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Sentencia A.P. Barcelona 577/2013 de 12 de diciembre


 RESUMEN:

Contrato de arrendamiento de bienes muebles: Resolución de arrendamiento de sistema fijo de video-vigilancia en domicilio familiar. Devolución de los bienes arrendados, por impago reiterado e injustificado de la renta periódica. Cláusula penal: Requisitos.

DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOSEXTA

ROLLO N.º 710/2012 -B

JUICIO ORDINARIO NÚM. 1082/2010

JUZGADO PRIMERA INSTANCIA 35 BARCELONA

SENTENCIA n.º 577/2013

Ilmos. Sres.

DON AGUSTIN FERRER BARRIENDOS

DON JORDI SEGUÍ PUNTAS

DOÑA INMACULADA ZAPATA CAMACHO

En la ciudad de Barcelona, a doce de diciembre de dos mil trece.

VISTOS, en grado de apelación, ante la Sección Decimosexta de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Juicio Ordinario, número 1082/2010 seguidos por el Juzgado de Primera Instancia n.º 35 Barcelona, a instancia de GRENKE ALQUILER S.A., representada por el Procurador Don David Gómez Codina, contra Salvador, representado por la Procuradora Doña Beatriz Aizpun Sardá Estas actuaciones penden ante esta Superioridad en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la Sentencia dictada el día diez de mayo de dos mil doce por el Magistrado-Juez del expresado Juzgado.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente:

"FALLO

1.- Estimar la demanda formulada por GRENKE ALQUILER S.A. y resolver el contrato de arrendamiento de bienes muebles concertado, el dia 23 julio 2008, con el demandado D. Salvador, condenándole:

a) A la devolucion de los bienes arrendados.

b) Al pago de 7.801,67 € en concepto de rentas o alquileres.

c) Al pago de intereses pactados.

d) Al pago de la suma estipulada por retraso en la devolucion de los bienes por cada dia natural, una vez trascurrida una semana desde el requerimiento resolutorio, a razon de 7,34 € dia, ascendiendo a fecha 21 junio 2010 a 1.879,04 €.

2.- Imponer las costas al demandado y no se hace pronunciamiento sobre las de la reconvencion.

3.- Hacer saber a las partes que contra esta resolucion cabe recurso de apelacion.".

Segundo.—Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por Salvador mediante su escrito motivado, dándose traslado a la parte contraria que se opuso al recurso mediante su escrito motivado. Elevados los autos a esta Audiencia Provincial se procedió a dar el trámite pertinente señalándose para votación y fallo el día 26 de noviembre de 2013.

Tercero.—En el presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.

Vistos siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. JORDI SEGUÍ PUNTAS.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—- En la presente litis se acumulan diversas pretensiones relacionadas con la validez y desenvolvimiento del contrato de arrendamiento de un sistema fijo de video-vigilancia convenido en fecha 23 de julio de 2008 entre Grenke Alquiler SA y Salvador, cuyo sistema quedó instalado en esa fecha en el domicilio familiar de este último radicado en la PLAZA000 número NUM000, piso NUM001, de Alzira, Valencia.

La sociedad arrendadora pretende la resolución del vínculo por impago de la renta periódica con las subsiguientes consecuencias patrimoniales (pago de la indemnización prevista para el supuesto de cancelación anticipada y de la cláusula penal por no devolución del objeto arrendado), mientras que el arrendatario demandado opone el incumplimiento previo de Grenke (el sistema de vigilancia era defectuoso en origen), al tiempo que reconviene para instar la nulidad del contrato por razón de la vulneración de diversos preceptos de la normativa de defensa de los consumidores y usuarios.

La sentencia de primera instancia estima en su integridad la reclamación de Grenke por entender que hubo un reiterado e injustificado impago de las rentas trimestrales, siendo así que no se prueban deficiencias en el funcionamiento del sistema, y que, "aun suponiendo que el Sr. Salvador sea un consumidor", por lo que resultaría aplicable la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios (LGDCU, texto refundido aprobado por Decreto legislativo 1/2007), dicho demandado no habría concretado "qué cláusula es abusiva y por qué".

El demandado primitivo y actor reconvencional se alza contra dicha sentencia contraria a sus intereses.

Segundo.—Con carácter preferente debe abordarse el examen de la nulidad de actuaciones denunciada en el recurso por supuesta vulneración de normas imperativas determinantes del fuero territorial.

La sociedad demandante para fijar la competencia territorial en los Juzgados de Barcelona hizo valer el fuero convencional previsto en el contrato, habida cuenta que la persona física demandada tiene fijado su domicilio en la ciudad valenciana de Alzira.

Una lectura integrada del escrito de contestación a la demanda y de reconvención evidencia que Salvador hace descansar su argumentación de nulidad del contrato en la premisa de que concertó el arrendamiento con Grenke para satisfacer una necesidad familiar (control de la atención que recibían sus hijos menores por parte de los cuidadores responsables de su guarda en su propio domicilio), no profesional, de lo cual, entre otras consecuencias, extrae la afirmación de abusividad del pacto de sumisión expresa a los Juzgados de Barcelona contenido en una de las condiciones generales del contrato, por su abierta discrepancia con el artículo 90.2 LGDCU.

Es cierto que, tal como subraya la sentencia apelada, "el fuero del consumidor no es imperativo salvo en los juicios verbales". Nótese que, con independencia de la imperatividad absoluta del fuero en esos juicios (artículo 54.1 LEC), el segundo apartado de ese mismo artículo proclama la invalidez de la sumisión expresa "contenida en contratos de adhesión, o que contengan condiciones generales impuestas por una de las partes, o que se hayan celebrado con consumidores y usuarios", en consonancia con lo dispuesto en el mencionado artículo 90.2 LGDCU, a cuyo tenor son abusivas las cláusulas que establezcan "la previsión de pactos de sumisión expresa a juez o tribunal distinto del que corresponda al domicilio del consumidor y usuario, al lugar del cumplimiento del contrato o aquél en que se encuentre el bien si éste es inmueble".

De todo lo cual se infiere la validez de la sumisión tácita en los litigios en que se ventilen acciones fundadas en una de esas relaciones jurídicas, mientras que la nulidad de un pacto de sumisión expresa contrario a esas normas imperativas debe denunciarse por medio de la declinatoria.

En el supuesto enjuiciado la persona física demandada no impugnó la validez del pacto sumisorio a través del vehículo procesal hábil para la denuncia de la incompetencia territorial, cual es la declinatoria (artículos 59 y 63 LEC). Ni siquiera cabe entender que el escrito de contestación a la demanda en cuanto contiene la denuncia de la falta de competencia por razón del territorio de los Juzgados de Barcelona pueda valer como declinatoria, ya que para ello hubiera sido preciso que dicho escrito se hubiera presentado dentro de los diez primeros días del plazo para contestar, como previene el artículo 64.1 LEC (Salvador fue emplazado el 26 de julio de 2010 y presentó su contestación/reconvención el siguiente 21 de septiembre).

En consecuencia, Salvador dejó precluir las acciones para denunciar una supuesta incompetencia por razón del territorio.

Tercero.—- Otro de los argumentos del recurso (la intervención negocial de Salvador lo fue con carácter de consumidor, no de profesional) debe ser ciertamente respondido en el sentido propugnado por el demandado apelante.

En primer lugar, por una razón de estricta naturaleza procesal derivada de uno de los principios rectores de la segunda instancia según la cual la sentencia definitiva que se dicte en ella "no podrá perjudicar al apelante" (artículo 465.4 LEC y SSTC 41/80 y 91/10). Si la sentencia del Juzgado, aun sin pronunciarse taxativamente, razonaba presuponiendo esa cualidad de consumidor, es obvio que en esta segunda instancia, consentida la sentencia del juez a quo por la sociedad demandante, no podría recaer un pronunciamiento que estableciera que Salvador contrató con Grenke para satisfacer una necesidad estrictamente profesional.

Por lo demás, el examen de las actuaciones refrenda que la contratación de las cámaras de video-vigilancia por parte de Salvador obedecía a un propósito estrictamente familiar, no profesional, lo que lo sitúa en la órbita de la LGDCU (artículo 3).

En efecto, consta en las actuaciones (1) que el sistema de video- de vigilancia se instaló en el domicilio familiar del señor Salvador radicado en un edificio plurifamiliar de Alzira, no en su despacho profesional de una calle céntrica de Valencia, (2) que en esa contratación intervino su esposa, quien expuso al comercial de la proveedora del sistema "el problema" que pretendían solventar con ese equipo, lo que remite con naturalidad a la necesidad de control del cuidado de los hijos menores del matrimonio aducido por el señor Salvador, (3) que el sistema instalado consistía en unas cámaras fijas de grabación de imágenes, muy distinto de las cámaras móviles que el señor Salvador emplea en su actividad profesional de investigador privado, y (4) que ni en la solicitud de contrato, ni en el contrato propiamente dicho ni en la confirmación de entrega se hace la menor alusión -habiendo una casilla destinada a ello- a la condición de Salvador como autónomo, siendo identificado en todo momento por su mera condición de persona física, a diferencia de lo que hiciera al contratar en paralelo una línea telefónica con una operadora, la cual podía ser utilizada asimismo en su quehacer profesional.

El único indicio de la razón de ciencia que llevó al ignorado autor del informe comercial de Inforsa aportado por la arrendadora Grenke a sostener que el piso de la PLAZA000 NUM000, NUM001 de Alzira constituye un "despacho habilitado para oficina profesional" estaría constituido por un anuncio publicado en internet según el cual Detectives Gobalum, nombre comercial de la actividad profesional de Salvador, está radicado también en el precitado domicilio de Alzira. Se trata no obstante de un indicio endeble, insuficiente para desacreditar el conjunto de elementos de convicción expuestos, toda vez que el anuncio de su domicilio particular como punto de localización en su actividad profesional es compatible con el hecho de que la oficina que sirve de centro de desarrollo de esa actividad sea la que posee en la capital valenciana y que es la declarada ante su colegio profesional.

Cuarto.—Sentado cuanto antecede y una vez revisada la prueba practicada, incluida la declaración testifical de Maximiliano llevada a cabo en esta alzada, cabe concluir que no hay prueba bastante del incumplimiento previo de la arrendadora aducido por el arrendatario para excusar el impago de las cuotas periódicas.

Abundando en lo expresado en la sentencia impugnada, debe subrayarse que no hay rastro de queja o protesta alguna por parte del señor Salvador acerca del correcto funcionamiento del sistema de grabación hasta agosto de 2009, trece meses después de la implantación de las cámaras y una vez había sido requerido por Grenke al pago de las cuotas vencidas e insatisfechas. Dicha pasividad es tanto más incomprensible si, como expresara la letrada del demandado en la audiencia previa, el técnico Maximiliano revisó los equipos "pocos días después de su instalación", o si, como dijera este último en su declaración judicial, una vez hubo inspeccionado el sistema a ruego del señor Salvador, constató su carácter inservible (a juicio del citado técnico electrónico, hay una directa correlación entre la falta de homologación administrativa del instalador y la inutilidad del sistema) e incluso su peligrosidad para los moradores de la vivienda (habría cables eléctricos colgando), en particular, los menores de edad.

Si todo ello fuera cierto, resultaría francamente incomprensible que el señor Salvador hubiera omitido toda queja o protesta frente al instalador durante más de un año.

En definitiva, no se prueba la instalación de un sistema de vigilancia carente de las cualidades de funcionamiento ofertadas, de modo que el impago de cuotas por el arrendatario es causa legitimadora de la resolución anticipada del vínculo decidida unilateralmente por Grenke en septiembre de 2009, comunicada de inmediato al señor Salvador y reafirmada en la demanda judicial de junio de 2010.

Quinto.—- Argumenta asimismo el recurrente en pos de la anulación del contrato en atención a la vulneración por parte de Grenke de las obligaciones de información precontractual establecidas en los artículos 60 y 61 LGDCU.

De los documentos contractuales acompañados con la demanda no se desprende la vulneración normativa denunciada ya que, tratándose inequívocamente de un contrato de adhesión articulado por medio de condiciones generales (artículo 1.1 Ley 7/1998, sobre condiciones generales para la contratación), todas ellas cumplen las exigencias del control de inclusión prevenidas en los artículos 5 y 7 LCGC y las de control de contenido reguladas en los artículos 85 y siguientes LGDCU.

En particular, no se advierte carencia informativa alguna en relación con las características del producto o servicio, ni abusividad alguna por el hecho de que la sociedad arrendataria de los equipos los adquiera -una vez recibe el encargo de un cliente- de un determinado suministrador ni, en fin, la falta expresa de previsión del derecho de desistimiento se traduce en otra consecuencia que su desenvolvimiento en los términos del artículo 71.3 LGDCU.

Sexto.—Las costas del recurso deben quedar de cuenta de la apelante por imperativo del artículo 398.1 LEC, con pérdida asimismo del depósito constituido para apelar (disposición adicional 15.ª LOPJ, según redacción dada por la Ley Orgánica 1/2009).

Séptimo.—- A los efectos del artículo 208 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) se indica que contra la presente sentencia - dictada en un juicio ordinario de cuantía inferior a 600.000 €- cabe recurso de casación siempre que la resolución del mismo presente interés casacional y recurso extraordinario por infracción procesal ante el Tribunal Supremo, o ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya si la casación se funda, exclusivamente o junto a otros motivos, en infracción de normas de derecho civil catalán, de conformidad con los artículos 477.2, 3.º y 478.1 y la disposición final 16.ª LEC, en su redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, aplicable al caso en virtud de lo dispuesto en la disposición transitoria única de esa norma legal.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por Salvador contra la sentencia de fecha 10 de mayo de 2012 dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 35 de Barcelona, en los autos de que el presente rollo dimana, confirmamos íntegramente dicha resolución, con imposición al apelante de las costas del recurso y pérdida del depósito constituido para recurrir.

La presente sentencia no es firme y contra ella caben recurso de casación y extraordinario por infracción procesal ante el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, a interponer por escrito presentado ante este tribunal en el término de veinte días contados desde el día siguiente a su notificación

Firme esta resolución expídase testimonio de la misma que con los autos originales se remitirá al Juzgado de procedencia a los efectos oportunos.

Así por esta nuestra resolución de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Barcelona, en el mismo día de su fecha, y una vez firmada por todos los Magistrados que la han dictado, se da a la anterior sentencia la publicidad ordenada por la Constitución y las Leyes. DOY FE.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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