja, sin que sea posible averiguar cuál es la semana roja, ni el criterio de clasificación de semanas.

Es preciso tener cierta formación jurídica para poder comprender que lo que se adquiere es un derecho personal temporal de afiliación a un club de vacaciones. Se hace remisión a las normas de ocupación que permiten la confiscación de los derechos del comprador cuando no se paguen las cuotas de administración, y se introduce un fideicomisario que es una sociedad inglesa, sin que conozcamos los términos de la fiducia.

Se les facilita la posibilidad de acudir al sistema de intercambio a través de RCI Europe, sin que se especifique el sistema y sus variables, y con remisión a una serie de normas de intercambio que no están en autos, lo mismo que las cuotas de intercambio que se publican ocasionalmente en los directorios RCI de complejos asociados.

A la vista del anterior examen, podemos afirmar que el error en el consentimiento es más que posible; no saben realmente en qué clase de operación se embarcan. Para un sujeto sin formación jurídica resulta muy difícil saber cual es en realidad el objeto del contrato, y que es lo que adquiere eso sí; a precio cierto en dinero o signo que lo represente.

En esas condiciones, el contratante lego en derecho puede representarse que está comprando el uso de un apartamento en un hotel en la playa por un tiempo determinado, cuando en la realidad lo único que adquiere es la afiliación, condición de socio, de un club de vacaciones que le concede un derecho personal de uso sin determinar la época especifica en podrá gozar del apartamento, y no más.

Pero aun hay mas, el examen del contrato y su comparación con las normas imperativas de la Ley 42/98 nos llevan a la nulidad absoluta. La Ley es imperativa y el contrato de autos no cumple ni una sola de sus previsiones.

No cumple al Art.1 porque el contrato habla de propiedad cosa prohibida por la Ley.

No cumple el Art. 8 porque no se especifican adecuadamente las cargas y gastos.

No cumple el Art. 9 porque no se especifica la escritura pública de constitución del sistema y reguladora de su régimen, ni se identifica si el derecho trasmitido es personal o real, ni se idéntica el edificio donde se ubica el apartamento, ni los servicios de que se puede disfrutar dentro del régimen, ni inserta los Arts 10 a 12 de la Ley 42/98.

En resumen él, contrato es una suma de ilegalidades por vulneración de norma imperativa que merecen la sanción que impone la sentencia de instancia".

Cuarto.—La conclusión, como se ha dicho, es la nulidad del contrato celebrado con la demandada Datum Proyectos S.L.

Quinto.—La siguiente cuestión a abordar es si la nulidad del anterior contrato implica también la nulidad de la póliza de préstamo convenida con la codemandada Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, como contrato vinculado al anterior.

Dispone el artículo 12 de la Ley 42/1998 que los préstamos concedidos al adquirente por el transmitente o por un tercero que hubiese actuado de acuerdo con él quedarán resueltos cuando el primero desista o resuelva en alguno de los casos previstos en el artículo 10, y aunque este precepto sólo se refiere al desistimiento o resolución del contrato parecería aplicable analógicamente a los supuestos de nulidad contractual, aunque en cualquier caso y como ya expusimos en nuestra sentencia de 8 de mayo de 2012 la solución es la misma aplicando la Ley de Crédito al Consumo 7/1995, que aunque derogada por Ley 16/2011, de 24 de junio, resulta aplicable al presente caso en virtud de lo establecido en la disposición transitoria de la ley 16/2011.

Dispone el artículo 14.2 de la Ley de Crédito al consumo 7/1995que la ineficacia del contrato cuyo objeto sea la satisfacción de una necesidad de consumo, determinará también la ineficacia del contrato expresamente destinado a su financiación, cuando concurran las circunstancias reseñadas en los apartados a), b) y c) del apartado 1 del artículo 15, con los efectos previstos en el artículo 9. Estos requisitos del artículo 15 de la ley son los siguientes: a) Que el consumidor, para la adquisición de los bienes o servicios, haya concertado un contrato de concesión de crédito con un empresario distinto del proveedor de aquéllos; requisito que evidentemente concurre. b) Que entre el concedente del crédito y el proveedor de los bienes o servicios exista un acuerdo previo, concertado en exclusiva, en virtud del cual aquél ofrecerá crédito a los clientes del proveedor para la adquisición de los bienes o servicios de éste; habiéndose añadido por Ley 62/2003, de 30 de diciembre, un segundo párrafo a este apartado con la siguiente redacción "En el caso de que se provean servicios de tracto sucesivo y prestación continuada, que entre el concedente del crédito y el proveedor de los mismos exista un acuerdo previo en virtud del cual aquél ofrecerá crédito a los clientes del proveedor para la adquisición de los servicios de éste". c) Que el consumidor haya obtenido el crédito en aplicación de acuerdo previo mencionado anteriormente.

Como admite toda la doctrina y las resoluciones de los Tribunales, donde se halla la clave para establecer la vinculación entre los contratos es en el concepto de "concertado en exclusiva", requisito que a partir de la reforma operada por Ley 62/2003 no se exige para los contratos de servicios de tracto sucesivo y prestación continuada.

La postura más estricta se manifiesta entre otras en la sentencia de 8 de octubre de 2004 de la Sección 3.ª de la Audiencia Provincial de La Coruña, que entiende que el precepto exige la existencia de un pacto previo entre el comerciante y la financiera, de tal forma que ambos acordasen que ése sería el único sistema de financiación, excluyendo a los demás operadores del mercado, lo que no sucedería cuando no exista ese punto de exclusividad (y exclusión de los demás), y al mismo tiempo se estaba trabajando con varias entidades bancarias, aunque al cliente concreto sólo se le ofreciese una determinada.

Pero el criterio general que se ha venido imponiendo en los tribunales es uno más flexible que interpreta el requisito de la exclusividad en relación al concreto contrato de que se trate, y considera que concurre el requisito de exclusividad cuando al cliente no se le ha ofrecido otra forma de financiación por el proveedor del bien o servicio, pues como indica alguna resolución judicial no se entiende de qué puede servir al cliente que la empresa tuviera concertados contratos con otras entidades de financiación, si a él nunca se le ha dado acceso a esas fuentes financieras, sino que se le ha dado sólo la posibilidad de contratar en cada momento con una sola entidad. Esta postura se recoge, entre otras, en las sentencias de 3 de febrero de 2005 de la Sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Baleares, 1 de septiembre de 2005 de la Audiencia Provincial de Cuenca, 7 de noviembre de 2005 de la Sección 17.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, 16 de enero de 2006 de la Sección 19.ª de esta Audiencia Provincial de Madrid, 26 de mayo de 2006 de la Sección 6.ª de la Audiencia Provincial de La Coruña, y 11 de mayo de 2007 de la Sección 9.ª de esta Audiencia Provincial de Madrid.

Esta postura más general y flexible en la interpretación del requisito de la exclusividad es la que ha acogido este Tribunal entre otras en sentencia de 20 de marzo de 2007, 4 de marzo de 2008 y 8 de mayo de 2012.

En idénticos términos se ha pronunciado la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 2011 al declarar que "el concepto de exclusividad reside en las efectivas posibilidades de que, razonablemente, hubiera dispuesto cada consumidor para optar por contratar con otro concedente de crédito distinto del señalado por las proveedoras y al que las mismas estaban vinculadas por un acuerdo previo. La finalidad de la exigencia y la de toda la norma no puede ser otra que la de proteger la libertad de decisión del consumidor en la elección del financiador. En el supuesto de que esta libertad de decisión no se haya respetado, se debe proteger sus intereses extrayendo consecuencias jurídicas de una conexión contractual determinada sin su colaboración, ya desde el origen de la operación".

Sexto.—No le cabe duda ninguna al Tribunal del acuerdo entre la entidad financiera demandada y Datum Proyectos S.L para conceder crédito a los adquirentes demandantes, en lo que implica el carácter vinculado del préstamo, lo que se evidencia con la circunstancia admitida por la Caja de Ahorros demandada de que fue la codemandada Datum Proyectos S.L quien se encargó de solicitar en nombre de los demandantes la financiación; la falta de relación anterior entre éstos y Caja de Ahorros de Madrid; y la propia expresión en la hoja resumen obrante al folio 32 del que para el pago del precio se formalizaría un crédito bancario, autorizándose a Datum Proyectos S.L a solicitar la financiación en nombre de los interesados, junto a lo indicado en el denominado "certificado de Promoción" de que Datum Proyectos S.L obsequiaba a los demandantes con una financiación especial de 80 mensualidades hasta marzo de 2006, valorado en 2420 euros.

Esta vinculación del contrato de préstamo al contrato celebrado con Datum Proyectos S.L es lo que determina la nulidad también del primero, y es lo que ya entendió este Tribunal para un supuesto idéntico en sentencia de 15 de diciembre de 2011, en coincidencia con el criterio de las demás Secciones de esta Audiencia Provincial (sentencias de 6 de octubre de 2010, 29 de febrero y 18 de abril de 2012 de la Sección duodécima, y 11 de junio de 2012 de la Sección decimonovena), sin que haya necesidad, en consecuencia, de pronunciarse sobre los demás extremos planteados en el recurso.

Séptimo.—Ahora bien, la nulidad de los respectivos contratos de transmisión de derecho de aprovechamiento por turnos de bien inmueble de uso turístico y de la póliza de préstamo bancaria al anterior vinculada, no determina una sola relación jurídica con obligación solidaria de vendedora y prestamista de reintegrar a los compradores y prestatarios las prestaciones satisfechas, pues cada contrato tiene un contenido y efectos distintos.

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid opuso al contestar a la demanda un defecto de litisconsorcio pasivo necesario y una excepción de falta de legitimación pasiva en base a que los contratos de seguro cuya nulidad se pretendía habían sido concertados con Mapfre Vida S.A de Seguros y Reaseguros, lo que provocó que en el acto de la audiencia previa la parte actora desistiera de la petición de nulidad de los contratos de seguro.

Por ello, parece lo adecuado que Datum Proyectos S.L solo venga obligada a reintegrar la cantidad por ella percibida de 13.622,05 euros, de modo que la declaración de nulidad de ambos contratos conllevará la obligación solidaria de las demandadas de devolver las cantidades abonadas por los actores a consecuencia de la póliza de préstamo concertada con Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, aunque con el límite para Datum Proyectos S.L de 13.622,05 euros, más los intereses legales desde la interposición de la demanda pero solo en cuanto a las cantidades satisfechas a aquel momento.

Octavo.—Procede por todo lo anterior, estimar el recurso de apelación formulado, revocando la sentencia recurrida, para en su lugar declarar la nulidad tanto del contrato celebrado por los demandantes con Datum Proyectos S.L el 19 de mayo de 2005, como de la póliza de préstamo convenida por los mismos con Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid el 26 de mayo de 2005, condenando solidariamente a las demandadas a devolver a los actores las cantidades abonadas por los mismos a consecuencia de la póliza de préstamo referida, aunque con el limite total para la codemandada Datum Proyectos S.L de 13.622,05 euros, más los intereses legales desde la interposición de la demanda solo en cuanto a las cantidades satisfechas a aquel momento.

Noveno.—En aplicación de lo establecido en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas de la primera instancia se imponen a las demandadas, sin que haya lugar a especial imposición de las costas originadas en este recurso (artículo 398.2 de la citada Ley procesal).

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación


III.- FALLAMOS


 
Que estimando el recurso de apelación interpuesto por D. Gregorio y Dña Rosaura contra la sentencia que con fecha veintinueve de noviembre de 2007 pronunció la Ilma. Sra. Magistrado Juez de Primera Instancia número trece de Madrid, debemos revocar y revocamos la citada resolución, para en su lugar declarar la nulidad tanto del contrato celebrado por los apelantes y demandantes con Datum Proyectos S.L el 19 de mayo de 2005, como de la póliza de préstamo convenida por los mismos con Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid el 26 de mayo de 2005, condenando solidariamente a las demandadas Datum Proyectos S.L y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid a devolver a los actores las cantidades por ellos abonadas a consecuencia de la póliza de préstamos referida, aunque con el límite total para la codemandada Datum Proyectos S.L. de 13.622,05 euros, más los intereses legales desde la interposición de la demanda solo en cuanto a las cantidades satisfechas a aquel momento; con imposición de las costas de la primera instancia a las demandadas, y sin especial imposición de las costas de este recurso a ninguna de las partes.

Contra esta sentencia cabe recurso de Casación por presentar la resolución del recurso interés casacional (artículo 477.2-3.º y 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) y recurso extraordinario por infracción procesal en los supuestos previstos en el artículo 469 de la misma Ley en relación a su disposición final decimosexta, a interponer en el plazo de veinte días ante este Tribunal, y cuyo conocimiento corresponde a la Sala Primera del Tribunal Supremo.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo. Certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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