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Sentencia A.P. Murcia 575/2013 de 10 de diciembre


 RESUMEN:

Incapacidad permanente: Contingencia o siniestro no cubierto por la póliza de seguro suscrito de amotización de préstamo hipotecario. El seguro suscrito solo cubre el fallecimiento y no la invalidez por causas médicas que se desconocían.

MURCIA

SENTENCIA: 00575/2013

SENTENCIA

NÚM. 575/13

ILMOS. SRS.

D. FERNANDO LOPEZ DEL AMO GONZALEZ

PRESIDENTE

D.ª M.ª PILAR ALONSO SAURA

D. CAYETANO BLASCO RAMÓN

MAGISTRADOS

En la Ciudad de Murcia, a diez de diciembre de dos mil trece.

Habiendo visto en grado de apelación la Sección Primera de esta Ilustrísima Audiencia Provincial los autos de procedimiento ordinario que en primera instancia se han seguido con el n.º 776/09 del Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Lorca, entre partes, como demandante en esta alzada apelante Dña. Otilia, representada por el Procurador D. Pedro Arcas Barnés y dirigida por el Letrado D. Fernando Bastida García, y como demandada y en esta alzada apelada Mediterráneo Vida S.A. de Seguros y Reaseguros representada por el Procurador D. Jesús Chuecos Hernández y dirigida por el Letrado D. Joaquín González Sempere, que se ha personado ante esta Audiencia Provincial representada por la Procuradora Dña. Gemma Pérez Haya, Es Ponente la Ilma. Sra. Dña. M.ª PILAR ALONSO SAURA, que expresa la convicción del Tribunal.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—El Juzgado de Instancia citado con fecha 15 de noviembre de 2011, dictó en los autos principales de los que dimana el presente rollo la Sentencia cuya parte dispositiva dice así "Que desestimando la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales Sr. Arcas Barnés, en nombre y representación de Otilia, debo de absolver y absuelvo a la demanda de los pedimentos de la actora, sin que proceda pronunciamiento sobre costas.". Posteriormente dictó auto el día 7 de mayo de 2012 acordando lo siguiente: "Se aclara la sentencia de fecha 15/11/11 en el sentido siguiente: donde dice: "debo de absolver y absuelvo a la demanda de los pedimentos de la actora, sin que proceda pronunciamiento sobre costas". Debe decir: "...Conforme al artículo 394 de los Ley de Enjuiciamiento Civil, procede imponer al pago de las costas a la parte actora, al ser rechazadas sus pretensiones".

Segundo.—Contra la anterior sentencia y en tiempo y forma se interpuso recurso de apelación en representación de la parte demandante, dándose traslado a la parte demandada, y previo emplazamiento de las partes, fueron remitidos los autos originales a esta Audiencia, en la que se formó el oportuno rollo por la Sección Primera con el n.º 1125/12, compareciendo las partes en la cualidad antes expresada, señalándose para deliberación y votación el día 2 de los corrientes por providencia de 22 de marzo de 2013.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—La sentencia dictada en primera instancia desestima la demanda por considerar acreditado que la contingencia de incapacidad permanente en la que está incursa la demandante no es un siniestro cubierto por la póliza, invocando la parte demandante mediante el recurso de apelación que ha interpuesto contra la misma, que el riesgo de incapacidad permanente absoluta era objeto de cobertura en el seguro de amortización de préstamo hipotecario que concertó con la demandada, con base, en síntesis, en los artículos 1281, 1284, 1288, 1258 y 1256 del Código Civil, los artículos 1, 18 y 19 de la Ley de Contrato de Seguro, la condición especial que obra al dorso de las condiciones particulares y los artículos 2, 9 y 10 de las condiciones generales, argumentando sobre ello, en relación con la prueba practicada, y sobre la exceptio doli contenida en el artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro opuesta por la demandada, e interesando la estimación de la demanda, a lo que se ha opuesto la demandada mediante las correspondientes alegaciones.

Las pretensiones de la demandante no pueden ser acogidas ya que la sentencia apelada valora correctamente la prueba practicada, atendiendo al contenido del contrato de seguro suscrito por la demandante, en que consta nítidamente que el capital asegurado por invalidez absoluta es cero, al igual que en los recibos aportados por la parte demandada, sin que ello se desvirtúe por la condición especial que obra al dorso del mismo documento de que "la garantía de invalidez absoluta y permanente solo se mantendrá en vigor hasta el 31.12.2004", pues según resulta de la prueba testifical de la Sra. Berta, que como apoderada de la sucursal bancaria en que se concedió el préstamo intervino en la firma del documento, explicó a la demandante que solo se le podía dar cobertura al fallecimiento y que el seguro no contemplaba la invalidez por causas médicas que desconocía, precisando en sus respuestas que únicamente tendría validez de haberse contratado la cobertura de invalidez, lo que no se efectuó, habiendo manifestado igualmente que se trataba de un seguro de suscripción voluntaria, al igual que el testigo Sr. Damaso, sin que se aprecien razones objetivas o subjetivas para privar de eficacia probatoria a sus respuestas, que se compaginan con el transcurso de más de tres meses desde la solicitud de seguro de amortización de préstamos - el día 14 de abril de 2006- y la contratación del seguro -el día 13 de junio de 2006-, con practica de pruebas médicas previamente a la misma, según ha quedado acreditado, por lo que no se aprecian las infracciones normativas que se invocan, y ha de desestimarse el recurso de apelación interpuesto.

Segundo.—En relación con las costas de la primera instancia se estima que no procede su imposición a la demandante, sino que no ha lugar a verificar especial pronunciamiento con respecto a las mismas, al apreciarse dudas de hecho y de derecho, ante la subsistencia de la disposición especial citada que hace referencia a la garantía de invalidez absoluta y permanente, al dorso del contrato, y cuyo alcance ha quedado acreditado mediante la prueba practicada en el procedimiento, por lo que ha de estimarse parcialmente el recurso de apelación, sin especial imposición de las costas de esta alzada (artículos 394 y 398 L.E.Civil)

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de SU MAJESTAD EL REY DON JUAN CARLOS PRIMERO DE ESPAÑA,


FALLAMOS


 
Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Dña. Otilia, representada por el Procurador D. Pedro Arcas Barnés contra la sentencia dictada el día quince de noviembre de dos mil once por el Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Lorca en autos de juicio ordinario n.º 776/2000, debemos revocar y revocamos la misma en su pronunciamiento sobre costas, que se deja sin efecto, acordando en su lugar no verificar especial pronunciamiento con respecto a las costas de la primera instancia, confirmándola en sus restantes pronunciamientos, sin especial imposición de las costas de esta alzada.

Notifíquese la presente resolución y llévese certificación de la misma al Rollo de esta Sala y a los autos del Juzgado, al que se devolverán para su ejecución y cumplimiento.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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