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Sentencia A.P. Madrid 197/2013 de 15 de julio


 RESUMEN:

Entidades aseguradoras: Colisión con vehículo al no estar el asegurado lo suficientemente atento a las circunstancias del tráfico. Imprudencia leve con lesiones: Obligación de la compañía de seguros responsable de pagar la indemnización dentro de los límites cuantitativos del seguro obligatorio.

JF: 913/12

Juzgado de Instrucción n.º 18 de Madrid

SENTENCIA N.º 197/13

MAGISTRADO:

CARLOS FRAILE COLOMA

En Madrid, a 15 de julio de 2013.

Visto el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Ignacio Rodríguez Díez, en nombre y representación de Mutua Madrileña, Sociedad de Seguros a Prima Fija, contra la sentencia dictada en fecha 15 de abril de 2013, por el Juzgado de Instrucción n.º 18 de Madrid . Han sido partes en la sustanciación del recurso la apelante citada y, como apelados, Seguros Catalana Occidente, S. A., y Motor Gamboa, S. A., representados y asistidos por la Letrada D.ª Cecilia Millana González, y Carmelo, representado y asistido por la Letrada D.ª Miriam Barrientos López.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
PRIMERO.- Por el Juzgado de Instrucción n.º 18 de Madrid, con fecha 15 de abril de 2013, se dictó sentencia cuyos "HECHOS PROBADOS" dicen:

"El 11 de noviembre de 2011, en la C/ Aguacate de esta ciudad, el vehículo Hyundai Sonata, matrícula F-....-FK, conducido por Heraclio, propiedad de Nemesio, y asegurado en la Mutua Madrileña Automovilista, con número de póliza NUM000, colisionó en la parte trasera al vehículo Volkswagen Golf, matrícula....-WMM, conducido por Carmelo, cuando este último frenó, debido a que el conductor del primer vehículo no iba lo suficientemente atento a las circunstancias del tráfico, o a que no observaba la debida distancia de seguridad o a la velocidad inadecuada del mismo.

En la fecha de los hechos Heraclio era mecánico del taller Hyundai Motor Gamboa, en el que el vehículo que conducía se encontraba a efectos de reparación, teniendo dl referido establecimiento contratado seguro de responsabilidad civil con la Compañía Catalana de Occidente.

Como consecuencia de ello, Carmelo, de 32 años de edad, tuvo lesiones para cuya curación precisó tratamiento médico y 90 días, 30 de ellos de incapacidad, quedándole como secuela: síndrome postraumático cervical".

Y cuyo "FALLO" dice:

"Que debo condenar y condeno a Heraclio, como autor de una falta de imprudencia leve con resultado de lesiones, a la pena de 10 días de multa, con una cuota diaria de 3 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, a que indemnice a Carmelo en la suma de 5943,57 euros, y al pago de las costas de este procedimiento, declarando la responsabilidad civil directa de la aseguradora Mutua Madrileña Automovilista, a quien se impone el interés legal del dinero incrementado en un 50% de la suma indicada, desde la fecha del accidente hasta su total pago".

SEGUNDO.- Notificada dicha sentencia a las partes personadas, por el Procurador de los Tribunales D. Ignacio Rodríguez Díez, en nombre y representación de Mutua Madrileña, Sociedad de Seguros a Prima Fija, se interpuso recurso de apelación, en el que se solicita la revocación de la sentencia y la libre absolución de la recurrente o subsidiariamente la corrección de la declaración de responsables civiles y la exclusión de la condena a la recurrente al pago de los intereses del art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro , por los siguientes motivos: 1) error en la valoración de la prueba para la determinación de los responsables civiles de los hechos declarados probados; y 2) inaplicación e infracción de las normas del ordenamiento jurídico y jurisprudencia, por improcedencia de los intereses del art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro .

TERCERO.- Admitido a trámite el recurso y efectuado el correspondiente traslado a las demás partes, por la Letrada D.ª Cecilia Millana González, en nombre y representación de Seguros Catalana Occidente, S. A., y Motor Gamboa, S. A., y por la Letrada D.ª Miriam Barrientos López, en nombre y representación de Carmelo, se presentaron escritos de impugnación, interesando la confirmación de la resolución recurrida.


HECHOS PROBADOSSe aceptan los contenidos en la sentencia impugnada, que se dan por reproducidos en esta instancia.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
PRIMERO.- Por la representación procesal de Mutua Madrileña, Sociedad de Seguros a Prima Fija se interpone recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de Instrucción n.º 18 de Madrid, en la que se condena a Heraclio como autor de una falta de lesiones por imprudencia leve, prevista y penada en el art. 621 del Código Penal, declarando la responsabilidad civil directa de la recurrente del pago de una indemnización de 5943'57 euros, más el interés legal del dinero incrementado en un cincuenta por ciento desde el 11 de noviembre de 2011.

Dentro del primer motivo de impugnación (enunciado como error en la valoración de la prueba para la determinación de los responsables civiles de los hechos declarados probados), se alega en esencia que no se ha declarado la responsabilidad civil subsidiaria del propietario del vehículo con el que se causaron las lesiones al perjudicado, ni la de Motor Gamboa, S. A., titular taller en el que este lo había dejado para su reparación, ni la de Catalana de Occidente, S. A., aseguradora de los riesgos derivados de la conducción por los empleados del citado taller de los vehículos depositados para su reparación, y que el propietario del vehículo no había autorizado la conducción por el condenado penalmente.

En el segundo motivo (inaplicación e infracción de las normas del ordenamiento jurídico y jurisprudencia, por improcedencia de los intereses del art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro ), se alega básicamente que el denunciante no formuló reclamación previa alguna a la aseguradora.

SEGUNDO.- El recurso no puede ser estimado. La única parte apelante es la entidad declarada responsable civil directa en la sentencia apelada, al haber suscrito una póliza de seguro obligatorio que daba cobertura al vehículo conducido por la persona que ha resultado condenada penalmente por los hechos de los que nace la obligación de indemnizar. La cuantía de las indemnizaciones fijadas en la sentencia, es inferior a las establecidas en el art. 4 del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, según el cual los importes de la cobertura del seguro obligatorio serán, en los daños a las personas, 70 millones de euros por siniestro, cualquiera que sea el número de víctimas, y en los daños en los bienes, 15 millones de euros por siniestro.

El Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente que el derecho obtener de los Jueces y Tribunales una resolución razonada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones, oportunamente deducidas por las partes, se erige en un elemento esencial del contenido del Derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española , que, no obstante, también se satisface con la obtención de una resolución de inadmisión, que impide entrar en el fondo de la cuestión planteada, si esta decisión se funda en la existencia de una causa legal que así lo justifique, aplicada razonablemente por el órgano judicial ( SSTC 19/1981 , 57/1988 , 154/1992 , 104/1997 , 108/2000 o 191/2001 , entre otras).

El derecho a la tutela judicial efectiva ha sido específicamente reconocido por el Tribunal Constitucional para las entidades aseguradoras del ramo del automóvil ( SSTC de 8 de febrero de 1982, F. 5 ; 48/1984, de 4 de abril, F. 4 ; 114/1988, F. 2 ; 57/1991, de 14 de marzo, F. 3 ; 56/1992, de 8 de abril , F. 3, 155/1994, de 23 de mayo F. 3 ; 114/1996, de 25 de junio, F. 1 ; 48/2001 , de 26 de febrero, F. 2; entre otras) al establecer que, para condenar a una compañía aseguradora como responsable civil directa o subsidiaria, con base en la existencia de una póliza de seguro obligatorio o voluntario, es en todo caso necesaria la audiencia de la misma, salvo que no exista oposición alguna, aunque el alcance del derecho de contradicción puede ser limitado al peculiar objeto indemnizatorio o de resarcimiento. Por ello, en los supuestos de seguro obligatorio, en los cuales las compañías aseguradoras tienen únicamente la condición de terceros civiles responsables, existe una suficiente dación de conocimiento de la existencia del proceso y, por tanto, oportunidad de intervenir en el mismo, cuando aquellas son requeridas a fin de que presten fianza conforme a lo dispuesto en el art. 784.5, regla 5.ª LECrim ., pues "se instrumenta por dicha vía una defensa de derechos limitada respecto a dichas entidades, que no son terceros ofendidos por el delito, sino responsables por mandato legal o por contrato en virtud de la relación surgida del Seguro Obligatorio, y que en principio es bastante para una correcta decisión, dada la entidad menor de los derechos controvertidos y la necesidad de agilizar el procedimiento" ( STC 41/1982 , F. 6).

En esta línea, en materia de seguro obligatorio, ya se dijo en las STC 48/1984 , F. 6; 43/1989, de 20 de febrero , F. 1, y ATC 39/1993, de 29 de enero , F. 3, que el derecho y el interés de las compañías de seguros se limita a su obligación de pagar la indemnización y, por ello, a discutir tal obligación en relación con una regular vigencia del contrato de seguro, pues solo si el seguro no existiera o derivara del contrato una excepción al pago, la compañía podría liberarse de su obligación, mientras que en materia de seguros voluntarios las compañías aseguradoras poseen, además, interés en la fijación del "quantum" de la indemnización; en definitiva, debe existir un interés concreto del sujeto que invoca el derecho fundamental ( TC SS 48/1984, F. 6 ; 90/1988, de 13 de mayo , F. 2) y no únicamente el de la presencia de la compañía de seguros en el procedimiento ( STC 48/1984 , F 6; ATC 39/1993 , F. 4).

Recuerda pues el Tribunal Constitucional en los supuestos de seguro obligatorio, que el derecho y el interés de las compañías de seguros se limita a la obligación de pagar la indemnización y, por ello, a discutir tal obligación en relación con una regular vigencia del contrato de seguro, y que, en consecuencia, son ajenas a las compañías las cuestiones penales planteadas como objeto de juicio, e incluso la citada sentencia va más allá y añade que dentro de los límites cuantitativos del seguro obligatorio la actuación de las aseguradoras debe limitarse a lo previsto en el artículo 784.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su redacción originaria.

Previsión que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal introducida por la Ley 38/2002, volvió a reiterar en el art. 764.3 , conocedora de que la misma es intachable en el terreno de las garantías según el Tribunal Constitucional y el propio Tribunal Supremo (igual criterio sostuvo la Circular 1/89 de la Fiscalía General del Estado). Precepto que ha persistido sin sufrir modificación alguna hasta la actualidad.

En el presente caso, no habiendo superado las indemnizaciones fijadas en la sentencia apelada los límites cuantitativos del seguro obligatorio, y habiendo recurrido únicamente dicha sentencia la aseguradora y no el condenado penalmente quien ha acatado la condena, es evidente que, conforme a la jurisprudencia antes citada, la aseguradora carece de legitimación para recurrir, pese a habérsele dado intervención en el juicio de faltas, por lo que, sin entrar a conocer del fondo de la impugnación, procede desestimar el recurso.

TERCERO.- No apreciándose temeridad o mala fe en la interposición del recurso de apelación, procede declarar de oficio las costas de esta segunda instancia.


FALLO


 
Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Ignacio Rodríguez Díez, en nombre y representación de Mutua Madrileña, Sociedad de Seguros a Prima Fija, contra la sentencia dictada en fecha 15 de abril de 2013, por el Juzgado de Instrucción n.º 18 de Madrid , confirmo íntegramente dicha resolución.

Se declaran de oficio las costas de esta alzada.

Póngase esta resolución, contra la que no cabe recurso ordinario alguno, en conocimiento de las partes personadas y devuélvase la causa al Juzgado de su procedencia, con testimonio de lo acordado.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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