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Sentencia A.P. Madrid 448/2013 de 29 de octubre


 RESUMEN:

Acción de reclamación de cantidad: Desestimación por relaciones comerciales de transporte de mercancías, en el sector de la mensajería y paquetería. Resolución anticipada y sin preaviso del contrato.

N.I.G.: 28.079.00.2-2012/0010855

Recurso de Apelación 675/2012

O. Judicial Origen: Juzgado de 1.ª Instancia n.º 3 de Torrejón de Ardoz

Autos de Procedimiento Ordinario 404/2010

APELANTE: TIJERAS & PIÑEIRO 2005 LOGISTICA, SL

PROCURADOR D./Dña. MARIA VICTORIA PATO CALLEJA

APELADO: ENVIALIA WORLD SL

PROCURADOR D./Dña. JUAN BOSCO HORNEDO MUGUIRO

SENTENCIA

TRIBUNAL QUE LO DICTA:

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

D. JUAN VICENTE GUTIERREZ SÁNCHEZ

D. RAMÓN FERNANDO RODRÍGUEZ JACKSON

D. RAFAEL DE LOS REYES SAINZ DE LA MAZA

En Madrid, a veintinueve de octubre de dos mil trece.

La Ilma. Sección Vigésima de la Audiencia Provincial de Madrid, constituida por los Sres. que al margen se expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos civiles Procedimiento Ordinario 404/2010 seguidos en el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 3 de Torrejón de Ardoz a instancia de TIJERAS & PIÑEIRO 2005 LOGISTICA, SL apelante - demandante, representado por el/la Procurador MARIA VICTORIA PATO CALLEJA contra ENVIALIA WORLD SL apelado - demandado, representado por el/la Procurador JUAN BOSCO HORNEDO MUGUIRO; todo ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra Sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 16/04/2012.

VISTO, Siendo Magistrado Ponente D./Dña. JUAN VICENTE GUTIERREZ SÁNCHEZ


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Por Juzgado de 1.ª Instancia n.º 3 de Torrejón de Ardoz se dictó Sentencia de fecha 16/04/2012, cuyo fallo es el tenor siguiente: Se desestima la demanda interpuesta por la procuradora doña VIctoria Pato Calleja en nombre y representación de TIJERAS & PIÑERO 2005 LOGÍSTICA SL, frente a ENVIALIA WORLD SL, y en consecuencia, se absuelve a la demandada de todos los pedimentos esgrimidos en su contra en la demanda. Con condena en costas a la parte actora.

Segundo.—Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, exponiendo las alegaciones en que basa su impugnación. Admitido el recurso en ambos efectos, se dio traslado del mismo a la apelada, que presentó escrito oponiéndose al recurso formulado de contrario. Elevados los autos ante esta Sección, fueron turnados de ponencia, y quedando pendientes de resolución, se señaló fecha para la deliberación y votación, que se ha llevado a cabo por los Magistrados de esta Sección.

Tercero.—En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS JURIDICOS


 
Se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada en los términos de la presente.

Primero.—Ejercita la parte actora "TIJERAS & PIÑERO 2005 LOGÍSTICA, S.L." una acción en reclamación de cantidad frente a "ENVIALIA WORLD, S.L." con la que mantiene relaciones comerciales propias del transporte de mercancías, en el sector de mensajería y paquetería, sin sujeción a contrato y que afirma haber sido finalizadas por decisión unilateral e imposición de la demandada. Reclamada la cantidad de 36.414,48 que se corresponde con cantidades que le ha repercutido la demandada en la facturación por ella elaborada y como indemnización de daños y perjuicios, por resolución anticipada y sin preaviso del contrato.

La entidad demandada se opuso a dichas prensiones. Partiendo de la existencia del contrato de colaboración con la entidad demandada, sostuvo que la finalización de la relación contractual se debió a la sola voluntad de la demandante, al negarse ella a retirar las sanciones que se le habían aplicado a la actora, por incurrir en incumplimientos contractuales consistentes en no ingresar en plazo el importe de los reembolsos cobrados a los clientes o por pérdida de mercancías. Considera también improcedente la reclamación del importe correspondiente a cargos efectuados mensualmente por utilización del sistema informático, que han sido abonados desde el inicio de la relación contractual, así como la cantidad solicitada como indemnización por daños y perjuicios por resolución del contrato.

La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y frente a dicha resolución interpuso recurso de apelación la entidad demandante. Previa una alegación genérica de que la sentencia no es congruente en su expresión y vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva, basó el recurso en tres motivos de impugnación: error en la apreciación de la prueba, en cuanto entiende que de la prueba documental practicada, además de la testifical e interrogatorio, se acreditan los hechos en que sustenta sus pretensiones, efectuando una valoración y análisis de las diferentes pruebas aportadas, de lo que concluye con la procedencia de sus diferentes reclamaciones. En segundo lugar, alegó infracción de normas jurídicas aplicables, en particular las del transporte terrestre de mercancías, y de la jurisprudencia que interpreta la resolución unilateral de las relaciones contractuales, por lo que reiteró la procedencia de la indemnización solicitada por ese concepto. En tercer lugar, impugnó el pronunciamiento por el que se le imponen las costas de primera instancia, al entender que concurren en el caso serias dudas de hecho y de derecho que justifican la aplicación de la excepción establecida en el supuesto final del párrafo primero del artículo 394 de la LEC.

La entidad demandad se opuso al recurso interpuesto de contrario. Solicita su desestimación, en cuanto se limita a reiterar lo alegado en primera instancia, sin desvirtuar lo resuelto en la sentencia apelada, sosteniendo que no incurre en el error en la apreciación de la prueba que se denuncia en el mismo y refleja un criterio completamente acertado, por lo que debe ser confirmada íntegramente.

Segundo.—Delimitadas en los precedentes términos las pretensiones de las partes y examinado lo actuado en primera instancia, compartimos la decisión adoptada en la sentencia objeto de este recurso, al ser la misma plenamente ajustada a la prueba practicada y a la valoración que procede hacer de la misma, lo que permite anticipar que el recuso debe desestimarse, en base a lo siguiente.

La falta de congruencia y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que, según indica la apelante, motivan la interposición del recurso, no pueden ser compartidas. El hecho de que la apelante no comparta decisión adoptada por la Juzgadora de primera instancia y considere que la valoración que hace de la prueba aportada no es acertada, no permite considerar a dicha resolución incongruente o carente de motivación. De su lectura, se comprueba que en la misma se analizan las diferentes pretensiones que formulan las partes y se ofrece una respuesta razonada para rechazarlas, por lo que la misma cumple adecuadamente el deber de motivación y exhaustividad que impone el artículo 218 de la LEC a toda resolución judicial, por lo que ninguna vulneración se ha producido al derecho fundamental de la tutela judicial efectiva de la apelante, que no equivale a obtener una respuesta favorable a lo solicitado, tal como señala reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, como por ejemplo la sentencia de fecha 2 de noviembre de 2012, recurso núm. 681/2010.

Tercero.—Tampoco apreciamos que la sentencia objeto de este recurso incurra en los errores de valoración de la prueba que le atribuye la apelante, al analizar cada uno de los conceptos que reclama a la demandante.

Admitida por ambas partes que la relación contractual existente entre ellas, es la que se deriva de un contrato de colaboración para el transporte de mercancías, en el sector de mensajería y paquetería, en el cual la demandada funciona como central que gestiona y coordina una red de distintas empresas colaboradoras que actúan bajo su marca comercial, la existencia y asunción de pactos que regulan las diferentes infracciones contractuales y sanciones correspondientes por tales incumplimientos, han quedado acreditados tanto por el manual operativo aportado por la demandada, como sobre todo, por el comportamiento de ambas partes durante la vigencia de la relación comercial, en cuanto han sido reiteradas las sanciones impuestas, con independencia de que no todas ellas hayan sido hechas efectivas por la demandante o que la demandada accediera a devolver otras.

Ni antes ni a lo largo de este procedimiento, la demandante discute la procedencia de la imposición de dichas sanciones, sino que la razón de solicitar su reintegro, obedece esencialmente a la finalización de la relación contractual y al hecho de que anteriores sanciones le fueron reintegradas previa reclamación interna. Ninguna de dichas razones puede justificar el reintegro interesado, por cuanto lo único que ampararía dicha pretensión sería la prueba de que se impusieron indebidamente y ninguna prueba se aporta de ello; es más, el comportamiento adoptado por la demandante en el momento en que se hacían efectivas dichas sanciones y posteriormente, en el momento de anunciar su voluntad de resolver el contrato, el 29 de julio de 2009, pone de manifiesto, la aceptación de dichas sanciones, en cuanto manifiesta que estaba ingresando dinero por reembolsos fuera de plazo y que cancelaría lo antes posible la liquidación. En base a todo ello, la aplicación que hace la sentencia apelada de la normativa reguladora de las obligaciones y contratos es la que legalmente corresponde y por tanto debe mantenerse.

Cuarto.—Por lo que se refiere a la cantidad de 1.500 euros, cuyo reintegro solicita la demandante, al haberle sido impuesta una sanción por el extravío de una mercancía procedente de Portugal, lo anteriormente indicado respecto de los reembolsos, es igualmente aplicable a dicha sanción. De la documentación aportada y manifestaciones de quienes intervinieron en el acto del juicio, se acredita la desaparición de las mercancías y la reclamación formulada por ello por el perjudicado; consta igualmente la notificación, el día 10 de junio de 2006, que hizo la demandada a la demandante de la sanción impuesta por dicha situación, en la que se indicaba, que dicha medida se encontraba justificada en lo establecido en la OT.MON-30, así como la posibilidad de recurrir ante el departamento de calidad. Ante a dicha comunicación, la demandante no acredita haber formulado reclamación alguna; por el contrario, en el fax remitido el 29 de julio de 2009, manifiesta a la demandada que en la nómina del mes de junio había descontado a sus mensajeros y repartidores la parte proporcional de dicha sanción. Asumida dicha situación, no puede posteriormente actuar contradictoriamente con dicho comportamiento, por el solo hecho de que haya finalizado la relación contractual con la demandada.

Quinto.—Impugna también la apelante, la desestimación que hace la sentencia de la reclamación de 1.879,20 euros, que se corresponden con los 90 euros cobrados durante los doce meses del año 2008 y ocho del 2.009, por el concepto "Envialia-Net Facturación", que entiende se ha efectuado indebidamente, en cuanto carece de justificación alguna. El motivo debe desestimarse. Como señala la sentencia de primera instancia, dicho pago y por el mismo concepto, se ha abonado regularmente durante todos los años que ha durado la relación comercial entre las partes aquí enfrentadas, por lo que no parece justificada la oposición a que se le repercuta ese servicio durante los últimos dos años; el derecho a percibir dicha cantidad por la entidad demandada, encuentra su justificación en el propio funcionamiento del sistema de colaboración existente entre las partes, en cuanto del mismo se beneficiaban las dos, ambas lo han asumido y cumplido regularmente y no se ha cobrado mensualidad alguna en la que no estuviera vigente el contrato, por lo que los cobros realizados por la demandante fueron debidamente efectuados, en cuanto derivaban de un contrato válidamente celebrado entre ellas.

Sexto.—Por lo que se refiere a la indemnización solicitada por la resolución anticipada de las relaciones contractuales, propias del sector del transporte, la desestimación de dicha reclamación, debe también mantenerse. La aplicación de la normativa especial invocada por la apelante requiere determinar previamente quien ha resuelto el contrato y de la prueba practicada se ha acreditado que quien tomó la decisión de extinguir el contrato fue la entidad demandante; a pesar de las manifestaciones de los testigos, apoyando cada uno de ellos la tesis mantenida por la parte que la propone, de lo reflejado en el fax remitido el día 29 de julio de 2008 de la demandante a la demandada, consta el anuncio de su voluntad de resolver el contrato el día 15 de agosto, describe además, una situación de conflictividad y dificultades de funcionamiento de la demandante; ante dicha manifestación, la reacción de la demandada de enviar a su representante de zona y recoger, el día 4 de agosto, las mercancías existentes en la sede de la demandante, ha de considerarse justificada, precisamente porque el anuncio de resolución y la situación que describe la demandante de su funcionamiento en esos momentos, afectaba directamente al sistema de colaboración concertado entre ella y con ello a los clientes remitentes o receptores de dichas mercancías, como señala la propia apelante.

La desestimación de dicha pretensión se deriva además, de la falta de prueba de que los daños y perjuicios reclamados sean los efectivamente ocasionados por dicha resolución. Tanto la normativa especial, como la establecida con carácter general en los artículos 1.101 y ss del código civil, exigen la prueba precisa y plena de los daños y perjuicios reclamados y la cantidad que se solicita en la demanda, carece de soporte probatorio suficiente para ser acogida.

En consecuencia el motivo de impugnación se desestima.

Séptimo.—Tampoco puede acogerse el motivo de impugnación referido a las costas procesales. La aplicación de esos criterios de existencia de dudas de hecho o de derecho a la hora de efectuar el pronunciamiento sobre las costas procesales, en cuanto excepción al principio general del vencimiento objetivo, deben ser de interpretación restrictiva y, además ser dudas fundadas y razonables; es decir en términos de objetividad, ajenos a la incertidumbre que todo proceso conlleva. Como señala la sentencia de la Sec. 19.ª de esta Audiencia de fecha 6 de abril de 2011, el principio del vencimiento objetivo opera, no sólo desde una vertiente sancionadora, sino también con proyección positiva, atendiendo al principio de causalidad, que implica que la sola circunstancia de provocar la intervención de una parte en un procedimiento, con los gastos procesales y costas que ello supone, produce una serie de consecuencias, lo que unido al principio de autorresponsabilidad, determina que cada parte debe responder de las consecuencias de sus propios actos, sobre todo cuando inciden patrimonialmente en otro.

Octavo.—Lo indicado, conlleva la desestimación del presente recurso, con la imposición de las costas procesales causadas en esta alzada a la parte apelante, todo ello en aplicación del art. 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La desestimación del recurso conlleva también la pérdida del depósito constituido para recurrir ante el Juzgado de primera Instancia, en base a lo establecido en la Disposición Adicional 15.ª de la LOPJ, y al que deberá darse el destino legalmente establecido.

VISTOS los artículos citados y demás de pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
SE DESESTIMA el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la entidad "TIJERAS& PIÑERO 2005 LOGÍSTICA S,L", contra la sentencia de fecha 16 de abril de 2012, dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de los de Torrejón de Ardoz , en los autos de Procedimiento Ordinario n.º 404/2.010, la cual SE CONFIRMA ÍNTEGRAMENTE

Todo ello con imposición de las costas causadas en esta alzada a la parte apelante y con pérdida del depósito constituido para recurrir

MODO DE IMPUGNACION: Se hace saber a las partes que frente a la presente resolución cabe interponer Recurso de Casación y/o Extraordinario por Infracción Procesal, en los supuestos previstos en los artículos 477 y 468 respectivamente de la LEC en relación con la Disposición Final 16.º de la misma Ley, a interponer en el plazo de VEINTE DÍAS ante este mismo órgano jurisdiccional. Haciéndose saber a las partes que al tiempo de la interposición de los mismos, deberán acreditar haber constituido el depósito que, por importe de 50 euros, previene la Disposición Adicional Decimoquinta de la L.O.P.J., establecida por la Ley Orgánica 1/09, de 3 de noviembre, sin cuyo requisito el recurso de que se trate no será admitido a trámite, excepto en los supuestos de reconocimiento expreso de exención por tener reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita. (Caso de interponerse ambos recursos deberá efectuarse un depósito de 50 euros por cada uno de ellos).

Dicho depósito habrá de constituirse en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección abierta con el n.º 2838 en la sucursal 1036 de Banesto sita en la calle Ferraz n.º 41 de Madrid.

Asimismo se deberá aportar debidamente diligenciado el modelo 696 relativo a la tasa judicial correspondiente a los recursos de que se trate, en los casos en que proceda.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándosele publicidad en legal forma y expidiéndose certificación literal de la misma para su unión al rollo. Doy fe


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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