Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia A.P. Cuenca 100/2013 de 5 de noviembre


 RESUMEN:

Accidente de tráfico: Falta de imprudencia leve. Valoración de la prueba: Examen de su alcance en el recurso de apelación, no apreciándose error alguno. Indemnización: No procede la cuantía reconocida a favor de la madre por el daño moral sufrido por las lesiones de su hijo, de acuerdo con la legislación aplicable. Intereses moratorios: Análisis de la normativa y jurisprudencia, no existiendo motivo para su no imposición ante la ausencia de pago por parte de la aseguradora.

CUENCA

SENTENCIA: 00100/2013

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1 de CUENCA

Domicilio: CALLE PALAFOX S/N

Telf: 969224118

Fax: 969228975

Modelo: 0010K0

N.I.G.: 16078 41 2 2008 0009341

ROLLO: APELACION JUICIO DE FALTAS 0000074 /2013

Juzgado procedencia: JDO. 1A.INST.E INSTRUCCION N. 4 de CUENCA

Procedimiento de origen: JUICIO DE FALTAS 0000064 /2013

RECURRENTE:,

Procurador/a:,

Letrado/a:,

RECURRIDO/A: MINISTERIO FISCAL, Felix

Procurador/a:, SUSANA MELERO DE LA OSA

Letrado/a:, SERGIO LACORT CABRERA

Sentencia.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE CUENCA.

APELACIÓN DE JUICIO DE FALTAS. Rollo 74/2013.

Juicio de Faltas n.º 64/2013.

Juzgado de Instrucción n.º 4 de Cuenca.

SENTENCIA N.º 100/2013.

En la ciudad de Cuenca, a 5 de Noviembre de dos mil trece.

VISTOS por el Ilmo. Sr. D. José Ramón Solís García del Pozo, en grado de apelación, los autos de Juicio de Faltas número 64/2011, procedentes del Juzgado de Instrucción número 4 de Cuenca, por lesiones por imprudencia, rollo de apelación número 74/2013, en el que aparece como denunciante Socorro madre del menor DON Felix representados por la Procuradora D.ª Susana Melero de la Osa y defendidos por el Letrado D. Sergio Lacort Cabrera y como denunciados DON Narciso representado por el Procurador D. José Olmedilla Martínez y defendido por el Letrado D. José Ricardo Ruiperez Sánchez y como responsable civil directo la aseguradora PELAYO con la misma representación procesal y asistencia Letrada que el anterior.


ANTECEDES DE HECHO


 
Primero.—Que por el Juzgado de Instrucción número 4 de Cuenca se dictó Sentencia, con fecha 12 de junio de 2.013, en la que se declaran los siguientes hechos probados:

"El día 22 de noviembre de 2008, en la ciudad de Cuenca y sobre las 19 horas, Narciso, con DNI n.º NUM000, mayor de edad y sin antecedentes penales, circulaba a los mandos del vehículo Seat León matrícula.... KHC, asegurado en la compañía Pelayo, acompañado de su esposa Cristina. Hallándose en el carril izquierdo sito en la Avenida del Mediterráneo a la altura del cruce con la calle Río Gritos, procedió a girar a la izquierda a fin de incorporarse a esta última calle, para lo cual era necesario atravesar el carril contrario de la Avenida del Mediterráneo, sin apercibirse de la presencia del ciclomotor matrícula N....NNN, conducido por Marco Antonio, nacido el NUM001 de 1994, y en el que viajaba como ocupante Felix, nacido el NUM002 de 1994, el cual circulaba por el indicado carril, al que se había incorporado procedente de la calle Sándalo. El ciclomotor no pudo sortear al vehículo, impactando en su parte lateral derecha trasera. A resultas del accidente, Felix salió despedido, cayendo al asfalto. Sufrió lesiones consistentes en traumatismo craneoencefálico con perdida de conciencia y traumatismo de extremidad inferior derecha que cursa con fractura luxación de la cadera (desprendimiento de la cabeza del fémur en su porción epifisaria proximal, con luxación del mismo en sentido posterior) y contusión del menisco externo de la rodilla. Durante el curso evolutivo de la lesión de cadera, a modo de complicación, se instauraron los siguientes cuadros: necrosis avascular de la cabeza del fémur (destrucción tisular por falta de vascularización), y pérdida de cartílago en espacio anticua, con aplanamiento, fragmentación y cobertura acetabular insuficiente.

El tiempo de curación fue de 702 días, todos ellos impeditivos, permaneciendo hospitalizado 29 días. Precisó tratamiento médico quirúrgico especializado. Le han quedado como secuelas un perjuicio estético moderado, valorado en 9 puntos, derivado de la pérdida de 0,5 cm del tercio derecho del borde cortante de la corona del incisivo central superior derecho (pieza 11), y de cicatrices quirúrgica en coxal, superficie posterior d ela cresta ilíaca (cicatriz lineal vertical oblicua de 1 cm), y en cadera, superficie lateral con extensión descendente hacia el tercio superior del muslo (cicatriz lineal vertical de 23 x 1 cm, con estigmas de sutura en área periférica de 4 cm). Igualmente le quedó con secuela necrosis de cabeza femoral, valorada en 25 punto, a resultas de la cual se sienta, levanta y deambula con dificultad, presentando cojera. Con motivo de las lesiones incurrió en gastos por importe total de 648,47 euros.

La madre del perjudicado, Socorro, como consecuencia de las lesiones padecidas por su hijo, tuvo que dedicarle una atención casi continua tras el accidente y sufre una importante ansiedad y angustia, requiriendo atención sicológica."

El Fallo de la Sentencia recurrida es del siguiente tenor literal:

"CONDENAR a Narciso como autor penalmente responsable de una falta de imprudencia leve prevista y penada en el art. 621.3 del CP a la pena de multa de 10 días con una cuota diaria de 3 euros, lo que hace un total de 30 euros, con una responsabilidad personal en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, así como al pago de las costas procesales.

En concepto de responsabilidad civil, y con la responsabilidad directa de la aseguradora Pelayo, deberá indemnizar a Felix en la cantidad de 99.974,80 euros mas intereses legales, que en el caso de la aseguradora serán los del art. 20 de la LCS.

Igualmente deberá indemnizar con la responsabilidad directa de Pelayo, a Socorro en la cantidad de 10.000 euros, cantidad que devengará únicamente los intereses procesales del art. 576 LEC."

Segundo.—Que notificada la anterior Resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de DON Narciso en el que se alegaba un error en la valoración de la prueba tanto en relación a la producción del accidente la causa del mismo, como en relación con las consecuencias dañosas derivadas del mismo interesando la revocación de la sentencia dictada y que se dicte una sentencia absolutoria para D. Narciso y en consecuencia también para la aseguradora Pelayo ante la existencia de versiones contradictorias, los hechos y la mecánica del accidente. Alternativamente si hubiera condena ante la concurrencia de culpas y la asunción de riesgo se modere la indemnización en sus cuantías finales, con exclusión de la incapacidad permanente parcial, los días impeditivos a partir del comienzo del curso escolar y los daños morales a favor de la madre del lesionado y sin que en ningún caso se impongan los intereses del art. 20 de la LCS.

Tercero.—Admitido el recurso y trasladado a las demás partes por la representación procesal de DON Felix y DOÑA Socorro se presentó escrito de oposición al mencionado recurso para interesando la desestimación íntegra del recurso con la imposición de las costas a los recurrentes.

Cuarto.—Que elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial, se procedió a la formación del correspondiente rollo, (número 74/2013), se turnó el asunto que correspondió al Ilmo Sr. D. José Ramón Solís García del Pozo y se señaló el 5/11/2013 para la resolución del recurso.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—Se alza D. Narciso y la aseguradora Pelayo contra la sentencia dictada por considerar que ha existido un error en la valoración de la prueba, error generalizado, según los recurrentes, que abarca prácticamente todos los aspectos del pronunciamiento de la instancia, en concreto se discute:

- la determinación de la forma en que ocurrió el accidente y la responsabilidad por el mismo, pues a su juicio existen circunstancias relevantes que deberían haber determinado su absolución por existir versiones contradictorias

- la existencia de una concurrencia de culpas entre los conductores implicados, así como de una asunción de riesgo relevante por parte de la víctima que debería haber determinado una disminución de la indemnización

- la procedencia de ciertos conceptos indemnizatorios como los días impeditivos, la incapacidad permanente parcial y la concesión a la madre de la cantidad de 10.000 euros por daños morales.

- y finalmente también la condena al abono del interés del art. 20 de la LCS.

Pues bien en relación a la valoración de la prueba es conocida la posición de esta Sala, que no es mas que consecuencia de l asunción de una jurisprudencia y doctrina general y extendida según la cual la valoración de la prueba es facultad de los Tribunales sustraída a los litigantes, que sí pueden aportar las pruebas que la normativa legal autoriza, pero en forma alguna tratar de imponerla a los Juzgadores su propia valoración, pues no puede sustituirse la que el Juzgador de instancia hizo de toda la prueba practicada por la valoración que realiza la parte recurrente, por ser esta una función que corresponde única y exclusivamente al Juzgador "a quo" y no a las partes, habiendo entendido igualmente la jurisprudencia que el Juzgador que recibe la prueba puede valorarla de forma libre, aunque nunca de manera arbitraria, transfiriendo la apelación al Tribunal de segunda instancia el conocimiento pleno de la cuestión, pero quedando reducida la alzada a verificar si en la valoración conjunta del material probatorio se ha comportado el Juez "a quo" de forma ilógica, arbitraria, contraria a las máximas de experiencia o a las normas de la sana crítica, o si, por el contrario, la apreciación conjunta de la prueba es la procedente por su adecuación a los resultados obtenidos en el proceso, (SSTS de 26.01.1998 y 15.02.1999).

En el presente caso se comparte la valoración de la prueba que realiza el Juez de Instrucción, que expresamente se asume y se da aquí por reproducida por corresponderse con el contenido de la prueba practicada y ser una valoración lógica y razonable de la misma, sin perjuicio de lo que se dirá mas adelante sobre la indemnización de los daños morales de la madre del lesionado, aunque tal cuestión no es relativa a la valoración de la prueba sino a la aplicación del derecho.

De lo actuado no resultan versiones contradictorias en al forma de ocurrir el accidente, las manifestaciones del recurrente en juicio, la del denunciante, la del conductor del ciclomotor y el atestado que fue ratificado en juicio por los agentes de la Policía Local que lo confeccionaron son sustancialmente coincidentes en cuanto a la forma de ocurrir los hechos. Así lo que acredita la prueba practicada, conforme establece la sentencia recurrida, es que el denunciado realizó un giro a la izquierda invadiendo el carril contrario de circulación sin percatarse que por dicho carril circulaba el ciclomotor en el que viajaba como ocupante el denunciante, que en consecuencia el denunciado no respetó la preferencia de paso del ciclomotor y que interrumpió su normal trayectoria ocasionado el accidente de tráfico que se enjuicia. Existe pues una negligencia por parte del recurrente que por desatención no advierte la presencia del ciclomotor con infracción de normas reglamentarias, aquellas que regulan la preferencia de paso y unas importantes lesiones causadas por dicha actuación negligente, lesiones que precisaron, no solo una primera asistencia médica, sino tratamiento médico quirúrgico, como expone en el informe de sanidad el médico forense. Esta es prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia de la que goza el recurrente y fue practicada en el acto del juicio bajo los principios de contradicción, publicidad e inmediación, siendo en consecuencia adecuada a derecho la conclusión condenatoria que extrae el Juez a quo.

El recurrente combate esta prueba con sospechas, suposiciones no acreditadas, que por no estarlo no pueden impedir que desplieguen su eficacia los hechos que han sido debidamente acreditados.

Así no está probado que el ciclomotor accediera a la Avda. del Mediterráneo procedente de un parque próximo al cruce con la Calle Rio Gritos que al parecer es un lugar donde habitualmente se reúnen los jóvenes. Esta posibilidad la introduce el denunciado como explicación al hecho de no haber advertido la presencia del ciclomotor, sin embargo no se trata mas que de una suposición para explicar su desatención que no ha resultado acreditada pues no existe dato alguno que la corrobore pues tanto el denunciante, como el conductor del ciclomotor, que declararon como testigos en juicio, manifestaron que accedieron a la Avda. del Mediterraneo desde la calle Sándalo, tal y como refleja el croquis obrante en el atestado y ni siquiera las declaraciones del denunciado y su esposa pueden confirmar la suposición de que no hubiera sido así pues cuando declararon en juicio manifestaron que no vieron al ciclomotor, que ni siquiera cuando se produjo la colisión sabían qué había pasado, percatándose de lo que había ocurrido cuando bajaron del coche y vieron la motocicleta y a los dos jóvenes que la ocupaban en el suelo. De otro lado de los testimonios prestados por la Policía Local resulta que es posible que los semáforos que regulaban el giro a la izquierda que hizo el denunciante y los que regulan la circulación en la Avda. del Mediterráneo coincidan permitiendo simultáneamente el paso de unos y otros pero también que en cualquier caso la preferencia es de los vehículos que circulan por la Avda. del Mediterráneo y que el semáforo que obligaba al denunciante tiene solo dos posiciones: rojo y ámbar y esta posición aunque habilita la maniobra de giro indica también que la maniobra exige ceder el paso a los vehículos preferentes en el cruce, exigiendo al conductor extremar la precaución en la maniobra de giro.

No está probado que el ciclomotor circulara sin luces, tanto el perjudicado como el conductor del ciclomotor afirman lo contrario y tampoco en esta ocasión la explicación que se busca a la propia desatención puede convertirse en prueba, pues no existe dato alguno que corrobore esta suposición.

No está acreditado tampoco que los usuarios del ciclomotor viajaran sin casco, de hecho los cascos estaban en el lugar del accidente tras ocurrir el mismo, afirmando el conductor del ciclomotor que depuso como testigo que los llevaban puestos y bien sujetos y que él tras el accidente se levantó y se lo quitó. Declarando igualmente el perjudicado que llevaba puesto el casco. El uso del casco no resulta desacreditado por que el denunciante sufriera la rotura de un diente, siendo más lógico deducir el uso del casco cuando no sufrió el denunciante otra lesión en la cabeza ante la magnitud de las lesiones que sufrió en otras partes del cuerpo.

No está probado, finalmente, que el ciclomotor circulase a una velocidad excesiva, lo que se niega por sus usuarios, y que no puede quedar acreditada por los solos efectos de la colisión, sin una prueba técnica que lo respalde.

Por último no consta probada conducta negligente de ninguna clase por parte del denunciado ni en consecuencia puede mantenerse que este haya contribuido a la causación del resultado. Tampoco que asumiera por viajar como usuario de la motocicleta conscientemente un riesgo, evidente u notorio que se haya concretado en un incremento del daño producido, pues el hecho de viajar dos personas en la motocicleta no comportaba un incremento del riesgo de accidente ya que en el juicio quedó acreditado mediante el testimonio de los dos agentes de la policía local que el ciclomotor se encontraba homologado para llevar dos pasajeros, por lo que técnica o mecánicamente no puede afirmarse que este hecho haya podido influir en el accidente o en su resultado. Siendo intrascendente en la causación del accidente o en la producción de su concreto resultado que el conductor por su edad no estuviera habilitado para conducir un ciclomotor con un acompañante, cuestión esta sobre la que han debatido brillantemente dos experimentados letrados, pero que posiblemente fuera totalmente desconocida para el usuario del ciclomotor, que si pudo sin embargo constatar visualmente que el ciclomotor en el que motaba permitía estructuralmente que en el mismo viajaran dos personas. De esta manera y sin perjuicio de que pudiera ser sancionado administrativamente ha de descartarse que la conducción por un joven de 14 años de un ciclomotor en el que viajaba un usuario pueda determinar de alguna manera la indemnización del perjudicado, como tan acertada y fundadamente expone la sentencia recurrida en su fundamentación jurídica que hacemos enteramente nuestra..

Segundo.—El recurrente impugna también la procedencia de determinados conceptos indemnizatorios reconocidos en la sentencia de instancia, en concreto el que se refiere a los días impeditivos que sin embargo ha de ser confirmado porque los reconocidos por la sentencia de instancia están acreditados con el informe médico forense de sanidad, que se encuentra respaldado por la documentación médica aportada en las actuaciones por el denunciante. El hecho de que este declarase que asistió a clase el curso escolar que se inició después del accidente, no puede obviar los criterios técnicos contenidos en el informe de sanidad en la consideración de los días de curación como impeditivos, ni puede beneficiar al responsable del daño el sobreesfuerzo realizado por el lesionado por asistir al curso lectivo, debería haberse acreditado, no solo que el lesionado pudo asistir a clase, sino que lo hizo sin limitación, sin dolor y sin sufrimiento, lo que a la vista del informe médico forense no puede darse por acreditado.

Lo mismo puede decirse en cuanto a la incapacidad permanente parcial reconocida a la vista de las secuelas que han quedado al perjudicado que se encuentran acreditadas con el informe médico forense de sanidad tal y como explica la sentencia recurrida y no en la declaración de minusvalía a la que alude el recurrente.

Sin embargo ha de estimarse la impugnación de la cantidad de 10.000 euros que se reconoce a favor de la madre del perjudicado por el daño moral sufrido como consecuencias de las lesiones de su hijo menor. La tesis jurídica que sostiene el recurrente cuando alega que este concepto solo está previsto en el baremo legal a favor de los grandes inválidos es correcta. Debemos desarrollar algo mas el argumento y así hemos de empezar recordando que el baremo legal es un sistema tasado y obligatorio del daño personal causado en los accidentes de trafico, así resulta del art. 1.2 de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro Obligatorio en la Circulación de Vehículos a motor: "Los daños y perjuicios causados a las personas, comprensivos del valor de la pérdida sufrida y de la ganancia que hayan dejado de obtener, previstos, previsibles o que conocidamente se deriven del hecho generador, incluyendo los daños morales, se cuantificarán en todo caso con arreglo a los criterios y dentro de los límites indemnizatorios fijados en el anexo de esta ley.". En este sentido también el Apartado Primero 1 del Anexo: "1. Este sistema se aplicará a la valoración de todos los daños y perjuicios a las personas ocasionados en accidente de circulación, salvo que sean consecuencia de delito doloso.". Preceptos de los que resulta que el daño personal comprende tanto el daño patrimonial (en el que se integran tanto el daño sicofísico, es decir la perdida sufrida, como la ganancia dejada de obtener) como el daño moral. Pues bien el sistema tasado y obligatorio de indemnización del daño personal no reconoce mas perjudicado por los daños personales que a la victima del accidente, salvo en caso de su fallecimiento, tal y como resulta del Apartado Primero 4 del Anexo: "Tienen la condición de perjudicados, en caso de fallecimiento de la víctima, las personas enumeradas en la tabla I y, en los restantes supuestos, la víctima del accidente.". Consecuencia de lo anterior es que no son indemnizables los daños morales sufridos por el familiar de la víctima del accidente y que derivan del daño personal sufrido por este último, siendo tan solo indemnizables a la victima (STS 20/4/2009) los daños morales sufridos por los familiares del gran invalido como factor de corrección de la tabla IV, que no es el caso del denunciante que no tiene la condición de gran invalido. Así resulta de la STS de 31/5/2010, con cita de la de 20/4/2004, que en relación a los daños morales que reclamaban, como en este caso, los padres del lesionado explicaba que: "Se reclaman los perjuicios morales sufridos por los padres de Don Serafin que tampoco tienen encaje en el sistema legal de baremación vinculante y de obligado cumplimiento, en el que se configura como un simple factor de corrección para los grandes inválidos; situación que no ha sido reconocida al demandante. La Tabla IV regula los factores de corrección aplicables a las indemnizaciones básicas por lesiones permanentes y contempla como tal factor corrector el perjuicio moral de familiar tan sólo en relación con grandes inválidos, esto es, de aquéllas personas afectadas con secuelas permanentes que requieren la ayuda de otras para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria como vestirse, desplazarse, comer o análogas, situación que no se da en este caso en el que el que la víctima del accidente sufrió a resultas del mismo secuelas determinantes de una incapacidad permanente absoluta."

Tercero.—Finalmente ha de confirmarse la sentencia de instancia en cuanto a la imposición de los intereses moratorios del art. 20 de la LCS, siendo ajustados a derecho los fundamentos de la misma al respecto, pues la aseguradora no cumplió la exigencias legales para evitar el devengo de intereses moratorios pues no consta en autos que como exige el art. 9 a) de la Ley de Responsabilidad Civil la recurrente haya presentado al perjudicado la oferta motivada de indemnización a que se refieren los arts. 7.2 y 22.1 de dicha ley en el plazo de tres meses desde que tuvo conocimiento del accidente, ni que en dicho plazo, ante la imposibilidad de conocer el alcance de dichas lesiones, hubiera consignado u ofrecido en pago cantidad alguna con solicitud de declaración de suficiencia y todo ello aún cuando situáramos el comienzo del computo del plazo de los tres meses en la fecha de personación de la aseguradora en la causa, el 21/1/2009, fecha e la que ya indudablemente tenía conocimiento del mismo, pues la consignación efectuada por la aseguradora mediante aval bancario se produjo el día 28/4/2010. Esta consignación extemporánea aun cuando se realizase con solicitud de declaración de suficiencia no atendida por el Juzgado no puede producir efectos liberatorios, pues este pronunciamiento de suficiencia, que corresponde solicitar a la entidad aseguradora, solo es exigible en el caso de que la consignación no resulte extemporánea (STS Sala 1.ª de 19/5/2011 y 25/2/2013 entre otras muchas). Además enel presente caso la consignación de 10.000 euros realizada por la aseguradora mediante aval bancario el día 28/4/2010 no se hizo para pago al asegurado, pues la propia recurrente en sus escritos (14/5/2010 al folio 163) se opuso a que el Juzgado ofreciera dicha cantidad al perjudicado, cuando a partir de la entrada en vigor de la Ley 21/2007 es además requisito ineludible para que se produzcan los efectos liberatorios pretendidos que se consigne para pago según se desprende del art. 7.3 en relación al art. 9 de la Ley de Responsabilidad Civil en la redacción dada por la mencionada ley 21/2007 (SSTS 26/3/2009 y 28/6/2011).

La exoneración del abono de intereses tampoco puede derivar de la existencia de una causa justificada para la aseguradora en el sentido del art. 20.8 de la Ley del Contrato de Seguro pues como recuerda la jurisprudencia, por todas STS Sala 1.ª de 25/2/2013, en la apreciación de esta causa de exoneración se ha mantenido una interpretación restrictiva en atención al carácter sancionador que cabe atribuir a la norma al efecto de impedir que se utilice el proceso como excusa para dificultar o retrasar el pago a los perjudicados (SSTS 17 de octubre de 2007, RC n.º 3398/2000; 18 de octubre de 2007, RC n.º 3806/2000; 6 de noviembre de 2008, RC n.º 332/2004, 7 de junio de 2010, RC n.º 427/2006; 1 de octubre de 2010, RC n.º 1314/2005; 17 de diciembre de 2010, RC n.º 2307/2006; 11 de abril de 2011, RC n.º 1950/2007 y 7 de noviembre de 2011, RC n.º 1430/2008). En atención a esta jurisprudencia, si el retraso viene determinado por la tramitación de un proceso, para que la oposición de la aseguradora se valore como justificada a los efectos de no imponerle intereses ha de examinarse la fundamentación de la misma, partiendo de las apreciaciones realizadas por el tribunal de instancia, al cual corresponde la fijación de los hechos probados y de las circunstancias concurrentes de naturaleza fáctica necesarias para integrar los presupuestos de la norma aplicada. Esta interpretación descarta que la mera existencia de un proceso, o el hecho de acudir al mismo, constituyan causas que justifiquen por sí el retraso, o permitan presumir la racionabilidad de la oposición. El proceso no es un óbice para imponer a la aseguradora los intereses a no ser que se aprecie una auténtica necesidad de acudir al litigio para resolver una situación de incertidumbre o duda racional en torno al nacimiento de la obligación misma de indemnizar (SSTS 7 de junio de 2010, RC n.º 427/2006; 29 de septiembre de 2010, RC n.º 1393/2005; 1 de octubre de 2010, RC n.º 1315/2005; 26 de octubre de 2010, RC n.º 677/2007; 31 de enero de 2011, RC n.º 2156/2006 y 1 de febrero de, RC n.º 2040/2006). Por este motivo, la jurisprudencia no aprecia justificación cuando, sin cuestionarse la realidad del siniestro ni su cobertura, la incertidumbre surge, como ocurre precisamente en el procedimiento que nos ocupa y alega la recurrente, únicamente en torno a la concreta cuantía de la indemnización, o respecto de la influencia causal de la culpa del asegurado en su causación, incluso en supuestos de posible concurrencia de conductas negligentes. En el primer caso, porque es relevante que la indeterminación se haya visto favorecida por desatender la propia aseguradora su deber de emplear la mayor diligencia en la rápida tasación del daño causado, a fin de facilitar que el asegurado obtenga una pronta reparación de lo que se considere debido (SSTS de 1 de julio de 2008, RC n.º 372/2002, 1 de octubre de 2010, RC n.º 1315/2005 y 26 de octubre de 2010, RC n.º 677/2007), sin perjuicio de que la aseguradora se defienda y de que, de prosperar su oposición, tenga derecho a la restitución de lo abonado, y porque la superación del viejo aforismo in illiquidis non fit mora [no se produce mora cuando se trata de cantidades ilíquidas] ha llevado a la jurisprudencia a considerar la indemnización como una deuda que, con independencia de cuándo se cuantifique, existe ya en el momento de producirse el siniestro, como hecho determinante del deber de indemnizar (entre las más recientes, SSTS de 1 de octubre de 2010, RC n.º 1315/2005; 31 de enero de 2011, RC n.º 2156/2006; 1 de febrero de 2011, RC n.º 2040/2006 y 7 de noviembre de 2011; RC 1430/2008). En el segundo caso, porque la responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos a motor se asienta sobre el riesgo generado por su conducción (artículo 1.1 II LRCSVM 1995), de manera que solamente se excluye la imputación del resultado al conductor cuando se interfiere en la cadena causal la conducta o la negligencia del perjudicado (cuando los daños se deben únicamente a ellas) o una fuerza mayor extraña a la conducción y al funcionamiento del vehículo (STS de 16 de diciembre de 2008, RC n.º 615/2002, entre otras muchas). En particular, la culpa de la víctima, aunque resulte probada, si no constituye la causa exclusiva del accidente, carece de eficacia para eximir de responsabilidad al conductor (SSTS de 10 de diciembre de 2009, RC n.º 1090/2005; 23 de abril de 2009, RC n.º 2031/2006; 29 de junio de 2009, RC n.º 840/2005 y 10 de octubre de 2008, RC n.º 1445/2003, entre otras. Consecuencia de dicha doctrina es que la aseguradora recurrente carecía de causa justificada para negarse a satisfacer una indemnización al perjudicado después de cinco años de ocurrir el accidente, pues la falta de pago de la misma no se fundó en la discusión de la existencia del siniestro, ni su cobertura por su parte, oponiéndose en juicio al abono de la indemnización sin fundamento alguno por un simple y bastardo ánimo dilatorio, alegando la existencia de versiones contradictorias cuando era indiscutido que fue su asegurado el que invadió el carril contrario de circulación obviando la preferencia de paso del ciclomotor en el que viajaba el denunciante, sin que tuviera tampoco base alguna la alegación de concurrencia de culpas olvidando que quien le reclamaba era un simple usuario del vehículo contrario, ni finalmente la discusión de las lesiones que aparecían fijadas en el informe de sanidad que nunca fue rebatido consistentemente por su parte.

Cuarto.—No apreciada temeridad ni mala fe en la interposición de los recursos de apelación, se declaran de oficio las costas procesales correspondientes a la presente alzada (artículo 240 de la LECr).

Por lo expuesto,


FALLO


 
Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por DON Narciso y LA ASEGURADORA PELAYO contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción n.º 4 de Cuenca en los autos de Juicio de Faltas n.º 64/2013 de fecha 12/6/13 debo REVOCAR y REVOCO la misma en el particular referido a condena a indemnizar a los recurrentes como responsable civil y responsable civil directo a D.ª Socorro en la cantidad de 10.000 euros, pronunciamiento que dejo sin efecto, absolviendo a los demandados de la correspondiente pretensión indemnizatoria ejercitada contra ellos, MANTENIENDO y CONFIRMANDO el resto de los pronunciamientos contenidos en la sentencia recurrida, todo ello con declaración de oficio de las costas que hubieran podido generarse en la alzada.

Notifíquese esta Sentencia al Ministerio Fiscal y a las partes; haciéndoles saber que la misma es firme y que contra ella no cabe interponer recurso ordinario alguno.

Devuélvanse al Juzgado de procedencia los autos originales con certificación de lo resuelto para su ejecución.

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior Resolución por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.


Diligencia.-Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior Resolución. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Descubre ofertas diarias
IV Congreso Nacional de Derecho de Sociedades
Crisis de Empresa: Aspectos Laborales y Mercantiles
Dossier productos tóxicos
 
Foros de formación