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Sentencia T.S.J. Madrid 905/2013 de 19 de diciembre


 RESUMEN:

Reclamación por despido: Desestimación. Despido disciplinario procedente: Ya que no estaba permitido el consumo de alimentos ni de bebidas que no fueran agua durante la jornada laboral. Vulneración de la confianza del empresario: Hurto o robo en las dependencias de trabajo.

SALA DE LO SOCIAL SECCION: 6

MADRID

C/ GENERAL MARTINEZ CAMPOS, NUM. 27

Tfno.: 91.493.19.46

N.I.G.: 28000 4 0000621 /2001

40126

ROLLO N.º: RSU 1663/13

TIPO DE PROCEDIMIENTO: RECURSO SUPLICACION

MATERIA: DESPIDO

Jzdo. Origen: JDO. DE LO SOCIAL N. 3 de, MADRID

Autos de Origen: DEMANDA 160/13

RECURRENTE/S: D.º Nicolas

RECURRIDO/S: CECOSA SUPERMERCADOS SL

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

En MADRID a diecinueve de Diciembre de dos mil trece

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de MADRID formada por los Ilmos. Sres. DON ENRIQUE JUANES FRAGA, PRESIDENTE, DON LUIS LACAMBRA MORERA, DON BENEDICTO CEA AYALA,, Magistrados, han pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA n.º 905

En el recurso de suplicación n.º 1663/13 interpuesto por el Letrado D. PABLO MARTINEZ VARELA en nombre y representación de D.º Nicolas, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 3 de los de MADRID, de fecha 9-9-13, ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. ENRIQUE JUANES FRAGA.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Que según consta en los autos n.º 160/13 del Juzgado de lo Social n.º 3 de los de Madrid, se presentó demanda por D.º Nicolas contra CECOSA SUPERMERCADOS SL en reclamación de,DESPIDO y que en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia en 9-9-13 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

1.º Que DESESTIMANDO la demanda que en materia de DESPIDO ha interpuesto D. Nicolas contra CECOSA SUPERMERCADOS SL, debo absolver y absuelvo a ésta de los pedimentos ejercitados en su contra.

2.º Que ESTIMANDO la demanda que en materia de RECLAMACIÓN DE CANTIDAD ha interpuesto D. Nicolas contra CECOSA SUPERMERCADOS SL, debo condenar y condeno a ésta a que abone al actor la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (332,10 EUROS), junto con el interés por mora del artículo 29.3 del ET .

Segundo.—En dicha sentencia y como HECHOS PROBADOS se declaran los siguientes:

Primero.- D. Nicolas, mayor de edad y con NIE NUM000, ha venido prestando servicios por cuenta de CECOSA SUPERMERCADOS, SL, desde el día 7-5-2008, con la categoría profesional de "profesional de punto de venta", y un salario mensual de 1.122,41 euros, incluido prorrateo de pagas extras. Su centro de trabajo ha sido un supermercado Eroski sito en Valverde número 27 de Madrid.

La relación laboral ha estado sometida al convenio colectivo de supermercados del Grupo Eroski.

Con arreglo a la normativa interna del centro de trabajo, de conocimiento por todo el personal, incluido D. Nicolas, no está permitido el consumo de alimentos ni de bebidas que no sean agua durante la jornada laboral. Igualmente, conforme a esas normas internas, la adquisición de productos del supermercado por el personal exige el pago en caja de su precio antes de su consumo y la validación de la compra por el encargado de la tienda.

Segundo.- El día 17-11-2012, durante su jornada laboral en horario de tarde, D. Nicolas y otro trabajador fueron sorprendidos por D. Juan Carlos, el responsable de turno, en el sótano del centro de trabajo, intercambiándose una botella de vino que estaba expuesta al público para su venta. En el momento de ser sorprendidos por el responsable de tienda, D. Nicolas estaba aceptando con su mano la botella de vino abierta y que ya había sido parcialmente consumida. El precio de la botella (11,89 euros) no se había abonado ni se había solicitado autorización para su consumo.

Tercero.- El 4-1-2013 D. Nicolas recibió escrito de la empresa con el siguiente contenido:

"Mediante la presente carta que se le entrega en mano en su puesto de trabajo, con el ruego de que firme su recibí a los solos efectos de acreditar su recepción y contenido, le comunicamos que la Dirección de esta empresa ha decidido proceder a su despido disciplinario con fecha de efectos, hoy, 4 de enero de 2013.

Los hechos cuya comisión se le imputan y que han motivado que la Dirección de la empresa haya adoptado la decisión de proceder a su despido disciplinario son los que a continuación se detallan:

El pasado 17 de noviembre de 2012, se encontraba prestando servicios como responsable del turno de tarde, D. Juan Carlos. Sobre las 17.30 horas una vez que hubo terminado unas correcciones de stock que tenía que realizar en la oficina, éste salió de la misma para realizar una inspección de la sala de ventas.

Nada más bajar de la oficina a la sala de ventas, D. Juan Carlos comprobó que había poca plantilla en la sala de ventas por lo que inició una ronda de inspección en el centro para ver donde se encontraba la plantilla, así como para ver que tareas y procesos estaban desempeñando.

D. Juan Carlos inspeccionó las áreas de panadería, frutería, sala de ventas, charcutería y las distintas cámaras de obradores de la sala de ventas y les echó en falta a usted, a D. Bienvenido y a d. Eduardo, quienes no estaban en su puesto de trabajo.

A continuación, D. Juan Carlos se dirigió al fondo del supermercado y bajo las escaleras para revisar las instalaciones del sótano, donde se encuentra el almacén y la cartonera. D. Juan Carlos revisó el almacén y allí no había nadie.

Cuando D. Juan Carlos se dirigía hacia la cartonera pudo ver personalmente como en la puerta de la misma se encontraban D. Bienvenido y usted juntos, y un poco más alejado de ustedes estaban Eduardo. Asimismo, D. Juan Carlos pudo ver perfectamente como D. Bienvenido sujetaba con su mano derecha una botella de vino, abierta, prácticamente vacía, botella que le estaba ofreciendo a usted, quien en dicho momento estaba agarrándola para beber agua.

Cuando D. Bienvenido se dio cuenta de que D. Juan Carlos se encontraba en las inmediaciones y de que les había visto, en un intento de ocultar la botella que se encontraba vierta, y que habían consumido, la retiró rápidamente y la arrojó detrás de un palet, intentado ocultarla.

No obstante lo anterior, aunque D. Juan Carlos ya les había visto con la botella en la mano, así como tirarla detrás del palet, éste como si no hubiera pasado nada se dirigió a ustedes y les preguntó qué estaban haciendo, a lo que d. Bienvenido contestó "nada".

Ante dicha contestación. D. Juan Carlos se dirigió hacie el palet, recogió la botella de vino que D. Bienvenido previamente le ofrecía a usted y que después había tirado tras el palet, resultando que se trataba de una botella de vino propiedad de la empresa, en concreto un Monte Real Reserva de 2005, con denominación de origen de La Rioja, cuyo código de barras era el 8410030407694, cuyo precio era de 11,89 euros y que había sido desprecintada, abierta y consumida, dado que estaba prácticamente vacía y con ella en la mano se volvió hacia ustedes y les preguntó "¿qué es esto?", a lo que su compañero D. Bienvenido contestó "no es nada", por lo que D. Juan Carlos con la botella en la mano les insistió diciendo "¿Cómo que no es nada?".

Siendo más que evidente que D. Bienvenido y usted habían sido descubiertos, D. Bienvenido se dirigió a D. Juan Carlos y le dijo "por favor, dame la botella", a lo que D. Juan Carlos le respondió "no te voy a devolver la botella". Ante la negativa de su superior jerárquico de darle la botella y reconociendo no sólo la comisión de los hechos, sino la gravedad de los mismos, usted le dijo a su superior jerárquico "perdóname, que por esto nos van a echar. Ponte en mi lugar, va a ser la última vez que lo voy a hacer."

Debido a la cercanía que su superior jerárquico mantuvo con D. Bienvenido y con usted durante toda la conversación este pudo constatar personalmente que tanto a usted como a D. Bienvenido les olía el aliento fuertemente a vino.

Estos hechos ponen claramente de manifiesto que D. Bienvenido y usted, prevaleciéndose de su puesto de trabajo, cogieron una botella de vino Rioja reserva de 2005 propiedad de la empresa, se la llevaron a la planta baja del centro y escondiéndose en la cartonera se la bebieron.

El punto 2.1 de la normativa de Funcionamiento Interno de Supermercado Eroski relativo a las compras personales establece textualmente cuanto sigue: (...):

Los hechos que se le imputan en la presente carta no sólo supone una vulneración de lo previsto en el punto 2.1 de la Normativa de Funcionamiento Interno de Supermercados Eroski sino que además son constitutivos de:

Una falta muy grave de fraude, deslealtad, abuso de confianza, apropiación indebida, robo o hurto cometido durante su jornada laboral tipificada en el artículo 53.c.1 del Convenio Colectivo de Supermercados Grupo Eroski .

Una falta muy grave consistente en consumir productos o mercancías de la empresa, tipificada en el artículo 53.3 c punto 6 del convenio colectivo de supermercados Grupo Eroski.

Así como una falta muy grave de transgresión de la buena fe contractual tipificada en el artículo 53.c 12 de la norma convencional y artículo 54.1.d del ET .

Conductas todas ellas sancionables con el despido disciplinario conforme prevé el artículo 54 del convenio colectivo de supermercados Eroski y en el artículo 54 del ET , por lo que procedemos a sancionarle con su despido disciplinario de CECOSA SUPERMERCADOS S.L.U, con efectos al 4 de enero de 2013".

Cuarto.- D. Nicolas no ha percibido de la empresa cantidad alguna en concepto de liquidación. Debió haber percibido las siguientes cantidades:

147,60 euros de salario del mes de enero; 147,60 euros de cuatro festivos recuperables: 36,90 euros de vacaciones no disfrutadas.

Quinto.- No consta que D. Nicolas ostente o haya ostentado en el año anterior a enero de 2013 la condición de representante legal de los trabajadores.

Sexto.- El día 16-1-2013 se presentó papeleta de conciliación celebrándose el acto el día 1-2-2013 sin avenencia. El día 4-2-2013 se presentó demanda.

Tercero.—Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante, siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a esta Sala de lo Social, se dispuso su pase al Ponente para su examen y posterior resolución por la Sala, habiéndose fijado para votación y fallo el día 18-12-13.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—Recurre en suplicación el actor contra la sentencia de instancia, que ha desestimado su demanda declarando la procedencia de su despido disciplinario, habiendo impugnado la demandada dicho recurso.

Los dos primeros motivos se amparan en el art. 193.b) de la LRJS, impugnándose en el inicial el hecho probado 1.º, para el cual se propone la siguiente redacción:

"PRIMERO.- D. Nicolas, mayor de edad y con NIE NUM000, ha venido prestando servicios por cuenta de CECOSA SUPERMERCADOS SL desde el día 7-5-2008, con la categoría profesional de "profesional de punto de venta" y un salario mensual de 1.122,41 euros, incluido el prorrateo de pagas extras. Su centro de trabajo ha sido un supermercado EROSKI sito en Valverde número 27 de Madrid.

La relación laboral ha estado sometida al convenio colectivo de supermercados del GRUPO EROSKI.

Con arreglo a la normativa interna del centro de trabajo, de conocimiento por todo el personal, incluido D. Nicolas, no está permitido el consumo de alimentos ni bebidas que no sean agua durante la jornada laboral".

Esta redacción no introduce novedades respecto de la sentencia, porque la intención del recurrente es suprimir otra frase del hecho probado 1.º en la que se expresa lo siguiente: "igualmente, conforme a esas normas internas, la adquisición de productos del supermercado por el personal exige el pago en caja de su precio antes de su consumo y la validación de la compra por el encargado de la tienda".

A tales efectos el recurrente cita la normativa interna del centro de trabajo, folios 117 a 122, alegando que no ha existido prueba que avale las afirmaciones que se contienen en la frase que se desea suprimir.

No se puede compartir tal postura, pues aun prescindiendo de la prueba testifical del responsable de tienda en la que se ha basado la sentencia, también de la normativa escrita interna se desprende lo que se ha declarado probado. En efecto, en la parte transcrita en el recurso se establece, entre otras cosas, que el cobro de productos no podrá ser realizado por un trabajador para sí mismo (ni para sus familiares) y que las condiciones de adquisición de los productos son, para los trabajadores, idénticas que para la generalidad de los consumidores, no siendo permisibles descuentos, precios especiales, etc. De lo anterior se desprende sin dificultad alguna que es obligatorio para los trabajadores el pago en caja de su precio y ello en igualdad de condiciones que cualquier consumidor. No explica el recurrente, tras negar que "la adquisición de productos del supermercado por el personal exige el pago en caja de su precio", en qué condiciones podrían los trabajadores, según su tesis, hacerse con los productos del supermercado (¿sin pagarlos? ¿pagándolos más tarde? etc.). Además en la parte no impugnada del hecho probado 1.º se afirma que no está permitido el consumo en el centro de trabajo y durante la jornada laboral de alimentos ni de bebidas que no sean agua, por lo que aun en la hipótesis que defiende el recurrente el consumo de una botella de vino estaría prohibido, resultando intrascendente la modificación. Por todo ello se desestima el motivo.

Segundo.—En el segundo motivo se solicita la modificación del hecho probado 2.º proponiendo la siguiente redacción:

"SEGUNDO.- el día 17-11-2012, durante su jornada laboral en horario de tarde, Don Nicolas y otro trabajador fueron localizados por D. Juan Carlos, el responsable de turno, en el sótano del centro de trabajo, D. Juan Carlos encontró allí una botella de vino abierta y parcialmente consumida marca Monte Real reserva 2005, cuyo código de barras era 8410030407694".

Se propone el recurrente suprimir de la redacción originaria la siguiente frase: "intercambiándose una botella de vino que estaba expuesta al público para su venta. En el momento de ser sorprendidos por el responsable de tienda, Don Nicolas (el actor) estaba aceptando con su mano la botella de vino abierta y que ya había sido parcialmente consumida". También se quiere eliminar la siguiente declaración: "el precio de la botella (11,89 euros) no se había abonado ni se había solicitado autorización para su consumo".

Pese a reiterar el recurrente que ya conoce que la prueba testifical no puede ser revisada por la Sala, sin embargo lo intenta, reproduciendo incluso algunas de las declaraciones del testigo. Se ha de confirmar al recurrente que no es posible para la Sala el examen del interrogatorio del testigo al hallarse excluido este medio de prueba del art. 193.b) LRJS, que solamente comprende, como es bien sabido, la prueba documental y la pericial para la denuncia de errores de hecho. La sentencia ha tenido en cuenta, sin duda, la prueba testifical del responsable de tienda, que sorprendió al actor y otros trabajadores apreciando la situación conforme a su percepción directa, que trasladó al Juzgado al responder al interrogatorio, por lo que no es objetable que la juzgadora haya llegado a la conclusión de que los trabajadores se "intercambiaban" una botella de vino ya parcialmente consumida y que en el momento de la llegada del testigo el actor "estaba aceptando con su mano" dicha botella.

Por otra parte, la Magistrada ha valorado la testifical en conjunción con la documental, por lo que esta valoración no puede ser atacada, como intenta el recurrente a continuación, con base en su propia interpretación de los diversos documentos de los que se desprende la pertenencia de la botella en cuestión a la empresa demandada, folios 111-113 y 123-126 de autos, que se citan en el motivo. De ellos, en todo caso, no se desprendería error evidente alguno, pues en el recurso de suplicación el error de hecho tiene que fluir con nitidez y con carácter inmediato del contenido del documento - o pericia - sin necesidad de efectuar valoraciones o interpretaciones, o de relacionar unos documentos con otros para llegar a conclusiones discutibles u opinables, pues ello sería solamente propio de un recurso de apelación ordinario como el del orden jurisdiccional civil, pero no de un recurso especial o extraordinario como el de suplicación en el que no se admite la nueva valoración de la prueba practicada. En resumen, tiene que haber una equivocación evidente del juzgador apreciable a partir del contenido manifiesto del documento, y no una reinterpretación de su contenido (llegando a intercalar en el desarrollo del motivo, en apoyo de sus argumentos, fotografías que no obran en las actuaciones), como reiteradamente se declara en la jurisprudencia y en la doctrina de suplicación (entre innumerables resoluciones pueden citarse las sentencias del TS de 20-1-11 y 5-6-11). Por ello no puede prevalecer sobre la valoración judicial el criterio del recurrente según el cual no se habría demostrado la pertenencia de la botella al establecimiento ni tampoco su precio.

De otro lado, carece de eficacia la alegación según la cual la empresa demandada habría incumplido el art. 105.2 de la LRJS al aportar medios de prueba relativos a la propiedad de la botella de vino que los trabajadores estaban consumiendo. Ante todo, se debería haber formulado un motivo distinto en lugar de incluir esta alegación en un motivo de revisión de hechos. Pero en cualquier caso, no se habría producido esa infracción, pues la comunicación de despido cumple con manifestar que la botella era propiedad de la empresa, sin que - evidentemente - sea necesario que también explique qué medios de prueba se propone aportar para demostrarlo en el juicio.

Asimismo discrepa el recurrente de la apreciación de la sentencia según la cual en las alegaciones de defensa se reconoció que el encargado de tienda le vio determinado día en el sótano, en el turno de tarde, junto a otro trabajador y tampoco se negó que el encargado encontrara una botella de vino abierta y a medio consumir, negando únicamente que el actor hubiera sustraído la botella y la hubiera consumido. Sostiene el recurrente que no hubo reconocimiento parcial de los hechos sino oposición total a todos los puntos de la carta de despido. Tampoco esta alegación es propia de un motivo de revisión de hechos probados, pues la apreciación como hechos conformes de hechos que no lo son constituiría un defecto procesal de la sentencia alegable por la vía del apartado a) del art. 193 LRJS. Pero en todo caso se reitera una vez más que la juzgadora ha valorado la declaración testifical del encargado, con lo cual, aunque no hubiera conformidad en ningún aspecto como ahora mantiene el recurrente, la declaración fáctica cuenta con apoyo incuestionable en la prueba testifical.

Tercero.—En el tercer y último motivo, al amparo del art. 193.c) LRJS, se alega la infracción de los arts. 54.2.d) y 55.4 del Estatuto de los Trabajadores así como de la jurisprudencia.

Aduce el recurrente, en síntesis, que incluso si se mantuvieran los hechos probados - como así ha sucedido - no cabría la calificación de procedencia del despido. Para ello señala que no consta autor material de la sustracción de la botella y que el mero hecho de sujetar la botella o extender la mano para cogerla no es sancionable como hurto ni como consumo; que no hay prueba plena de la acción del trabajador; que entiende de plena aplicación la doctrina gradualista, habiendo sido evaluado satisfactoriamente el actor antes de ser despedido, y que no cabe una imputación como la de hurto en un plano conjunto de autoría; que no ha quedado acreditada siquiera la intención de consumir; que existe una desproporción entre la sanción de despido y la actuación del trabajador; que éste no podía conocer que la botella fuera propiedad de la empresa, o habría incurrido en culpa leve por no intentar averiguar si la botella era propiedad de la demandada, por lo que se trataría de un error de prohibición, citando la sentencia de esta Sala de 30-10-06 rec. 3000/06; y por último, que el perjuicio económico para la empresa sería escaso, según el recurrente de 6,31 euros, precio de coste de la botella, no de 11,89 euros, precio de venta al público.

Se puede distinguir en el reproche que se hace a la conducta del demandante dos aspectos: el consumo y la propiedad del bien consumido. En el primer aspecto, prescindiendo ahora de la propiedad del bien, consta acreditada la prohibición a los empleados de consumir durante la jornada laboral alimentos ni bebidas salvo agua. También es hecho probado que cuando otro trabajador igualmente despedido y el actor fueron sorprendidos por el encargado, se estaban intercambiando una botella de vino y el actor la estaba aceptando con su mano abierta. De tales hechos se infiere claramente una participación en el consumo, infringiendo tal prohibición interna, y resultando una argucia la inverosímil alegación de que el actor estaba simplemente extendiendo la mano y por ello se le sanciona. El encargado sorprende a los trabajadores en el justo momento del intercambio de la botella y ello basta en el orden social para apreciar que hay un consumo compartido, aunque - como dice la sentencia - no conste si el actor llegó a beber o no, ya que en la comisión de faltas laborales no existe la gradación de los delitos en su ejecución (delito consumado, frustración y tentativa).

Por lo que se refiere a la propiedad de la botella, está acreditado que pertenecía a la empresa estando expuesta al público para su venta. También se ha probado que los empleados tenían la obligación de abonar los productos en caja, y la empresa no puede probar que el trabajador no haya pagado el producto, sino que es éste quien únicamente puede acreditar, mediante el correspondiente tique de compra, que lo ha abonado. El recurrente, al negar su conocimiento respecto del hecho de la procedencia de la botella, viene a atribuir al otro trabajador que fue él quien sustrajo el producto. No se ha acreditado la forma y circunstancias de tiempo y autor respecto de la apropiación de la botella, pudiendo haberse realizado este hecho por uno o los dos trabajadores, pero la consumición de la botella conjuntamente durante la jornada de trabajo - contraviniendo como ya se ha dicho la prohibición expresa - hace que no se pueda considerar como negligencia leve el no indagar sobre la procedencia de la botella. Solamente sería admisible para exculpar a uno de los dos trabajadores la demostración - no la simple alegación - de haber sido inducido a creer que el otro había adquirido legítimamente la botella. En la hipótesis de la mera pasividad del demandante sin haber participado en la sustracción, esa falta de diligencia respecto a la averiguación de la procedencia del objeto cuyo consumo está prohibido también sería sancionable. No es equiparable el presente caso con el enjuiciado en la sentencia de esta misma sección de la Sala, de 30-10-06 rec. 3000/06, pues en aquel supuesto la declaración de hechos probados puso de manifiesto que el trabajador creyó que se trataba de mercancías de deshecho, teniendo en cuenta su escaso valor y su ubicación en un lugar en que se acumulaban cartones y papeles y mercancías sin identificación, por lo que esta Sala consideró que no había concurrido dolo o culpa grave del trabajador al hacer suya una mercancía que estimó abandonada, circunstancias que nada tienen que ver con las concurrentes en el caso ahora examinado.

En definitiva, el demandante infringió la prohibición expresa de consumir comida o bebida, salvo agua, durante la jornada laboral, participando en el consumo de una botella de vino con otro trabajador, producto que pertenecía a la empresa, y en la más favorable de las hipótesis el actor no habría desplegado iniciativa alguna para determinar si esa botella era propiedad, como podría suponerse, de la propia empresa.

Por ello en el presente litigio se ha de apreciar que la infracción ha sido muy grave y que el incumplimiento es culpable, es decir atribuible al trabajador mediante una conexión de dolo o culpa grave. Por lo que se refiere a la transgresión de la buena fe contractual, cabe señalar que el art. 54.2.d) ET ha de ponerse en relación con el art. 5.a) ET, que impone al trabajador el deber de cumplir las obligaciones de su puesto de trabajo de conformidad con las reglas de la buena fe y diligencia, y con el art. 20.2 ET, que reitera la exigencia de buena fe, ahora como obligación recíproca de ambas partes. La jurisprudencia ha configurado la buena fe como "disposición personal en orden a la realización del contenido propio de las prestaciones voluntariamente asumidas, por la probidad en su ejecución y por la efectiva voluntad de correspondencia a la confianza ajena" (S.TS. 31 ene. 91, 4 feb. 91). También se ha dicho que "constituye un modelo de tipicidad de conducta exigible o, mejor aún, un principio general de derecho que impone un comportamiento arreglado a valoraciones éticas, que condiciona y limita por ello el ejercicio de los derechos subjetivos ( arts. 7.1 y 1258 del Código Civil ), con lo que el principio se convierte en un criterio de valoración de conductas con el que deben cumplirse las obligaciones, y que se traduce en directivas equivalentes a lealtad, honorabilidad, probidad y confianza" (S.TS. 4 mar. 91). El incumplimiento del trabajador en esta materia, siempre que concurran culpabilidad y gravedad suficiente, trae consigo la pérdida o quebranto de la confianza indispensable en la ejecución del contrato de trabajo, lo que justifica su extinción.

La cuantía económica del bien perteneciente a la empresa del que se apropia o que sustrae el trabajador no es un criterio que, en principio, deba tenerse en cuenta por sí solo para calificar la gravedad de la conducta. Entre otras, la sentencia del TS de 17 sep. 90 ha declarado que el valor de lo sustraído no es el único criterio de medida de la importancia de una falta de esta naturaleza, pues deben ser tenidos en cuenta, además, otros criterios como la peligrosidad de la conducta para la organización del trabajo y la necesidad estricta de prevenir comportamientos semejantes. También se ha dicho en STS 22-11-89 y 9-12-87 que en materia de sustracciones o apropiaciones indebidas no cabe apreciar como circunstancia atenuadora la escasa entidad económica de lo apropiado porque la esencia de la transgresión a la buena fe contractual no radica en la causación de un daño evaluable económicamente, sino en la vulneración de la lealtad debida, de la buena fe, recíprocamente exigible en cualquier relación contractual y significativamente en la laboral (arts. 5.a ] y 20.2 del Estatuto de los Trabajadores). Estos criterios son seguidos por la doctrina de suplicación (p. ej. sentencias de TSJ Cataluña 16-10-08, Comunidad Valenciana 3-3-05 y 4-7-05, entre muchas, así como las de esta Sala y sección de 7-12-09 rec. 5614/09, 13-12-10 rec. 3771/12 y 10-9-12 rec. 3514/12 entre otras).

El convenio colectivo de la empresa demandada (Supermercados del Grupo Eroski, BOE 7-3-12) establece en su art. 53.3.c).1 como falta muy grave la deslealtad o abuso de confianza y la apropiación indebida, el hurto o robo dentro de las dependencias de la empresa; y el art. 53.3.c).6 el consumo de productos de propiedad de la empresa. Se ha de tener presente, por otra parte, el criterio sentado en la doctrina unificada respecto de la calificación del despido, declarando que si la norma convencional prevé una conducta como falta muy grave, la facultad de escoger la sanción a imponer dentro de las establecidas para esta clase de faltas, corresponde al empresario y no al juez, ya que si el juzgador "no se mantiene dentro de tales límites y, ante una sanción adecuada a la gravedad de la falta, declara que ha de imponerse un correctivo distinto, está realizando un juicio de valor que descalifica, más que el acto del empresario, el cuadro normativo sancionador, pues está expresando que algunas de las diversas sanciones previstas para un nivel de gravedad son excesivas y no pueden ser utilizadas por el empresario y esto sobrepasa la potestad revisora que las leyes conceden al Juez" (sentencia del TS 11-10-93, reiterada por la de 27-4-04 y reflejada en varias sentencias de esta Sala de Madrid, como las de 4-4-05, 25-5-04 o 15-9-08, entre muchas)..

No ha cambiado esta doctrina con lo dispuesto en el art. 108.1 párrafo tercero de la LRJS, ya que este precepto permite que el órgano judicial aprecie que los hechos acreditados no revisten gravedad suficiente pero constituyen infracción de menor entidad, autorizando en tal caso a la empresa a imponer al trabajador una sanción adecuada a la gravedad de la falta, de no haber prescrito la de menor gravedad. Se trata del supuesto en que los hechos han sido calificados por la empresa como falta muy grave pero el juez entiende que la infracción solamente puede ser calificada como grave o leve; el citado precepto no permite al juzgador rectificar la sanción impuesta manteniendo el mismo grado de gravedad.

La apropiación de efectos de la empresa por regla general debe considerarse conducta que justifica el despido, con independencia de su valor, pues tales hechos son de la máxima gravedad e implican transgresión de la buena fe contractual al no poder depositarse la confianza en un trabajador que tiene a su alcance las mercancías de la empresa y tiene numerosas ocasiones de efectuar similares comportamientos burlando los controles de la empresa. De ahí que la inexistencia de sanciones anteriores o la reciente evaluación satisfactoria del actor no puedan operar como reductores de la gravedad de la conducta sancionada.

En consecuencia se impone la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia de instancia. Por todo lo razonado, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 117 de la Constitución,


FALLAMOS:


 
Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por el demandante D.º Nicolas, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 3 de MADRID en fecha 9-9-13 en autos 160/13 seguidos a instancia del recurrente contra CECOSA SUPERMERCADOS SL y en consecuencia confirmamos dicha sentencia. Sin costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, haciéndoles saber que contra la misma sólo cabe RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 220, 221 y 230 de la L.R.J.S, advirtiéndose, que por todo recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, deberá acreditarse ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso: el ingreso en metálico del depósito de 600 euros conforme al art. 229.1 b) de la LRJS y la consignación del importe de la condena cuando proceda, pudiéndose sustituir esta última consignación por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista, presentando resguardo acreditativo de haber efectuado ambos ingresos, separadamente, en la c/c n.º 2870 0000 00 1663/13 que esta Sección Sexta tiene abierta en el Banco Español de Crédito, oficina 1026 de la Calle Miguel Angel n.º 17, 28010 Madrid.

Se advierte, igualmente, a las partes que preparen recurso de casación para la unificación de doctrina contra esta resolución judicial, que, según lo previsto en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, modificado por el RDL 3/13, de 22 de febrero, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, con el escrito de interposición del recurso de casación para la unificación de doctrina habrán de presentar justificante de pago de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional a que se refiere dicha norma legal, siempre que no concurra alguna de las causas de exención por razones objetivas o subjetivas a que se refiere la citada norma; tasa que se satisfará mediante autoliquidación según las reglas establecidas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre.

Expídase testimonio de la presente resolución para su incorporación al rollo de esta Sala.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día

por el/la Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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