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Sentencia A.P. Oviedo 321/2013 de 13 de diciembre


 RESUMEN:

Contratos bancarios: Contratos multiinversión, configurados como seguros de vida asociados a la inversión en activos financieros. Información bancaria: Existencia de confianza con el director de la sucursal bancaria a la hora de la devolución del capital invertido, sabiendo los demandantes al tiempo de suscribir el contrato que podía generar tanto beneficios como pérdidas.

OVIEDO

SENTENCIA: 00321/2013

Rollo: RECURSO DE APELACIÓN N.º 368/2013

NÚMERO 321

En Oviedo, a trece de Diciembre de dos mil, la Sección Cuarta de la Ilma. Audiencia Provincial de Oviedo, compuesta por Don Francisco Tuero Aller, Presidente, Doña María José Pueyo Mateo y Doña Nuria Zamora Pérez, Magistradas, ha pronunciado la siguiente:

SENTENCIA

En el recurso de apelación número 368/2013, en autos de Procedimiento Ordinario n.º 1008/2011, procedentes del Juzgado de Primera Instancia número cinco de Oviedo, promovido por DOÑA Consuelo y DON Fabio, demandantes en primera instancia, contra la entidad BANSABADELL VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, y contra la entidad BANCO DE SABADELL, S.A., demandadas ambas en primera instancia, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Presidente Don Francisco Tuero Aller.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Que la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número cinco de Oviedo dictó Sentencia con fecha cuatro de Mayo de dos mil doce cuya parte dispositiva dice así: Que desestimando la demanda interpuesta por D. Fabio y D.ª Consuelo, representados por la Procuradora Sra. Pérez, contra la entidad Banco Sabadell S.A., representada por la Procuradora Sra. García Bernardo y, contra la entidad Bansabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, representada por el Procurador Sr. Álvarez, debo absolver y absuelvo a las demandadas de los pedimentos de la demanda. Todo ello sin hacer expresa imposición de costas.

Segundo.—Contra la expresada resolución se interpuso por la parte demandante recurso de apelación, del cual se dio el preceptivo traslado, y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial se sustanció el recurso, señalándose para deliberación y fallo el día diez de Diciembre de dos mil trece.

Tercero.—Que en la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales, salvo que, por causas que se desconocen, ha permanecido paralizado en la Sección 1.ª de esta Audiencia, a la que inicialmente fue repartido, desde el día diecisiete de Julio de dos mil doce hasta el veintiuno de Noviembre de dos mil trece, en que se acordó su remisión a esta Sección Cuarta en virtud de acuerdo tomado por la Sala de Gobierno de este territorio de fecha 24 de Julio de 2013, ratificado por el de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 13 de Agosto de 2013.-


FUNDAMENTOS JURIDICOS


 
Primero.—Con fecha 10 de diciembre de 2007 los aquí demandantes suscribieron con la demandada, la aseguradora BanSabadell Vida, S.A., sendos contratos denominados "Herrero Multinversión", con una aportación inicial de 150.000 € cada uno de ellos, configurados como seguros de vida asociados a la inversión en activos financieros, contemplados en la legislación fiscal y a los que parecen referirse los arts. 37 y 105 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados (R.D. 2486/1998, de 20 de noviembre). Sostienen en la demanda que cuando firmaron esos contratos lo hicieron en atención a la confianza que tenían con el director de la sucursal bancaria con la que operaba esa aseguradora, en la creencia de que tenían garantizada la devolución del cien por cien del capital invertido, viéndose sorprendidos, pues no les habían informado sobre el particular, cuando al llegar la fecha de su vencimiento tres años después, el 14 de diciembre de 2010, la suma devuelta fue notablemente inferior (119.668'64 € en un caso y 119.702'16 € en el otro), lo que arrojó unas pérdidas totales para el matrimonio demandante de 60.629'20 €.

Sobre estos datos básicos ejercitaron dos acciones claramente delimitadas en el hecho undécimo y en el suplico de la demanda, ambas con la finalidad de recuperar la suma que se acaba de indicar: la primera de ellas, dirigida a que se declare la resolución de esos contratos por haber incumplido las demandadas "sus obligaciones contractuales con los actores, en concreto el derecho a dar una información clara, correcta, suficiente y oportuna, así como a un asesoramiento diligente"; y la segunda, subsidiaria a la anterior, para que se declare la nulidad de los contratos "por error en el consentimiento" (en el hecho undécimo se indicaba "por error o dolo en el consentimiento").

La sentencia de primera instancia, tras desestimar la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por una de las demandadas, que ya no la reproduce en esta alzada, y analizar las características de esta clase de contratos, conocidos como "unit linked", razonó abundantemente acerca de la normativa y jurisprudencia dictada a propósito del error como vicio del consentimiento, para concluir, tras examinar la prueba practicada en autos, que los demandantes conocían el riesgo de esa operación y la posibilidad de que arrojara pérdidas como las que tuvieron lugar. Todo lo cual le llevó a desestimar íntegramente la demanda, pero sin hacer expresa imposición de las costas en atención a la complejidad y dudas que presentaba la cuestión objeto de controversia. Sólo los actores recurrieron dicha decisión a fin de lograr el total acogimiento de la demanda.

Segundo.—A la vista de las numerosas alegaciones que se realizan en el escrito de recurso, debe recordarse aquí que de acuerdo con el art. 456 L.E.C. no cabe plantear en esta fase del proceso cuestiones nuevas o distintas de las esgrimidas durante la primera instancia, lo que, de admitirse, comportaría la vulneración del básico principio de defensa plasmado en el art. 24 de la Constitución, pues la otra parte carecería de ya de los trámites oportunos de alegación y prueba para contrarrestar ese novedoso planteamiento. Y debe tenerse presente, también, que una vez establecido lo que es objeto de proceso en la demanda, en la contestación, y en su caso, en la reconvención, las partes no pueden alterarlo posteriormente (art. 412 L.E.C.).

De la conjunción de ambos preceptos en relación con la pretensión ejercitada en el escrito de demanda, se desprende claramente que lo que ha de examinarse aquí es si procede la resolución del contrato o su nulidad por defecto de información o por error -y dolo si se acude a los antecedentes fácticos- en el consentimiento prestado por los demandantes. Lo que no cabe, por el contrario, es analizar si existieron o no vicios de forma en la celebración de esos contratos por no contener las distintas menciones exigibles conforme a determinada normativa, a los que aluden los apelantes a partir del folio 15 del recurso pues, sin perjuicio que como pudieran incidir esas supuestas infracciones en el derecho de información que les asistía, las acciones ejercitadas tomaban como referencia una causa de pedir distinta, como ya se ha razonado.

Tercero.—El ejercicio de la acción resolutoria exige la existencia de un vínculo contractual vigente entre quienes lo concertaron (sentencias, entre otras de 10 de diciembre de 1947, 9 de diciembre de 1948, 21 de marzo de 1986 y 16 de abril y 24 de mayo de 1991). Ello conlleva que no quepa ejercitarla cuando el contrato haya sido ejecutado y consumado en todos sus aspectos. Así sucede en el presente caso, en que ya llegó el vencimiento pactado y la aseguradora demandada procedió a la devolución del capital, con la reducción que consideró aplicable, todo ello con antelación a la interposición de la demanda. Consideraciones que han de llevar a ratificar aquí la desestimación -implícita- de la acción resolutoria, que, por otro lado, sería cuando menos de dudosa aplicación al supuesto enjuiciado pues lo que se mantiene es que las demandadas no informaron adecuadamente a los actores de los riesgos y consecuencias del contrato, lo que podría afectar a la formación de la voluntad contractual, pero no se alega ningún incumplimiento posterior, una vez celebrado, durante su desarrollo, que pudiera motivar el ejercicio de la facultad resolutoria a que se refiere el art. 1124 C.C.

Cuarto.—Es cierto que los contratos celebrados deben calificarse como complejos y de riesgo, pues se solapan prestaciones propias del contrato de seguro, de mucha menor transcendencia económica, con otras típicas de los de inversión en valores mobiliarios, notoriamente más relevantes, en los que se contempla la posibilidad de que existan pérdidas en el capital aportado. Tampoco plantea mayores dudas que el Banco y la aseguradora tienen la obligación de informar al cliente que los suscriba a fin de que éste tenga un conocimiento suficiente de cómo operan y de sus posibles consecuencias y riesgos, es decir, de los aspectos principales de lo convenido. Así lo impone no sólo la legislación sectorial que citan los recurrentes, sino normas tan básicas como los arts. 7 y 1258 del Código Civil, que recuerdan el deber de actuar conforme a los dictados de la buena fe, que exige una actitud leal por parte de quien ostenta una posición prevalente en la contratación, más aún cuando la complejidad del producto puede hacerlo difícilmente comprensible para el particular que lo contrata. Y, por último, también ha venido reiterando esta Sala que la carga de probar que se ha cumplido ese deber de información incumbe a la entidad que venía obligada a proporcionarla, por ser quien dispone de más facilidad para hacerlo, mientras que para el cliente resulta un hecho negativo, en la práctica de imposible demostración (art. 217 L.E.C.).

Ahora bien, la juzgadora de instancia se ajustó a dichas premisas y, a juicio de esta Sala, valoró correctamente la prueba practicada en autos para llegar a la conclusión de que los demandantes tenían conocimiento suficiente de lo que convenían y de los riesgos que asumían. Es este conocimiento lo que impide apreciar una situación de error -o aún más de dolo, del que no existe prueba alguna- invalidante del consentimiento de acuerdo con los arts. 1266 y concordantes C.C., por más que pudieran existir ciertas omisiones en esa obligación de informar. No toda información defectuosa, como recuerda la sentencia del T.S. de 21 de noviembre de 2012, comporta un error en la formación de la voluntad, determinante de la nulidad del contrato.

Quinto.—En el caso aquí analizado lo relevante es decidir si los demandantes conocían o no al tiempo de suscribir el contrato que la inversión que realizaban podía generar beneficios o pérdidas, y en qué medida, y siendo conscientes de ello, lo aceptaron. Es este el planteamiento que se hace en la demanda, con independencia de que ahora se haga referencia a otros aspectos como posibles recargos, gastos de gestión o importe de la prima, que, en cualquier caso, serían irrelevantes a los efectos de determinar la nulidad de la totalidad del contrato, como se pretende, dada su escasa relevancia con relación a la economía del contrato (lo deducido por estos conceptos, se desconoce cuales, ronda los 300 € en uno y otro contrato, pues el resto, treinta mil euros, corresponde a pérdida de la aportación). También carece de trascendencia a estos fines la formulación de supuestos hipotéticos, como el referido a que habría ocurrido en caso de concurso o quiebra de la entidad emisora del bono en el que se invertía, pues es situación no llegó a producirse.

Que los demandantes conocían que suscribían un producto de riesgo, que podía proporcionarles una rentabilidad máxima del 33 por ciento en tres años ó una pérdida máxima del 20 por ciento, también en el mismo periodo, que fue lo que sucedió a la postre, se desprende, en primer lugar, de la documentación que les fue facilitada por las entidades demandadas, obrante a los folios 115 y siguientes, denominada "propuesta de inversión". Los demandantes disponían de una importante cantidad de dinero, que rondaba el millón de euros, y en esa documental se les informaba de las distintas propuestas de inversión que podían realizar, en términos fácilmente comprensibles y precisos, incluidos los referidos al producto litigioso, detallando su forma de operar, plazo, y rentabilidad y pérdidas que podía ocasiona y hasta qué límite, con indicación de diversos ejemplos, incluyendo tanto los que comportaban ganancias como los que incluían pérdidas; es decir, detallaba suficientemente los aspectos esenciales del contrato que luego firmaron.

El que los actores hayan impugnado esa documental, y nieguen haberla recibido no impide que pueda tenerse por acreditado que sí se les entregó, a la vista de las pruebas practicadas en autos. Y así se desprende del análisis de diversas circunstancias que si por separadas podrían ser insuficientes, analizadas conjuntamente permiten llegar a esa convicción. Así ya en la demanda se admite que hubo negociación previa, en el domicilio de los actores; la "propuesta de inversión" lleva fecha de diciembre de 2007, que es cuando se firmaron los contratos, se ajusta al capital del que disponían los demandantes y en ella se ofrecían otros productos que también suscribieron en aquellas fechas (plazo fijo, Sabadell Inmobiliario y Plan Ahorro Herrero); y, en fin, la declaración testifical de los empleados de las demandadas, aunque deba valorarse con las lógicas cautelas dada su vinculación laboral, resultó coherente, concorde y convincente, explicando los detalles de las reuniones habidas con los demandantes y ratificando la entrega de esa documental cuya finalidad parece claro, por lo dicho, que era la de hacérsela llegar.

Pero incluso aunque se prescindiera de esa "propuesta de inversión", el resultado sería el mismo, dados los claros y comprensibles términos en los que en el contrato se recogen estos particulares, en los que, se insiste, los demandantes basaban la pretensión de nulidad. En letra clara se explica en la página primera que el rendimiento de la inversión se detalla al dorso, donde también en igual clase de letra y firmado por los demandantes, se recoge como opera en las sucesivas etapas, con intereses del 11 por ciento anual en caso de que le precio de las acciones que se detallaban -Iberdrola y Telefónica- fuera superior al del inicio, llegándose hasta el 33 por ciento en el tercer año, pero también aclarando que si llegado el 14 de diciembre de 2010 el precio de alguna de las acciones de referencia fuera inferior al inicial "el efectivo final sería igual al importe inicial invertido multiplicado por el precio de cierre de la acción de la cesta con revalorización mínima y dividido por el precio al inicio de dicha acción, siendo la pérdida máxima de un 20% del capital inicial invertido. Así, en este último supuesto el rendimiento será negativo". Se añadía que la aseguradora "no asume ningún riesgo de la inversión ni la contrapartida" y que "el importe a percibir en el momento del rescate dependerá de las fluctuaciones en los mercados financieros".

De todo ello se desprende que los demandantes hubieron de ser conocedores de la posibilidad de que su inversión tuviera pérdidas, y ello no sólo porque es consustancial a esta clase de contratos, "unit linked", que el tomador asuma el riesgo de la inversión; o porque fuera presumible que un producto que ofrecía la posibilidad de tan alta rentabilidad, que duplicaba a la de los otros que también convinieron en las mismas fechas, tuviera, en contrapartida determinados riesgos; sino, sobre todo, porque así se expresaba claramente en el contrato, que en este aspecto no ofrece mayores dificultades de comprensión, asimilando la inversión a la evolución del precio de determinadas acciones, que, como es sabido fluctúan en el mercado de valores, con la particularidad de moderar el riesgo, tanto al alza como a la baja, estableciendo determinados límites (33 por ciento en el primer caso y 20 por ciento en el segundo).

Sexto.—En definitiva, comparte esta Sala la solución a la que llegó la juzgadora de instancia en el sentido de no haberse acreditado la existencia del error que se denuncia, cuya apreciación recuerda la jurisprudencia que ha de hacerse con criterio cauteloso y restrictivo; y, de haber existido, sería inexcusable y, por tanto, no generador de nulidad, pues los demandantes disponían de los medios necesarios para evitarlo ya que bastaba la simple lectura de las dos primeras hojas, de las cuatro que constaba el contrato, para saber cual era el riesgo y el modo de operar del contrato que firmaban, sin necesidad de poseer especiales conocimientos jurídicos o financieros.

Todo lo cual habrá de traducirse en la desestimación del presente recurso. Si bien, a la vista de las alegaciones que se hacen en el escrito de apelación, cabe añadir: 1.º) la sentencia de instancia funda su decisión en argumentos coincidentes con los anteriores y no en la aplicación de presunción alguna: únicamente alude a cual pudo ser la conducta de los demandantes, atraídos por los altos rendimientos que podía proporcionar el contrato que firmaban; 2.º) ya se ha dicho que la vulneración de determinados aspectos de la obligación de informar no conllevan la nulidad del contrato por error en el consentimiento cuando la prueba demuestra que éste no se produjo; ni cabe conceder la trascendencia que se pretende al hecho de que resultara ciertamente dificultoso conocer cual era el importe de la prima a satisfacer, pues sólo en las condiciones generales (condición octava), se hacía referencia a un mínimo porcentaje en relación al capital adicional, el propio del seguro, también de escasa cuantía (condición segunda), o se omitieran otros extremos, que no afectan al conocimiento que aquellos aspectos principales a los que se anudaba la petición de nulidad; y 3.º) no es creíble, en fin, que los demandantes pudieran confundir el producto contratado con un depósito o imposición a plazo fijo, dadas las diferencias entre uno y otro así como el hecho de que ellos mismos convinieron diversos productos bancarios, con diferentes condiciones y rentabilidades.

Séptimo.—Pese a traducirse lo anterior en la total desestimación del recurso, atendiendo a las razones ya expuestas en la sentencia de instancia así como a que, efectivamente, se aprecian déficits de información aunque referidos a aspectos de menor trascendencia económica y a las dudas que podría suscitar un producto en cierto modo novedoso, como lo es el expresado "unit linked", considera esta Sala aconsejable no hacer expresa imposición de las costas aquí causadas según excepcionalmente permite el art. 394, al que se remite el 398, ambos L.E.C.

Por lo expuesto, la Sala dicta el siguiente:


FALLO


 
Desestimar el recurso de apelación interpuesto por DOÑA Consuelo y DON Fabio contra la Sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número cinco de Oviedo con fecha cuatro de Mayo de dos mil doce en los autos de Procedimiento Ordinario seguidos con el número 1008/11, confirmando dicha resolución, sin hacer expresa imposición de las costas procesales del recurso.

Dese el destino legal al depósito constituido para recurrir.

Las resoluciones definitivas dictadas por las Audiencias Provinciales, de conformidad con lo prevenido en el art. 466 de la L.E.C., serán susceptibles de los Recursos de Infracción Procesal y de Casación, en los casos, por los motivos y con los requisitos prevenidos en los arts. 469 y ss., 477 y ss. y Disposición Final 16.ª, todo ello de la L.E.C., debiendo interponerse en el plazo de VEINTE DÍAS ante éste Tribunal, con constitución del depósito de 50 euros en la cuenta de consignaciones de este Tribunal en el Banco Español de Crédito 3370 e indicación de tipo de recurso (04: Extraordinario por infracción procesal y 06: por casación) y expediente.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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