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Sentencia A.P. Madrid 499/2013 de 22 de noviembre


 RESUMEN:

Acción de reembolso: Desestimación en concepto de daños y perjuicios que le fue reconocida a la perjudicada por la muerte de su marido a raiz de una mala praxis médica atribuida a un médico integrado en el cuadro de facultativos que le proporcionó la aseguradora sanitaria demandada. La responsabilidad de la asegurada tiene carácter contractual.

N.I.G.: 28.079.00.2-2012/0011962

Recurso de Apelación 742/2012

O. Judicial Origen: Juzgado de 1.ª Instancia n.º 67 de Madrid

Autos de Procedimiento Ordinario 1814/2010

APELANTE: IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

PROCURADOR D./Dña. MANUEL LANCHARES PERLADO

APELADO: ZURICH INSURANCE PLC. SUCURSAL EN ESPAÑA

PROCURADOR D./Dña. MARIA ESTHER CENTOIRA PARRONDO

SENTENCIA

TRIBUNAL QUE LO DICTA:

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

D. JUAN VICENTE GUTIERREZ SÁNCHEZ

D. RAMÓN FERNANDO RODRÍGUEZ JACKSON

D. RAFAEL DE LOS REYES SAINZ DE LA MAZA

En Madrid, a veintidós de noviembre de dos mil trece.

La Ilma. Sección Vigésima de la Audiencia Provincial de Madrid, constituida por los Sres. que al margen se expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos civiles Procedimiento Ordinario 1814/2010 seguidos en el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 67 de Madrid a instancia de IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS apelante - demandante, representado por el Procurador MANUEL LANCHARES PERLADO contra ZURICH INSURANCE PLC. SUCURSAL EN ESPAÑA apelado - demandado, representado por la Procuradora MARIA ESTHER CENTOIRA PARRONDO; todo ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra Sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 27/01/2012.

VISTO, Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. RAFAEL DE LOS REYES SAINZ DE LA MAZA


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Por Juzgado de 1.ª Instancia n.º 67 de Madrid se dictó Sentencia de fecha 27/01/2012, cuyo fallo es el tenor siguiente: "Que desestimando la demanda presentada por Igualatorio Médico Quirúrgico S.A. de Seguros y Reaseguros contra Zurich España Cía. De Seguros y Reaseguros S.A., todos ellos con la representación y asistencia ya citadas. 1.º- Debo absolver y absuelvo a la demandada de las pretensiones deducidas en su contra. 2.º- Debo imponer e impongo el pago de las costas del procedimiento a la demandante.".

Segundo.—Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, exponiendo las alegaciones en que basa su impugnación. Admitido el recurso en ambos efectos, se dio traslado del mismo a la apelada, que presentó escrito oponiéndose al recurso formulado de contrario. Elevados los autos ante esta Sección, fueron turnados de ponencia, y quedando pendientes de resolución, se señaló fecha para la deliberación y votación, que se ha llevado a cabo por los Magistrados de esta Sección.

Tercero.—En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS JURIDICOS


 
Primero.—Frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 4 de Alcobendas por la que se desestimaba la acción de reembolso ejercitada por Igualatorio Médico Quirúrgico, S.A. de Seguros y Reaseguros contra Zürich España Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. en reclamación de 55.116,72 €, más 8.343,77 € por intereses, que fue la mitad de la cantidad que en concepto de daños y perjuicios le fue reconocida y que abonó a Dña. Graciela con ocasión de la muerte de su marido a raíz de una mala praxis médica atribuida a la Dra. Maribel, médico integrado en el cuadro de facultativos que le proporcionó la aseguradora sanitaria demandada, interpuso recurso de apelación la entidad actora.

Tanto la actora como la referida doctora fueron condenadas mediante Sentencia de 8 de mayo de 2.007 dictada por el Juzgado de 1.ª Instancia de Bilbao en el Juicio Ordinario n.º 11/2.005, a satisfacer solidariamente a Dña. Graciela la cantidad de 109.144,97 €. Dicha Sentencia fue confirmada por la de 12 de diciembre de 2.007 de la Sección 3.ª de la AP de Vizcaya, habiendo devenido firme tras no ser admitido a trámite el recurso de casación interpuesto contra la misma.

Se adujeron los siguientes motivos de impugnación:

1.º) Que la Sentencia de instancia incurría en error de derecho al equiparar la responsabilidad contractual de IMQ frente al paciente, que había sido apreciada de forma objetiva y por hecho ajeno, con la comisión de la acción con resultado dañoso y la culpa subjetiva en dicha acción.

2.º) Que la ausencia de culpa subjetiva de IMQ debía conducir a que repitiese contra el verdadero causante del hecho dañoso, sin perjuicio de que hubiese respondido en un primer momento frente al perjudicado.

Segundo.—Para la resolución del presente supuesto nada mejor que partir de las resoluciones de las que trae causa el presente procedimiento, y sobre todo de la SAP de Vizcaya de 12 de diciembre de 2.007 que confirmó la dictada en la instancia, y que es firme.

La Sentencia de instancia condenó a la recurrente y a la doctora entonces demandada a que abonasen solidariamente a la perjudicada la suma de 109.144,97 euros, más el interés legal incrementado en dos puntos. En dicha resolución, y para dilucidar la posición jurídica que pudiere tener la entidad IMQ en relación con el resto de las partes del procedimiento, citó la STS de 4 de octubre de 2.004. En concreto, y de dicha STS transcribió lo siguiente:

"Asistencia Sanitaria Colegial Sociedad Anónima de Seguros, en el motivo segundo, denuncia la infracción del artículo 1.903.4 del Código Civil , en relación con el artículo 1.692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Afirma que su responsabilidad se ha declarado sin prueba de la existencia del necesario vínculo de dependencia del médico y de la titular de la clínica, también demandados, respecto de ella.

Por el motivo tercero, con el mismo apoyo procesal, atribuye a la Sentencia recurrida la infracción del artículo 1.091 del Código Civil . Aduce que como aseguradora estaba obligada, a cambio del cobro de una prima, exclusivamente al pago de cada acto médico solicitado por sus asegurados, pero no a responder por la negligencia de los profesionales que habían elegido libremente aquellos.

Los dos motivos deben ser desestimados. El segundo, porque el daño se produjo en el ámbito de la relación contractual que mediaba entre la demandante y la recurrente. Y el tercero, porque la Audiencia Provincial declaró probado que la recurrente había asumido la obligación de prestar a sus afiliados los servicios médicos y porque, aunque no haya sido destacado en la instancia (falta de claridad y concreción que lleva a integrar el factum en ese sentido), la prueba evidencia que promocionaba sus servicios, no sólo destacando las ventajas de los mismos (la elección de médico de entre los incluidos en su lista y el pago por su parte de cada acto asistencial), sino también garantizando expresamente una correcta atención al enfermo. Prestación de garantía incluida en la oferta de contrato y, al fin, en la reglamentación negocial, de acuerdo con las normas de protección de los consumidores, que resultó incumplida, como se ha señalado antes.

Como declaró, para un caso similar, la Sentencia de 19 de junio de 2.001 , la entidad recurrente asumió, además del pago de los gastos médicos, la efectiva prestación de la asistencia sanitaria por medio de los facultativos, los medios y en las condiciones y requisitos que la póliza detallaba, los cuales no eran de absoluta libre elección por la demandante asegurada, de modo que ésta se vio en la necesidad de limitar su decisión al cuadro de centros y profesionales que le fue ofrecido".

También se extractó la STS de 10 de noviembre de 1.999, y más en concreto lo siguiente:

"Los motivo cuarto y sexto del recurso, ambos con cobertura en el art. 1692.4 LEC - uno, por quebrantamiento del art. 1903 párr. 4 CC y de la doctrina jurisprudencial que lo desarrolla, puesto que, según reprocha, la sentencia de instancia no ha tenido en cuenta que el Dr. D. Marcial no formaba parte del cuadro médico de Mutua V. I., sino que el mismo era contratado bajo la forma de arrendamiento de servicios y retribuido por acto médico; y otro, por conculcación del art. 1544 CC , en relación con los arts. 1091 y 1107 de este texto legal , pues, según aduce, la resolución recurrida no ha tenido en cuenta que el facultativo demandado no pertenecía a la plantilla de médicos adscritos a la recurrente y su contratación revistió la fórmula del arrendamiento de servicio con retribución por acto médico, - se examinan conjuntamente por su unidad de planteamiento y se desestiman porque el hecho de que Don. Marcial. no poseyera la condición de empleado de Mutua V. I., sino que se tratara de un profesional ligado a la misma en virtud de un arrendamiento de servicios y al que se le pagaba por cada actuación concreta, es indiferente a los efectos de apreciar la obligación reparatoria civil, directa y solidaria, de esta recurrente, debido a que la responsabilidad por hecho ajeno aparece suficientemente concurrente, con apoyo probatorio adecuado, pues entre Mutua V. I. y el médico medió conexión contractual, correspondiente a arrendamiento de servicios, y si bien la misma no crea propia relación jerárquica, si genera la contractual relativa a dicho contrato, como han sentado las TS SS 12 Feb. 1990 y 2 Nov. 1999 , la que resulta incrementada por la especialidad que supone la prestación de servicios sanitarios a fin de procurar la mejora de la salud de las personas aseguradas mediante la oportuna póliza; la sentencia del TS citada en último lugar sienta la doctrina, que por su aplicación al supuesto de este debate, expresamos a continuación: « dicha responsabilidad convive con la también contractual entre aseguradora y asegurado, y obliga a aquélla a prestar la asistencia no sólo correspondiente al padecimiento de cada enfermo, sino la más segura y eficaz que alcanza a la elección del facultativo adecuado y que se pone al servicio del cliente, quien resulta defraudado si la asistencia facilitada resulta incorrecta y, como sucede en este caso, con graves consecuencias en la salud, derivadas de la actuación carente de la diligencia y pericia debida del facultativo que atendió a la lesionada; con lo que vino a solidarizarse con el resultado negativo producido, por lo que debe asumir las correspondientes responsabilidades, no sólo por el hecho ajeno, sino también por el hecho propio, dándose yuxtaposición de culpas: la contractual referida (aseguradora-asegurado) y la extracontractual, ésta en relación a la actuación del médico en su tratamiento al enfermo, habida cuenta de que en el supuesto de responsabilidad médica por asistencia prestada a un paciente concurren conjuntamente los aspectos contractual y contractual ( TS SS 7 Feb. 1990 y 22 Feb. 1991 ), actuando la extracontractual para completar la contractual (TS SS 11 Mar . y 8 Jul. 1996 )». En cualquier caso, el art. 26 L 26/1984 de 19 Jul., General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, será de aplicación en el supuesto del debate, al disponer que «las acciones u omisiones de quienes producen, comportan, suministran o facilitan productos o servicios a los consumidores o usuarios darán lugar a la responsabilidad de aquéllos, a menos que conste o se acredite que se han cumplido debidamente las exigencias y requisitos reglamentariamente establecidos y los demás cuidados y diligencias que exige la naturaleza del producto, servicio o actividad»".

Tras la doctrina jurisprudencial expuesta, la Sentencia de instancia concluye que " se comparten plenamente los argumentos expuestos por las resoluciones citadas. Dentro del título general del seguro de personas se de extinguir el seguro de enfermedad o de salud, y el seguro de asistencia sanitaria, que es un seguro de prestación de servicios por el que la asegurador asume la prestación de los servicios médicos y quirúrgicos, dentro de los límites y condiciones que las disposiciones reglamentarias determinen, sin que el asegurado, en principio, tenga derecho a una suma dineraria que, sin embargo, constituye el objeto del seguro de enfermedad. Mientras que en el seguro de enfermedad el asegurado no puede reclamar una asistencia concertada de la asegurador, sino sólo una indemnización o resarcimiento del daño surgido por el tratamiento o curación de una enfermedad en centros ajenos al asegurador y por profesionales no dependientes de este, dentro de los límites cuantitativos convenidos, en el seguro de asistencia sanitaria el objeto de cobertura es la existencia misma o la prestación del servicio médico, de ahí que su regulación no quede exclusivamente al arbitrio de las partes y los poderes públicos se reserven potestades reglamentarias. En este último sí existe un derecho del asegurado a una protección más cuidadosa y a una tutela más efectiva frente a las extralimitaciones o ejercicio abusivo de los derechos por el asegurador, sin olvidar, pese a ello, que es a los poderes públicos una y no a las compañías aseguradoras privadas, en las que el ánimo de lucro preside o determina su actuación, a los que compete garantizar la seguridad y la salud, entre otros derechos, de los ciudadanos, según los artículos 43 y 51 de la Constitución . Como con acierto alega la actora, a la vista del documento n.º 2 aportado por ésta en el acto de la Audiencia previa celebrada en fecha 10 de abril de 2006 es claro que el Igualatorio Médico Quirúrgico promocionaba sus servicios, no sólo destacando las ventajas de los mismos ("el cuadro médico más completo que puedas encontrar"), sino también garantizando expresamente una correcta atención al enfermo ("Desde siempre nuestro principal compromiso es garantizar una atención médico sanitaria de la máxima calidad y ofrecer a nuestros clientes la medicina de vanguardia y la más completa asistencia para el cuidado de su salud"). Prestación de garantía incluida la oferta del contrato y, al fin, en la reglamentación negocial, de acuerdo con las normas de protección de los consumidores, que resultó incumplida, pues la atención médica prestada por el profesional que, no olvidemos, fue seleccionado por el IMQ para integrarse en el cuadro médico que ofrecía aquél a sus asegurados (véase interrogatorio del legal representante del IMQ, D. Romulo), no fue la correcta, por lo que ha de ser condenado el IMQ a abonar, solidariamente con la médico, la cantidad que seguidamente se dirá".

Como se desprende de la citada Sentencia de la AP de Vizcaya, frente a la de instancia se interpuso recurso de apelación por IMQ, alegando - entre otros motivos que no vienen al caso, - que no prestaba servicios sanitarios, sino que se limitaba a asumir su costo; que no era posible que se le imputase una responsabilidad in eligendo de los facultativos intervinientes, ya que fue el propio esposo de la actora quien los eligió; y que no era más que una compañía aseguradora que mantenía una relación contractual de seguro con la actora, y cuyo contrato había sido cumplido.

Las anteriores alegaciones fueron desestimadas en la alzada, siendo confirmada la Sentencia de instancia en todos sus pronunciamientos; y lo que es relevante al caso de autos, citando para ello la STS antes referida de 10 de noviembre de 1.999. Concluyó que "todas las resoluciones indicadas abocan a que el recurso no deba prosperar, y ello a mayor abundamiento de los datos que la sentencia recoge porque es un hecho constatado que el propio IMQ se anuncia para garantizar una atención médica sanitaria de la máxima calidad, poniendo a disposición todos los servicios y equipos necesarios, portando un cuadro médico y ello a través del oportuno concierto, actividad ésta que rebasa la de mero seguro que asume el costo de los servicios prestados, ya que es indudable que la elección del facultativo que se dice efectuó el esposo de la actora, no se verificó sino dentro del marco de tales relaciones por lo que el supuesto de autos es perfectamente encajable en la reseñada jurisprudencia".

Tercero.—A la vista de todo lo expuesto anteriormente, y tratándose de resoluciones firmes, no se entiende cómo se puede seguir afirmando en el escrito de recurso que se admitió la responsabilidad objetiva de IMQ frente al paciente y de forma conjunta con la del médico, "y no en calidad de culpable de la acción dañosa"; o se insista en que se su obligación de reparación proviene de un hecho ajeno y no propio. Nada de eso se desprende de las mismas, sino lo contrario.

Puede que la recurrente no prestase directamente el servicio o acto médico del que derivó el daño, siendo sólo garante de que lo fuese en las condiciones adecuadas y de máxima calidad, pero es claro y evidente que si se declaró su corresponsabilidad en el luctuoso desenlace, fue por haber incumplido de propia mano tal obligación - nadie más podría incumplirla por ser quien estaba vinculada al fallecido marido de la entonces actora en virtud del seguro de asistencia sanitaria, - y lo que constituye un hecho propio. Quizás a lo que la recurrente se quiera referir es a que no fue "su mano" o su intervención directa la que produjo el evento dañoso; evidentemente no era la facultativa que incurrió en la mala praxis; pero tal dato resulta completamente irrelevante. Devino igualmente responsable del mismo por haber incumplido de manera negligente su obligación de garantizar al marido de la Sra. Graciela una adecuada asistencia sanitaria; y todo ello en virtud de lo establecido en los arts. 1.101 y concordantes del CC, existiendo además relación de causalidad entre tal negligencia y el resultado acaecido. Es evidente que si la asistencia médica que tenía que garantizar hubiere sido correcta y no negligente, aquél no se habría producido.

Por tanto, no sólo es que no se apreciara que su responsabilidad en el daño producido hubiese sido por hecho ajeno, sino que tampoco se trató de una imputación objetiva, en cuanto que se consideró probado que incumplió negligentemente las obligaciones que asumió frente a su asegurado en virtud del contrato de seguro de asistencia sanitaria que les vinculaba.

En consecuencia, si su responsabilidad no deriva del art. 1.903 del CC, sino del art. 1.101 del CC - la médico condenada satisfizo la mitad de la cantidad a la que fue condenada solidariamente con la entidad recurrente, - difícilmente puede ejercitar la acción a la que se refiere el art. 1.904 del citado cuerpo legal.

Desde luego la STS de 4 de diciembre de 2.007 que cita no apoya su tesis, omitiendo en ese momento de manera interesada pronunciamientos que la contradicen. Así, de su fundamento jurídico 13.º, y tras transcribir lo siguiente: "c) En otras ocasiones, este deber de prestación se infiere de la forma de actuación de los facultativos, en virtud del principio de apariencia, o de los actos de publicidad que se integran en el contenido normativo del contrato con arreglo a la legislación de consumidores (caso contemplado en la STS núm. 922/1999, de 2 noviembre , en la cual se afirma que «[e]l seguro se contrató en atención a la 'garantía de la calidad de los servicios que representa el prestigio de la compañía', con lo que sus obligaciones abarcan más allá de la simple gestión asistencial», y también en la STS de 4 de octubre de 2004 , en la que se toma en consideración que se garantizaba expresamente una correcta atención al enfermo).

En todos estos casos, los médicos actúan como auxiliares de la aseguradora y en consecuencia corresponde a ésta la responsabilidad de la adecuada prestación a que se obliga como consecuencia del contrato frente al asegurado, dado que la actividad de los auxiliares se encuentra comprometida por el deudor según la naturaleza misma de la prestación. La garantía de la prestación contractual se tiene en cuenta, pues, como criterio de imputación objetiva, cuando aparece que la posición de la compañía no es la de mero intermediario, sino la de garante del servicio.", omite lo siguiente:

"Desde esta perspectiva, la responsabilidad de la aseguradora tiene carácter contractual, pero no excluye la posible responsabilidad del profesional sanitario frente al paciente con carácter solidario respecto a la aseguradora y sin perjuicio de la acción de regreso de ésta contra su auxiliar contractual ".

Curiosamente, el anterior párrafo lo transcribe posteriormente pero completamente fuera de contexto.

También omite íntegramente los apartados d) y e), y concluye o resume la doctrina contenida en la citada STS de forma errónea. Manifiesta que "puede darse el caso de que una aseguradora que no realiza asistencia sanitaria propiamente dicha responda contractualmente, a pesar de que no sea por hecho propio, sino por motivo de la conducta de sus "auxiliares (como lo es en este caso Doña. Maribel), revistiendo tal responsabilidad carácter objetivo y todo ello dentro de un contexto de resarcimiento de la víctima" , y lo que no es cierto, como se desprende de todo lo anteriormente expuesto y de lo declarado en las resoluciones en las que se estableció su responsabilidad. Y es que no se trata de volver a valorar la responsabilidad de la facultativa y de la recurrente en el evento dañoso. Tal cuestión fue sobradamente resuelta por las resoluciones firmes antes citadas, y de las que se debe partir.

Como se dijo, no puede afirmarse, como hace la recurrente al inicio de la exposición del segundo motivo de impugnación, que su responsabilidad, aun siendo de origen contractual, fuese por hecho ajeno y se apreciare sin culpa.

La recurrente podría tener a su favor acción de regreso contra el profesional médico, siempre y cuando hubiere indemnizado al perjudicado en la parte de responsabilidad que a aquel facultativo le compitiere; pero no en tanto que responda por la propia y derivada de su incumplimiento contractual. Tendría que haber discutido en el primer procedimiento entablado qué tanto de culpa le correspondía a cada uno de los declarados responsables solidarios en el hecho dañoso en el momento procesal oportuno; pero tal debate fue omitido por completo por la actora y no puede ser ahora reproducido.

Por todo lo expuesto, el recurso de apelación formulado debe ser íntegramente desestimado.

Cuarto.—De conformidad con lo establecido en el art. 398 de la LEC, las costas deberán ser satisfechas por la recurrente.

Y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada por la Ley Orgánica 1/09 de 3 de noviembre, procede acordar la pérdida del depósito constituido por la recurrente, al que el Juzgado de Primera Instancia dará el destino legal correspondiente.

VISTOS los artículos citados y demás de pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de fecha 27 de enero de 2.012 dictada por el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 67 de Madrid en el Juicio Ordinario n.º 1.814/10 y del que dimana este rollo, condenando a la recurrente al pago de las costas causadas en esta segunda instancia.

MODO DE IMPUGNACION: Se hace saber a las partes que frente a la presente resolución cabe interponer Recurso de Casación y/o Extraordinario por Infracción Procesal, en los supuestos previstos en los artículos 477 y 468 respectivamente de la LEC en relación con la Disposición Final 16.º de la misma Ley, a interponer en el plazo de VEINTE DÍAS ante este mismo órgano jurisdiccional. Haciéndose saber a las partes que al tiempo de la interposición de los mismos, deberán acreditar haber constituido el depósito que, por importe de 50 euros, previene la Disposición Adicional Decimoquinta de la L.O.P.J., establecida por la Ley Orgánica 1/09, de 3 de noviembre, sin cuyo requisito el recurso de que se trate no será admitido a trámite, excepto en los supuestos de reconocimiento expreso de exención por tener reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita. (Caso de interponerse ambos recursos deberá efectuarse un depósito de 50 euros por cada uno de ellos).

Dicho depósito habrá de constituirse en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección abierta con el n.º 2838 en la sucursal 1036 de Banesto sita en la calle Ferraz n.º 41 de Madrid.

Asimismo se deberá aportar debidamente diligenciado el modelo 696 relativo a la tasa judicial correspondiente a los recursos de que se trate, en los casos en que proceda.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándosele publicidad en legal forma y expidiéndose certificación literal de la misma para su unión al rollo. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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