Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia A.P. Barcelona 1015/2013 de 8 de noviembre


 RESUMEN:

Delito contra la seguridad vial: Conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas concurriendo la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. Delito contra la seguridad vial: Negativa a la práctica de las pruebas de detección alcohólica concurriendo las circunstancias atenuantes de embriaguez y de dilaciones indebidas. Valoración de la prueba: Examen del alcance del recurso de apelación, no apreciándose error alguno, no habiéndose acreditado la existencia de un brote psicótico. Presunción de inocencia: Se ha desarrollado actividad probatoria suficiente capaz de enervarlo. Pena: Dadas las circunstancias, procede sustituir la pena de prisión por la de multa.

SECCIÓN SÉPTIMA

ROLLO 258/2013-H

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 567/2011

JUZGADO DE LO PENAL 3 DE BARCELONA

SENTENCIA

Ilmos. Sres.

Dña. Ana Ingelmo Fernández

D. Luis Fernando Martínez Zapater

Dña. Ana Rodríguez Santamaría

En la ciudad de Barcelona, a 8 de noviembre de 2013.

VISTO, en grado de apelación, ante la Sección Séptima de esta Audiencia Provincial, el presente rollo de apelación 258/2013-H, dimanante del Procedimiento Abreviado 567/11, procedente del Juzgado de lo Penal 3 de Barcelona, seguido por un delito contra la seguridad del tráfico, contra Pedro Jesús; los cuales penden ante esta Superioridad en virtud del recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Sra. López Calza en representación de Pedro Jesús contra la Sentencia dictada en los mismos el día 21 de marzo de 2013, por la Ilmo. Sr. Magistrado Juez del expresado Juzgado, compareciendo como parte apelada el Ministerio Fiscal.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "Fallo: Que debo condenar y condeno a Pedro Jesús como autor responsable de un delito de conducción bajo la influencia de las bebidas alcohólicas, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas a la pena de 3 meses de prisión, accesoria legal de inhabilitación especial, en su caso, privación del derecho a la conducción de vehículos a motor y ciclomotores por el periodo de 1 año y 1 día y abono de costas. Que debo condenar y condeno a Pedro Jesús como autor responsable de un delito de negativa a la práctica de las pruebas de detección alcohólica, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de embriaguez y de dilaciones indebidas a la pena de 3 meses de prisión, accesoria legal de inhabilitación especial, en su caso, privación del derecho a la conducción de vehículos a motor y ciclomotores durante 1 año y 1 día y costas".

Segundo.—Admitido el recurso y de conformidad con lo establecido en el artículo 795.4.º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se remitieron las actuaciones a esta Audiencia Provincial donde tuvieron entrada el pasado día 2 de octubre de 2013 y, no siendo preceptivo el emplazamiento y comparecencia de las partes, se siguieron los trámites legales de esta alzada, señalándose para el día 14 de octubre de 2013 la deliberación y decisión del recurso, y quedaron los autos vistos para sentencia.

Tercero.—En el presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.

VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Luis Fernando Martínez Zapater, que expresa el parecer unánime del Tribunal.


HECHOS PROBADOSSe aceptan los hechos probados consignados en la sentencia apelada, en los que se recoge lo siguiente: "El acusado, sin antecedentes penales, sobre las 06,40 horas del día 6 de diciembre de 2009, conducía el turismo matrícula NUM000, propiedad de su esposo, por el Paseo de la Zona Franca de la ciudad de Barcelona, con sus facultades disminuidas por la previa ingesta de bebidas alcohólicas, por lo que perdió el control de su automóvil y colisionó contra unas vallas de hormigón de señalización de obras, causando daños por los que la empresa propietaria de las vallas no reclama. Advertida tal circunstancia por una dotación policial, el acusado fue requerido para someterse a las correspondientes pruebas de detección del consumo de alcohol y procedió a realizar las primeras intencionadamente de modo incorrecto para que no arrojaran resultado positivo, negándose después rotundamente a realizarlas, a pesar de haber sido advertido de las consecuencias legales de su negativa".


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—El primer motivo del recurso se funda en la indebida aplicación del tipo penal del art. 383 y del tipo previsto en el art. 379. Considera el apelante que se ha producido un error en la valoración de la prueba a la hora de apreciar el contenido del informe pericial psicológico realizado por el perito Esteban, que ha sido valorado con errores relevantes, entre los que destaca que la enfermedad fue detectada seis meses después del accidente, como explicó el médico forense y el testigo Jacinto, y que también se encuentra probada la existencia de una patología estructural de base en la forma de trastorno bipolar no especificado que sufría el apelante en el momento de los hechos, trastorno grave e incapacitante aun cuando no hubiera sido diagnosticado o descubierto. Considera la parte que los hechos probados deberían modificarse en el sentido absolutorio.

En el ordinal segundo el apelante reitera su argumentación con relación al delito previsto en el art. 379 del Código Penal, por considerar que la sentencia incurre en error cuando deduce que la causa del accidente fue la previa ingesta alcohólica del acusado y deduce ésta del comportamiento anómalo del accidentado, sin que la hipótesis de que el origen de ese comportamiento pudiera ser fruto de la enfermedad no diagnosticada en ese momento y, por ello, no tratada. Los síntomas recogidos en el informe pericial de alcoholemia pueden ser explicados como reactivos a una situación de estrés, y pudiera haberse producido un brote psicótico de duración breve en la fecha del accidente, conforme resulta del informe forense. Así, continua analizando el recurso que el síntoma del olor a alcohol o la falta de verticalidad pueden explicarse por otros motivos y no pueden, por si solos considerarse suficientes para considerar la previa ingesta de bebidas alcohólicas, pudiendo haber respondido a una pequeña ingesta, como la reconocida por el acusado, y a las consecuencias derivadas del nerviosismo tras sufrir el accidente.

En el ordinal tercero se realizan las alegaciones con relación a la indebida aplicación del art. 383 del Código Penal. Sostiene que no se recogen en los hechos probados los requisitos que el tipo penal requiere, como la alternativa al acusado de realizar la prueba con el aparato evidencial así como la prueba de análisis sanguíneo, y la deducción de la intención del acusado partiendo del hecho probado de que no sopló correctamente cuando fue requerido para ello, descartando otras posibles razones, sin tener en cuenta que existía un problema psicológico que impedía al acusado tener el autocontrol suficiente para poder soplar y que pudiera no comprender, en el momento de los hechos, el idioma español. Además, el acusado hizo muchos intentos y el aparato no daba resultado por lo que no existe ningún hecho que permita deducir que los intentos fallidos obedecen a una rotunda negativa a someterse a la citada prueba.

Por último, se alega vulneración del art. 24.2 de la CE por cuanto no ha existido prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia y desvirtuar la hipótesis exculpatoria de la defensa. Los síntomas descritos en la sentencia deben interpretarse a favor del reo y también el hecho de no soplar correctamente, y no en contra del reo como se realiza en la sentencia.

Segundo.—En suma, las alegaciones del apelante se centran en sostener que, por padecer en el momento de los hechos, una enfermedad psíquica, trastorno bipolar, aún no diagnosticado en esa fecha, la existencia de dicha enfermedad permite explicar, tanto los síntomas que los funcionarios policiales apreciaron en el acusado y que consideraron que derivaban del previo consumo de bebidas alcohólicas, como el propio accidente de tráfico que motivó la intervención policial, y la actuación del acusado en las ocasiones en que se le indicó que debía realizar las pruebas de determinación de alcohol en aire expirado por medio de los aparatos de precisión reglamentariamente establecidos. Los trastornos citados, que en la instancia fundaron la pretensión de que se aplicara la circunstancia eximente completa de trastorno mental o la correlativa eximente incompleta (arts. 20.1 o 21.1 del Código Penal), pretenden ser el fundamento del error en la valoración de las pruebas practicadas y la insuficiencia de la prueba de cargo para fundar la condena, sin que se impugne, por lo demás, la desestimación del la existencia de las citadas circunstancias que se realiza en la sentencia apelada.

Vaya por delante que, respecto a las pruebas de carácter personal, una pacífica jurisprudencia (por multitud de ellas, sentencia del Tribunal Supremo 1107/2011) establece que " su valoración corresponde al tribunal de instancia que, con vigencia de los principios que rigen la realización del juicio y la práctica de la prueba, oye lo que los testigos deponen sobre los hechos percibidos sensorialmente. Elemento esencial para esa valoración es la inmediación, no sólo por lo que el testigo ha dicho, sino también su disposición, las reacciones que sus afirmaciones provocan en otras personas, la seguridad que transmite; en definitiva, todo lo que rodea una declaración y que la hace creíble o no, para formar una convicción judicial ".

Bajo estas premisas, no constatándose que los criterios y razonamientos empleados por el Magistrado a quo sean ilógicos, arbitrarios o infundados, ni que haya prescindido de elementos relevantes de juicio debidamente incorporados a las actuaciones, ni que haya utilizado otros ilícita o irregularmente obtenidos, su valoración probatoria debe prevalecer frente a la necesariamente interesada que sostiene la defensa; máxime cuando la íntegra grabación en soporte audiovisual del acto del plenario ha permitido analizar en esta alzada el total desarrollo del juicio, con especial atención a las declaraciones del acusado y los testigos, Guardias Urbanos de Barcelona NUM001 y NUM002, los primeros que llegaron al lugar en que se había producido el accidente, que relataron los síntomas que presentaba así como su actitud con relación a la realización de la prueba de verificación de alcohol en aire expirado, con la realización de intentos incompletos que no produjeron resultado alguno, la información de los derechos que pudieran corresponderle, así como que el acusado hablaba castellano, idioma en el que fue informado, de forma verbal, de sus derechos, por el agente NUM001. Los Guardias Urbanos con carnet NUM003 y NUM004 realizaron el informe relativo al accidente de tráfico, exponiendo las conclusiones alcanzadas, en las que se determina que el accidente se produjo como consecuencia de la pérdida de control del vehículo por parte del hoy apelante, que no trazó correctamente la curva hacia la derecha, siendo la causa probable de esa pérdida de control la disminución de las facultades y aptitudes para conducir como consecuencia de la previa ingesta de bebidas alcohólicas. El sanitario que intervino nada recuerda con relación a los hechos, su intervención fue horas después del accidente, a las 13 horas aproximadamente.

La anterior citada es la prueba de cargo. En la prueba de descargo, el cónyuge del acusado detalló sus impresiones, de carácter personal, con relación a la situación del acusado el día siguiente de los hechos, circunstancia que, en definitiva, no aporta elementos relevantes en orden a la valoración de la conducta del acusado en la fecha de autos. La pericial, pese a lo que se intenta sostener por el recurrente, no acredita que, en la fecha de los hechos, el apelante sufriera un brote psicótico que pudiera explicar tanto los síntomas apreciados por los agentes como la actuación del acusado con relación a los requerimientos que la fueron realizados por los agentes para que se sometiera a las pruebas mecánicas de medición de alcohol en aire expirado. El resultado de la pericial, conforme se recoge en la sentencia de forma acertada, no resulta concluyente para sostener, como se pretende, la existencia de un brote psicótico en el momento de los hechos como argumento justificativo de la conducta del denunciado en los mismos, sino que indica simples hipótesis con fundamento en el posterior diagnóstico al acusado de un trastorno bipolar realizado casi diez meses después de la fecha de los hechos, pero que no permiten introducir dudas razonables que desvirtúen el resultado de las pruebas de cargo practicadas en las actuaciones antes mencionadas y razonable y ampliamente valoradas en la sentencia de instancia.

Tercero.—Sin embargo, la sentencia debe ser modificada en lo relativo a la pena impuesta por el delito previsto en el art. 379.2 del Código Penal. Aun cuando la petición no ha sido planteada por la parte recurrente, este Tribunal aplica la denominada doctrina de la voluntad impugnativa, según jurisprudencia consolidada de la Sala II del Tribunal Supremo. Así la reciente STS 788/2012, de 24 de octubre establece que dicha doctrina la considera "...implícitamente comprendida en la infracción de ley, por estimar que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede verse mermado por formalismos exacerbados en la interpretación de los motivos de recurso, por lo que esta Sala puede aprovechar la instancia casacional para corregir, en beneficio del reo, los errores legales de que adolezca la sentencia recurrida relacionados con los motivos de casación interpuestos".

Son exponentes de esta reiterada doctrina, las Sentencias de 28 de septiembre de 1994, 18 de septiembre de 1998, 10 de marzo, 8, 17 y 29 de junio, 8 y 17 de julio, 10 y 17 de septiembre, 18 y 30 de noviembre y 20 de diciembre de 1999, 22 de febrero de 2000, 6 de junio de 2002, 9 de octubre de 2003, 28 de octubre de 2005 y 8 de noviembre de 2006, entre otras muchas, y por referirnos a las más recientes las sentencias 625/2010 de 6 de julio, 148/2011, de 9 de marzo, 258/2011, de 28 de marzo y 976/2011, de 8 de noviembre y 141/2012, de 8 de marzo y la 867/2012, de 7-11-2012.

En efecto, el Juzgador de Instancia impone, de entre las penas alternativas posibles previstas por el Legislador para el delito antes citado, la de mayor afectación de derechos fundamentales y de mayor gravedad, la pena privativa de libertad, citando como único fundamento no haberse manifestado el acusado sobre la posibilidad de desarrollar trabajos en beneficio de la comunidad. Los trabajos en beneficio de la comunidad no podrán imponerse sin consentimiento del penado, pero la ausencia de este no impone, sin más la imposición de la pena privativa de libertad, que, por su mayor gravedad, requiere una especial motivación que permita conocer las razones por las que se impone la misma frente al resto de penas alternativas.

En atención a lo expuesto, constando, conforme se determina en la sentencia, la ausencia de antecedentes penales del recurrente y la circunstancia atenuante concurrente, resulta procedente dejar sin efecto la pena de prisión citada e imponer la pena de multa en su mínima extensión y con una cuota diaria de tres euros, que se considera adecuada a la vista de la inexistencia de datos significativos con relación a los medios económicos con los que pudiera contar el apelante.

Congruente con lo anteriormente expuesto, los motivos del recurso, fundados en el error en la valoración de las pruebas, no pueden acogerse. La sentencia debe ser confirmada con la excepción antes mencionada.

Procede declarar de oficio las costas causadas en esta instancia.

VISTOS los artículos de pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
Que ESTIMANDO PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Sra. López Calza, en representación de Pedro Jesús contra la Sentencia dictada en fecha 21 de marzo de 2013 por el Juzgado de lo Penal 3 de Barcelona, en los autos de los que el presente rollo dimana, dejamos sin efecto la pena de tres meses de prisión impuesta a Pedro Jesús como autor de un delito previsto en el art. 379.2 del Código Penal, y, por la presente, le imponemos la pena de SEIS MESES MULTA CON CUOTA DIARIA DE TRES EUROS y con la responsabilidad personal subsidiaria prevista en el art. 53 del Código penal.

CONFIRMAMOS íntegramente la sentencia de instancia en todos los pronunciamientos no afectados por la presente resolución.

Se declaran de oficio las costas de esta alzada.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe interponer recurso ordinario alguno. Devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Barcelona, en la misma fecha. En este día, y una vez firmada por todos los Magistrados que la han dictado, se da a la anterior sentencia la publicidad ordenada por la Constitución y las Leyes. DOY FE.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Oh happy Ley
Tu formación puede salirte gratis
Dossier productos tóxicos
III Congreso Compliance
 
Foros de formación