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Sentencia T.S.J. Valencia 1839/2013 de 23 de julio


 RESUMEN:

Accidente de trabajo: Intervención quirúrgica de trabajador, con posteriores días de hospitalización y días impeditivos, junto con secuelas. Reclamación de cantidad: Acciones derivadas de contrato de seguro. Responsabilidad solidaria de aseguradora y empresa asegurada.

RECURSO SUPLICACION - 003126/2012

Ilmo/a. Sr/a. Presidente D/D.ª MANUEL JOSÉ PONS GIL

Ilmo/a. Sr/a. D/D.ª ANTONIO VICENTE COTS DIAZ

Ilmo/a. Sr/a. D/D.ª GEMA PALOMAR CHALVER

En Valencia, a veintitrés de julio de dos mil trece.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as. Magistrados/as citados/as al margen, ha dictado la siguiente,

SENTENCIA N.º 1839/13

En el RECURSO SUPLICACION - 003126/2012, interpuesto contra la sentencia de fecha 28 septiembre 2012, dictada por el JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 DE CASTELLON, en los autos 000431/2011, seguidos sobre CANTIDAD, a instancia de Felicisimo, representado por el letrado Jesús Alberto Masia, contra PERMASA SA, representado por el letrado Fernando Javier Falomir, MAPFRE S A, representado por el letrado José Andrés López Trigo y FONDO DE GARANTIA SALARIAL, y en los que es recurrente el codemandado MAPFRE S A, habiendo actuado como Ponente el/a Ilmo/a. Sr/a. D/D.ª ANTONIO VICENTE COTS DIAZ.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—La sentencia recurrida dice literalmente en su parte dispositiva: "FALLO: Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Felicisimo contra la empresa Permasa, S.A. y la compañía aseguradora Mapfre S.A., condeno a las demandadas al abono como responsables solidarios de la cantidad de 86.560,02 euros por los conceptos reclamados objeto de la demanda, de la que serán responsables solidariamente la empresa Permasa S.A. y la compañía aseguradora Mapfre S.A., con devengo del interés procesal establecido en el artículo 576 LEC.

Segundo.—Que en la citada sentencia se declaran como HECHOS PROBADOS los siguientes: PRIMERO.- El demandante Felicisimo, nacido el NUM000 -1974, ha venido prestando servicios por cuenta y orden de la empresa Permasa, S.A., con antigüedad desde 1-6-2000, con categoría profesional de oficial 2.ª y salario de 1.960,75 euros brutos al mes, con prorrata de pagas extraordinarias. SEGUNDO.- El día 26-11-2008 el actor se encontraba prestando servicios para Permasa, S.A. en el centro de trabajo, cuando fue requerido para ayudar puntualmente en otro departamento, a fin de que procediera a sostener verticalmente con las manos una pila de tablones de gran tamaño que estaban apoyados contra una pared, de modo que en el momento en que se juntaron varios tablones, los mismos se precipitaron sobre Felicisimo. TERCERO.- A consecuencia del accidente de trabajo, el actor sufrió traumatismo en la rodilla derecha, ingresando en el hospital y siendo intervenido quirúrgicamente, con 21 días de hospitalización y 427 días impeditivos para la curación de las lesiones, quedándole las siguientes secuelas: ligamentos cruzados (operados o no) con sintomatología, ligamentos laterales (operados o no) con sintomatología, material de osteosíntesis y diversas cicatrices quirúrgicas en la rodilla derecha: en la cara externa de la rodilla de 10 cm., en la cara lateral externa de 2 cm., en la cara anterior de 10,5 cm., dos en la cara antero-interna de 1 cm. cada una, en la cara antero-superior de 1,5 cm., en la cara infero-interna de 2 cm, y una puntiforme en cara supero-anterior (informes periciales). CUARTO.- En fecha 29-4-2010 se dictó resolución, firme, por la Dirección Territorial de Empleo y Trabajo, en virtud del acta de infracción NUM001 levantada por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Castellón, por la que se impuso una sanción a Permasa, S.A. grave en su grado mínimo, con imposición de multa de 2.046 euros (folios 20 a 24), conteniendo la resolución la siguiente descripción fáctica:"El acta de infracción se levantó como consecuencia de la investigación del accidente del trabajador arriba identificado, determinándose como causa del mismo el incorrecto método de trabajo empleado por la empresa en la manipulación de tablones de madera. En concreto, el accidente se produjo cuando el accidentado, por orden de la empresa, estaba ayudante a sujetar verticalmente unos tablones de madera que aguantaba con las manos, mientras su compañero se los iba depositando hasta alcanzar el sexto tablón, que era el que necesitaba, entonces al accidentado le venció el peso, y se le vinieron encima, produciéndole en la pierna izquierda fractura de huesos. Evidentemente, este incorrecto método de trabajo produjo que el riesgo de desplome de los tablones se materializara causando al trabajador el accidente descrito; el procedimiento de trabajo correcto exige que los tablones estén situados dentro de las denominadas jaulas, que son estructuras que disponen de diversos elementos que los sustentan y el almacenamiento en su interior evita el desplome de los tableros". QUINTO.- El actor ha percibido de Unión de Mutuas la suma de 19.901,43 euros por prestación de incapacidad temporal en que permaneció desde el 26-11-2008 hasta el 16-3-2010 (folio 49, hecho no controvertido). SEXTO.- En fecha 17-3-2010 fue dictada resolución por la D.P. del Instituto Nacional de la Seguridad Social que reconoció una pensión por incapacidad permanente total del actor con una base reguladora de 1.083,95 euros (1.083,95 euros con la actualización a 2010) y fecha de efectos de 16-3-2010, a la vista del dictamen propuesta del EVI de fecha 17-2-2010 (folio 12). SEPTIMO.- En fecha 20-9-2010 se dictó resolución por la D.P. del Instituto Nacional de la Seguridad Social por la que se declaró la existencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad, la procedencia de que las prestaciones de Seguridad Social derivadas del accidente de trabajo sean incrementadas en el 30% con cargo exclusivo a la empresa Permasa, S.A., que deberá constituir en la Tesorería General de la Seguridad Social en capital coste necesario para proceder al pago de dicho incremento, durante el tiempo en que aquellas prestaciones permanezcan vigentes, calculado el recargo en función de la cuantía inicial de las mismas y desde la fecha en que éstas se hayan declarado causadas, y la procedencia de la aplicación del mismo incremento con cargo a esa empresa respecto a las prestaciones que, derivadas del mismo accidente, se pudieran reconocer en el futuro (folios 25 a 27). OCTAVO.- El actor ha cobrado el importe de 21.000 euros abonado por la compañía Axa Seguros Generales, a título de indemnización completa, definitiva y sin reserva alguna, por cuantos daños y perjuicios se causaron con ocasión del accidente de trabajo acontecido el pasado día 27/11/2008, que ha derivado en una concesión de una incapacidad permanente total, todo ello conforme a la póliza de accidentes Convenio Colectivo suscrita por Permasa, S.A. con tal entidad; expresándose en el documento firmado por el actor al efecto que " mediante el cobro de la citada cantidad, se considera totalmente indemnizado, reconociendo que por parte de Axa Seguros Generales se ha dado fiel cumplimiento a sus obligaciones contractuales en relación con la mencionada póliza de accidentes, comprometiéndose a nada más pedir ni reclamar por el citado siniestro y obligándose a ratificar este documento ante la autoridad administrativa o judicial que fuera necesario para que su contenido tenga efectividad " (folio 140).El artículo 19 del Convenio Colectivo de aplicación prevé que " con efectos de 1 de junio de 2002 la empresa suscribirá una póliza de seguro, cuyos beneficiarios son el trabajador o, en su caso, su cónyuge y/o herederos por partes iguales, en la que si el trabajador muriese o quedase en situación de incapacidad permanente absoluta o total a causa de un accidente de trabajo, percibirá por cualquiera de dichas contingencias la suma de 21.000 euros " (folio 162 vto.). NOVENO.- Permasa, S.A. tiene suscrita póliza de seguro de responsabilidad civil por accidentes de trabajo (póliza n.º NUM002) de 150.253,03 euros por víctima y una franquicia con carácter general de 300,51 euros. El último periodo de vigencia que consta de tal póliza es desde el 1-1-2008 al 1-1-2009 (folio 144 vto.).En el redactado de condiciones particulares se determina, como ámbito temporal, que " el contrato de seguro surte efecto por daños ocurridos por primera vez durante el periodo de vigencia, cuyo hecho generador haya tenido lugar después de la fecha de efecto del contrato y cuya reclamación sea comunicada al asegurador de manera fehaciente en el periodo de vigencia de la póliza o en el plazo de 24 meses a partir de la fecha de extinción del contrato ". Dichas condiciones particulares no aparecen expresamente firmadas por el tomador del seguro (folio 150).Efectuada la comunicación del siniestro por Permasa, S.A. a Mapfre en fecha no determinada, el día 18-2-2011 Mapfre contestó a la empresa indicando que: " con relación al asunto arriba indicado, lamentamos comunicarles que no podemos asumir las consecuencias económicas que derivan de la reclamación formulada al entender prescrita las acciones legales dado que han transcurrido más de dos años desde la rescisión del contrato suscrito por esta entidad " (folio 154). DECIMO.- Presentada demanda de conciliación ante el SMAC el día 8-2-2011 respecto de Permasa, S.A., éste se celebró el día 22-2-2011 con el resultado de intentado sin efecto. El día 17-3-2011 se presentó demanda ante el Decanato de los Juzgados de Castellón que da lugar al presente juicio, siendo turnada a este Juzgado. Por diligencia de ordenación de 2-3-2012 se tuvo por ampliada la demanda respecto de Mapfre S.A.

Tercero.—Que contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte codemandada MAPFRE S A., habiendo sido impugnado por la parte demandante y el otro codemandado. Recibidos los autos en esta Sala, se acordó la formación del rollo correspondiente y pase al Ponente.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—Frente a la sentencia de instancia que estimó parcialmente la demanda y condenó solidariamente a las demandadas empresa Permasa, S.A., y Compañía aseguradora Mapfre S.A. por los conceptos reclamados objeto de la demanda a la cantidad de 86.560,02 euros, con devengo del interés procesal establecido en el artículo 576 de la LEC, interpone recurso de suplicación la parte demandada Mapfre Seguros de empresas, siendo impugnado el recurso por la empresa demandada Permasa SA y el actor y en el primer motivo del recurso se postula con amparo procesal en el artículo 193, b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la modificación de los hechos declarados probados y en concreto del ordinal quinto en el sentido de que "El actor ha percibido de la Unión de Mutuas la suma de 22.491,30 euros, por prestación por incapacidad temporal en que permaneció desde el 26-11-2.008 hasta el 16-3- 2.010" pero aunque ello resulta del concreto documento en que se basa, la adición resulta irrelevante para cambiar el signo del fallo, por cuanto no ha sido tenida en cuenta por el Juzgador de Instancia, la cantidad aludida, para determinar la cantidad reconocida en el fallo.

También interesa respecto del hecho probado sexto que se adicione que como consecuencia de la resolución del INSS a la fecha de la redacción de la sentencia el actor ha percibido por dicho concepto -se refiere a la prestación de invalidez permanente en el grado de total- la cantidad de 37.413,76 euros, lo que no puede prosperar por cuanto no se ampara en prueba documental o pericial alguna de la que resulte directamente sin necesidad de conjeturas la adición fáctica pretendida.

Continua el recurso postulando la adición al ordinal noveno párrafo segundo de un texto que no puede alcanzar éxito ya que contiene valoraciones jurídicas impropias de figurar en los hechos declarados probados, sin olvidar que la parte recurrente omite citar en que prueba documental o pericial se basa la adición fáctica. También se pretende adicionar al hecho probado noveno párrafo tercero que la comunicación del siniestro por Permasa SA a Mapfe se produjo en fecha de 15 de febrero de 2.011, pero la adición fáctica no puede prosperar ya que de los documentos en que se basa no resulta la afirmación que se pretende incorporar, ya que del tenor de los mismos no resulta directamente que la empresa comunicara el siniestro a Mapfre en la fecha que pretende establecer la parte recurrente, sin olvidar que se trata de documentos que carecen de eficacia revisoria por tratarse de cartas particulares internas de la empresa no reconvenidas.

Segundo.—Respecto del derecho, denuncia el recurso, con amparo procesal en el apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que atendidas las modificaciones fácticas operadas deben rectificarse los fundamentos de derecho y el fallo de la sentencia, alegando que se ha producido infracción del artículo 23 de la Ley del Contrato de Seguro, Ley 50/1980, que no ha sido tenido en cuenta por el Juzgador de Instancia en la fundamentación jurídica de su sentencia, no existiendo cobertura en el momento de notificación del siniestro, y que la notificación acaeció 25 meses después de haber ocurrido el siniestro. Sostiene que el artículo 23 citado es de aplicación directa sin necesidad de someterse a lo establecido en el artículo 73 de la LCS, y añade que si se debe cuestionar la cláusula de delimitación temporal por su falta de firma, debemos cuestionar la validez del aseguramiento que se reclama, ya que la póliza estaba también sin firmar.

El artículo 23 de la Ley de Contrato de Seguro Ley 50/1980, de 8 de octubre, dispone que "Las acciones que se deriven del contrato de seguro prescribirán en el término de dos años si se trata de seguro de daños y de cinco si el seguro es de personas", y ese precepto no resulta infringido por la sentencia impugnada, y ha sido tenido en cuenta en la sentencia de instancia al analizar el computo de plazo de prescripción en el fundamento de derecho segundo de la sentencia de instancia, donde se establece que el momento de comenzar el plazo de prescripción debe ser cuando las lesiones constitutivas de incapacidad están fijadas definitivamente, o sea cuando se le declaro afecto de lesiones constitutivas de invalidez permanente total, por lo que desde ese momento podía ejercitarse la presente acción en reclamación de daños y perjuicios, dado que las lesiones son calificadas ya de secuelas permanentes, por lo que si la declaración de incapacidad se produjo el 17 de marzo de 2010 y en fecha 8 de febrero de 2011 se presentó la papeleta ante el SMAC y al mes siguiente la demanda judicial, la acción no se encontraba prescrita, ni respecto de la empresa demandada, ni respecto de la compañía aseguradora, por cuanto la interrupción de la prescripción en las obligaciones solidarias aprovecha o perjudica por igual a todos los acreedores y deudores (art. 1974 del CC).

Por otro lado sostiene la sentencia impugnada que el artículo 23 citado es de aplicación directa sin necesidad de someterse a lo establecido en el artículo 73 de la LCS, y añade que si se debe cuestionar la cláusula de delimitación temporal por su falta de firma, debemos cuestionar la validez del aseguramiento que se reclama, ya que la póliza estaba también sin firmar. La cuestión relativa al artículo 23 de la LCS ya se ha abordado para concluir que no ha resultado infringido y en cuanto al resto de lo alegado debe tenerse en cuenta lo establecido en el fundamento de derecho séptimo de la sentencia impugnada y sin necesidad de reiterar su contenido, tan solo señalar que la cuestión de comunicar el siniestro en el plazo de veinticuatro meses desde el siniestro, en la sentencia impugnada se cuestiona la validez de la cláusula de delimitación temporal por incumplir los requisitos del artículo 3 de la LCS, y siendo tal cláusula una limitación de derechos prevista en la propia norma, que remite para su validez al artículo 3 de la LCS, el cual exige que las condiciones habrán de incluirse por el asegurador "... en la póliza de contrato o en un documento complementario, que se suscribirá por el asegurado..." y que se "destacaran de modo especial las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados, que deberán ser específicamente aceptadas por escrito", siendo así que la aseguradora no cumple con tales exigencias por no constar suscrita la póliza y al no haberse aceptado por escrito específicamente dicha cláusula de delimitación temporal, deviene nula e inaplicable. Sin que tenga incidencia el hecho de que la póliza estaba también sin firmar por la Compañía por cuanto esta si que aparece firmada por el Director General de Mapfre.

Tercero.—Con respecto al cálculo de la indemnización alega la parte recurrente que se equivoca la Juzgadora de instancia al considerar que es de aplicación el baremo del año 2012, que es el baremo del año en que se dicta la sentencia, siendo el propio actor en su demanda el que cuantifica la indemnización en función de baremo de accidentes de circulación de vehículos a motor del año 2.010, e indica que se debe estar al año en que las secuelas se consolidaron y no al año en que se determina la indemnización. Y no constando que en el acto del juicio se modificara la petición es evidente que por congruencia con lo pedido en la demanda debe estarse al Baremo del año 2010, que es el año además, en que se consolidó la situación del actor.

Cuarto.—Continua el recurso, de acuerdo con la alegación precedente, y respecto de la incapacidad temporal interesando la aplicación del Baremo del año 2010, del que resultaría que el día de hospitalización ascendería a la cantidad diaria de 66,00 euros y por los días impeditivos a la cantidad diaria de 53,66 euros, lo que da un resultado total de 24.898,80 euros, es decir, 1331,19 euros menos de lo establecido en la sentencia de instancia, a lo que debe accederse en función de lo establecido en el precedente fundamento juridico.

Quinto.—En función del mismo criterio establecido anteriormente, siendo de aplicación el baremo correspondiente al año 2010, y en su consecuencia devienen inferiores las cantidades establecidas por los 22 puntos por las secuelas, que quedan establecidas en 25.436,62 euros, es decir 1391,94 euros menos de lo calculado en la sentencia de instancia; por el perjuicio estético la cantidad de 6.698,72 euros, es decir 366,56 euros menos, a lo que debe accederse. Sostiene la parte recurrente que no procede el factor de corrección ya que el actor percibió durante los días de baja el 100 por cien de su salario por el subsidio de incapacidad temporal más el complemento salarial de mejora voluntaria establecido en el Convenio Colectivo de aplicación y en este sentido debe prosperar la alegación de la parte recurrente.

Se alega por la parte recurrente las cantidades que a su criterio percibió la parte actora por incapacidad temporal y por incapacidad permanente total a la fecha de la sentencia, así como lo percibido por el actor de Axa por el seguro de Convenio, lo que sumado asciende a 80.905,06 euros y considera que esa cantidad debería haber sido objeto de descuento de los importes que constan en la sentencia objeto de recurso, pero la alegación no puede alcanzar éxito ya que las cantidades percibidas por prestaciones de incapacidad temporal e incapacidad permanente total no son compensables con la indemnización solicitada puesto que atienden exclusivamente al lucro cesante, mientras que las cantidades reconocidas indemnizan el periodo de curación invertido en las lesiones, y las secuelas padecidas junto con los factores de corrección, debiéndose operar la compensación entre los conceptos homogéneos, por lo que los ingresos derivados de la pensión de IT y de IPT solo pueden ser objeto de compensación con indemnizaciones que reparen la pérdida de ingresos, es decir, el lucro cesante, por lo que la sentencia impugnada se ajusta a la doctrina jurisprudencial, habiéndose deducido únicamente la suma de 21.000 euros percibida de la aseguradora AXA por el seguro del Convenio, fijando la indemnización a percibir por tal concepto en la cantidad de 20.000 euros, dado que dicho factor de corrección oscila entre 18.576,48 y 92.882,35 euros.

Sexto.—Sostiene la parte recurrente que la sentencia impugnada infringe el artículo 6.2 del Código Civil, refiriéndose al escrito de renuncia de acciones, en el sentido de que considera que no se refiere al deudor AXA por el seguro de convenio que tenia suscrito con la demandada Permasa S.A., ya que es clara la intención del actor de comprometerse a nada más pedir y reclamar por el citado siniestro, por lo que considera que la sentencia impugnada en modo alguno debería de haber condenado ni a la empresa ni a la aseguradora Mapfre al importe de la cantidad que figura en la misma.

La renuncia que el actor efectúa en el escrito de renuncia de acciones se refiere exclusivamente y frente a la Cía AXA con ocasión de la percepción del seguro de Convenio, que tiene naturaleza paccionada, derivado de la obligación asumida en el propio Convenio Colectivo previsto para el supuesto en que el trabajador sufra un accidente de trabajo que determina una situación de incapacidad permanente total -como es el caso- y a cuya indemnización ostenta derecho a percibirla con independencia de que exista o no culpa o negligencia de la empresa, y debe entenderse que la renuncia a nada más reclamar se refiere respecto de la aseguradora AXA y por el concreto concepto asegurado, que no es otro que el seguro de Convenio pactado convencionalmente.

Séptimo.—La parte recurrente alega que la franquicia de 300,51euros prevista en la póliza que tenia contratada la parte recurrente con la empresa Permasa S.A., debe deducirse del importe final de la indemnización, pero ello no es posible por cuanto la franquicia en cuestión ni afecta ni resulta oponible al actor que no es parte en el contrato de seguro suscrito, y debe percibir las cantidades que deriven del mismo, siendo oponible tal pretensión frente a la empresa Permasa, S.A., que es la parte que suscribió el seguro con franquicia, y todo ello en el supuesto que así deba proceder.

En función de lo hasta aquí expuesto de la cantidad reconocida en la sentencia de instancia a favor del actor y que asciende a la suma de 86.560,02 euros, se le deberá restar las cantidades siguiente: 1331,19 euros, 1391,94 euros, 366,56 euros y 3.389,38 euros lo que asciende a la suma de 6479,07 euros debiendo quedar reducida la cuantía de lo adeudado a 80080,95 euros, y en este sentido se modifica el fallo de la sentencia de instancia.


FALLO


 
Que estimando en parte el recurso de suplicación interpuesto por la representación letrada de Mapfre Seguros de Empresas, Compañía de Seguros y Reaseguros S. A., frente a la sentencia del Juzgado de lo Social número Uno de los Castellón, de fecha 28 de septiembre de 2.012, a que se contrae el presente rollo, la revocamos en parte y en su lugar con estimación parcial de la demanda debemos declarar y declaramos que la cantidad a la que se condena solidariamente a la empresa Permasa S.A. y a la compañía aseguradora Mapfre S.A., asciende a 80080,95 manteniéndose el resto de los pronunciamientos de la sentencia impugnada en lo que no se pongan a la presente resolución.

Se decreta la devolución del depósito efectuado para recurrir, manteniéndose el aseguramiento en la parte de condena que establece la presente resolución hasta que en ejecución de sentencia se resuelva sobre dicho aseguramiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Ministerio Fiscal, indicando que contra la misma cabe recurso de Casación para la unificación de doctrina, que podrá prepararse dentro del plazo de los DIEZ DÍAS hábiles siguientes a la notificación, mediante escrito dirigido a esta Sala, advirtiendo que quien no tenga la condición de trabajador, no sea beneficiario del sistema público de la Seguridad Social o no tenga reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita, deberá depositar la cantidad de 600'.º.º € en la cuenta que la Secretaría tiene abierta en el Banco Español de Crédito, cuenta 4545 0000 35 3126 12. Asimismo, de existir condena dineraria, deberá efectuar en el mismo plazo la consignación correspondiente en dicha cuenta, indicando la clave 66 en lugar de la clave 35. Transcurrido el término indicado, sin prepararse recurso, la presente sentencia será firme.

Una vez firme esta sentencia, devuélvanse los autos al Juzgado de lo Social de referencia, con certificación de esta resolución, diligencia de su firmeza y, en su caso, certificación o testimonio de la posterior resolución que recaiga.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el día de hoy ha sido leída la anterior sentencia por el/a Ilmo/a Sr/a Magistrado/a Ponente en audiencia pública, de lo que yo, el /a Secretario/a judicial, doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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