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Sentencia A.P. Tarragona 490/2013 de 4 de diciembre


 RESUMEN:

Entidades aseguradoras: Incorrecta valoración de la prueba: Apelante que sufre un accidente de circulación cuando conducía el vehículo de su propiedad, y donde entre las garantías contratadas estaba la defensa juridica. Requerimiento a la aseguradora para que efectuase la correspondiente reclamación judicial: Límite de abono de honorarios de Letrado y Procurador.

TARRAGONA

SECCION PRIMERA

ROLLO NUM. 4/2013

ORDINARIO NUM. 200/2011

TARRAGONA NUM. DOS

SENTENCIA NUM. 490/13

ILTMOS. SRES.:

PRESIDENTE

D. Antonio Carril Pan

MAGISTRADOS

D. Manuel Díaz Muyor

D. Manuel Galán Sánchez

En Tarragona, a 4 de diciembre de 2013.

Vistos por la Sección Primera de esta Audiencia Provincial el recurso de apelación interpuesto por D. Teofilo, representado por el Procurador de los Tribunales Sr. Farré Lerín y defendido por el Letrado Sr. Rubio Alonso, contra la sentencia de 5 de octubre de 2012 dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Tarragona, juicio ordinario núm. 200/2011, siendo parte demandante el citado actor, y parte demandada la mercantil ZURICH ESPAÑA, S.A., representada por la Procurador de los Tribunales Sra. De Castro y asistida del Letrado Sr. Martí Llauradó.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—La sentencia recurrida contiene el siguiente Fallo: " ESTIMAR parcialmente la demanda presentada por el Procurador D. José Farré Lerín, en nombre y representación de D. Teofilo, condenando a la mercantil "Zurich Insurance PLC, Sucursal en España, S.A" a abonar a aquélla la cantidad de 3.000 euros, cantidad que devengará los intereses del art. 576 de la LEC. No se hace expresa imposición de costas".

Segundo.—Contra la mencionada sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte actora en base a las alegaciones contenidas en su escrito.

Tercero.—Dado traslado a la adversa, por su representación procesal se presentó escrito de oposición.

Cuarto.—En la tramitación de la presente instancia del procedimiento se han observado las normas legales.

VISTO, siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Manuel Díaz Muyor.


FUNDAMENTOS JURIDICOS


 
Primero.—El recurso de apelación, interpuesto por la representación procesal del demandante contra la sentencia de instancia la impugna al considerar que existe una incorrecta valoración de la prueba practicada y se infringe el artículo 3 de la LCS, por lo que interesa su revocación y, por contra, se dicte nueva sentencia que estime la demanda y condene a la demandada al pago de 6.473,74 Euros.

Entrando en el enjuiciamiento del motivo de apelación, este tribunal debe referirse a la pretensión ejercitada, oposición de la demandada y sentencia dictada al efecto de delimitar el ámbito del recurso, resultando que el apelante sufrió un accidente de circulación cuando conducía el vehículo de su propiedad, asegurado en la compañía demandada, y donde entre las garantías contratadas estaba la defensa jurídica. Requerida la aseguradora para que efectuase la correspondiente reclamación judicial, esta contestó indicando que consideraba improcedente la reclamación por vía judicial, sin perjuicio de reembolsarse los honorarios de letrado y procurador en caso de tener éxito en las reclamaciones que efectuase, remitiéndose en todo caso a las condiciones generales de la póliza suscrita, donde se establecía una limitación hasta los 3000 Euros.

El actor contrató los servicios de Letrado, quien tras su actuación alcanzó por vía transaccional una indemnización para el apelante de 65.903,7 Euros, girando la correspondiente minuta por un importe de 6.473,70 Euros., que la demandada se niega a abonar en su totalidad por entender que opera la limitación pactada y a la que ya se ha hecho referencia.

Segundo.—La cuestión a resolver en esta instancia es de orden jurídico debiendo este tribunal determinar si la cláusula en cuestión que limita el abono de honorarios de Letrado y Procurador a 3000 Euros.

Para ello debe tenerse en consideración que el artículo 3 LCS establece: "Las condiciones generales, que en ningún caso podrán tener carácter lesivo para los asegurados, habrán de incluirse por el asegurador en la proposición de seguro si lo hubiere y necesariamente en la póliza de contrato o en un documento complementario, que se suscribirá por el asegurado y al que se entregará copia del mismo. Las condiciones generales y particulares se redactarán de forma clara y precisa. Se destacarán de modo especial las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados, que deberán ser específicamente aceptadas por escrito....".

Si aplicamos los requisitos establecidos por las condiciones generales y particulares al caso que se enjuicia, se obtienen las siguientes conclusiones: a) En la póliza inicialmente suscrita se destaca que en las condiciones generales, art. 6.2.2 se establece un limite de 3.000 Euros, y de forma destacada se dice que "este limite será aplicable también en los caso en que no sea posible un arreglo amistoso y la compañía considera improcedente la reclamación por vía judicial".

La primera conclusión a la que se llega, tras exponer el contenido de la póliza, de sus condiciones generales y particulares es que la limitación del capital asegurado en el riesgo de defensa jurídica realizada por profesionales distintos a los de la entidad aseguradora es una cláusula delimitadora del riesgo pues las condiciones generales remiten a la condición particular para establecer el importe máximo asumido, y no constituye una cláusula limitativa de los derechos del asegurado pues el condicionado general así lo prevé. Sin embargo, en el caso que se enjuicia, la cuestión controvertida no afecta exclusivamente a considerar si se trata de una cláusula delimitadora del riesgo o limitativa de los derechos sino que debe profundizarse en el análisis de la efectividad del derecho de defensa jurídica cuando la causa que motiva la elección de un profesional diferente a los que integran los servicios jurídicos de la aseguradora se debe a la mera negativa de la compañía aseguradora, que descartó toda viabilidad a la acción o acciones judiciales que pudiera llevar a cabo el asegurado, cuando el resultado fue el contrario.

El seguro de defensa jurídica se encuentra regulado los artículos 76 a) y siguientes de la LCS, y se define como la obligación que asume el asegurador, dentro de los límites establecidos en la ley y en el contrato, hacerse cargo de los gastos en que puede incurrir el asegurado como consecuencia de su intervención en un procedimiento administrativo, judicial o arbitral y a prestar los servicios de asistencia jurídica judicial y extrajudicial derivados de la cobertura del seguro, y en el artículo 76 d) se contempla el derecho a la elección libre de procurador y abogado que haya de representarle y defenderlo en cualquier clase de procedimiento y, especialmente, a la libre elección de sus profesionales en los casos en que se presente conflicto de intereses entre las partes del contrato.

En este caso cabe formular una interpretación analógica al supuesto del conflicto de intereses, pues no es lo mismo el caso en el que no existiendo negativa la compañía el asegurado optase por contratar por su cuenta los servicios de profesionales para la defensa de sus intereses, del presente caso en que la asistencia jurídica solo opera para llegar a un acuerdo amistoso pero no para las reclamaciones que la aseguradora considere improcedentes por vía judicial. Además, instado un procedimiento penal en el que se llegó a un acuerdo que motivó el sobreseimiento por transacción, lo lógico es que se hubiera liquidado los honorarios del letrado que asumió la defensa del demandante, por lo que el rechazo de la aseguradora a la reclamación realizada por el demandante es contraria a la efectividad del derecho y por ello, en este caso la limitación establecida sí que opera como cláusula limitativa de los derechos del asegurado al no existir una previsión contractual en cuanto al límite en el supuesto en que exista éxito en la reclamación del asegurado, a pesar del criterio en contra (justificado o no) del asegurador, que debe tener una solución diferente al caso en que el asegurado elige abogado y procurador diferente a los que integran los servicios jurídicos de la aseguradora sin un motivo que lo justifique.

En otra caso lo que sucedería es que la cobertura de defensa jurídica quedaría al libre arbitrio del asegurador, que decide unilateralmente si las acciones que pretende ejercitar su asegurado son viables, debiendo soportar en su caso, y de forma injustificada el asegurado el exceso sobre el limite de cobertura pactado, siendo forzado a ello por la actitud del propio asegurador.

En cuanto a los intereses del art. 20 LCS, dado que existe causa justificada para su no imposición, se mantiene la estimación parcial de la demanda y la no imposición de las costas en primera instancia. En consecuencia, procede admitir parcialmente el recurso y condenar a la demandada al pago de la cantidad reclamada por el demandante.

Tercero.—Dada la estimación parcial del recurso, no procede efectuar pronunciamiento alguno respecto de las costas causadas en esta instancia, por así disponerlo el art. 398 LEC.

Vistos los preceptos legales y demas de general y pertinente aplicación,


FALLAMOS:


 
QUE DEBEMOS ESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por D. Teofilo contra la sentencia de 5 de octubre de 2012 dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Tarragona, juicio Ordinario n.º 200/2011, REVOCANDO la misma en el sentido de estimar la demanda y condenar a ZURICH, S.A. al pago de la cantidad de 6.473,74 Euros de principal, sin imposición de las costas en ninguna de ambas instancias.

No se imponen las costas causadas en esta alzada.

Así por nuestra sentencia lo acordamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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