Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia A.P. Orense 455/2013 de 30 de diciembre


 RESUMEN:

Sociedad irregular: Disolución por conclusión del negocio mercantil que constituía su objeto. Posterior liquidación en trámite de ejecución, conforme a las reglas de partición de la herencia por cuestiones de economía procesal.

OURENSE

APELACIÓN CIVIL

La Audiencia Provincial de Ourense, constituida por los Señores, D. Fernando Alañón Olmedo, Presidente, D.ª Ángela Domínguez Viguera Fernández y D.ª Josefa Otero Seivane, Magistrados, ha pronunciado, en nombre de S.M. El Rey, la siguiente

SENTENCIA: 00455/2013

En la ciudad de Ourense a treinta de diciembre de dos mil trece.

VISTOS, en grado de apelación, por esta Audiencia Provincial, actuando como Tribunal Civil, los autos de Procedimiento Ordinario procedentes del Juzgado de Primera Instancia Dos de O Carballiño, seguidos con el n.º 150/2011, Rollo de Apelación núm. 419/2012, entre partes, como apelante, D.ª Antonieta y D. Alonso, representados por la procuradora D.ª Marta Trillo González, bajo la dirección del letrado D. Juan Carlos González Iglesias, y, como apelado, D. Cayetano, representado por el procurador D. Diego Rúa Sobrino, bajo la dirección del letrado D. Perfecto Luis Rúa Rodríguez.

Es ponente la Ilma. Sra. Magistrada D.ª Ángela Domínguez Viguera Fernández.


I - ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Por el Juzgado de Primera Instancia Dos de O Carballiño, se dictó sentencia en los referidos autos, en fecha 18 de abril de 2012, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Se ESTIMA PARCIALMENTE la demanda por D. Antonieta y D. Alonso frente a D. Cayetano, y en consecuencia se ACUERDA:

A) DECLARAR que entre los tres litigantes existió una sociedad irregular de tipo mercantil, vigente desde el 1 de octubre de 2007 hasta el 31 de julio de 2008, fecha en que se produjo su extinción por conclusión del negocio que constituía su objeto, causada por la actuación voluntaria de los tres socios.

B) DECLARAR que en dicha sociedad y su patrimonio participaban D. Antonieta y D. Alonso, en una proporción del 40% cada uno, mientras que D. Cayetano lo hacía en un 20%.

C) DECLARAR que los 60.000 euros entregados conjuntamente por D. Antonieta y D. Alonso a D. Cayetano, tuvieron la condición de precio de compra de sus participaciones en la sociedad, y no de aportaciones a la misma, por lo que no pasaron a formar parte del haber social.

D) CONDENAR a D. Cayetano a que rinda cuentas respecto de la venta de la licencia administrativa del local que la sociedad tenía arrendado, y del resultado de sus gestiones respecto del equipo de música del establecimiento, de dos cubos de bebida, así como de otras que haya podido realizar y que hayan podido afectar a elementos de dicho establecimiento.

Se DESESTIMAN las restantes pretensiones ejercitadas en la demanda. Sin expreso pronunciamiento en costas. ".

Segundo.—Notificada la anterior sentencia a las partes, se interpuso por la representación de Antonieta y Alonso recurso de apelación en ambos efectos al que se opuso la representación procesal de Cayetano, y seguido por sus trámites legales, se remitieron los autos a esta Audiencia Provincial.

Tercero.—En la tramitación de este recurso se han cumplido las correspondientes prescripciones legales.


II - FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Se acepta la fundamentación jurídica de la sentencia apelada en tanto no contradiga lo expuesto a continuación,

Primero.—Como ya se estableció en la sentencia de instancia, los litigantes concertaron un contrato de sociedad que tuvo por objeto la explotación en común de un negocio ("Pub la Kalle") según participación previamente convenida de un 40% cada un de los demandantes y 20% el demandado, cuestión esta sobre la que no discrepan las partes, como tampoco sobre la extinción de la sociedad, por haber concluido el negocio que le servía de objeto (art. 1700.2.º Código Civil) lo que aboca a los contratantes a su disolución y liquidación conforme a lo dispuesto en el art. 1708 CC, ya que conforme la jurisprudencia (STS 30 de enero de 2006, entre otras) la extinción propiamente tal de la sociedad no se produce sino hasta el momento en "que se han realizado todas las operaciones necesarias para aislar a la sociedad del tráfico en que se hallaba inserta y, por ello, dentro del proceso extintivo de la sociedad, se han de diferenciar tres momentos principales: la disolución que consiste en la concurrencia de una causa que determina la apertura de la liquidación; la liquidación que es el proceso a través del cual se libera a los socios y al patrimonio social de los vínculos contraídos con motivo de la sociedad; y la extinción en sentido estricto, que se produce al cierre de la liquidación con la distribución del remanente, si lo hubiere, entre los socios.

La partición ha de efectuarse tomando en consideración los bienes existentes en la sociedad al tiempo de la disolución y atendiendo a sus respectivas participaciones. Así, el art. 1689 CC., establece, que "las perdidas y las ganancias se repartirán de conformidad con lo pactado".

Segundo.—Como sostiene el apelante el contrato de sociedad mantuvo su vigencia entre el 1 de octubre de 2007 y finales de agosto de 2008, momento en que cesó la explotación del negocio tal como aceptaron ambas partes litigantes en el acto de la audiencia previa, por lo que ha de estarse a tal determinación, por un principio de congruencia, siendo lo fundamental a estos efectos, el momento que cesó de modo efectivo la explotación del negocio objeto de la sociedad, mas que a la formal extinción del contrato de arrendamiento.

Ha quedado también resuelta en las primera instancia la cuestión relativa al carácter del desembolso efectuado por los demandantes (30.000 euros cada uno) al tiempo de constituirse la sociedad, principalmente controvertida, como precio de la adquisición de su parte en el negocio (80% en total) que anteriormente era propiedad exclusiva del demandado (en un 100%), y en el que este último había efectuado importantes inversiones un año antes de constituirse la sociedad, en el año 2006, según resulta de determinadas facturas que se acompañan al escrito de contestación a la demanda.

Quedó pues descartada en la sentencia de instancia, la pretensión de la parte actora apelante, de que tales cantidades fuesen consideradas como aportaciones a un fondo social para su computación como activo al tiempo de la disolución, sino que se estimaron como precio de una compraventa de parte del negocio, perfecta y consumada, que paso a integrarse en el patrimonio del vendedor demandado. Este pronunciamiento de la sentencia apelada no ha sido en realidad combatido en el recurso, ni desvirtuado en ninguno de sus motivos. Por lo que ha de mantenerse, y porque, en efecto, la postura de los demandantes resultaba en ese aspecto contradictoria, ya que atendido el valor total de la industria antes de la constitución de la sociedad, de aceptarse su tesis, el porcentaje de participación del demandado en el negocio, atendiendo al valor de cada una de las aportaciones habría de ser necesariamente superior al indicado en la demanda, del 20%.

Mostrando ambas partes conformidad con la disolución de la sociedad, su liquidación resulta ineludible tal como dispone el art. 1708 CC, y se ha interesado expresamente en la demanda, considerando la doctrina mayoritaria, que la extinción propiamente dicha no tiene lugar en tanto no se produce el cierre de la liquidación con la distribución del remanente, si lo hubiere, entre los socios, tal como se expuso precedentemente. Tal liquidación interesada, presupone que los socios habrán de rendirse necesariamente cuentas recíprocas con la consiguiente consecuencia de sufrir los resultados prósperos o adversos del desarrollo de la sociedad, lo que es inherente a esta clase de contrato. Es por ello, que el pronunciamiento contenido en el fundamento jurídico quinto de la sentencia apelada, denegando la liquidación interesada en la demanda, sobre la base de que la demandante no se ofreció a la necesaria rendición de cuentas de su gestión, interesando sin embargo la del demandado, no se estima aceptable, pues atendida la formulación de la demanda, implícitamente, se estaba sometiendo a la necesaria rendición de cuentas de su gestión durante el tiempo en que permaneció al frente del negocio, coincidente con la duración de la sociedad. Siendo un requisito ineludible para la liquidación interesada, la recíproca rendición de cuentas entre los socios.

Y así, fue fijado como uno de los extremos sobre los que habría de versar el informe del perito judicialmente designado, a instancia de ambas partes, "el cálculo de los beneficios o perdidas del negocio durante el periodo que va desde octubre de 2007 hasta la finalización de las actividades en agosto de 2008". Lo que así hizo dicho perito, atendiendo a un método estimativo según el programa de módulos de la Agencia Tributaria, según la clase y dimensiones del negocio, y ante la falta de aportación de los demandantes, que llevaban directamente la explotación del local, de otros documentos justificativos de la cifra de ventas (ingresos) y de la cifra de gastos corrientes (mercaderías, sueldos, salarios, arrendamientos, facturas de suministros de servicios de otros profesionales, etc.) pese a su disponibilidad probatoria y a que este era el momento procesal oportuno para aportarlos, toda vez, que ellos mismos habían interesado en su demanda se fijasen las bases necesarias para llevar a cabo la liquidación en ejecución de sentencia, con arreglo a lo dispuesto en el art. 219 LEC. Al no haberse efectuado así, ha de estarse en cuanto a este extremo, a lo establecido en el informe pericial, que fijó el rendimiento del negocio (a efectos de pagos fraccionados en 24.972 euros).

Respecto de los restantes elementos a tener en cuenta a efectos de liquidación, lo primero que ha de precisarse es que la valoración de los elementos del negocio, activo y pasivo, ha de efectuarse por referencia al tiempo de la disolución de la sociedad, tal como se expuso precedentemente. Determina además la perito judicial, en su informe, como "activos fijos", el "inmovilizado material" o elementos incorporados al negocio mediante obra de fábrica, teniendo en cuenta el valor de las obra e inversiones en instalaciones efectuadas en el local de negocio, según facturas aportadas a los autos.

Toda vez, que algunos de estos elementos formaban parte indefectiblemente del inmueble (con arreglo al art. 334.3.º CC) habrán de computarse como activo en la medida que no se hubieren perdido, al resolverse el contrato de arrendamiento de local de negocio, o fuesen susceptibles de recuperación. Al haberse extinguido el contrato por negligencia e incumplimiento contractual de todos los socios, según se probó en el acto de juicio, con la consiguiente recuperación del local por parte del arrendador. En esta medida se incluirá tal partida del activo en el periodo de liquidación sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar frente al arrendador o el dueño del local.

La perito judicial valora la partida de construcciones en 19.079 euros, y la de otras instalaciones en 19.747 euros, sin perjuicio de aplicarle el correspondiente factor de corrección por uso y obsolescencia, también indicado en el informe pericial, al que habrá de estarse.

Ha de estarse también, a la valoración de la maquinaria detallada en dicho informe y bienes de equipo, también determinados en el mismo. Y como activo inmaterial únicamente al valor de la licencia (1000 euros), puesto que sobre el derecho de traspaso o fondo de comercio, la perito judicial manifestó su imposibilidad de valorarlos al no constarle el valor del negocio, según su situación económica al tiempo de extinguirse la sociedad y resolverse el contrato de arrendamiento; sin haberse aportado libros de comercio, relación de clientes o cuentas del negocio que permitiere tal valoración.

Ambas partes habrán de rendir cuentas de los elementos de los que se hubiesen apropiado en su exclusivo beneficio, trayéndose a cómputo su valoración según detalla el informe.

En la partida de gastos o pasivo, habrán de computarse las mensualidades de renta abonadas exclusivamente por el demandado (a excepción de las compensadas con la fianza al formar parte el derecho de arrendamiento de la sociedad) y las facturas de suministros abonados por cuenta exclusiva del demandado (Aquagest, Fenosa, SGAE. Impuestos o sanciones abonadas a la agencia Tributaria) lo mismo que lo abonado exclusivamente por los demandantes por cuenta del negocio, si lo acreditasen debidamente en periodo de liquidación los cuales constituirán un de derecho de crédito de los mismos frente a la sociedad, con arreglo a su cuota de participación, previa la deducción que le correspondiese abonar con arreglo a dicha participación.

No cabe comprender el importe de cancelación de los avales, contratos que el demandado había concertado con la empresa Pepsico y Heineken antes de constituirse el contrato de sociedad, negocios jurídicos concertados por el demandado en exclusiva, sin vinculación alguna de los demandantes, y sin que conste debieran atribuírsele sus consecuencias en función de los acuerdos internos entre los socios, ni conste si fueron o no repercutidos ya en el precio cobrado por el demandado, ni siquiera que fuese conocida tal circunstancia por los demandantes, por lo que menos puede inferirse aceptación.

En atención a tales parámetros ha de llevarse a cabo la liquidación en periodo de ejecución de sentencia, por un principio de economía procesal, tal como ha admitido la jurisprudencia (STS 6 de junio de 2002) y lo dispuesto en el art. 219.3.º LEC. Atendiendo también a las demás reglas de partición de la herencia (art. 1708 CC), y en este solo sentido debe revocarse la sentencia apelada.

Tercero.—Al estimarse parcialmente el recurso de apelación no procede efectuar una expresa imposición de las costas de la alzada.

Por lo expuesto la Sección Primera de la Audiencia Provincial pronuncia el siguiente


FALLO:


 
Se estima en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Antonieta y Alonso contra la sentencia, de fecha 18 de abril de 2012, dictada por el Juzgado de Primera Instancia Dos de O Carballiño en autos de Procedimiento Ordinario 150/2011, y con revocación parcial de la sentencia apelada, se declara que la vigencia de la sociedad irregular constituida entra los litigantes se extenderá desde la fecha indicada en la sentencia apelada, hasta el 23 de agosto de 2008. Que cuantos elementos y enseres formaban parte del negocio al tiempo de la disolución, pertenecían a los socios en función de sus respectivas aportaciones. Disuelta la sociedad, procede llevar a efecto la liquidación en trámite de ejecución, conforme a las reglas de partición de la herencia y las bases sentadas en la presente resolución, con la consiguiente recíproca rendición de cuentas de todos los socios. Se mantiene la sentencia apelada en los restantes pronunciamientos, sin efectuar una expresa imposición de las costas de la alzada.

Contra la presente resolución, podrán las partes legitimadas interponer, en su caso, recurso de casación por interés casacional y extraordinario por infracción procesal en el plazo de veinte días ante esta Audiencia.

Así por esta nuestra sentencia, de la que en unión a los autos originales se remitirá certificación al Juzgado de procedencia para su ejecución y demás efectos, juzgando en segunda instancia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Oh happy Ley
Tu formación puede salirte gratis
Dossier productos tóxicos
III Congreso Compliance
 
Foros de formación