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Sentencia A.P. Toledo 286/2013 de 11 de diciembre


 RESUMEN:

Sociedades limitadas: No nulidad de acuerdos adoptados en Junta General Universal, ni de los actos derivados del mismo. La Junta se celebró con el carácter universal por estar presente todo el capital social y podía adoptar válidamente acuerdos cuya nulidad se pretende.

TOLEDO 00286/2013

Rollo Núm......................40/2013.-

Juzg. Mercantil Núm...1 de Toledo.-

J. Ordinario Núm......... 318/2012.-

SENTENCIA NÚM. 286

AUDIENCIA PROVINCIAL DE TOLEDO

SECCION PRIMERA

Ilmo. Sr. Presidente:

D. MANUEL GUTIERREZ SANCHEZ CARO

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. URBANO SUAREZ SANCHEZ

D.ª GEMA ADORACION OCARIZ AZAUSTRE

En la Ciudad de Toledo, a once de diciembre de dos mil trece.

Esta Sección Primera de la Ilma. Audiencia Provincial de TOLEDO, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados que se expresan en el margen, ha pronunciado, en NOMBRE DEL REY, la siguiente,

SENTENCIA

Visto el presente recurso de apelación civil, Rollo de la Sección núm. 40 de 2013, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Mercantil Núm. 1 de Toledo, en el juicio ordinario núm. 318/12, en el que han actuado, como apelante AUTOBUSES URBANOS DE TALAVERA, S.L., representada por la Procuradora de los Tribunales Sra. Cabanas Basarán y defendida por el Letrado Sr. Rodríguez Ortiz; y como apelado, D. Carlos Daniel representado por la Procuradora de los Tribunales Sra. Martín de Nicolás Moreno y defendido por el Letrado Sr. Carmeno Antolín.

Es Ponente de la causa el Ilmo. Sr. Magistrado D. URBANO SUAREZ SANCHEZ, que expresa el parecer de la Sección, y son,


ANTECEDENTES:


 
Primero.—Por el Juzgado Mercantil Núm.1 de Toledo, con fecha 7 de mayo de 2013, se dictó sentencia en el procedimiento de que dimana este rollo, cuyo FALLO dice: "Que estimando la demanda interpuesta por la representación procesal de D. Carlos Daniel, contra la mercantil Autobuses Urbanos de Talavera, S.L.:

1.- Declaro la nulidad de la totalidad de los acuerdos adoptados en la junta general universal de la sociedad demandada, celebrada el día 27 de agosto de 2012. Así como la nulidad de los actos derivados de los mismos, en los términos expuestos en el fundamento de Derecho tercero de la presente sentencia.

2.- Firme que sea la presente sentencia, ordeno la inscripción de la misma en el Registro Mercantil pertinente, y la cancelación de la inscripción de los acuerdos que se declaran nulos y de los posteriores contradictorios con la presente resolución. Así como su publicación en extracto en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Para lo que se librarán los oportunos mandamientos.

3.- Ratifico la suspensión cautelar de los acuerdos objeto del presente juicio ordinario, acordada por auto de fecha 9 de enero de 2013.

4.- Condeno a la demandada al pago de las costas causadas en esta instancia".-

Segundo.—Contra la anterior resolución y por AUTOBUSES URBANOS DE TALAVERA, S.L., dentro del término establecido, tras anunciar la interposición del recurso y tenerse por interpuesto, se articularon por escrito los concretos motivos del recurso de apelación, que fueron contestados de igual forma por los demás intervinientes, con lo que se remitieron los autos a ésta Audiencia, donde se formó el oportuno rollo, quedando los autos vistos para deliberación y resolución.-

SE CONFIRMAN Y RATIFICAN los antecedentes de hecho, SE REVOCAN los fundamentos de derecho y fallo de la resolución recurrida, en cuanto no se entienden ajustados a derecho y en todo lo que contradigan a la presente resolución, si bien se ratifican los antecedentes de he­ cho, que relatan la dinámica procesal, por lo que, en definitiva, son


FUNDAMENTOS DE DERECHO:


 
Primero.—La mercantil Autobuses Urbanos de Talavera S.L. recurre en apelación la sentencia que en fecha siete de mayo dictó el Juzgado de lo Mercantil de Toledo por la que, estimando la demanda interpuesta, declaraba la nulidad de la junta general universal de dicha sociedad celebrada el día veintisiete de agosto de dos mil doce.

Aun cuando no se enuncia de un modo expreso entiende esta Sala que el recurso se sustenta en dos motivos, el primero por un error en la valoración de la prueba, ya que estima que de la prueba que se ha practicado ha quedado probado que la junta se celebró con el carácter de universal por estar presente todo el capital social y un segundo motivo, basado en un error en la aplicación del derecho, porque estima que, en cualquier caso, los acuerdos adoptados en dicha junta fueron ratificados en otra posterior, la celebrada el nueve de octubre, que no ha sido objeto de impugnación.

Dando respuesta al primero de los dos motivos invocados hemos recordar una vez más lo que esta Sala ha expresado acerca de los límites del error en la valoración de la prueba como motivo de impugnación y así en la sentencia 249/2012 de 27 de septiembre, recordando lo expuesto en la sentencia 158/2012 de 16 de mayo, dijimos "Acerca del error en la valoración de la prueba esta sala tiene definido de un modo muy claro cuales son los límites que en nuestro ordenamiento tiene la apelación; así en la sentencia 71/2012 de 29 de febrero se dice "La sentencia 36/2012 de 8 de febrero se manifiesta en el siguiente sentido "una vez más hemos de recordar, con la sentencia 4/2012 de 10 de enero "Acerca del error en la valoración de la prueba esta Sala ha sostenido con reiteración que partiendo de que el recurso de apelación no es un segundo juicio no puede pretenderse que el Tribunal realice un proceso de valoración de todos y cada uno de los medios que se han practicado puesto que la función que cumple es la de comprobar si se ha aplicado de un modo correcto la regla de valoración y si el derecho se ha aplicado de un modo correcto. En palabras de la sentencia 248/2011 de 18 de octubre "La sentencia 3/2001 de cuatro de enero recuerda que hemos señalado con reiteración, sobre el error en la valoración de la prueba como medio de combatir una sentencia, entre otras muchas, en la sentencia 257/2010 de 19 de noviembre "esta Sala ha dicho con reiteración, entre otras en las sentencias 8/2009 de 2 de febrero, 100/2009 de 30 de marzo, 36/2010 de 2 de febrero y 208/2010 de 30 de septiembre que a apelación no es un segundo juicio, por lo que no es posible pretender una total y nueva valoración de los medios de prueba, sino una forma de controlar el acierto a la hora de aplicación de las reglas de valoración; es por ello por lo que solo puede hablarse de error cuando se haya omitido la valoración de un medio, o se haya tenido en cuenta otra, que tengan incidencia en el resultado de los hechos que se han de declarar probados, cuando se haya infringido alguna norma que determine el valor que se ha de dar a un concreto medio o cuando el juzgador de instancia haya alcanzado conclusiones ilógicas, absurdas o contrarias a las leyes de la física. Por tanto el que una parte discrepe acerca de cómo debió valorarse un medio de prueba de los que se hayan practicado, o cual haya de ser, si es que se presentan varias opciones, la conclusión que la prueba ha de arrojar no puede ser invocado como forma de discrepar acerca de la valoración de la prueba". Añadiendo la sentencia 208/2010 que "Puede aun añadirse que si se trata de pruebas personales la posibilidad de reexamen por el Órgano de apelación es nula toda vez que para ello debería contarse con la inmediación que a tal tipo de pruebas es inherente, de suerte que solo cuando se trate de prueba que esta Sala pueda examinar, y aun sin perder de vista cual es la solución que se haya dado en la instancia, podría triunfar un recurso basado en el error facti."-

Segundo.—De lo expuesto en el anterior fundamento puede deducirse, con nitidez, que los argumentos que se esgrimen en el recurso permiten que esta Sala examine la prueba desde la perspectiva de si la inferencia del Juez a quo acerca de si en la junta impugnada estaba presente el total del capital social y, además, si existió acuerdo para que tuviera el carácter de universal, es acertada.

Antes de dar respuesta a la cuestión hemos de hacer hincapié en un aspecto que la sentencia de instancia no ha tenido en cuenta pero resulta esencial porque afecta nada menos que a la legitimación para impugnarla y es si el actor tiene o no la condición de socio.

Es un hecho de la contestación, que no se niega por la parte actora, que a la junta asistieron las personas a las que se mencionan en el acta como asistentes y entre ellas estaba Dña. Elsa que es la esposa del apelado con la cual, según el documento uno de la demanda, está casada en régimen de gananciales. Siendo ello así ni siquiera podía instar la nulidad por la razón invocada, dado que estaríamos ante un supuesto de participaciones en copropiedad, ya que se trata de títulos que pertenecen a la sociedad de gananciales y no a cada uno de los esposos a título particular. Por tanto no es cierto que el demandante sea socio con el veinticinco por ciento de las participaciones, sino que la sociedad de gananciales que forma junto con su esposa es titular de ese veinticinco por ciento.

Con ello estamos ante un supuesto previsto en el art. 126 de la Ley de sociedades de Capital que dispone que en caso de que las participaciones se ostenten de forma conjunta por varias personas una de ellas representará a todas de cara a la sociedad. Si la Sra. Elsa estaba presente, que es un hecho que no se niega, es evidente que sí estaba todo el capital social sin que fuera necesario que también lo estuviera el apelado pues aun cuando el art. 1375 del Código Civil establece que es conjunta la administración de los bienes de la sociedad de gananciales tal afirmación opera entre los esposos pero no frente a terceros, menos aun cuando no se cuestiona que la Sra. Elsa sí estaba citada para la junta y sin duda el demandante conocía tal extremo y no se dirigió a la sociedad apelante para hacer valer su condición, por encima de la su esposa, de suerte que frente a la demandada crearon la apariencia de que las participaciones que ostentan a título ganancial estaban representadas por ella.

Del documento cuatro de la demanda, la copia del acta notarial de la junta de treinta y uno de enero de dos mil siete, resulta que el hoy apelado y su esposa no han procedido a designar a uno de ellos que sea el que de forma continuada represente las participaciones de las que son titulares frente a Autobuses Urbanos de Talavera S.L. sino que asisten uno u otro de modo indistinto. Ante esa apariencia generada por el propio actor ninguna indagación adicional era exigible a la sociedad para determinar que la persona que asistía a la junta lo hacía de forma regular.

Pues bien, en el acta de la sesión de la junta consta que se comunica que la misma tiene carácter de universal y ante tal manifestación del presidente no se hace objeción alguna por los asistentes, es solo cuando la Sra. Elsa regresa, tras ausentarse, cuando manifiesta que no tiene intención de firmar pero no explica las razones por lo que de esa no firma no puede deducirse que el motivo residiera en su desacuerdo con el carácter y naturaleza de la junta, no manifestado cuando debió hacerlo que es al inicio y tras la declaración de junta universal. De ese silencio no puede deducirse nada porque siendo varias las posibilidades que lo explican presenta la suficiente ambigüedad como para poder decantarse por cualquier de ellas, y no es misión de esta Sala hacer esa selección.

En definitiva, existe el error denunciado porque a la junta sí que asistió la totalidad del capital social por lo que podía adoptar válidamente adoptar los acuerdos cuya nulidad se pretende.-

Tercero.—En cualquier caso, aun cuando pueda rebatirse que la junta no estuvo constituida de forma válida, existe también el error en la aplicación del derecho.

En la demanda se pide la nulidad de todos los acuerdos adoptados en la junta universal de la mercantil Autobuses de Talavera y esa es la única que puede ser declara como tal porque no es procedente que se pretende una nulidad incondicionada que quede amparada con la expresión "aquellas otras junta celebradas con posterioridad que dependen de la que ahora se impugna" puesto que no permite ni al Juez ni a la parte contraria, ni ahora a esta Sala, el poder determina cual es el objeto de impugnación. Ello además de que en relación con esas ulteriores juntas no se dedica ni una sola frase en los hechos que determinarían su nulidad sin que el hecho de que sean posteriores, incluso con la adopción de acuerdos similares o iguales a los que se adoptaron en la junta objeto de impugnación, suponga per se que tales acuerdos sean nulos. Y además ello implica una absoluta confusión entre lo que es nulidad de la junta, que lo es cuando afecta a formas esenciales de su convocatoria, que aboca a que todos los acuerdos en ella adoptados son nulos, y nulidad de acuerdos de una junta validamente constituida, los cuales pueden ser nulos o anulables y son dos acciones distintas que la parte tenia la obligación de concretar y determinar y en su demanda no lo hace.

Ello significa que la junta de nueve de octubre no es objeto de este procedimiento y por tanto todos los acuerdos que en ella se adoptaron son válidos.

A mayor abundamiento la propia demanda, en los términos en que se ha presentado, carecía de objeto porque, aun cuando los acuerdos de la misma fueran nulos, desde el momento en que luego se adoptan en otra respecto de la cual no se cuestiona su válida constitución, se da el supuesto del art. 204,3 de la ley de sociedades de Capital puesto que, como reconoce la sentencia 589/2012 de 18 de octubre, una sociedad puede válidamente adoptar acuerdos que vengan a subsanar o sustituir otros que sean nulos o anulables siempre y cuando se haga antes de que el acuerdo al que se sustituye no se encuentre impugnado en un procedimiento judicial, en palabras de la citada sentencia "Ahora bien, la doctrina expresada en dichas sentencias, reiteradas en la 532/2002 de 21 de mayo, y aludidas en la ya citada 32/2006, de enero de 2006, como precisa la 840/2005, de 11 de noviembre, debe ser interpretada en el sentido de que "la ratificación o convalidación del acuerdo consistente en dejar sin efecto o sustituirlo válidamente por otro solo surtirá efectos APRA enervar la acción de anulabilidad cuando se haya producido antes de la demanda impugnatoria de los acuerdos tachados de anulables, pues, en otro caso, bastaría que, una vez iniciado el proceso, se convocase nueva junta en la que se subsanasen los defectos concurrentes o se sustituyeran los acuerdos dictados para dejar sin contenido la demanda formulada, en contradicción con el principio de la perpetuación de la jurisdicción que obliga, por razones de seguridad jurídica y garantía del proceso, a resolver los litigios de acuerdo con la situación existente en el momento de la interposición de la demanda"

Y concluye de un modo rotundo "En definitiva la nulidad de acuerdos por defectos en la convocatoria o desarrollo de la junta- incluida la vulneración del derecho de información- nada impide que el acuerdo sustituido por otro. En este sentido la sentencia 914/2008, de 3 de octubre, mantiene la validez de un acuerdo al que la Audiencia "no le atribuye ningún efecto sanatorio o convalidante de los vicios de que pudiera adolecer el anterior (...), que ya constaba impugnado. Ocurre que la Audiencia, aunque no lo diga expresamente, concibe este segundo acuerdo como un acuerdo con idéntico objeto que el primero, e independiente de aquel, cuya razón de ser no se encuentra en la necesidad de dotar de eficacia al anterior sino que busca plasmar -ahora válidamente, cumplidas las exigencias de información que impone el artículo 112 de la LSA - la voluntad del máximo órgano social..."; y la sentencia 760/2011, de 4 de noviembre, declara "la válida adopción ex novo de un acuerdo con idéntico contenido decisorio que el anulado, en junta convocada observando los requisitos exigidos por la norma y con escrupuloso respeto a los derechos de los socios".

Y termina "En conclusión, la sociedad puede ratificar, rectificar, sustituir o revocar ad nutum acuerdos" incluso durante el procedimiento o cuando el mismo ha finalizado por sentencia definitiva, con mayor razón cuando, como sucede en este caso, el acuerdo se adopta en una junta respecto de la que no existe reproche formal alguno y la misma se celebra antes de la presentación de la demanda de impugnación de aquella en la que se adopta un acuerdo convalidado u otro de igual contenido.

También este motivo merece ser acogido con el efecto de revocar la sentencia de instancia y desestimar la demanda.-

Cuarto.—No procede efectuar especial pronunciamiento sobre las costas procesales causadas en esta segunda instancia, en aplicación del art. 398 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil y las de primera instancia se han de imponer a la parte actora.-


FALLO:


 
Que ESTIMANDO el recurso de apelación que ha sido interpuesto por la representación procesal de AUTOBUSES URBANOS DE TALAVERA, S.L., debemos REVOCAR Y REVOCAMOS la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil Núm.1 de Toledo, con fecha 7 de mayo de 2013, en el procedimiento núm. 318/12, de que dimana este rollo, y en su lugar DESESTIMAMOS la demanda interpuesta por Carlos Daniel ABOSOLVIENDO a AUTOBUSES URBA NO S DE TALAVERA S.L. de las pretensiones contra ella dirigidas; todo ello sin efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas en el presente recurso, con devolución del depósito para recurrir, y con imposición de las costas de primera instancia a la parte demandante.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo de la Sección, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada la anterior resolución mediante su lectura íntegra por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente D. URBA NO SUAREZ SANCHEZ, en audiencia pública. Doy fe.-


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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