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Sentencia A.P. Sevilla 481/2013 de 23 de octubre


 RESUMEN:

Incidente concursal: Acción de reintegro. Estimación. Rescisión de garantías reales hipotecarias y de prenda bancarios: Obligación de restitución de importe de gastos de las operaciones rescindidas y de la reintegración de las cantidades en concepto de IVA que la entidad bancaria demandada compensó en cuentas de la concursada. Actos perjudiciales para la masa: Rescisión de las operaciones y gastos de formalización.

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SENTENCIA

Ilmos. Sres.:

Don Juan Márquez Romero

Don Conrado Gallardo Correa

Don Fernando Sanz Talayero

En la ciudad de Sevilla a 23 de octubre de 2.013.

Vistos por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Sevilla los autos de incidente concursal n.º 471/2012 sobre acción de reintegración consistente en rescisión de garantías reales, que procedentes del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Sevilla, penden en grado de apelación ante este Tribunal, promovidos por la Administración Concursal de NOVAINDES DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A., contra la concursada NOVAINDES DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A., representada por el Procurador Don Mauricio Gordillo Alcalá y defendida por Abogado, contra CAIXABANK, S.A., sucesora de la entidad inicialmente demandada BANCA CÍVICA, S.A., CIF A08663619, con domicilio social en Barcelona, representada por la Procuradora Doña María del Valle Lerdo de Tejada Benítez y defendida por el Abogado Don Fernando L. Martín Llamas, contra GESTORA ESTRATÉGICA DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, S.L.U. (GEDAI), CIF B91759779, con domicilio social en Sevilla, representada por el Procurador Don José María Gragera Murillo y defendida por el Abogado Don Javier Roca Rodríguez, contra NOVAPORTACOELI, S.L., no personada en la alzada, y contra la ADMINISTRACIÓN ESTATAL DE LA AGENCIA TRIBUTARIA (A.E.A.T.), representada y defendida por el Abogado del Estado. Habiendo venido los autos originales a este Tribunal en méritos del recurso de apelación interpuesto por la segunda de las mencionadas partes contra la sentencia proferida por el expresado Juzgado en fecha 9 de noviembre de 2.012, posteriormente impugnada por la Administración Concursal, resultan los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada, cuya parte dispositiva dice literalmente: "Que estimando parcialmente la pretensión rescisoria formulada por ADMINISTRACIÓN CONCURSAL, frente a AEAT, BANCA CÍVICA, GESTORA ESTRATÉGICA DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, NOVAPORTACOELI, y frente a la CONCURSADA NOVAINDE, debo declarar y declaro, con absolución en lo demás para las demandadas, lo siguiente:

1.º- A rescindir y dejar sin efecto las garantías reales hipotecarias y de prenda de autos, y que fueron establecidas en operaciones de fecha 28 de julio de 2008, 27 de febrero de 2009 y de 9 de junio de 2009. De este último día únicamente, en cuanto a la finca registral 7.588 de Mairena del Aljarafe.

En concreto y para mayor claridad se rescinden las hipotecas y prendas siguientes: sobre fincas registrales n.º 38.456 a 38.622 alternas pares inclusives y 36.978 a 37.913 alternas impares inscritas en el Registro de la Propiedad n.º 12 de Sevilla y que fueran otorgadas en escritura de préstamo de 21 de julio de 2008; sobre la finca 7.588 del Registro n.º 7 de Sevilla, de escritura de 9 de junio de 2009; prenda de derechos de cobro sobre la promoción de la Florida, de escritura de 21 de julio de 21008; y prenda de 6.071 participaciones de Novaindes en Novaportacoeli SL, de 26 de noviembre de 2008.

Condenando a las demandadas a estar y pasar por la anterior declaración.

2.º- Declarar asimismo de cuenta exclusiva de la entidad bancaria codemandada, de un lado, el importe de los gastos de formalización de las operaciones de autos, conforme al detalle del antecedente séptimo de la demanda que se da por reproducido, y estimados en 829.681,48.- euros; y de otro lado de los gastos apreciados injustificados por 231.815,10.- euros conforme a la fundamentación de esta resolución, ordenado la consiguiente minoración oportuna del crédito del actor en tales cantidades.

3.º- Acordar que por la AC y concursada se lleven a efecto las actuaciones que procedan para la regularización registral sobre las fincas objeto del antecedente garantía ahora rescindido, con la colaboración exigible de la entidad bancaria, pudiendo solicitar al efecto se expidan los mandamientos oportunos, una vez sea firme la presente. Así y del propio modo, las actuaciones oportunas sobre las participaciones sociales que fueran objeto de la prenda rescindida.

Condenando a la entidad bancaria contradictoria a los gastos de cancelación y regularización correspondientes.

4.º- Ordenar que asimismo por la AC se lleven a efecto las correcciones oportunas sobre cuantificación y cualificación del crédito actor, coherentes a la presente resolución, con la discriminación que comprenda, en su caso, entre crédito ordinario y subordinado por interés.

5.º- Y todo ello sin hacer especial imposición de costas".

Segundo.—Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación la concursada, y admitido el mismo, tras formular escrito la Administración Concursal impugnando la sentencia, y sendos escritos de oposición CAIXABANK, S.A., uno por cada recurso, y la A.E.A.T., se elevaron seguidamente los autos originales a este tribunal, e iniciada la alzada y seguidos todos los trámites se señaló el día 23 de octubre de 2.013 para la deliberación y fallo.

Vistos, siendo ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don Conrado Gallardo Correa.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—La concursada formula recurso de apelación para que se declare la obligación de restituir el importe de los gastos a que ascienden las operaciones rescindidas y la reintegración de las cantidades que por concepto de IVA la entidad bancaria demandada compensó en cuentas de la concursada; igualmente pide que se declare perjudicial "para la masa activa del concurso, ineficaces y por tanto rescindidas, las disposiciones por importe de 8.630.000 € soportada con garantía hipotecaria para las cancelaciones de pólizas de crédito personal sin garantía, regularización de excedidos, pago de comisiones de apertura, provisiones de fondo, etc." que se describen en el hecho quinto de la demanda mandando su restitución a la masa; finalmente pide que se declare la concurrencia de mala fe en la entidad bancaria.

De acuerdo con el artículo 456 de la Ley de Enjuiciamiento Civil lo que cabe perseguir en el recurso de apelación debe estar fundado en los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia. La entidad concursada en la primera instancia actuó como demandada y se limitó a allanarse a las pretensiones formuladas por la Administración Concursal. Por tanto no formuló pretensiones contra ninguna otra parte en el presente incidente, ni puede en consecuencia interponer recurso de apelación con base a que no se hayan estimado pretensiones formuladas en la primera instancia por otras partes, en el caso de autos, por la parte actora en el incidente que no es otra que la Administración Concursal.

Procede por tanto desestimar el recurso sin entrar en el fondo de las cuestiones planteadas.

Segundo.—La Administración Concursal, fuera ya del plazo para apelar y aprovechando el concedido para oponerse al recurso planteado por la concursada, presentó escrito impugnando la sentencia por infracción de los artículos 71.3.3.º y 73.1 de la Ley Concursal y alegando incongruencia extrapetita, pidiendo la revocación parcial de la sentencia en el sentido de rescindir los pagos de los gastos de formalización de ls operaciones de autos en cuantía de 829.681,48 € y de los gastos apreciados injustificados en la sentencia impugnada en cuantía de 231.815,10 € y 5.800 €, más los intereses legales desde su indebida aplicación más dos puntos desde la presentación de la demanda, condenando a BANCA CÍVICA a la restitución de las mismas, con incremento del crédito correspondiente a dicha entidad en la cuantía correspondiente, y con condena en costas a BANCA CÍVICA.

En la oposición a este recurso la primera cuestión que se plantea y que debe resolverse es su admisibilidad, dado que aprovecha el plazo para contestar un recurso presentado por persona no legitimada, como se ha puesto de relieve en el fundamento anterior.

Al respecto debe señalarse que el artículo 461 de la Ley de Enjuiciamiento Civil determina que, interpuesto un recurso de apelación, se conceden diez días a las demás partes para que se opongan o impugnen. Por tanto impugnar la sentencia en lo desfavorable es legítimo, aunque no se oponga el impugnante al recurso de apelación y cualquiera que sea el resultado de dicho recurso. Si acaso cabría cuestionar la impugnación si el recurso debió ser inadmitido, convirtiéndose en la alzada en causa de desestimación lo que debió ser causa de inadmisión. Pero esta situación no concurre en el caso de autos, por cuanto que las causas de inadmisión están señaladas en el artículo 458 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y se limitan a que la resolución no sea apelable o que el recurso se presente fuera de plazo, a lo que cabría añadir el impago de las tasas y depósitos establecidos en la Ley. Fuera de estos casos, el recurso debe ser admitido, sin perjuicio de que proceda o no su estimación. Como en el supuesto que nos ocupa la resolución era apelable y el recurso se presentó dentro de plazo, su desestimación en la alzada no invalidad su admisión, ni el plazo que se concedió a las demás partes como consecuencia de la misma para impugnar la sentencia. La impugnación, en definitiva, no es más que un recurso de apelación planteado en la ampliación del plazo que implica el que otra parte presente un recurso de apelación dentro de plazo.

Tercero.—Entrando en los motivos de fondo del recurso planteado por la Administración Concursal, el mismo debe ser estimado por cuanto la sentencia en este punto es incongruente con las peticiones deducidas por la demandante e infringe los artículos 73.1 y 58 de la Ley Concursal.

Los gastos que afrontó la concursada como consecuencia de la constitución de las hipotecas y prendas que rescinde la sentencia apelada, representan una cantidad que ha disminuido el activo de la misma. La consecuencia de la rescisión de esas operaciones conforme al artículo 73.1 citado es no sólo la ineficacia del acto impugnado, sino la restitución de las prestaciones, con sus frutos e intereses que es lo que pidió la Administración Concursal. Este precepto implica que si los actos rescindidos por haberse llevado a cabo en beneficio del acreedor y en perjuicio de la concursada ocasionaron gastos que se cargaron a la concursado, tales gastos han de ser restituidos por la persona o entidad en cuyo beneficio se llevaron a cabo.

La sentencia apelada, en definitiva, reconoce la obligación de que la entidad bancaria se haga cargo de estos gastos, pero en lugar de ordenar su directa restitución, ordena la compensación con el crédito que la entidad bancaria ostenta contra la concursada, con claro perjuicio de la masa activa del concurso y del resto de los acreedores concursales, infringiendo no solamente el citado artículo 73.1, sino la prohibición expresa del artículo 58 de la Ley Concursal de compensar créditos y deudas del concursado. Y ello además sin que ninguna de las partes haya solicitado esa compensación judicial, lo que determina la incongruencia de este pronunciamiento, con vulneración del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Menos sentido tiene aún el que no se ordene la restitución y se lleve a cabo una compensación no pedida y prohibida por la Ley Concursal, con respecto a las cantidades de que se apropió la entidad bancaria por gastos que la sentencia considera como no justificados. Si tales gastos no estaban justificados, el pago de los mismos debe ser rescindido y las cantidades reintegradas a la masa activa con base a lo que se ha razonado en los párrafo precedentes.

Al respecto además la sentencia condena sólo a la restitución de 231.815,10 €, lo que es incongruente con lo que expone en el fundamento de derecho cuarto, en el cual considera que no se ha justificado el no ingreso a la concursada de esa cantidad, parte de un cheque emitido por BANCA CÍVICA, S.A. a favor de la concursada, y de la de 5.800 € que se corresponde con otro cheque bancario igualmente emitido por BANCA CÍVICA, S.A. a la concursada, en ambos casos como pago del IVA de una compraventa. Por tanto ha de rectificarse la sentencia condenando al reintegro de ambas cantidades.

Cuarto.—Debe pues condenarse a CAIXABANK, S.A., como sucesora de la acreedora BANCA CÍVICA, S.A., a que reintegre a la concursada los gastos de constitución de las prendas e hipotecas que se rescinden, que ascienden a la cantidad de 829.681,48 €, y de las cantidades de 231.815,10 € y 5.800 €, las cuales debieron ser ingresadas por la entidad bancaria a la concursada y no consta que se hiciese sin causa justificada.

Tales cantidades devengarán los intereses prevenidos en el artículo 1.108 del Código Civil desde la presentación de la demanda y los prevenidos en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la fecha de la sentencia.

Quinto.—La desestimación del recurso interpuesto por la concursada conlleva la imposición de las costas procesales de esta alzada correspondientes a dicho recurso a la parte que lo interpuso, de acuerdo con lo dispuesto en esta materia por el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al que se remite el artículo 398 de dicho texto legal en los casos en que la apelación sea desestimada.

Estimándose el recurso planteado por la Administración Concursal, no procede hacer especial imposición de las costas procesales correspondientes al mismo, por así establecerlo el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil si la apelación prospera en todo o en parte.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
Que desestimando el recurso de apelación planteado por el Procurador Don Mauricio Gordillo Alcalá, en nombre y representación de NOVAINDES DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A., y estimando el interpuesto por la Administración Concursal de dicha entidad contra la sentencia dictada el día 9 de noviembre de 2.012 por el Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Sevilla, debemos revocar y revocamos parcialmente dicha resolución en el único particular relativo al pronunciamiento contenido en el apartado segundo del fallo, y al apartado cuarto en lo que resulte afectado, y en su lugar condenamos a CAIXABANK, S.A., como sucesora de BANCA CÍVICA, S.A., a reintegrar a la concursada NOVAINDES DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A. las sumas de UN MILLÓN SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTS (1.067.296,58 €), más los intereses legales desde la presentación de la demanda incidental hasta la fecha de esta sentencia, y desde esta hasta su completo pago, el interés legal incrementado en dos puntos, manteniéndose los demás pronunciamientos de dicha resolución en lo que no se opongan a lo anterior.

Se imponen a NOVAINDES DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A. las costas correspondientes a su recurso y no se hace especial imposición de las costas procesales correspondientes al recurso que se estima.

Una vez firme, devuélvanse a su tiempo las actuaciones originales al Juzgado de donde proceden, con certificación literal de esta Sentencia y despacho para su cumplimiento.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS

Contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil podrán las partes legitimadas optar por interponer el recurso extraordinario por infracción procesal o el recurso de casación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Primera del Tribunal Supremo ( artículos 466 y 478 y disposición final decimosexta LEC ).

En tanto no se confiera a los Tribunales Superiores de Justicia la competencia para conocer del recurso extraordinario por infracción procesal, dicho recurso procederá, por los motivos previstos en el artículo 469, respecto de las resoluciones que sean susceptibles de recurso de casación conforme a lo dispuesto en el artículo 477. Solamente podrá presentarse recurso extraordinario por infracción procesal sin formular recurso de casación frente a las resoluciones recurribles en casación a que se refieren los números 1.º y 2.º del apartado segundo del artículo 477 de esta Ley ( disposición final decimosexta LEC ).

El recurso de casación y, en su caso, el extraordinario de infracción procesal, se interpondrán ante el tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación de aquélla ( artículo 479 y disposición final decimosexta LEC ), previo pago del depósito establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la tasa prevista en la Ley 10/2012.

Artículo 477 LEC . Motivo del recurso de casación y resoluciones recurribles en casación.

1. El recurso de casación habrá de fundarse, como motivo único, en la infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso.

2. Serán recurribles en casación las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales, en los siguientes casos:

1.º Cuando se dictaran para la tutela judicial civil de derechos fundamentales, excepto los que reconoce el art. 24 de la Constitución .

2.º Siempre que la cuantía del proceso excediere de 600.000 euros.

3.º Cuando la cuantía del proceso no excediere de 600.000 euros o este se haya tramitado por razón de la materia, siempre que, en ambos casos, la resolución del recurso presente interés casacional.

3. Se considerará que un recurso presenta interés casacional cuando la sentencia recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo o resuelva puntos y cuestiones sobre los que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales o aplique normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo relativa a normas anteriores de igual o similar contenido.

Cuando se trate de recursos de casación de los que deba conocer un Tribunal Superior de Justicia, se entenderá que también existe interés casacional cuando la sentencia recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial o no exista dicha doctrina del Tribunal Superior sobre normas de Derecho especial de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Artículo 469. Motivos del recurso extraordinario por infracción procesal.

1. El recurso extraordinario por infracción procesal sólo podrá fundarse en los siguientes motivos:

1.º Infracción de las normas sobre jurisdicción y competencia objetiva o funcional.

2.º Infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia.

3.º Infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso cuando la infracción determinare la nulidad conforme a la ley o hubiere podido producir indefensión.

4.º Vulneración, en el proceso civil, de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución .

2. Sólo procederá el recurso extraordinario por infracción procesal cuando, de ser posible, ésta o la vulneración del artículo 24 de la Constitución se hayan denunciado en la instancia y cuando, de haberse producido en la primera, la denuncia se haya reproducido en la segunda instancia. Además, si la violación de derecho fundamental hubiere producido falta o defecto subsanable, deberá haberse pedido la subsanación en la instancia o instancias oportunas.

Artículo 197 Ley Concursal . Recursos procedentes y tramitación.-

7. Cabrá recurso de casación y extraordinario por infracción procesal, de acuerdo con los criterios de admisión previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, contra las sentencias dictadas por las audiencias relativas a la aprobación o cumplimiento del convenio, a la calificación o conclusión del concurso, o que resuelvan acciones de las comprendidas en las secciones tercera y cuarta.

PUBLICACIÓN

Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado que ha sido ponente en estos autos estando celebrando audiencia pública ordinaria la Sección Quinta de esta Audiencia en el día siguiente hábil al de su fecha.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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