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Sentencia T.S.J. Aragón 10/2014 de 14 de enero


 RESUMEN:

Despido objetivo individual: Procedencia. La documentación trasladada a la representación de los trabajadores resulta suficiente y correcta, no apreciándose dolo, fraude o abuso de derecho. Grupos de empresas a efectos laborales: Requisitos. Admisión de la situación económica negativa de dos de las empresas del grupo. Las empresas demandadas constituyen un grupo empresarial de carácter mercantil.

ZARAGOZA

SENTENCIA: 00010/2014

T.S.J.ARAGON SALA SOCIALZARAGOZA

CALLE COSO N.º 1

Tfno: 976208361

Fax:976208405

NIG: 50297 34 4 2013 0102379

402250

TIPO Y N.º DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0000643 /2013

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 0001225 /2012 JDO. DE LO SOCIAL n.º 001 de ZARAGOZA

Recurrente/s: Leandro

Abogado/a: JAVIER CHECA MONGE

Procurador/a:

Graduado/a Social:

Recurrido/s:

Abogado/a:

Procurador/a:

Graduado/a Social:

Rollo número 643/2013

Sentencia número 10/2014

M

MAGISTRADOS ILMOS. Sres:

D. CARLOS BERMÚDEZ RODRÍGUEZ D. RAFAEL MARÍA MEDINA Y ALAPONT

D. JUAN MOLINS GARCÍA ATANCE

En Zaragoza, a catorce de enero de dos mil catorce.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, compuesta por los Sres. indicados al margen y presidida por el primero de ellos, pronuncia en nombre del REY esta

SENTENCIA

En el recurso de suplicación núm. 643 de 2013 (Autos núm. 1225/2012), interpuesto por la parte D. Leandro contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Zaragoza de fecha 17 de septiembre de 2013; siendo demandados SISTEMAS ELÉCTRICOS THALES S.A., PROCESOS INDUSTRIALES THALES S.L., GLOBAL TELECOM THALES S.L. y MANUTENCIONES ELECROMECÁNICAS THALES S.L.", sobre despido. Ha sido ponente el Ilmo. Sr. D. RAFAEL MARÍA MEDINA Y ALAPONT


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Según consta en autos, se presentó demanda por D. Leandro contra Sistemas Eléctricos Tahales S.A., y otros ya nombrados sobre despido, y en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de lo Social número 1 de Zaragoza, de fecha diecisiete de septiembre de dos mil trece, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

"Que desestimando la demanda interpuesta por D. Leandro, contra las empresas "SISTEMAS ELÉCTRICOS THALES S.A.", "PROCESOS INDUSTRIALES THALES S.L.", "GLOBAL TELECOM THALES S.L." y "MANUTENCIONES ELECROMECÁNICAS THALES S.L.", debo declarar y declaro la procedencia de la extinción del contrato de trabajo del actor llevado a cabo por despido objetivo de efectos de 25.11.2012, declarando extinguido el contrato en la fecha del mismo, con derecho del trabajador a la indemnización que, por tal concepto tiene percibida, absolviendo a las demandadas de los pedimentos formulados en su contra".

Segundo.—En la citada sentencia y como hechos probados se declararon los del siguiente tenor literal:

"1°.- El demandante D. Leandro, con DNI n.º NUM000, ha venido prestando servicios por cuenta y bajo la dependencia de la demandada Procesos Industriales Thales S.L.U., en adelante PIT, con la categoría profesional de oficial de 1.ª y percibiendo una retribución bruta diaria de 77,521 €, incluida la parte proporcional de las pagas extras.

2°.- El demandante fue contratado en fecha 24.07.2001 por la empresa PIT mediante contrato de trabajo eventual, a tiempo completo, con duración pactada de hasta el 23.10.2001, ampliado hasta el 23.07.2002, siendo su objeto, "atender exigencias circunstanciales de mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, consistentes en atender el mayo volumen de trabajo motivado por las favorables circunstancias del mercado en el sector". A la conclusión de dicho contrato, en fecha 24.07.2002, el actor y la demandada "Thales Centro Tecnológico S.L.U. suscriben contrato de trabajo eventual, con duración pactada de hasta el 23.08.2002, prorrogado hasta el 23.11.2002, siendo su objeto atender acumulación de trabajos motivado por las vacaciones del personal de la empresa". En fecha 24.11.2002 el actor y la empresa "Ingeniería y Desarrollo Thales S.L.U." suscriben contrato de trabajo eventual, con duración pactada de hasta el 23.05.2003 y prorrogado hasta el 23.11.2003, para atender un mayor volumen de trabajo motivado por las favorables circunstancias del mercado en el sector. El 24.11.2003 el actor y Sistemas Eléctricos Tales SA., en adelante SET suscriben contrato de trabajo eventual, con duración de hasta el 23.05.2004, prorrogado hasta el 23.11.2004, para atender un mayor volumen de trabajo motivado por las favorables circunstancias del mercado. Nuevamente, el 29.11.2004 el actor y PIT suscriben contrato de trabajo eventual con duración pactada de hasta 28.11.2005 siendo su objeto atender un mayor volumen de trabajo motivado por las favorables circunstancias del mercado en el sector. En fecha 1.12.2005 el actor suscribe nuevo contrato de trabajo eventual con la empresa SET, con duración pactada de hasta el 30.11.2006, para atender un mayor volumen de trabajo motivado por las favorables circunstancias del mercado en el sector. El 4.12.2006 el actor suscribe contrato eventual con Thales Centro Tecnológico S.L. con duración pactada de hasta el 3.06.2007 prorrogado hasta el 3.12.2007 y para atender un mayor volumen de trabajo motivado por las favorables circunstancias del mercado en el sector. Finalmente, el actor,.en fecha 4.12.2007 suscribió contrato de trabajo indefinido, a tiempo completo, con la mercantil Manutenciones Electromecánicas Thales S.L., en adelante MET, en cuyo contrato se subrogó, con efectos de 1.01.2010, la empresa PIT. Todos los referidos contratos fueron suscritos para la prestación de servicios del actor como electricista, con la categoría profesional de oficial 1.ª

3°.- El día 23 de noviembre pasado, la demandada PIT entregó al actor comunicación del tenor literal siguiente: "Muy Sr. Nuestro: Mediante la presente ponemos en su conocimiento que el próximo día 25 de noviembre de 202 se procederá a la extinción del contrato de trabajo que le vincula con la empresa. Esta decisión trae causa de despido colectivo, con n° de expediente NUM001, comunicado por la empresa a la Autoridad Laboral, al finalizar sin acuerdo el periodo consultivo, y todo ello en base a lo dispuesto en el art. 51 del Estatuto de los Trabajadores, según redacción dada por el RD Ley 3/2012 de 10 de febrero de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Así, y a los efectos previstos en el art. 51-4, una vez comunicada a la Autoridad Laboral el fin del periodo consultivo sin acuerdo, y en base a lo establecido en el art. 53 del estatuto de los Trabajadores, se notifica individualmente su despido, produciéndose la extinción una vez transcurrido el plazo mínimo de 30 días desde la fecha de la comunicación de la apertura del periodo de consultas a la Autoridad Laboral Las causas motivadoras de la extinción de su contrato de trabajo, se recogen en la Memoria que se acompañaba a la comunicación de Despido Colectivo, copia de la cual se adjunta la presente carta., formando parte integrante de la misma, dándola por reproducida en aras a la brevedad. De la misma se desprende que las pérdidas reales de la Compañía PROCESOS INDUSTRIALES THALES S.L.U. durante el año 2011 ascendió a 1.359.969,31 euros, y los del GRUPO MERCANTIL THALES a 1.371.185,48 euros. En este momento ponemos a su disposición mediante cheque n° NUM002 del Banco de Sabadell la indemnización que legalmente le corresponde 17.698,09 (DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)". A la referida carta se acompañaba Memoria de 24.10.2012, que recoge la evolución de la actividad de cada una de las empresa demandadas, con indicación de sus cifras de ventas (facturación de 2008 a 2012), cuestas exploración resumidas de los mismos ejercicios y magnitudes agregadas de grupo mercantil Thales. Se da por reproducido el contenido de la indicada memoria que obra en autos (folios 7 y siguientes).

4°.- A finales de octubre el pasado año, PIT inició los trámites para el despido colectivo de 11 de sus trabajadores (ERE n° NUM001), en el que, tras las negociaciones habidas en el periodo de consulta, finalizado sin acuerdo, la empresa adoptó la decisión de extinguir, con efectos de 25.11.2012, los contratos de trabajo de 9 trabajadores (incluido el del demandante). El Inspector de trabajo emitió informe de fecha 25.01.2013 (que obra en autos y se da por reproducido, documento n° 5 aportado por la demandada) en el que concluye que el procedimiento seguido por la empresa es adecuado, que toda la documentación que se trasladó a. la representación de los trabajadores era suficiente y correcta, y que, teniendo en cuenta las causas y circunstancias de la empresa el expediente era ajustado a la normativa, no apreciando dolo, fraude, connivencia, abuso de derecho o irregularidad alguna.

5°. Anteriormente, a principios del año 2012, la misma citada empresa PIT había tramitado ERE (n° NUM003) para la reducción de la jornada de 4 trabajadores, en el que, tras las negociaciones correspondientes, se adoptó acuerdo de reducción de jornada del 25% para tres trabajadores y del 12,5 % para un cuarto trabajador. El Inspector de trabajo emitió informe de 9.03.2012 que obra en autos y se da por reproducido, y en el que se informa que la documentación económica aportada revela una ligera disminución del trabajo y pérdidas en el año 2011, habiéndose ajustado la empresa en la tramitación del ERE a la normativa, y sin que se aprecie dolo, fraude, connivencia, abuso de derecho o irregularidad alguna.

6°.- La demandada PIT fue constituida en escritura pública otorgada el 18.12.2000, iniciando sus operaciones el 1.01.2001. Tiene su domicilio social en el Polígono El Portazgo, Nave 24, de la Autovía de Logroño, km. 245,3 de Zaragoza. Su objeto social es la construcción, conservación y mantenimiento de todo tipo de obras e instalaciones, prestación de servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas, electrónicas, informáticas, fontanería, calefacción, maquinaria industrial, aparatos elevadores y de traslación horizontal, servicios de tecnologías de la informática y las comunicaciones. Es una sociedad unipersonal y su socio único es Vinci Energies España S.A. es su socio único, que a su vez es su administrador único. D. Dimas, D. Ignacio, D. Narciso y D. Torcuato son apoderados de la entidad.

5°.- La demandada SET se constituyó en escritura pública otorgada el 16.11.1979, iniciando sus operaciones el 19.11.20979. Tiene mismo su domicilio social y mismo objeto social que PIT. Es asimismo una sociedad unipersonal y Vinci Energies España SA. es su socio único, que a su vez es su administrador único. Los, apoderados de esta entidad son los ya mencionados de la entidad PIT.

6°.- La demandada MET se constituyó en escritura pública otorgada el 31.12.2004, fecha en que asimismo inició sus operaciones. Su único socio es Vinci Energies España S.A que asimismo es administrador único. Tiene el mismo domicilio social y cuenta con el mismo objeto social y apoderados que las citadas SET y PIT.

7°.- Global Telecom Thales S.L., en adelante GTT, fue constituía en escritura pública otorgada el 3.06.2003. Es una sociedad unipersonal, con el mismo único socio y administrador, apoderados y domicilio social que SET, PIT y MET. Su objeto social lo constituye el diseño, montaje, ejecución, mantenimiento y reparación e toda clase de instalaciones eléctricas, instalación de redes telegráficas, telefónicas, telefonía sin hilos y televisión, etc.

8°.- No obstante el objeto social referido de cada una de las demandadas, la actividad económica principal de cada una de ellas es la siguiente: para SET, instalaciones de alta tensión para clientes de transporte y distribución de energía eléctrica; para PIT, las instalaciones eléctricas industriales en general con especial enfoque en el sector de manutención y del automóvil, y hospitales, centros comerciales y edificios de oficinas; para GTT, las telecomunicaciones, y para MET, la realización de cuadros eléctricos para trenes y ramas de metro.

9°.- Las cifras de ventas y resultados -después de impuestos- de las demandadas en los últimos ejercicios son las siguientes:

PIT Volumen de ventas Resultados

2009 4.375.236,11 € -1.282.604,64 €

2010 3.819.387,53 € 44.614,51 €

2011 5.812.632,37 € -1.359.969,31 €

2012 3.470.194.29 € -792.232.56 €

MET Volumen de ventas Resultados

2009 1.880.568,42€ 66.603,20 €

2010 1.338.140,43€ 72.773,53€

2011 1.006.063,95€ 2.285,08€

2012 3.470.194,29€ - 111.152,85€

SET Volumen de ventas Resultados

2009 8.143.785,92€ -560.559, 14€

2010 5.476.177,35€ 206.217,55€

2011 4.556.698,22€ -129.458,87€

2012 4.987.724,60€ 218.588,18€

GTT Volumen de ventas Resultados

2009 3.183.559,80€ -341.369,00€

2010 3.695.315,68€ 97.817,36€

2011 4.165.387,42€ 115.957,62€

2012 4.992.212,50€ 311.255,22€

10°.- Las declaraciones tributarias y mercantiles de PIT de los ejercicios 2010, 2011 y primer semestre de 2012 no coinciden con los resultados reales de la misma, obedeciendo tal anomalía a. la circunstancias de que el antiguo director de esta empresa, D. Argimiro, sin autorización de la empresa y sin conocimiento de los clientes, generó una serie de pedidos y órdenes de compra falsas emitiendo facturas ficticias, crin la finalidad de ocultar los resultados negativos de proyectos y obras por él dirigidos. Los hechos fueron reconocidos por el citado Sr. Argimiro en comunicación dirigida a la empresa de 16.5.2012 que obra en autos (documento n° 6 de la demandada) y motivó su despido disciplinario. La regularización de las cifras declaradas se llevó a cabo en el año 2012. Las cifras referidas en el hecho probado noveno anterior para la demandada PIT corresponden a las cifras reales una vez eliminadas en cada ejercicio las facturas ficticias.

11°.- Se da por reproducido en su integridad el contenido del informe del Inspector de Trabajo de 26.06.2013 (documento n° 5 aportado por la demandada) a petición del Juzgado de lo Social n° 3 de esta ciudad, que concluye que la empresa -PIT- y el grupo mercantil en que ésta se integra ha sufrido una evolución económica negativa según se desprende a los datos referidos".

12°.- Las cuatro empresas demandadas integran el grupo mercantil THALES, ascendiendo la facturación de la misma en los últimos ejercicios, y lo resultados del grupo, antes de impuestos, a las cifras que seguidamente se indican:

GRUPO THALES Facturación Resultados

2009 17.583.420,25 € -2.117.933,58€

2010 14.329.020,99 € 421.422,95 €

2011 15.540.781,96 € -1.371.185.48 €.

2012 1.880.000,00 € (previsión) -2.177.621€ (previsión)

12°.- En el año 2008, SET concedió a las codemandadas PIT, MET y GTT un crédito en cuenta corriente cuyo límite asciende a 1.200.000,00 por un plazo de cinco años, que se halla debidamente documentado y comunicado en las cuentas públicas de las cuatro demandadas.

13°.- Los trabajadores de las demandadas vienen compartiendo material e instalaciones, incluido un almacén al que llega mercancía de las distintas empresas del grupo THALES, y que es recepcionada por la empleada de GTT, Dña. Marcelina. Esta trabajadora, hasta el 30.11.2012 estuvo adscrita a la empresa MET.

14°.- PIT realiza trabajos de oficina (administrativos y de recursos humanos) para el resto de la demandadas, con quienes tiene concertado contrato de arrendamiento de servicios, que factura oportunamente a cada una de ellas. De acuerdo con ello, D. Dimas, director financiero y de recursos humanos de PIT, ha suscrito las comunicaciones de vacaciones o ceses dirigidas a algún trabajador de otras de empresas demandadas, si bien las decisiones que sustentan tales comunicaciones son adoptadas en cada caso por el director técnico de cada una de las empresas a las que están adscritos los trabajadores a que se refieren.

15°.- Los empleados de todas las demandadas operan con una única "Normativa Interna", que se recoge en el documento n° 11 aportado por la demandante, y de aplicación a las concretas materias a que dicho documento se refiere, tales como calendario laboral y vacaciones, asistencia y ausencias al trabajo, utilización de EPI's, seguridad y salud laboral, etc

16°.- Desde el 30.11.2012, fecha en la que cesó la trabajadora Dña. Marcelina, la empresa MET no cuenta con trabajador alguno de alta. La citada Sra. Marcelina causo alta en la empresa DTT el día 1.12.2012.

17°.- Obra en autos (folios 50 y siguientes) la evolución de las plantillas de las cuatro empresas codemandadas, dándose por reproducido su contenido en su integridad.

18°.- El actor ha percibido íntegramente el importe de la indemnización fijado en la carta de despido, que se ha calculado teniendo en cuenta el salario alegado en demanda así como todos los periodos de prestación de servicios en las distintas empresas demandadas desde el 24.07.2001.

19°.- El actor no ostenta ni ha ostentado en el último año la condición de representante de los trabajadores.

20°.- El actor presentó papeleta de conciliación ante el SAMA el día 13 de diciembre pasado, habiéndose celebrado el acto el día 19 de diciembre con el resultado de sin avenencia respecto de PIT e intentado sin efecto en cuanto al resto de las demandadas."

Tercero.—Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante, siendo impugnado dicho escrito por la parte demandada Procesos Industriales Thales, S.L.U.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—La sentencia de instancia declara probada la existencia de un Grupo de Empresas de carácter mercantil entre las codemandadas, pone de manifiesto la inexistencia de todas y cada una de las notas que la doctrina jurisprudencial exige para la figura del «grupo de empresas a efectos laborales», admite acreditada la situación económica negativa de dos de las empresas del grupo, cuya importancia determina una situación negativa del Grupo en su conjunto, y que aparece puesta de manifiesto en la carta de despido del demandante, y en especial de la empleadora efectiva de este con disminución acumulada de ventas desde 2009 a 2012, estando en pérdidas desde 2011, desestimando la demanda.

El recurso del demandante se dirige a combatir tales aseveraciones en base a un motivo (cuatro apartados) dirigido a la revisión fáctica y otro a la censura jurídica (dos apartados).

En el primer motivo del recurso, articulado por cauce procesal adecuado y subdividido en cuatro apartados, se pretende (como se ha anticipado) la modificación del relato fáctico de la sentencia de instancia, al objeto de hacer constar en él, al ordinal octavo y con cita de los documentos obrantes a los folios 339, 491 (anverso), 637 y 780 de autos lo que considera constituye la actividad económica principal de PIT, GTT, MET y SET, previa la supresión del redactado original pues, aduce, la inexistencia de medio probatorio alguno al respecto -subapartado primero-; del ordinal decimotercero mediante la adición de referencia de «traspaso» de la trabajadora según carta que, afirma, fue suscrita por la dirección del grupo THALES, con cita del documento obrante al folio 298 de autos y el resultado de prueba testifical -subapartado segundo-; del ordinal duodécimo, al objeto de sustituir las cifras relativas al Grupo Thales por la de 13.792.276,42 euros y la de -373.542,01 euros en los apartados Facturación y Resultados, respectivamente -subapartado tercero-; mediante la adición de un nuevo hecho, innumerado, en el que conste que la plantilla de la empresa PIT era, en el año 2012, antes del despido de 39 trabajadores, con cita de los documentos obrantes a los folios 450 (anverso) y 451.

Segundo.—Ninguno puede prosperar (desde el punto de vista del recurso extraordinario de suplicación en el que nos encontramos, que no es una segunda instancia, y en el que la revisión fáctica es limitada por mor de lo dispuesto en el artículo 193.b) LRJS tal y como lo ha interpretado la doctrina jurisprudencialmente unificada y la doctrina científica).

Ninguno de los textos alternativos propuestos se desprende de los documentos citados como soporte sin que sea precisa una actividad de análisis, valoración o ponderación pues no existe error concreto, evidente y cierto en la apreciación de la juzgadora de instancia; no es admisible la prueba testifical como soporte de la pretensión revisoria al impedirlo el apartado b) del artículo 193 LRJS; resulta, como mínimo, sorprendente el que se pretenda introducir mención a la situación económica del Grupo Thales, como tal (es decir como grupo de empresas), cuando se defiende su inexistencia formal y que, además, se refleje una situación negativa -pérdidas- de los resultados de tal actividad. Y tampoco es relevante respecto al sentido del fallo el número de trabajadores empleados por PIT antes del despido del demandante.

Tercero.—En el único motivo dirigido a la censura jurídica -dividido en dos apartados, uno consecuencia del otro- se denuncia, con correcto amparo procesal, infracción de lo dispuesto en los artículos 1.2. 51.1 y 52.c) del vigente TRET.

Mantiene el recurrente su tesis relativa a la conformación por parte de las empresas demandada de un grupo de empresas de carácter laboral, que no mercantil, y entiende que solo ello implica la imposibilidad de licitud del despido objetivo que se combate. Niega, también, en sede de suplicación la realidad de las causas económicas invocadas en la carta de despido y su incardinación en los supuestos de hecho base para la aplicación de la norma del artículo 51.1 TRET, afirma que el despido de un 23 por ciento del personal al servicio de PIT no puede admitirse como proporcional al objetivo pretendido, salvo -arguye- que se parta de la independencia de tal empresa respecto de las del resto del grupo.

Cuarto.—Es cierto que esta Sala de lo Social, en sentencias de 5.6.2013 -tres, números 272, 273 y 274 de 2013- recursos núms. 220, 221 y 226 de 2013, ha declarado la improcedencia de despidos objetivos por razones económicas en caso de grupo de empresas con apariencia mercantil que, de facto, funcionaba actuando con todas las notas características del grupo de empresas a efectos laborales, de tal manera que la actividad económica se dirigía a salvaguardar a una de las empresas -la que era solvente y tenía patrimonio- descapitalizando, conduciendo a la insolvencia y dejando sin posibilidad de ejercicio económico al resto de las empresas, pues la legítima existencia de un grupo de empresas de carácter mercantil no puede amparar la actividad empresarial determinante de un grupo de empresas a efectos laborales ni justificar el despido objetivo de trabajadores de una de ellas -la única que los tiene- sin tener en cuenta a las demás del grupo, cuando la actividad mercantil y productiva del grupo ha mantenido a lo largo del tiempo relaciones económicas y laborales como las descritas en el relato fáctico, pues indican una unidad de dirección y sede, de actividad productiva, de patrimonios -una empresa tiene los inmuebles y otra los muebles y la actividad y existen transferencias de efectivo sin causa contractual real-, e incluso de trabajadores -los administrativos trabajan indistintamente para todo el grupo aunque formalmente se adscriben a la empresa productiva-, que conducen necesariamente a la responsabilidad de todo el grupo respecto a las obligaciones contraídas con los trabajadores, ya que si así no fuera se posibilitaría la utilización del grupo mercantil para despatrimonializar la empresa que tiene relaciones laborales y actividad mercantil productiva, quedando insolvente, y patrimonializar la empresa que carece de trabajadores y solvencia. Lo cual constituye una operación fraudulenta ( art. 6.4 del C. Civil ) en perjuicio de los trabajadores, a no ser que las extinciones de contratos se planteen desde el grupo de empresas, valorando así la situación económica, organizativa o productiva del conjunto de las empresas, pues si se ha funcionado unitariamente durante la vida de las relaciones laborales, así debe funcionarse igualmente cuando se procede a su extinción.

La pertenencia de varias empresas a un grupo mercantil no impide su personalidad jurídica y funcionamiento independiente, ni afecta a las relaciones laborales de los trabajadores de cada una de ellas, salvo que se demuestre un funcionamiento unitario de las organizaciones de trabajo de las empresas del grupo, la prestación de trabajo común, simultánea o sucesiva, en favor de varias de las empresas del grupo, la existencia de empresas aparentes sin sustento real, la confusión de plantillas y de patrimonios, apariencia externa de unidad empresarial, y unidad de dirección.

Pero no es menos cierto que, en el presente caso, ha quedado acreditado lo contrario. Las empresas demandadas constituyen un grupo empresarial de carácter mercantil, compuesto por las empresas codemandadas, en el que la propiedad de las acciones de las distintas sociedades se encuentra concentrado en una de ellas que las administra, siendo los apoderados las mismas (o casi) personas, teniendo cada una de las empresas substrato real, actuando cada una de las empresas independientemente del resto, aún cuando hayan actuado de forma complementaria en determinadas contratas, empleando cada una su plantilla diferenciada de trabajadores, siendo distintos -aunque conexionados- sus objetos sociales.

Y además: la carta de despido hace referencia a la situación económica de todas las empresas del grupo; situación económica que, no es discutido, conforma una continua disminución de las ventas en todas las del grupo, siendo de pérdidas en la empleadora de los demandantes -MET- y en Procesos Industriales Thales -PIT- tras la regularización consecuente a la actuación irregular de su Director (despedido disciplinariamente en 18.5.2012) y en el propio Grupo Thales en su conjunto; ha sido abonado al actor el 100 por 100 de la indemnización correspondiente, en referencia al número total de los trabajadores del grupo y le ha sido computada la antigüedad conforme a los distintos contratos de trabajo suscritos con otras empresas del grupo.

Lo que absorbe, en la práctica, las consecuencias que pudieran derivarse de la existencia de un grupo de empresas a efectos laborales (en idéntico sentido se ha pronunciado, ya, esta Sala respecto al mismo Grupo de empresas en sentencia de 29.11.2013, rec n.º 577/2013).

Y ha quedado acreditada la situación negativa tanto de la empresa empleadora del demandante cuanto de las del Grupo (aun cuando los resultados de dos de ellas sean positivos en 2012), y del Grupo en si, como lo pone de manifiesto, incluso, la modificación pretendida por el recurrente respecto del ordinal duodécimo del relato de hechos probados.

No infringe la sentencia de instancia las normas que el recurso denuncia, lo que determina su desestimación.

En atención a lo expuesto hemos dictado el siguiente


FALLO


 
Desestimamos el recurso de suplicación n.º 643/2013, ya referenciado, interpuesto contra la sentencia n.º 318/2013 dictada en 17 de septiembre de dos mil trece por el Juzgado de lo Social n.º 1 de los de Zaragoza que confirmamos en toda su integridad. Sin costas.

Notifíquese esta resolución a las partes con la advertencia de que:

- Contra la misma pueden preparar recurso de casación para unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo por conducto de esta Sala de lo Social en el plazo de diez días desde la notificación de esta sentencia.

- El recurso se preparará mediante escrito, firmado por Letrado y dirigido a esta Sala, con tantas copias como partes recurridas y designando un domicilio en la sede de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, a efectos de notificaciones.

- En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de justicia gratuita, deberá, al momento de preparar el recurso y en el plazo de diez días señalado, consignar la cantidad objeto de condena o formalizar aval bancario por esa cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que al momento de formalizar el recurso de casación, deberá acompañar resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad de 600 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta en el Banco Español de Crédito (Banesto), debiendo hacer constar en el campo "observaciones" la indicación de "depósito para la interposición de recurso de casación".

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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