Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia A.P. Madrid 285/2013 de 18 de octubre


 RESUMEN:

Sociedades cooperativas de viviendas: No nulidad de pleno derecho de acuerdo adoptado en orden del día de Asamblea General, al modificar el sistema estatutario de reintegro de cantidades a los socios dados de baja.

Recurso de Apelación 380/2012

O. Judicial Origen: Juzgado de lo Mercantil n.º 10 de Madrid

Autos de Procedimiento Ordinario 255/2010

Apelante: SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA DE VIVIENDAS

DE PUERTA DE VICALVARO

PROCURADOR D./Dña. ANTONIO GOMEZ DE LA SERNA ADRADA

Apelado: D./Dña. Valle y D./Dña.

Porfirio

PROCURADOR D./Dña. ISABEL AFONSO RODRIGUEZ

SENTENCIA n.º 285/2013

ILMOS. SRS. MAGISTRADOS

D. ÁNGEL GALGO PECO

D. GREGORIO PLAZA GONZÁLEZ

D. PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ

En Madrid, a 18 de octubre de 2013.

La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores Don ÁNGEL GALGO PECO, Don GREGORIO PLAZA GONZÁLEZ y Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ, ha visto el recurso de apelación bajo el número de Rollo 380/2012 interpuesto contra la Sentencia de fecha 30.1.012 dictado en el proceso número 255/10 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil número 10 de Madrid.

Han sido partes en el recurso, como apelante, la demandada, siendo apelada la parte demandante, ambas representadas y defendidas por los profesionales más arriba especificados.

Es magistrado ponente Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 6.5.10 por la representación de D.ª Valle y D./Dña. Porfirio contra la SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA DE VIVIENDAS DE PUERTA DE VICALVARO, en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba apoyaban su pretensión, suplicaba que " se declare: 1) Nulo de pleno derecho, e ineficaz a todos los efectos, el acuerdo adoptado por la Asamblea General de PUERTA DE VICALVARO, S. COOP. MAD. Notificado a mis representados el 30 de marzo de 2010 al vulnerar preceptos legales de carácter imperativo.

2) Con carácter subsidiario a la anterior pretensión, se anule el citado acuerdo por ser claramente lesivo para los intereses de mis representados al modificar el sistema estatutario de reintegro de cantidades a los socios dados de baja.

3) Se condene a PUERTA DE VICALVARO, S. COOP. MAD. al reembolso y pago de la suma de CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS (43.407,16€).

4) Asimismo, se condene a PUERTA DE VICALVARO, S. COOP. MAD. al pago de los intereses estatutarios devengados por dicho principal desde el 1 de octubre de 2008 hasta la fecha en que se dicte sentencia -utilizando como base el principal reclamado y como tipo el establecido legalmente- y, a los intereses por mora procesal que se devenguen desde el día siguiente a la sentencia hasta su total y efectivo pago.

5) Se haga estar y pasar a la demandada, PUERTA DE VICALVARO, S. COOP. MAD., por las anteriores declaraciones con expresa imposición de las costas judiciales.

Segundo.—Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes, el Juzgado de lo Mercantil número 10 de Madrid dictó sentencia con fecha cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:

"Que estimo la demanda presentada por la Procuradora de los Tribunales D.ª ISABEL AFONSO RODRIGUEZ, en nombre y representación de D.ª Valle y D. Porfirio contra la entidad PUERTA DE VICALVARO SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA DE VIVIENDAS, representada por el Procurador de los Tribunales DON ANTONIO GOMEZ DE LA SERA ADRADADON JAVIER LOPEZ GALVEZ, y en consecuencia ACUERDO:

1.- Declarar nulo de pleno derecho, e ineficaz a todos los efectos, el acuerdo adoptado en el punto 3.º del Orden del día de la Asamblea General de 16 de diciembre de 2.009 de PUERTA DE VICALVARO, S. COOP. MAD. al vulnerar preceptos legales de carácter imperativo.

2.- Condenar a PUERTA DE VICALVARO, S. COOP. MAD. al reembolso y pago de la suma de CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS (43.407,16€).

3.- Condenar a PUERTA DE VICALVARO, S. COOP. MAD. al pago de los intereses estatutarios devengados por el principal de 43.407,16€.desde el 1 de octubre de 2008 hasta la fecha de la presente resolución de conformidad con lo establecido en el fundamento de derecho octavo y, a los intereses por mora procesal que se devenguen desde el día siguiente de la presente resolución hasta su pago.

Las costas se imponen a la parte demandada por lo expuesto en el último fundamento de derecho".

Notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de la demandada se interpuso recurso de apelación que, admitido por el Juzgado y tramitado en legal forma, ha dado lugar a la formación del presente rollo que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase. Señalándose para deliberación votación y fallo el día 17 de octubre de 2013.

Tercero.—En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—Doña Valle y Don Porfirio, socios de la cooperativa PUERTA DE VICÁLVARO, SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA DE VIVIENDAS que causaron en la misma baja voluntaria -calificada como "justificada" por la propia cooperativa- en virtud de comunicación de fecha 1 de octubre de 2008, interpusieron demanda contra dicha sociedad en reclamación de 42.407,16 € en calidad de derecho de reembolso de sus aportaciones e intereses estatutarios de dicha cantidad. Igualmente impugnaron por razón de nulidad -o subsidiariamente anulabilidad- un acuerdo adoptado por la asamblea general de la demandada de 16 de diciembre de 2009 relativo al pago de las sumas adeudadas a los socios cuya baja, como en el caso de los demandantes, no hubiera sido cubierta por otro socio.

La sentencia de primera instancia estimó la demanda y, disconforme con dicho pronunciamiento, contra el mismo se alza PUERTA DE VICÁLVARO, SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA DE VIVIENDAS a través del presente recurso de apelación.

Segundo.—Siguiendo el orden propuesto en el propio recurso, comenzaremos por examinar el pronunciamiento de la sentencia por el que se estima la pretensión pecuniaria concretada en la condena a la demandada al pago a los demandantes de la suma de 42.407,16 € en calidad de derecho de reembolso de sus aportaciones y los intereses estatutarios correspondientes.

En realidad, el debate mantenido al respecto y que subsiste en esta segunda instancia es el que consiste en determinar si el derecho de reembolso que los demandantes pretenden hacer efectivo habría o no desaparecido o experimentado alguna merma en su cuantía o en sus condiciones de pago como consecuencia de la evolución negativa de la cooperativa, es decir, como consecuencia de determinados quebrantos patrimoniales que esta califica como pérdidas y como consecuencia también de las deudas por ella contraídas en el desarrollo de su objeto social.

Según el Art. 55-1 de la Ley 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid, "Los Estatutos Sociales regularán el reembolso de las aportaciones al capital social, en su caso actualizadas, en el supuesto de baja en la cooperativa. La liquidación de las aportaciones se hará según el balance de situación correspondiente al semestre en que se haya producido la baja". El Art. 14-1 de los estatutos de la cooperativa demandada no aclara en qué deba consistir esa correlación "aportaciones/balance de situación" dado que se limita a reproducir literalmente el texto del Art. 55-1 de la ley. No obstante, en vista de la función supletoria que la Disposición Final Cuarta de la ley madrileña atribuye a la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, de ámbito estatal, podemos deducir sin esfuerzo de la redacción del Art. 51 de esta última que la correlación entre dichos parámetros ("aportaciones/balance de situación") se refiere a la necesidad de deducir de las aportaciones reembolsables las pérdidas imputables que resulten del balance.

El régimen de imputabilidad al socio de las pérdidas aparece regulado en Art. 29 de los estatutos de la cooperativa demandada, precepto estatutario que no hace otra cosa que reproducir el texto del Art. 61 de la ley madrileña que es del siguiente tenor:

"La imputación de pérdidas.

1. Las pérdidas extracooperativas y extraordinarias se imputarán a la reserva obligatoria o voluntaria y, si éstas fuesen insuficientes, la diferencia se recogerá en una cuenta especial para su amortización con cargo a futuros beneficios, dentro del plazo máximo de siete años.

En el caso de que tuviese que reducirse el capital social en compensación de estas pérdidas se reducirán las aportaciones de los socios y asociados en proporción al capital suscrito por cada uno, pero en el caso de los socios se iniciará la imputación por las aportaciones obligatorias.

2. La compensación de las pérdidas derivadas de la actividad cooperativizada con los socios habrá de sujetarse a las siguientes normas:

a).A la reserva voluntaria creada para este fin podrán imputarse la totalidad de las pérdidas.

b).A la reserva obligatoria podrá imputarse como máximo el 50 % de las pérdidas o el porcentaje medio de los excedentes operativos que se hayan destinado a las respectivas reservas en los últimos cinco años, o desde la constitución de la cooperativa si ésta tiene menos de cinco años de antigüedad.

c).La cuantía no compensada con las reservas se imputará a los socios en proporción a las operaciones o servicios cooperativizados realizados por cada uno de ellos con la cooperativa. Si estas operaciones o servicios realizados fueran inferiores a los que como mínimo está obligado a realizar el socio, conforme a lo establecido en los Estatutos, la imputación de las referidas pérdidas se efectuará en proporción a la actividad cooperativizada mínima obligatoria.

3. Las pérdidas imputadas a cada socio se satisfarán de alguna de las formas siguientes:

a).Con su pago en efectivo durante el ejercicio en que se aprueban las cuentas del anterior.

b).Con cargo a los retornos que puedan corresponder al socio en los siete años siguientes, si bien deberán ser satisfechas por el socio en el plazo de un mes si, transcurrido el período señalado, quedasen pérdidas sin compensar.

c).Con su pago mediante la reducción proporcional del importe desembolsado de las aportaciones a capital social. En este caso, el socio deberá desembolsar dicho importe en el plazo máximo de un año, en caso contrario se aplicarán los efectos de la morosidad previstos en el artículo 49.8.

d).Con cargo a cualquier crédito que el socio tenga contra la cooperativa, pudiéndolo fraccionar en los siguientes siete años.

La Asamblea general decidirá la forma en que se procederá a la satisfacción de la deuda de cada socio. En todo caso, el socio podrá optar por su pago en efectivo. Si se acuerda el pago mediante la reducción de las aportaciones a capital desembolsadas, la medida afectará en primer lugar a las aportaciones voluntarias...".

De dicho precepto se infiere con claridad que la imputación de pérdidas a los socios constituye una opción residual para los supuestos en los que esas pérdidas no puedan haber sido compensadas mediante su cargo a la totalidad de las reservas voluntarias y al 50 % de las reservas obligatorias, y en el caso examinado ni de los argumentos vertidos por la cooperativa apelante ni de la documentación en la que ha intentado apoyar dichos argumentos se infiere que se haya llevado a cabo imputación alguna a unas u otras reservas.

De hecho, lo que de dicha documentación se infiere es, precisamente, que en la época de referencia (segundo semestre de 2008 según balance de situación correspondiente a dicho periodo) no era necesario llevar a cabo imputación alguna. En efecto, lo verdaderamente importante, como consideración previa y antecedente respecto de cualquier otra, es que para que resulte aplicable el sistema de imputación de pérdidas es conceptualmente imprescindible que, efectivamente, haya habido "pérdidas" y que estas se deduzcan del balance de situación correspondiente, entendiendo por "pérdidas", como es natural, el resultado negativo de la actividad societaria en su conjunto que se comprueba periódicamente mediante una adecuada confrontación contable de los ingresos generados con los gastos incurridos. Pues bien, del balance acompañado a la contestación de la demanda (folios 182 y ss.), que además no es un balance de situación semestral como exige el Art. 14 de los estatutos sino un balance final del ejercicio 2008 por más que ambos debieran coincidir, no se desprende que dicho ejercicio se haya saldado con un resultado de "pérdidas". Contrariamente, el propio auditor de la cooperativa Don Victor Manuel explicó, al ser interrogado en el acto del juicio, que en el ejercicio 2008 no se habían reconocido pérdidas contables. Pues bien, solo esta consideración determinaría la imposibilidad de detraer de las aportaciones reembolsables al socio (cuya baja -no se olvide- fue considerada "justificada" por la propia cooperativa) cantidad alguna por el concepto de pérdidas imputables.

Tercero.—En realidad, pese a utilizar el término "pérdida", que en sentido amplio resulta en efecto predicable de cualquier quebranto patrimonial, de lo que nos habla la cooperativa apelante es de que en la hipótesis -que ella juzga no improbable- de que fuera necesario proceder a su inmediata liquidación por imposibilidad de continuar desarrollando su objeto social, entonces habría que considerar -en tal hipótesis y solo en ella- la disminución de valor que habría experimentado el patrimonio inmobiliario de la sociedad, disminución de valor que cuantifica en la suma de 26.325.625,15 €, que no es otra cosa que el resultado de deducir del coste del terreno y gastos en él realizados -77.702.538,42 €- su actual valor previsible de venta en el mercado, cifrado por INNOTASA S.A. en la suma de 51.476.913,28 €.

Por lo tanto, del hecho de que la apelante maneje un valor liquidatorio de su patrimonio y de que, además, pretenda imputar a los socios en este momento la parte proporcional de las deudas sociales contraídas, se deduce claramente que lo que hace es operar, no tratando -como aquí se trata- de calcular o liquidar el derecho al reembolso de aportaciones del socio que causa baja en una cooperativa en funcionamiento, sino que lo que pretende es calcular la cuota de liquidación prevista en el Art. 75 de la ley de cooperativas madrileña, cuota que correspondería a cada socio una vez deducidas las deudas sociales, y atendidas otras obligaciones legalmente prioritarias, como resultado final de un hipotético proceso de liquidación de la sociedad.

Pero el planteamiento no resulta admisible. El balance que ha de tomarse como referencia se encuentra incluido en unas cuentas que, como no podría ser de otro modo, se han confeccionado bajo los principios contables propios de una empresa en funcionamiento, sin que esta apreciación resulte enturbiada por la circunstancia -por lo demás habitual- de que en el informe de auditoría (folios 179 y 180) se incluyan dos "incertidumbres" concernientes a acontecimientos que, caso de realizarse, pudieran eventualmente poner en entredicho la continuidad de la cooperativa. Por lo demás, el auditor de esta, Don Victor Manuel, fue extraordinariamente claro a este respecto: la toma en consideración del posible valor actual de realización de los inmuebles solamente tendría sentido en un hipotético escenario de liquidación pero no en un escenario de continuidad que es el que presidió la confección de las cuentas. Y ello por relevantes que sean los riesgos de que en un futuro más o menos próximo la liquidación se convierta para la cooperativa en un desenlace forzoso. Similares conclusiones alcanzó, por su parte, el perito Don Aquilino, cuyo informe fue ratificado por el mismo en el acto del juicio.

La apelante insiste en esta alzada en explicarnos cómo debería ser, a su juicio, la regulación legal relativa a la imputación de pérdidas, y de ese modo evita tomar en consideración cómo es en realidad esa regulación. En tal sentido, reitera que "Las cuentas reflejan la imagen fiel de la situación económica y financiera a 31 de diciembre de 2008, pero en ellas no se realiza una valoración conforme al mercado en cada momento del activo adquirido para valorar la pérdida de ese activo, lo que únicamente se haría en el momento de la liquidación de la Cooperativa". No nos indica, sin embargo, en qué precepto legal se funda para afirmar que el balance de una empresa en funcionamiento deba incorporar necesariamente las coyunturales pérdidas o incrementos de valor de mercado de sus activos como si estos fueran a ser enajenados, siendo como es esa una propuesta extraña y proscrita, por regla general, por la normativa contable. Y de ese modo elude, por no resultar favorable a sus planteamientos, el mandato claro y diáfano del Art. 55-1 de la Ley 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid cuando, para la liquidación de las aportaciones, obliga a tomar en consideración "...el balance de situación correspondiente al semestre en que se haya producido la baja...", esto es, el balance realmente elaborado y no otro balance hipotético que incluyera las fluctuaciones de valor que propone y que, por ello mismo, se ajustaría más bien al contenido propio de un balance final de liquidación.

Todo ello no significa que los socios que causan baja puedan desentenderse completamente del devenir de la cooperativa en vista del especial régimen de responsabilidad que les afecta (el Art. 14-6 de los estatutos les impone responsabilidad durante 5 años por las deudas de la cooperativa anteriores al nacimiento del derecho de reembolso).

Por lo demás, las dificultades económicas que la apelante nos refiere podrán, a lo sumo, constituir un obstáculo material para la efectividad de la sentencia, pero en ningún caso podrían erigirse en un impedimento para la declaración judicial del derecho que corresponde a los demandantes ni para la emisión del pronunciamiento condenatorio correspondiente. En otras palabras, si la deuda contraída con los demandantes por razón de reembolso de aportaciones a consecuencia de su baja asciende, siendo respetuosos con el criterio legalmente establecido (balance de situación del segundo semestre de 2008), a 42.407,16 €, no existe en nuestro ordenamiento jurídico, dejando a salvo las especialidades derivadas de la legislación concursal, ninguna norma que contemple, entre las causas de extinción total o parcial de las obligaciones, el infortunio sobrevenido del deudor. Cuestión distinta -se insiste- será que ese infortunio imposibilite o dificulte materialmente la íntegra satisfacción del derecho de crédito de los demandantes, pero tal circunstancia no hace que ese derecho experimente una merma cuantitativa o, simplemente, que deje de existir.

No ha de prosperar, en consecuencia, el recurso de apelación interpuesto en relación con este punto.

Cuarto.—Por lo que se refiere al pronunciamiento que declara nulo de pleno derecho el acuerdo adoptado en el punto 3.º del orden del día de la Asamblea General de 16 de diciembre de 2009, consideramos que la sentencia apelada ha incurrido en un defectuoso entendimiento del contenido y alcance de aquél. En efecto, el texto de la misiva por la que se informa a los demandantes del contenido del acuerdo adoptado es del siguiente tenor literal:

"En este sentido, la Asamblea General de la cooperativa ha aprobado ofrecer a los socios que han causado baja el siguiente acuerdo:

"Aquellos socios cuya baja no sea cubierta por otro socio, una vez que la Cooperativa liquide los activos sobrantes y haya hecho frente a las deudas y demás obligaciones contraídas y derivadas de la propiedad del suelo, percibirán el dinero sobrante, la cantidad resultante del reparto en proporción a las aportaciones realizadas por todos los socios (altas y bajas no liquidadas)".

Lo que así le ofrecemos por medio del presente escrito, para su suscripción entre ambas partes, quedando a su disposición para cualquier aclaración al respecto" (el énfasis es nuestro).

De su lectura se desprende inequívocamente que la palabra "acuerdo" que contiene el primer párrafo no está utilizada en el sentido de decisión asamblearia sino en el sentido de arreglo o transacción a alcanzar con determinados socios, de manera que el contenido del verdadero "acuerdo" (en el sentido de decisión asamblearia) consiste en "ofrecer" a dichos socios ese arreglo o transacción. En otras palabras, podemos decir de manera gráfica que el "acuerdo" adoptado por la Asamblea consistió en proponer u ofrecer a determinados socios un determinado "acuerdo". Que ambas cualidades semánticas convienen al vocablo "acuerdo" lo revela el Diccionario de la R.A.E. que entiende por tal tanto la "resolución que se toma en los tribunales, sociedades, comunidades u órganos colegiados" como el "convenio entre dos o más partes", entre otros múltiples significados.

Por lo demás, que el acuerdo asambleario adoptado consistía, efectivamente, en llevar a cabo un simple ofrecimiento a determinados socios, ofrecimiento que estos podrían aceptar o rechazar, lo revela no solo el último párrafo transcrito de la misiva ("Lo que así le ofrecemos por medio del presente escrito, para su suscripción entre ambas partes, quedando a su disposición para cualquier aclaración al respecto"), sino también el propio contenido del acta de la asamblea finalmente incorporado al proceso (folios 298 "in fine" y 299).

Por lo tanto, aun cuando este tribunal comparte los puntos de vista expresados por la sentencia apelada en un plano puramente teórico, hay que tener en cuenta que aquellos han sido emitidos en relación con una acuerdo distinto del realmente adoptado, esto es, en relación con un virtual acuerdo por el que la Asamblea hubiera decidido imponer a determinados socios el criterio liquidativo en cuestión. Así las cosas, no vemos que pueda resultar contraria a norma jurídica alguna o revestir carácter perjudicial una iniciativa societaria como la que nos ocupa, consistente sencillamente en proponer u ofrecer a determinados socios acreedores un concreto modo de satisfacer sus créditos, es decir, una fórmula que estos últimos pueden libremente aceptar o rechazar.

Así pues, el recurso de apelación ha de prosperar en este punto, bien entendido que, al haber rechazado de manera elocuente el ofrecimiento de la cooperativa (buena prueba de ello ha sido el contenido de la presente demanda), ni Doña Valle ni Don Porfirio pueden considerarse concernidos o verse afectados por la fórmula o criterio liquidatorio propuesto mediante el acuerdo impugnado.

Quinto.—Estimándose parcialmente el recurso de apelación, no es procedente efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta alzada de conformidad con el número 2 del Art. 398 de la L.E.0., como tampoco debemos efectuarlo en relación con las originadas en la instancia precedente de acuerdo con lo previsto en el Art. 394-2 de la misma ley.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,


FALLO


 
En atención a lo expuesto la Sala acuerda:

1.- Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de PUERTA DE VICÁLVARO, SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA DE VIVIENDAS contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 10 de Madrid que se especifica en los antecedentes fácticos de la presente resolución.

2.- En consecuencia, revocamos -dejándolo sin efecto- el pronunciamiento de la sentencia apelada por el que declara nulo de pleno derecho el acuerdo adoptado en el punto 3.º del orden del día de la Asamblea General de 16 de diciembre de 2009 (apartado 1 de la parte dispositiva), y declaramos no haber lugar a efectuar especial pronunciamiento en relación con las costas originadas en la instancia precedente, manteniendo -como mantenemos- en todo lo demás la parte dispositiva de dicha sentencia.

3.- No efectuamos especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas por el presente recurso de apelación.

Así por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los magistrados integrantes de este Tribunal.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Ebooks desde 3
Publicaciones Compliance Norma UNE
Aranzadi Fusion empresa
Foros Concursal 2017
 
Foros de formación