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Sentencia A.P. Burgos 467/2013 de 30 de octubre


 RESUMEN:

Accidente de circulación: Falta de lesiones imprudentes. Imprudencia punible: Examen de los requisitos exigidos por la jurisprudencia. Culpa: Diferencia entre el ámbito civil y penal. Atestados de la policía: Análisis de su contenido y efectos. Valoración de la prueba: Alcance del recurso de apelación según la doctrina.

BURGOS

ROLLO DE APELACIÓN NÚM. 192/13.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 1 DE BRIVIESCA (BURGOS).

JUICIO DE FALTAS NÚM. 34/13.

SENTENCIA NUM.00467/2013

En la ciudad de Burgos, a treinta de Octubre del año dos mil trece.

Vista en segunda instancia, ante esta Audiencia Provincial constituida por la Magistrada Ilma. Sra. D.ª M.ª Teresa Muñoz Quintana, la causa procedente del Juzgado de Instrucción n.º 1 de los de Briviesca (Burgos), seguida por una falta de LESIONES IMPRUDENTES, en virtud de recurso de apelación interpuesto por Torcuato, y la mercantil AGENCIA DE CARGA Y TRANSPORTES DE BURGOS S.L. asistidos por el Letrado D.º Alejandro Suárez Ángulo, figurando como apelado Evelio y Plus Ultra S.A. representados por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Velasco Vicario y asistidos por el Letrado D.º Joaquín Sáez Fernández, en nombre de S.M. el Rey, pronuncia la presente sentencia, con base en los siguientes:


ANTECEDENTES DE HECHO.


 
Se aceptan los antecedentes de hecho de la resolución dictada en la instancia, expuestos en la sentencia recurrida.

Primero.—El Juzgado de Instrucción del que dimana este rollo de Sala dictó sentencia n.º 60/13 en fecha 11 de Junio de 2.013, en cuyos antecedentes se declaran probados los siguientes:

HECHOS PROBADOS.

"ÚNICO.- Son hechos probados y así se declaran expresamente que el día 11 de Enero de 2.013 sobre las 17'20 horas se produjo un accidente de circulación a la altura del punto kilométrico 80'170 de la carretera N-120 (Logroño - Vigo), término municipal de Villafranca Montes de Oca, partido judicial de Briviesca, consistente en colisión frontal entre los vehículos articulados con tractocamiones matrículas 9420-GBV conducido por Evelio, propiedad de Man Financial Services España S.L. y Global Spedition y asegurado en Plus Ultra (Groupama) y 8798-DRN conducido por Torcuato y propiedad de Agencia de Carga y Transportes de Burgos S.L., con el resultado de daños personales y materiales."

Segundo.—La parte dispositiva de la sentencia recaída en primera instancia, de fecha 11 de Junio de 2.013, acuerda textualmente lo que sigue:

"FALLO:ABSUELVOlibremente a Evelio a MAN FINALCIAL ESPAÑA S.L. y GLOBAL SPEDITION en calidad de responsable civiles subsidiarios y a la aseguradora PLUS ULTRA (GRUPAMA) en calidad de responsable civil directa, de toda clase de responsabilidad criminal en el presente procedimiento, con declaración de las costas de oficio."

Tercero.—Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por Torcuato S.L. y la mercantil Agencia de Carga y Transportes de Burgos S.L., alegando los motivos que a su derecho convino, siendo admitido a trámite en ambos efectos y, previo traslado del mismo a las restantes partes personadas, quienes presentaron sus respectivos escritos de impugnación del recurso, fueron remitidas las actuaciones a la Audiencia Provincial, turnándose la ponencia y quedando los autos sobre la mesa del ponente para examen.


II.- HECHOS PROBADOS.Único.- Se aceptan como hechos probados los recogidos en la sentencia dictada en primera instancia y que en la presente sentencia se reproducen en su integridad.


IFUNDAMENTOS DE DERECHO.


 
Primero.—Una vez emitida sentencia con los pronunciamientos recogidos en el antecedente de hecho de la presente sentencia, se interpuso contra la misma recurso de apelación por Torcuato S.L. y la mercantil Agencia de Carga y Transportes de Burgos S.L., alegando que la sentencia recurrida sostiene que el hecho de circular un conductor profesional, con un camión articulado de gran tonelaje, por encima de la velocidad permitida, por una carretera nacional, (puerto peligroso de la Pedraja), invadiendo el carril de circulación contrario, y colisionando frontalmente contra otro camión que circulaba correctamente causando al denunciante lesiones, (que necesitaron para su curación de tratamiento médico, rehabilitador y psicológico), y cuantiosos daños y perjuicios (ambos camiones resultaron siniestro total), no tiene entidad penal, ni tan siquiera la falta de imprudencia por la que se le acusa. Argumentación que la parte recurrente considera es contraria al art. 621.3 del Código Penal, así como a la doctrina y jurisprudencia aplicables, (cuando la invasión del carril contrario la jurisprudencia lo considera constitutivo no de una falta de imprudencia sino de un delito; y si se invade el carril contrario es por conducir negligentemente, sin controlar el vehículo, circulando a una velocidad excesiva e inadecuada), en este caso excesiva y no adaptada a la vía (puerto de montaña peligroso, con curvas y en descenso), tratándose de un camión articulado de gran tonelaje. Siendo por ello la conducta del denunciado Evelio constitutiva de una falta de imprudencia del art. 621.3 del Código Penal y solicitándose la imposición de la pena de 20 días Multa con una cuota diaria de 10 €, con las indemnizaciones reflejadas en el escrito de recurso, así como la responsabilidad civil directa de la Aseguradora Plus Ultra y subsidiaria de la mercantil Global Spedition (a Torcuato en 2.990'61 €; a la Agencia de Carta y Transporte de Burgos S.L. en 62.961'48 €), con abono por la aseguradora de los intereses del art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro desde la fecha del accidente.

Sentadas así las bases del recurso cabe tener en cuenta que el art. 621.3 de Código Penal establece "3. Los que por imprudencia leve causaran lesión constitutiva de delito serán castigados con pena de multa de 10 a 30 días.

4. Si el hecho se cometiera con vehículo a motor o ciclomotor, podrá imponerse además la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de tres meses a un año.

6 Las infracciones penadas en este artículo sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal."

Y a su vez, el Tribunal Supremo identifica como rasgos generales que dibujan los contornos de la imprudencia punible, entre otros, los siguientes:

a).- Una acción u omisión voluntaria, no intencional o maliciosa, debiendo estar ausente en ella todo dolo directo o eventual.

b).- Actuación negligente o reprochable por falta de previsión más o menos relevante, factor psicológico o subjetivo, eje de la conducta imprudente en cuanto propiciador del riesgo, al marginarse la racional presencia de consecuencias nocivas de la acción u omisión empeñadas, siempre previsibles, prevenibles y evitables, elemento de raigambre anímica no homogeneizable y, por lo tanto, susceptible de apreciarse en una gradación diferenciadora.

c).- Factor normativo o externo, representado por la infracción del deber objetivo de cuidado, traducido en normas de convivencia y experiencia tácitamente aconsejadas y observadas en la vida social en evitación de perjuicios a terceros, en normas específicas reguladoras y de buen gobierno en determinadas actividades, hallándose en la violación de tales principios o normas socio-culturales o legales la raíz del elemento de antijuridicidad detectables en las conductas culposa o imprudentes.

d).- Originación de un daño, temido evento mutatorio o alteración de la situación preexistente que el sujeto debía conocer como previsible y prevenible y, desde luego, evitable, caso de haberse observado el deber objetivo de cuidado que tenía impuesto y que, por serle exigible, debiera haber observado puntual e ineludiblemente (elemento psicológico, espiritual o subjetivo de la culpabilidad).

e)Adecuada relación de causalidad entre el proceder descuidado e inobservante o acto inicial conculcador del deber objetivo de cuidado y el mal o resultado antijurídico sobrevenido, lo que supone la traducción del peligro o potencial entrevisto o que debió preverse, en una consecuencia real.

f)Relevancia jurídico penal de la relación causal o acción típicamente antijurídica, no bastando la mera relación causal, sino que se precisa, dentro ya de la propia relación de antijuridicidad, que el resultado hubiese podido evitarse con una conducta cuidadosa, o, al menos, no se hubiera incrementado el riesgo preexistente y que, además, la norma infringida se encontrará orientada a impedir el resultado (Sentencias del Tribunal Supremo de 28-11-89, 12-3 y 12-7 de 1990, 28 y 29-2 de 1992).

Así como entendiéndose la imprudencia grave como equivalente a incumplimiento de la diligencia que es exigible al menos atento de los hombres por omitir en el desarrollo de la conducta todas o las más elementales precauciones (no adoptar las previsiones que exige la más rudimentaria y elemental cautela, Sentencia de 27-2-1985, deberes fundamentales que atañen a la convivencia y a principios transidos de alteridad, sentencia de 10-5-1995, ausencia absoluta de cautela, Sentencia de 17-7-1995 ó 18-3- 1999) y ello frente a la imprudencia leve entendida como infracción de la norma de cuidado que hubiera observado una persona cuidadosa, por infracciones poco relevantes de normas de cuidado elementales y evidentes o por violación de precauciones no básicas, infracción de un deber de cuidado de mínimo alcance (Sentencias, entre otras muchas, de 26-5-1987, 22-9-1995 ó 18-3-1999).

Y, por otro lado, los criterios delimitadores entre la culpa penal y la culpa civil, en un plano teórico, vienen determinados por la mayor o menor previsibilidad del evento o del resultado de la acción así como a la diferente repulsa social ante la infracción del deber de cuidado por la conducta del agente. Y en lo que respecta al nexo causal, la culpa penal exige que el daño producido sea expresión directa, patente e inmediata de la acción u omisión del agente según las normas de experiencia vital y juicio de idoneidad y probabilidad apreciado por el Juez, es decir: "el evento jurídico ha de ser consecuencia natural, próxima, directa y adecuada a la conducta activa u omisiva, y no es así si factores extraños y ajenos, difícilmente previsibles por anormales y desviados, alteran la causación adecuada, que deja de serlo con referencia al resultado" (STS 10-2-1968, 21-4 - y 18-6-1973 y 3- 6-1989).

Por lo que se refiere a la sentencia recurrida descarta que la conducta del denunciado sea constitutiva de infracción penal alguna, toda vez que en el atestado no se indica una velocidad excesiva, sino inadecuada para las características de la vía, y el hecho de que en el tramo en que se produjo el accidente estuviese limitado a 80 Km/hora y el denunciado llegara alcanzar la velocidad de 84 Km/hora, según el tacógrafo, no puede suponer una velocidad excesiva y si inadecuada dado que la carretera estaba mojada y se trataba de un puerto en tramo curvo.

De modo que estando esta Sala a la prueba practicada y analizada por la Juzgadora de Instancia, por parte del denunciante Torcuato denunciante (conductor del tracto camión matrícula 8798-DRN, y semirremolque matrícula R2404BBR, propiedad de la empresa "Agencia de Carga y Transportes de Burgos S.L.") en el acto de juicio tras ratificarse en el denuncia, con referencia a que sufrió lesiones (con tratamiento rehabilitador y tratamiento psicológico por el accidente), y a que el vehículo que conducía tuvo daños tanto en la cabeza tractora, el remolque, como en la mercancía. Y, en relación a cómo tuvo lugar el accidente refirió que él circulaba dirección Burgos, subía el puerto de la Pedraja, y al salir de una curva, un camión que iba dirección Logroño (bajaba), se le fue a su conductor y se fue directo contra él en su carril, impacto contra él de frente (en su carril), añadiendo que se le fue por los motivos que fuera. Previa exhibición del croquis del folio n.º 19, reiteró que el otro camión se cruzó y se dio contra él. Preguntado si el otro camión hizo la tijera, contestó que lo que se entiende por tijera, es cuando a un vehículo articulado la cabeza queda fuera de control, y esto no ocurrió en este caso en que se le fue y después enderezó. Él frenó todo lo que pudo, pero no le puede decir si él estaba completamente parado en el momento de la colisión, ni lo que tardó en frenar lo que pudo. Detrás había otro camión que debió colisionar de manera leve.

Mientras que por su parte, el denunciado Evelio (conductor del tracto camión matrícula 9420GBV, con semirremolque cisterna matrícula Z05991R, de titularidad de Global Speditión, y con seguro concertado con la Compañía Plus Ultra), sostuvo que iba a 80 Km/hora o algo más, cuando arriba del todo, intentó bajar y el camión empieza hacer la tijera, él intentó frenarlo, pero no había manera de frenarlo, venía otro camión, y su camión no había forma de frenarlo, añadiendo que como él iba vacío el camión corría e intentó frenarlo y no había manera y al chocar lo hizo de frente con otro (en el carril contrario), su camión no pesaba al ir vacío mientras que otro cargado si pesa, y con el golpe le echó para atrás, la cisterna no aguantó el golpe y se rompió la quinta rueda y se metió en su cabina. E igualmente, previa exhibición del croquis obrante en el folio n.º 19, insistió que cuando el camión le hizo la tijera (iba vacío, si va cargado no le pasa), no hubo forma de pararlo, él bajaba mientras el otro subía. Él quedó atrapado casi tres cuartos de hora en la cabina (le rescataron los bomberos, según se refleja en las fotografías n.º 13 y 14, del folio n.º 27), y cree que el otro conductor bajó de la cabina.

Ante tales manifestaciones, de las que se desprende una pérdida de control del camión conducido por el denunciado, lo que dio lugar a una colisión frontal con el camión que circulaba en sentido contrario y en el carril de circulación de este segundo Sin embargo, en modo alguno queda probada la causa que motivó dicha pérdida de control por parte del denunciado, puesto que el denunciante al respecto se limitó a decir "se le fue por los motivos que fuera" (es decir, sin concreción de motivo alguno, como pudo ser una elevada velocidad, como sin embargo ahora si se alega al interponerse el presente recurso), mientras que el denunciado sostiene que tras llegar a la parte de arriba de su trayectoria, al bajar el camión le hizo una tijera y aunque lo intentó no hubo forma de frenarlo. Es decir, no queda debidamente acreditado que dicha pérdida de control del camión conducido por el denunciado se debiese a una conducción imprudente por su parte, y no a cualquier otra causa no imputable al mismo.

Y ante tal falta de prueba, no se puede entrar a valorar el atestado, ni en concreto el contenido de la Diligenciad de Parecer e informe, (ni otorgar valor de "prueba objetiva"), puesto que no se contó en el acto de juicio con la ratificación del mismo por parte de los agentes que intervinieron en su elaboración, con el fin de haber podido ser sometido su contenido a los principios rectores del proceso penal de contradicción, inmediación, publicidad y oralidad. Dado que según reiterada jurisprudencia, de conformidad con lo dispuesto en el art. 297 LECrim., se indica que los atestados de la policía judicial tienen el genérico valor de "denuncia", por lo que, en sí mismo, no se erigen en medio, sino en objeto de prueba. Por esta razón los hechos en ellos afirmados han de ser introducidos en el juicio oral a través de auténticos medios probatorios, como lo es la declaración testifical del funcionario de policía que intervino en el atestado, (SSTC 47/1986, 80/1986, 161/1990 y 80/1991).

En este sentido se pronuncia la Audiencia Provincial de Barcelona en sentencia de fecha 8 de Febrero de 2.002, Pte: Iglesias Martín, José Carlos " No significa lo expuesto que la Policía Judicial no pueda, en ningún caso, preconstituir actos de prueba. Como puso de manifiesto la STC 303/1993, de 25 de octubre , es cierto que de conformidad con lo dispuesto en el art. 297 de la L.E. Criminal los atestados de la Policía Judicial tienen el valor de mera denuncia por lo que, en sí mismos, no se erigen en medio de prueba sino en objeto de prueba. Por tal razón, los hechos en ellos afirmados han de ser introducidos en el juicio oral a través de auténticos medios de prueba, como por ejemplo la declaración del funcionario de policía que intervino en el atestado. La función propia de la Policía Judicial, de acuerdo con los dispuesto en él art. 126 de la CE , será la "averiguación del delito y descubrimiento del delincuente", esto es, la realización de los actos de investigación pertinentes para acreditar el hecho punible y su autoría. Ahora bien -continúa diciendo el TC en dicha sentencia- junto a esa facultad investigadora también le habilita el ordenamiento jurídico, sin que contradiga lo dispuesto en la Constitución, a asumir una función aseguratoria del cuerpo del delito, así como a acreditar su preexistencia mediante los pertinentes actos de constancia, habiéndose otorgado así valor de prueba preconstituida a todas aquellas diligencias que, como las fotografías, croquis, resultados de pruebas alcoholométricas, etc, se limiten a reflejar fielmente determinados datos o elementos fácticos de la realidad externa (STC 107/1983, 201/1989 138/1992).

Ante lo cual, toda vez que la sentencia absolutoria, ahora recurrida, se basó únicamente en la percepción de las declaraciones del denunciante y denunciado, no cabe llegar por esta Sala a otra conclusión de que no consta acreditada la causa por la que el denunciado perdió el control del camión que conducía (ni por lo tanto que ello se debiese a un exceso de velocidad ni a una circulación inadecuada a la vía, como ahora se sostiene por la parte recurrente) . En aplicación de la doctrina anteriormente expresada, y porque si quien presenció las pruebas bajo el principio de inmediación no ha podido dar por acreditada una acción imprudente en el actuar del denunciado, mal puede hacerlo quien no ha tenido ocasión de oírlos, por lo que, el recurso, no puede ser acogido, menos en un supuesto como el de autos en el que, examinados los argumentos del recurso y la prueba practicada en juicio, tal y como aparece reflejada en el acta extendida por el Secretario, ningún error se detecta en su valoración.

A lo que se une el significativo hecho, de que tampoco se puede obviar, la doctrina sentada por el pleno del Tribunal Constitucional a raíz de su Sentencia n.º 167/2002, de 18 de Septiembre (F.J. 9 y 10), posteriormente reiterada en Sentencias como las n.º 197/02, 198/02, 212/02, 41/03, 10/04, 12/04, 15/07, 142/07, 60/08, 21/09, 24/09, 120/09 o 173/09 de 9 de Julio, sobre la exigencia de respetar, en cuanto integran el contenido del derecho a un proceso con todas las garantías (artículos 24.2 de la Constitución), los referidos principios en la valoración de las pruebas en la segunda instancia penal, dando así respuesta al problema de si el órgano "ad quem" podía entrar a valorarlas con la misma amplitud que el órgano "a quo", en el sentido que "... en casos de apelación de sentencias absolutorias, cuando aquella se funda en la apreciación de la prueba, si en la apelación no se practican nuevas, no puede el Tribunal "ad quem" revisar la valoración de las practicadas en la primera instancia, cuando por la índole de las mismas es exigible la inmediación y la contradicción (F.J. 1)...". Naturalmente, dentro de esa categoría de pruebas que exigen la inmediación y contradicción se encuentra las declaraciones de los acusados, víctimas y testigos, al tratarse de pruebas de índole subjetivo.

Igualmente, en sentencia n.º 198/2002 de 28 de Octubre, aplicando la doctrina constitucional iniciada en la anterior, y continuada en posteriores resoluciones, determina que " en la apelación de sentencias absolutorias, cuando aquella se funda en la apreciación de la prueba, si en la apelación no se practican nuevas pruebas, no puede el Tribunal ad quem revisar la valoración de las practicadas en la primera instancia, cuando por la índole de las mismas es exigible la inmediación y la contradicción ( STC 167/2002 de 18 de septiembre , FJ1). Consiguientemente, se vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías cuando el Tribunal de apelación que ha de resolver un recurso frente a una sentencia absolutoria, revisa y corrige la valoración y ponderación realizada por el Juez de primera instancia de las declaraciones del acusado sin respetar los principios de inmediación y contradicción ".

Y, en idéntico sentido el Tribunal Supremo en sentencia 200/2002 de 28 de Octubre, en relación a pruebas de carácter personal - declaración del acusado y testifical - insiste en que " el respeto por la Audiencia Provincial de los principios de inmediación y contradicción, que forman parte del derecho a un proceso con todas las garantías, impedía que valorase por si misma pruebas practicadas sin observancia de esos principios ante ella, y corrigiese con su propia valoración la del órgano a quo ", criterio mantenido en posteriores sentencias (STC 47/2003de 27 de Febrero, 189/2003 de 27 de Octubre, 209/2003 de 1 de Diciembre, etc.), y recogido también por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 10 de Diciembre de 2002 por todas.)

En consecuencia, por todo lo expuesto, se desprende una duda razonable sobre la causa por la que se produjo el accidente de tráfico referido, por lo que difícilmente puede imputarse al denunciado la comisión de una falta de lesiones por imprudencia. Lo que lleva, de conformidad con el principio "in dubio pro reo", a la desestimación del recurso sin perjuicio del derecho que le asiste a la parte recurrente para reclamar en la vía civil, adecuada para ello.

Finalmente, no estimándose el recurso de Apelación en cuando a la declaración de responsabilidad penal del denunciado, no cabe entrar a pronunciarse sobre la responsabilidad civil.

Segundo.—Desestimándose como se desestima el recurso de apelación interpuesto por Torcuato y la mercantil Agencia de Carga y Transportes de Burgos S.L., procede imponer a la parte apelante las costas procesales devengadas en esta apelación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 239 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del principio de vencimiento que en este punto rige en la interposición de recursos (artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Por lo expuesto, esta Audiencia Provincial, decide el siguiente:


FALLO


 
Que DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por Torcuato y la mercantil Agencia de Carga y Transportes de Burgos S.L., contra la sentencia n.º 60/2013 dictada en fecha 11 de Junio de 2.013 por la Sra. Juez del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Briviesca (Burgos), en el Juicio de Faltas núm. 34/13, del que dimana este rollo de apelación, y CONFIRMAR la referida sentencia en todos sus pronunciamientos. Todo ello con imposición a la parte recurrente de las costas causadas en la presente apelación.

Así por esta sentencia, que es firme por no caber contra ella recurso ordinario alguno, de la que se unirá testimonio literal al rollo de apelación y otro a las Diligencias de origen para su remisión y cumplimiento al Juzgado de procedencia, que acusará recibo para constancia, se pronuncia, manda y firma.

E/

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma. Sra. D.ª M.ª Teresa Muñoz Quintana, Ponente que ha sido en esta causa, habiendo celebrado sesión pública la Sección Primera de la Audiencia Provincial de esta capital en el día de su fecha. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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