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Sentencia A.P. Pontevedra 830/2013 de 20 de diciembre


 RESUMEN:

Entidades de seguros: Pago a un Concello por los daños en bienes públicos municipales ocasionados en accidente de circulación, que se imputa al conductor del vehículo asegurado. Responsabilidad civil directa de la aseguradora: Principio de asunción del riesgo. Prueba pericial: Doctrina jurisprudencial en cuanto a su valoración.

SENTENCIA: 00830/2013

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 6 de PONTEVEDRA

N01250

C/LALÍN, NÚM. 4 - PRIMERA PLANTA - VIGO

-

Tfno.: 986817388-986817389 Fax: 986817387

N.I.G. 36057 42 1 2011 0008556

ROLLO: RECURSO DE APELACION (LECN) 0000620 /2012

Juzgado de procedencia: XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N. 3 de VIGO

Procedimiento de origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000529 /2011

Apelante: CONCELLO DE VIGO

Procurador:

Abogado: ANTONIO VIVERO MIJARES

Apelado: NACIONAL SUIZA SEGUROS

Procurador: JOSE FRANCISCO VAQUERO ALONSO

Abogado: SANTIAGO ALONSO MONTENEGRO

LA SECCIÓN SEXTA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, SEDE VIGO, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados JAIME CARRERA IBARZABAL, Presidente; MAGDALENA FERNANDEZ SOTO y EUGENIO FRANCISCO MIGUEZ TABARES, han pronunciado

EN NO MBRE DEL REY

La siguiente

SENTENCIA núm. 830

En Vigo, a veinte de diciembre de dos mil trece.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 006, de la Audiencia Provincial de PONTEVEDRA, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000529 /2011, procedentes del XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N. 3 de VIGO, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000620 /2012, en los que aparece como parte apelante, CONCELLO DE VIGO, representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a., asistido por el Letrado D. ANTONIO VIVERO MIJARES, y como parte apelada, NACIONAL SUIZA SEGUROS, representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. JOSE FRANCISCO VAQUERO ALONSO, asistido por el Letrado D. SANTIAGO ALONSO MONTENEGRO.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D./D.ª EUGENIO FRANCISCO MIGUEZ TABARES, quien expresa el parecer de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Por el Juzgado de 1.ª Instancia núm. 3 de VIGO, con fecha 2.02.12, se dictó sentencia cuyo fallo textualmente dice:

"Que debo desestimar y desestimo la demanda promovida a instancias del Concello de Vigo, frente a Nacional Suiza de Seguros repesentada por el Procurador de los tribunales Sr. Alonso Montenegro y debo absolver y absuelvo a este demandado de las pretensiones deducidas contra él y debo condenar en costas a la parte actora. "

Segundo.—Contra dicha Sentencia, por el CONCELLO DE VIGO se preparó y formalizó recurso de apelación que fue admitido a trámite y, conferido el oportuno traslado, se formuló oposición al mismo por la parte contraria.

Una vez cumplimentados los trámites legales, se elevaron las presentes actuaciones a esta Seccion Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, sede Vigo, señalándose para la deliberación del presente recurso el día 19.12.13.

Tercero.—En la tramitación de esta instancia se han cumplido todas las prescripciones y términos legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—En la sentencia dictada en la instancia se desestimó la reclamación planteada por el Concello de Vigo contra la entidad NACIONAL SUIZA DE SEGUROS por daños en bienes públicos municipales ocasionados en accidente de circulación.

Se invoca por la parte recurrente quebrantamiento de normas y garantías procesales así como error en la valoración de la prueba al considerar que resulta plenamente acreditada la existencia del accidente que sirve de base a la reclamación planteada por la parte actora, resultando procedente la indemnización por el importe reflejado en la factura aportada con la demanda.

En cuanto a la carga de la prueba indudablemente corresponde a la parte demandante acreditar aquellos extremos en los que basa su reclamación, concretamente en el presente supuesto la existencia del accidente y la producción de lesiones y entidad de las mismas, y a la demandada probar los hechos obstativos por ella invocados, de conformidad con lo establecido en el art. 217 LEC.

Segundo.—Como cuestión previa hay que señalar que no se discute por la aseguradora demandada la existencia del accidente y que el mismo debe imputarse al conductor del vehículo asegurado en dicha entidad. Resulta probado que el día 10 de enero de 2010 el conductor del turismo Mercedes SLK con matrícula....-CHC, asegurado en la entidad NACIONAL SUIZA DE SEGUROS, al circular por la carretera de Canido de esta ciudad y al proceder a efectuar el giro para incorporarse al vial que da acceso a la isla de Toralla, perdió el control del vehículo por causas no precisadas y tras golpear con la rueda delantera izquierda contra el bordillo situado en el margen izquierdo salió rebotado contra el Paseo do Areal do Bao, sito en el margen derecho, y ocasionó daños al citado paseo de madera. La parte demandada reconoce la mecánica del siniestro y de hecho en el escrito de contestación a la demanda existe un allanamiento por importe de 1.693,60 euros.

En este supuesto concurren todos los requisitos exigidos en el art. 1902 Cc para apreciar la existencia de responsabilidad civil extracontractual: 1.º) una acción u omisión; 2.º) culpa o negligencia; 3.º) producción de daños, ya sean personales o materiales; y 4.ª) nexo causal entre la acción u omisión culposa y los daños producidos. Procede declarar la responsabilidad civil directa del conductor del turismo Mercedes SLK con matrícula....-CHC al resultar de aplicación lo establecido en el citado art. 1902 Cc. Esto es así porque el accidente tuvo lugar al perder el control del automóvil que conducía.

Debe declararse la responsabilidad civil directa de la entidad NACIONAL SUIZA DE SEGUROS en virtud del principio de asunción del riesgo que dimana del art. 76 LCS al ser la compañía aseguradora del vehículo causante del siniestro.

Por lo tanto no existe duda acerca de la existencia del siniestro y de la responsabilidad que cabe imputar a la aseguradora demandada, al haber sido un vehículo asegurado en la misma el que ocasionó los daños en el paseo de madera, por lo que procede, al menos, la estimación parcial de la demanda, ya que la cuestión debatida en el proceso se circunscribe a la cuantía real de reparación de los bienes que resultaron dañados, no pudiendo desestimarse la demanda por el mero hecho de existir discrepancia entre la cantidad reclamada por la parte actora y la valoración que ofreció la parte demandada.

Tercero.—Resulta procedente analizar la prueba obrante en autos con el fin de determinar el coste de reparación de los daños causados en el accidente.

La parte actora aporta con la demanda presupuesto y posterior factura por importe de 8.464,52 euros, emitidas por la entidad "Renovados de las Cinco Jotas, S.L.", en concepto de reparación del paseo de madera en O Bao. La parte demandada aporta informe pericial elaborado por Don Leovigildo y presupuesto confeccionado por la entidad "Charol Servicios Múltiples, S.L." que fijan el valor de la reparación en la cantidad de 1.693,60 euros.

En la vista declaró como testigo Don Moises, el cual manifestó que elaboró el presupuesto de la entidad "Renovados de las Cinco Jotas, S.L." para arreglar el paseo dañado. Afirmó que la reparación consistió en retirar parte del paseo que había sido golpeado por el vehículo y que luego se repuso, primero colocando los pilares de madera y tres vigas longitudinales, encima una tabla especial con cinco canales antideslizantes que lleva un tratamiento especial con sales de cobre (hidrófugo, insecticida y funguicida) y por último se arregló la barandilla. Cada madera del suelo era de 15x2,5 mt y fue un total de unos 18 m2. Afirma que toda la madera desplazada fue sustituida y colocada otra nueva y precisó, lo cual resulta relevante, que esta era más clara.

En la vista declaró igualmente el testigo Don Saturnino de la empresa "Charol Servicios Múltiples, S.L.", el cual manifestó que la valoración se la encargó el perito señor Leovigildo y fue el carpintero Don Balbino la persona que realizó la valoración concreta, procediendo el testigo a verificar la corrección de la misma. El perito Don Leovigildo afirmó que las fotografías que aporta a su informe son posteriores a haber finalizado las labores de reparación y se observa en las mismas una diferencia clara de color en las maderas sustituidas, que se corresponden con el lugar en que se produjo el impacto y se fracturó la madera existente en el paseo y barandilla. Precisó el perito que al principio pensó que se iba a sustituir todo el paseo, pero luego comprobó que no fue así y que el importe de la factura emitida no se correspondía con el trabajo realmente efectuado. El perito reconoce que la madera tiene un tratamiento especial, pero señala que ya se vende así, y que él hizo una valoración incluso por una cuantía inferior a la de la entidad "Charol Servicios Múltiples, S.L.", por lo que se remitió a la emitida por esta empresa.

La parte actora no ha aportado prueba pericial o técnica, más allá de la declaración de la persona que confeccionó el presupuesto que sirvió de base a la posterior factura emitida y cobrada por su empresa, mientras que la parte demandada ha aportado no sólo una valoración distinta ofrecida por otra empresa, sino también un informe pericial justificativo de las labores de reparación realmente realizadas, lo que tiene su base en el soporte fotográfico en el que se observa cuáles son las maderas efectivamente sustituidas.

Respecto a la prueba pericial es preciso reproducir la doctrina jurisprudencial referida a su valoración, según la cual -así SSTS Sala 1.ª, de 29 noviembre 2006 y de 19 de abril de 2010 - dicho medio probatorio debe valorarse de acuerdo con las reglas de la sana crítica, definidas las mismas como "las más elementales directrices de la lógica humana" (STS Sala 1.ª, de 13 de junio de 2000). Como ya se señala en la STS Sala 1.ª, de 11 de mayo de 1981 la fuerza probatoria de los dictámenes periciales reside esencialmente, no en sus afirmaciones, ni en la condición, categoría o número de sus autores, sino en su mayor o menor fundamentación y razón de esencia, debiendo tener por tanto como prevalentes en principio aquellas afirmaciones o conclusiones que vengan dotadas de una superior explicación racional, sin olvidar otros criterios auxiliares como el de la mayoría coincidente o el del alejamiento al interés de las partes, debiendo efectuar el órgano enjuiciador en cada caso la valoración de estas pruebas en relación con los restantes hechos de influencia en el proceso que aparezcan convenientemente constatados, o como aclara la STS de 9 de marzo de 1995, los dictámenes periciales deben analizarse en su conjunto, sin dar prevalencia a puntos concretos y aislados de los mismos y sin desconectarlos de la apreciación de los restantes medios obrantes en el proceso, siendo admisible atacar el resultado judicial cuando éste aparezca ilógico o disparatado.

Por lo tanto a la vista de la prueba practicada en la vista y del análisis de las fotografías y del informe pericial aportado a las actuaciones cabe concluir que la valoración de la reparación por los daños sufridos en el paseo debido al accidente de circulación debe limitarse a la suma de 1.693,60 euros, ya que este es el importe que se corresponde con los daños efectivamente causados, y ello con independencia de que la parte actora haya abonado la factura por un importe muy superior, ya que la indemnización debe ajustarse al perjuicio realmente ocasionado.

Cuarto.—En cuanto a intereses respecto a la aseguradora demandada debe estarse a lo dispuesto en el art. 576 LEC al no considerar aplicable el art. 20 LCS toda vez que, tal y como se afirma en la STS Sala 1.ª, de 29 de junio de 2009, al analizar la aplicabilidad del interés de demora del art. 20 LCS, "para que la sanción sea efectiva es preciso que el retraso no sea debido a causa justificada o no imputable a la misma, pues en tal caso, como recuerda la Sentencia de 20 de abril de 2009 (recurso 454/2004), dicha excepción a lo que constituye regla general haría que la aseguradora quedase exonerada del pago de intereses. En atención a lo expuesto, sólo se imponen intereses si la demora es imputable al asegurador y, por el contrario, la existencia de causa justificada implica la inexistencia de retraso culpable o imputable al asegurador, pues cabe recordar que no cabe reprochar retraso en el cumplimiento de sus obligaciones al deudor que «actuando de manera objetivamente razonable y en virtud de un error de carácter excusable, haya ignorado la existencia de la obligación, o pueda discutir, de forma no temeraria, la validez del acto de constitución de la relación obligatoria» (Sentencia de 30 de mayo de 2008, recurso 214/2001)".

En el presente caso consta acreditado, pues así resulta de la propia documentación aportada con la demanda, que el Concello efectuó la reclamación a la aseguradora demandada mediante correo de 19 de abril de 2010, que abonó la factura emitida por la entidad "Renovados de las Cinco Jotas, S.L." en el mes de junio de 2010 y que la entidad NACIONAL SUIZA DE SEGUROS realizó el 5 de julio del mismo año una oferta de pago por la cantidad de 1.693,60 euros, que se corresponde con la cantidad a la que ha sido condenada en este proceso, por lo que aparece justificada su oposición a la reclamación planteada al haber realizado una oferta motivada dentro del plazo legalmente previsto, razón por la cual el interés debe limitarse al ya indicado del art. 576 LEC.

Quinto.—En materia de costas, en relación con las causadas en primera instancia, al estimarse parcialmente la demanda cada parte abonará las costas causadas a su instancia siendo las comunes por mitad, de conformidad con lo establecido en el art. 394-2 LEC.

En materia de costas causadas en esta alzada resulta de aplicación lo dispuesto en el art. 398-2 LEC, conforme al cual en caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español


FALLAMOS


 
Estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Concello de Vigo, contra la sentencia de fecha 2 de febrero de 2012 dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Vigo, procede revocar la misma y estimar parcialmente la demanda formulada por el Concello de Vigo, por lo que debe condenarse a la entidad NACIONAL SUIZA DE SEGUROS a pagar al Concello de Vigo la suma de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (1.693,60 euros), así como los intereses legales reseñados, y sin que proceda hacer especial imposición de las costas causadas en ninguna de las instancias.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de casación para el caso de que se acredite interés casacional o, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal, en base a lo establecido en el art. 477 LEC, debiendo interponerse dentro de los veinte días siguientes a su notificación en la forma establecida en el art. 479 LEC.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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