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Sentencia A.P. Málaga 539/2013 de 30 de octubre


 RESUMEN:

Reclamación de cantidad: Desestimación de oposición planteada a juicio monitorio, ya que se expone o alega sucintamente las razones por las que no se debe la cantidad reclamada. Plazo de prescripción de acciones en las compraventas mercantiles: Aplicación de quince años.

AUDIENCIA PROVINCIAL MALAGA

Sección 5.ª

REFERENCIA:

JUZGADO DE PROCEDENCIA: JUZG. N.º 19 DE MALAGA

ROLLO DE APELACION N.º 185/12

JUICIO N.º 832/11

En la ciudad de Málaga, a treinta de octubre de dos mil trece.

Visto en grado de apelación por Doña Inmaculada Melero Claudio, Magistrado de la Sección Quinta de esta Audiencia Provincial, los autos de Juicio Verbal n.º 832/11 procedentes del Juzgado de Primera Instancia Número Diecinueve de Málaga, sobre reclamación de cantidad, seguidos a instancia de SKARE SPAIN, SL. contra la entidad LOS CHALANES DELICATESSEN, S.L.; pendientes ante esta Audiencia en virtud de recurso de apelación interpuesto por LOS CHALANES DELICASTESSEN S.L. contra la sentencia dictada en el citado juicio.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia el día 29 de junio de 2011 en el juicio antes dicho, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: "Que estimando la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales Doña Angélica Martos Alfaro, en nombre y representación de la entidad Skare Spain, S.L., asistido del letrado D. Vicente Acosta Román, contra la entidad Los Chalanes Delicatessen, S.L, representado por el Procurador de los Tribunales D. Carlos Buxo Narváez y asistido del Letrado Don Salvador Luque Fernández debo condenar y condeno a la parte demandada al pago de la cantidad de 1.600,22 Euros, y a los intereses legales desde la interposición de la demanda, con imposición de las costas judiciales".

Segundo.—Interpuesto recurso de apelación y admitido a trámite, el Juzgado realizó los preceptivos traslados y una vez transcurrido el plazo elevó los autos a esta sección de la Audiencia, donde se formó rollo y se ha turnado la ponencia.

Tercero.—- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo Ponente como único Magistrado la Iltma. Sra. Doña Inmaculada Melero Claudio, conforme a la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de Reforma de la Legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en concreto su artículo 82 que en su número 2.1.º dispone que las Audiencias Provinciales conocerán en el orden civil de los recursos contra resoluciones de los Juzgados de Primera Instancia que se sigan por los trámites del Juicio Verbal por razón de la cuantía constituyéndose con un solo Magistrado, mediante turno de reparto.


FUNDAMENTOS JURIDICOS


 
Primero.—Frente a la resolución pronunciada por el Juzgado de Primera Instancia Número Diecinueve de los de Málaga, se alza la apelante entidad LOS CHALANES DELICATESEN, S.L. alegando que, en primer lugar, el motivo del recurso de apelación viene dado por el contenido del fundamento jurídico de la sentencia objeto de apelación, ya que es donde se contiene el rechazo a la oposición planteada al Juicio Monitorio instado en su día, sobre la base de que las alegaciones expuestas en la vista oral del Juicio Verbal no se habían expuesto en el momento de la personación y oposición en el referido Juicio Monitorio. Y a este respecto, mantiene que se opuso en forma a la demanda, ya que como indica el artículo 815 de la LEC, la oposición tan sólo debe alegar sucintamente las razones por las que no debe la cantidad reclamada, extremo éste apoyado por la jurisprudencia y por la propia doctrina.

Añade que en el presente supuesto, se opuso a la demanda inicial alegando que no son correctas las facturas cuyo importe se reclaman, ya que como se demostró posteriormente, la forma de tales facturas en modo alguno se asemeja a las que ella tramita y acepta, manifestando también que no tenía constancia de tales facturas no tampoco deuda alguna con la actora. Denuncia también que la Juzgadora de instancia no entra a analizar la prueba testifical, ni la prescripción alegada, entendiendo que la demanda tenía que haber sido contestada en forma, como si de un Juicio Verbal se tratara.

Por último incide en que la Juzgadora sin razonamiento previo alguno, da por buena la reclamación planteada de contrario y no presta la más mínima atención al testigo al que ignora y al que ni siquiera hace alusión en la sentencia.

Segundo.—Ante un juicio monitorio que se transforma en verbal por la oposición del deudor, la cuestión que se plantea es la de si el deudor-demandado puede, en el acto de la vista del juicio verbal invocar otras causas de oposición distintas de las expuestas en su escrito de oposición del monitorio.

Lo primero que debe advertirse al Juzgado a quo es que dicha cuestión no se ha sido resuelta por el Tribunal Supremo en su sentencia de fecha 23 de julio de 2010, porque en la misma el Alto Tribunal desestima la demanda por error judicial interpuesta contra la sentencia que condenó a los demandantes al pago de las cuotas debidas a la Comunidad de propietarios, declarando la Sala que la doctrina que aplica la resolución contra la que se dirige la demanda de error judicial, consistente en declarar precluida la posibilidad de formular excepciones en la vista del juicio verbal que no hayan sido hechas valer en el escrito de oposición a la petición de proceso monitorio, ha sido mantenida por diversas Audiencias Provinciales, por lo que no puede considerarse manifiestamente errónea la sentencia impugnada.

La cuestión ha dado lugar a soluciones contradictorias en los Tribunales.

La contestación negativa (no pueden invocarse en el acto de la vista del juicio verbal causas de oposición distintas de las expuestas en el escrito de oposición del monitorio) es la mantenida en la sentencia de la Sección 13 de la Audiencia Provincial de Madrid de 11 de octubre de 2007; de la Sección 6 de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, de 7 de octubre de 2010, en la que se dice seguirse el acuerdo adoptado por unanimidad en la Sala General de Magistrados de Secciones del orden civil sobre unificación de criterios el día 12 de diciembre de 2005; de la Sección 4 de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo, de 13 de julio de 2010; en la que se dice que es el criterio de todas las Secciones de esta Audiencia; de la Sección 7 de la Audiencia Provincial de Valencia de 4 de octubre de 2010; de la Sección 11 de la Audiencia Provincial de Valencia de 21 de junio de 2010, de la Sección 6 de la Audiencia Provincial de Valencia de 7 de mayo de 2010; de la Sección 1 de la Audiencia Provincial de Salamanca de 18 de octubre de 2010; de la Sección 1 de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Pontevedra, de 13 de mayo de 2010; de la Sección 4 de la Audiencia Provincial de Murcia de 27 de julio de 2010.

La contestación positiva (si pueden invocarse en el acto de la vista del juicio verbal causas de oposición distintas de las expuestas en el escrito de oposición del monitorio) es la mantenida en la sentencia de la Sección 1 de la Audiencia Provincial de Ávila de 10 de junio de 2010; de la Sección 16 de la Audiencia Provincial de Barcelona de 19 de octubre de 2010; de la Sección 5 de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca.

Las resoluciones judiciales que mantienen la contestación positiva (si pueden invocarse en el acto de la vista del juicio verbal causas de oposición distintas de las expuestas en el escrito de oposición del monitorio), parten de una radical distinción entre el previo juicio monitorio y el posterior juicio declarativo verbal y se argumenta que no existe precepto alguno que limite la oposición en el juicio verbal a las causas que se hubieran invocado en el escrito de oposición del juicio monitorio y que no habría indefensión para el demandante acreedor, pues se encontraría en la misma posición que el demandante en un juicio verbal sin previo juicio monitorio, el cual ignora las causas de oposición que el demandado- deudor invocará en el acto de la vista del juicio verbal.

Las resoluciones judiciales que mantienen la contestación negativa (no pueden invocarse en el acto de la vista del juicio verbal causas de oposición distintas de las expuestas en el escrito de oposición del monitorio) parten de la estrecha vinculación funcional entre el previo juicio monitorio y el posterior juicio declarativo verbal que no sería más que el cauce procedimental para resolver la oposición expresada en el monitorio, argumentándose que la contestación contraria quebrantaría los principios de buena fe y preclusión de alegaciones de motivos no alegados en el declarativo posterior, ya que el artículo 815 de la Ley de Enjuiciamiento Civil exige que el deudor, en el escrito de oposición, " alegue sucintamente las razones por las que, a su entender, no debe la cantidad reclamada ", exigencia que no es gratuita, y que responde al principio de la buena fe procesal (artículo 11 Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 247.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), que impone a las partes el deber de no ocultar a la contraria los fundamentos de su pretensión, de modo que, no le es dado reservarse " las razones ", sino que debe exponerlas, aunque de manera sucinta. Añaden que aunque es verdad que ni el artículo 815 Ley de Enjuiciamiento Civil ni ningún otro de los que específicamente regulan el juicio monitorio (artículos 812 a 818 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) contienen referencia ninguna a las consecuencia que habrán de derivarse del hecho de que el escrito de oposición se aleguen unas razones, y en el juicio posterior se exponga otras diferentes; sin embargo, no parece que fuera imprescindible esa previsión especial del legislador, pues el artículo 136 de la Ley de Enjuiciamiento Civil contempla, con carácter general, el efecto preclusivo del transcurso del término señalado para la realización de los actos procesales, de modo que la conjunción de ambos principios, el de buena fe y el de preclusión, llevan a concluir que, sin constreñir el derecho de defensa, sólo podrán ser desarrolladas en el juicio posterior las razones que hubieren sido alegadas en el escrito de oposición, pero no aquellas otras que, conocidas ya entonces por el deudor, no las hubiere desvelado.

Tercero.—Este Tribunal considera que tales procesos plenarios son independientes y autónomos frente al proceso monitorio, ya fenecido o enervado por la oposición, y en ellos no existe limitación alguna a las alegaciones que las partes puedan hacer en defensa de sus respectivas posiciones respecto al objeto del proceso. Por eso, y aunque no desconocemos que existe alguna línea interpretativa y judicial contraria, ni el deudor se ve limitado a estructurar la contestación a la demanda conforme a los motivos o razones de oposición al requerimiento de pago, ni el acreedor está constreñido a formular su demanda en los exactos términos en que redactara la petición inicial.

Las razones de tal conclusión son claras. Así, en primer término, ni tal limitación la establece expresamente la Ley de Enjuiciamiento Civil al regular la conexión entre el proceso monitorio y el plenario posterior, ni se puede considerar implícita en esa regulación. En segundo término, y ante tal silencio normativo, la interpretación contraria, esto es, la que impusiera aquellas limitaciones, sería conculcadora del derecho a la tutela judicial efectiva, que implica, obviamente, la mayor libertad y amplitud en el ejercicio de los derechos subjetivos, a no ser que, por motivo fundado y proporcionado, el Legislador introduzca expresamente alguna limitación. Y, en tercer lugar, sería, desde la propia dinámica procesal, imposible aquella limitación, pues si en la petición inicial, que puede realizarse en un simple formulario, no se exige al solicitante ninguna exposición de los hechos y fundamentos de derecho, ni podría hacerlo con la corrección precisa al no ser preceptiva la intervención de Abogado, se iniciaría un juicio ordinario posterior sin el principal acto procesal de alegación; por la misma razón, no cabría imponer al deudor esa limitación, cuando su oposición no requiere de otra manifestación que la " sucinta" indicación de las razones por las que, a su juicio, no debe en todo o en parte la cantidad reclamada, de manera que limitarle las excepciones y medios de defensa de que pudiera disponer en juicio plenario, supondría, además de un atentado a la tutela efectiva, desnaturalizar la esencia de ese proceso posterior.

Para terminar, la única conexión que cabe detectar entre el proceso monitorio y el plenario posterior, es la identidad de partes y la del crédito, junto con la conexión competencial que se establece, tendente a que el mismo Juez conozca de aquél y éste y pueda activar la sanción en costas para el caso del acreedor que, acudiendo al monitorio, luego no esté dispuesto a poner en liza su derecho de crédito en el plenario posterior (artículo 818.2).

Cuarto.—Expuesto lo anterior, procede pues examinar la excepción de prescripción alegada, y para apreciar si la acción está prescrita o no es preciso acudir a la naturaleza jurídica del contrato, en concreto averiguar si se trató de una compraventa civil o mercantil, dado que si de la primera se tratase, la acción estaría prescrita de conformidad con lo previsto en el artículo 1967.4 del C. Civil, y si de mercantil se estuviese hablando, no estaría prescrita pues los quince años aún no habrían transcurrido; de manera que resulta crucial la valoración que se haga de la naturaleza del contrato. La parte actora SKARE SPAIN, S.L., es una sociedad mercantil, cuyo objeto social es " la importación y exportación, venta y distribución de carne fresca y congelada y productos alimenticios. Asimismo será objeto de la Sociedad la realización de inversiones tanto en el mercado inmobiliario como mobiliario, mediante la adquisición, enajenación y/o participación por cualquier medio admisible en Derecho de bienes inmuebles o valores mobiliarios....", por su parte demandada entidad LOS CHALANES DELICATESSEN, es igualmente una sociedad limitada, que adquirió la carne, para el desarrollo de su actividad.

El art. 325 del Código de Comercio, reputa mercantil la compraventa de cosas muebles para revenderlas, bien en la misma forma en que se compraron o bien en otra diferente, con ánimo de lucrarse en la reventa; y por su parte el art. 326 del mismo cuerpo legal, no reputa mercantiles las compras de efectos destinados al consumo del comprador o de las personas por cuyo encargo se adquieren; y así podemos considerar que la interpretación conjunta de los dos artículos citados, el 325 y el 326 ambos del Código de Comercio permiten considerar mercantil la adquisición de productos que se van a integrar en el proceso productivo, negocial o especulativo del adquirente.

Las razones excluyentes cuentan a su favor con unos argumentos transcendentales, puesto que carece de lógica distinguir entre las compras efectuadas por los comerciantes según las destinen al consumo industrial o a la reventa, y más aún si se observa la notable divergencia que media entre los dos posibles plazos prescriptivos, y porque la duda que suscita el acogimiento de una u otra interpretación habrá de resolverse siguiendo las pautas restrictivas en la consolidada doctrina acerca del tratamiento que ha de merecer la prescripción como instituto no basado en la justicia intrínseca. De todos modos, aun cuando regulaciones insuficientes o defectuosas impliquen quiebra del principio de seguridad jurídica, la necesidad de una interpretación con un mínimo grado de uniformidad y certeza, ha venido a alcanzársela en la jurisprudencia menor, que ha optado decididamente por excluir del artículo 1.967.4, las ventas para el consumo empresarial (Sentencia de. 24 de febrero de 1.992 de la Audiencia Provincial de Madrid, 25 de mayo de 1.992 de la Audiencia Provincial de Pontevedra, de 25 de julio de 1.992 de la Audiencia de Córdoba, 20 de octubre de 1.992 y 29 de junio de 1.993 de la Audiencia Provincial de Granada y 28 de abril de 1.993 de la Audiencia Provincial de Santander). En efecto, una interpretación correcta de los artículos 325 y 326 del C de C nos lleva a la conclusión de que no son compraventas civiles aquellas compras realizadas por empresas o particulares dedicados a una explotación industrial, mercantil o agrícola, con o sin transformación de la mercancía o incorporada ésta al revender, cuando los productos comprados no están destinados al consumo particular o familiar de la persona o de la empresa o cuando exceden de éste, especialmente en los supuestos en que las mercancías adquiridas se identifica con actividad empresarial o negocial de producción o transformación del comprador.

Y en el supuesto ahora enjuiciado y sometido a la consideración de este Tribunal de apelación, por la entidad LOS CHALANES DELICATESSEN, S.L. se adquieren los productos cárnicos para su comercialización en su restaurante, por lo se concluye que el contrato tenía naturaleza mercantil al que es de aplicación el plazo de prescripción de quince años que no habrían transcurrido, lo que nos permite entrar a analizar y valorar el fondo de la litis, a saber si puede considerar acreditada la compraventa cuyo precio se reclama.

Y un renovado examen de las actuaciones y el visionado del soporte audiovisual conducen a este Tribunal a estimar que ha quedado debidamente acreditada la compraventa cuyo precio se reclama; y ello porque ha quedado probada la existencia de relaciones comerciales entre las partes, mediante la cual la entidad SKARE SPAIN, S.L. suministró a LOS CHALANES DELICATESSEN, S.L. los productos cárnicos a que se refieren las facturas aportadas como documentos 2, 3, 4, y 5 acompañadas con la petición inicial del procedimiento monitorio, sin que como de forma acertada razona la resolución impugnada, se haya probado por la parte demandada que se reclamen en esta litis la partida de carne no conforme con su calidad y que fue devuelta en su momento, puesto que el testigo Don Benigno, a la sazón cocinero de la entidad recurrente, relató al Tribunal que una partida de carne no cumplió con las expectativas, que se habían pedido unos 200 0 300 entrecot, y que fue ésta la partida con la que tuvieron problemas, devolviéndose la misma, mientras que por el contrario, las facturas reclamadas corresponden a suministros de más de 180 kilos de carne.

Cuarto.—Que al desestimarse el recurso de apelación, a tenor de lo previsto en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas de esta alzada se impondrán a la parte recurrente.


FALLO


 
Se desestima el recurso de apelación formulado por el Procurador Don Carlos Buxó Narváez, en nombre y representación de la entidad LOS CHALANES DELICATESSEN, S.L., contra la sentencia dictada en fecha 29 de junio de 2011 por el Juzgado de Primera Instancia n.º 19 de los de Málaga, en los Autos Civiles de Juicio Verbal n.º 832/11, y en su consecuencia se confirma íntegramente la sentencia, imponiendo expresamente a la recurrente las costas de esta alzada.

Notifíquese esta resolución a las partes personadas haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno.

Devuélvanse los autos originales con testimonio de ella al Juzgado de procedencia a sus efectos.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION. - Leída y publicada fue la anterior resolución por la Iltma. Sra. Magistrado Ponente, celebrándose audiencia pública. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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