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Sentencia A.P. Teruel 98/2013 de 3 de diciembre


 RESUMEN:

Sucesiones: Herencias yacentes. Créditos: Condena a entidad bancaria a la devolución de los desembolsos a los demandantes para la adquisición de participaciones preferentes de una entidad islandesa, que resultaron fallidas. Error en el consentimiento: Existencia. El hecho de efectuar inversiones en participaciones preferentes no significa necesariamente que se conociese su naturaleza.

TERUEL

SENTENCIA: 00098/2013

AUDIENCIA PROVINCIAL DE TERUEL

ROLLO DE APELACION CIVIL 134/2013

JUICIO ORDINARIO 270/2012

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 2 DE TERUEL

SENTENCIA N.º: 98

Ilmos. Sres.:

PRESIDENTE:

D. Fermín Hernández Gironella

MAGISTRADOS:

D.ª María Teresa Rivera Blasco

D.ª Maria de los Desamparados Cerdá Miralles

En la ciudad de Teruel a tres de Diciembre de dos mil trece.

La Audiencia Provincial de Teruel, integrada para este asunto por los Magistrados anotados al margen ha examinado el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia treinta y uno de Julio de dos mil trece, dictada por el Juzgado de Primera Instancia N.º 2 de Teruel, en autos de Juicio Ordinario número 270/2012, seguidos a instancia de D.ª Ramona y D. Juan María, este último en su propio nombre y el de la HERENCIA YACENTE DE D. Cesar representados por el procurador D. Manuel Ángel Salvador Catalán y defendido por el letrado D. Alfonso Martín Herrero, contra la mercantil BANKINTER S. A. representada por el procurador D. Luis Barona Sanchís y defendido por el letrado D. Manuel Muñoz García Liñan. Ha sido parte apelante la demandada "Bankinter S. A." y apelados los actores D.ª Ramona, D. Juan María y la herencia yacente de D. Cesar, todos ellos representados en esta instancia por los mismos procuradores que ostentaron su representación en la primera; siendo ponente el Ilmo. Sr. Presidente D. Fermín Hernández Gironella que expresa el parecer del Tribunal.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
I.- Se dan por reproducidos en la presente resolución los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho de la sentencia apelada, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que estimando íntegramente la demanda de D.ª Ramona, D. Juan María, este último en su propio nombre y como representante de la herencia yacente de D. Cesar, contra "Bankinter S. A." debo declarar y declaro y crédito a favor de los primeros y de cargo de la segunda por importe de 71.781,92 € mas sus correspondientes intereses procesales, y, en su virtud, debo condenar y condeno a "Bankinter S. A." a pagar D.ª Ramona, D. Juan María, este último en su propio nombre y como representante de la herencia yacente de D. Cesar, 71.781,92 €, que devengarán, desde la fecha de la presente sentencia, un interés anual igual al legal del dinero, incrementado en dos puntos, y al pago de las costas procesales".

II.- Contra la referida sentencia se interpuso recurso de apelación por el procurador D. Luis Barona Sanchís, en nombre y representación de "Bankinter S. A.", que solicitó la revocación de la sentencia apelada, para que se dictase otra que desestimase íntegramente los pedimentos del escrito de demanda, con imposición de costas a la parte actora

III.- El Juzgado de Primera Instancia tuvo por formalizado el recurso de apelación en diligencia de ordenación de fecha dieciocho de Octubre de dos mil trece, en la que se acordaba dar traslado del escrito de interposición del recurso a la parte contraria por diez días; dentro de cuyo plazo presentó escrito la representación de los actores D.ª Ramona, D. Juan María y la herencia yacente de D. Cesar escrito en el que se oponía al recurso solicitando la desestimación del mismo y la revocación de la resolución recurrida, con imposición de costas a la parte recurrente.

IV.- Elevadas las actuaciones a este Tribunal, que las recibió en trece de noviembre dos mil trece, se acordó la formación del oportuno rollo, procediéndose en el mismo a la designación de Magistrado Ponente, y no habiéndose solicitado el recibimiento a prueba en esta instancia ni estimándose necesaria la celebración de vista, se acordó señalar para la deliberación y votación el día de la fecha, tras lo cual, quedaron los autos en poder del ponente para dictar la resolución acordada por la Sala.


FUNDAMENTOS JURIDICOS


 
I.- Frente a la sentencia de instancia, que estima íntegramente la pretensión de la demanda y condena a la mercantil demandada a resarcir a los actores en la suma de 71.781,92 €, que el causante de los mismos desembolsó a la entidad demandada para la adquisición de participaciones preferentes de la entidad islandesa Landsbanki, que resultaron fallidas, al estimar que en dicha venta se produjo un error de consentimiento por parte del adquirente, se alza la representación de la parte demandada esgrimiendo en esta instancia idénticos argumentos a los que los sirvieron para oponerse a la demanda, que han sido cuidadosamente analizados y acertadamente rechazada en la sentencia recurrida con unos argumentos que esta Sala no puede sino compartir, y en los que tan sólo puede abundar.

II.- El primer motivo de oposición que debe ser analizado es la caducidad de la acción de nulidad ejercitada en la demanda. Pues bien, tal y como señala la sentencia recurrida, dispone el Art. 1301 del Código Civil que la acción de nulidad en los casos de error, o durará cuatro años, y empezará a correr, desde la consumación del contrato, pero la Jurisprudencia (Sentencias del T. Supremo de 5 de Mayo de 1983, 11 de Julio de 1984, 27 de Marzo de 1989 y 11 de Junio de 2003) se ha encargado de precisar que el momento de la «consumación» no puede confundirse con el de la perfección del contrato, sino que sólo tiene lugar cuando están completamente cumplidas las prestaciones de ambas partes, y así en supuestos concretos de contratos de tracto sucesivo el término para impugnar el consentimiento prestado por error en liquidaciones parciales de un préstamo no empieza a correr hasta que aquél ha sido satisfecho por completo. Es evidente por tanto que el contrato objeto de esta litis era un contrato de ejecución diferida en cuanto que el mismo implicaba el pago de prestaciones periódicas al contratante, en tanto en cuanto fuera poseedor de las participaciones y por tanto el plazo de prescripción no puede ser aplicado, hasta el momento que aquellas dejaron de tener virtualidad, lo que según se justifica en la demanda no tuvo lugar hasta año dos mil nueve (documento N.º 4 de la demanda), por lo que en el momento de la presentación de la demanda el plazo no habría transcurrido.

III.- La segunda línea argumental que mantiene la parte recurrente hace referencia al error del juzgador de instancia en la apreciación de la prueba estimando que la sentencia recurrida ha minusvalorado la experiencia y conocimiento del adquirente en materia de inversión, y ha obviado la voluntad del mismo de no formular reclamación alguna con relación al producto, no siendo el error denunciado ni esencial ni excusable. El error, para que pueda estimarse como causa de invalidez del contrato debe ser esencial y excusable, lo que implica que no pueda ser evitado utilizando una diligencia media o regular. Sin embargo, tal y como señala las sentencias de las Audiencias Provinciales de Valencia (30 de Octubre de 2008) y Castellón (30 de Marzo de 2012) el acceso cada vez mayor por los pequeños inversores al mercado financiero y las dificultades o complejidades que ello implica, ha motivado la imposición en el ordenamiento legal de unas normas de conducta para las entidades de crédito o financieras tendentes a la protección de los inversores en las que se exige una determinada actuación informativa a desplegar por la entidad financiera en cuestión con carácter previo y con un contenido características señaladas por el propio legislador. Hay que tener en cuenta que nos encontramos ante un contrato de extrema complejidad, que requiere una información directa y precisa tanto en la fase precontractual como en la fase contractual y que resulta básica para la tutela de la transparencia bancaria y el funcionamiento del mercado de servicios bancarios, siendo su finalidad tanto lograr la eficiencia del sistema bancario como tutelar a los sujetos que intervienen en él, el cliente bancario principalmente, a través tanto de la información. Así lo reflejan normas como el Art. 79 de la Ley del Mercado de Valores o el Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo, sobre normas de actuación en los mercados de valores y registros obligatorio, citados por el Juzgador en la Sentencia recurrida, o la Ley 26/1988 sobre entidades de crédito. Pues bien en el caso enjuiciado es evidente que tal información no consta que se ha producido. Como acertadamente señala el juzgado de instancia la orden de compra firmada por D. Serafin, es parca en cualquier tipo de información sobre las características de la operación, y sobre todo el riesgo la misma pudiera conllevar. Hay que tener en cuenta que el comprador era una persona de edad avanzada del que no consta que tuviera unos conocimientos precisos en materia de inversiones. La parte recurrente pretende, sin embargo, combatir este extremo alegando al efecto que aquél había realizado otras operaciones similares de parecido riesgo; sin embargo, el hecho de haber efectuado inversiones anteriores en participaciones preferentes no significa necesariamente que conociesen su naturaleza, su comportamiento en los mercados y sus riesgos, ni les convertía necesariamente en inversor experto, sino, a lo sumo, en inversor confiado, a la luz de los resultados positivos que les habría proporcionado su inversión en productos similares. Por otra parte, el hecho de que el comprador renunciase al canje de otras participaciones preferentes concertadas con la entidad, tampoco desvirtúa esta conclusión, cuando tales participaciones son distintas a las que son objeto de reclamación en esta litis.

IV. - En último término debe ser salirse al paso de las alegaciones formuladas por la parte recurrente en el presente recurso: de una parte, su carácter de mera intermediaria en la compra de las participaciones emitidas por otra entidad, y en segundo término la supuesta confirmación de la venta por el propio comprador. Respecto a la primera hay que señalar, que de los términos en que está redactada la orden de compra, aportado como documento número dos de la demanda, no puede defenderse su posición de mera intermediaria, apareciendo únicamente frente al cliente como vendedora de los mismos, sin que en modo alguno haya acreditado cuál era su relación con la entidad emisora de las participaciones, derivando su responsabilidad en la restitución, del incumplimiento de la obligación contractual de información. Por lo que respecta a la segunda de las cuestiones, es evidente que el hecho de que el comprador percibirse trimestralmente los intereses devengados por las participaciones sin hacer objeción alguna, no convalida en modo alguno el contrato, pues ello no implica que el mismo conociera los pormenores de la operación que había realizado y fuera consciente de los riesgos de la misma; lo que conduce necesariamente a desestimar el recurso y confirmar íntegramente la resolución recurrida.

V. - La desestimación del recurso planteado por la parte actora conlleva la imposición a la misma de las costas causadas en esta alzada, conforme al criterio establecido en el Art. 398.1 de la Ley de E. Civil.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
Desestimando el recurso de apelación interpuesto por el procurador D. Luis Barona Sanchís, en nombre y representación de la mercantil "Bankinter S. A.",, contra la sentencia treinta y uno de Julio de dos mil trece, dictada por el Juzgado de Primera Instancia N.º 2 de Teruel, en autos de Juicio Ordinario número 270/2012, debemos confirmar y confirmamos la mencionada resolución, imponiendo a la parte recurrente la totalidad de las costas causadas en esta segunda instancia.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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