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Sentencia A.P. La Coruña 517/2013 de 14 de noviembre


 RESUMEN:

Delito de lesiones por imprudencia grave: Diferencias entre imprudencia grave y leve según la doctrina del Tribunal Supremo. Atenuante de dilaciones indebidas: Análisis de su contenido, debiendo apreciarse como muy cualificada ante la demora injustificada. Delito de simulación de delito: Examen de los requisitos necesarios para su apreciación que no concurren en este caso. Responsabilidad civil: No cabe la reclamación formulada en concepto de síndrome postraumático al no haberse solicitado en el momento procesal oportuno.

A CORUÑA

SENTENCIA: 00517/2013

ROLLO: RP 665/2013

Órgano de Procedencia: JUZGADO DE LO PENAL NÚMERO 3 DE A CORUÑA

Procedimiento: Juicio Oral Número 216/2010

LA SECCIÓN PRIMERA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE A CORUÑA, CONSTITUIDA POR LOS ILUSTRÍSIMOS SEÑORES D. ÁNGEL MARÍA JUDEL PRIETO, Presidente, Dña. LUCÍA LAMAZARES LÓPEZ y D. IGNACIO ALFREDO PICATOSTE SUEIRAS, Magistrados,

EN NO MBRE DEL REY

Ha pronunciado la siguiente:

SENTENCIA

En A Coruña, a catorce de noviembre de dos mil trece.

En el Recurso de Apelación Penal Número 665/2013, derivado del Juicio Oral Número 216/2010 procedente del Juzgado de lo Penal Número 3 de A Coruña, sobre un delito de lesiones por imprudencia y un delito de simulación de delito, entre partes de una como apelantes la COMPAÑÍA AXA SEGUROS GENERALES S.A., representada por la Procuradora Sra. Aguiar Boudín y defendida por la Letrada Sra. López Mora, Andrés y Custodia, representados por el Procurador Sr. Painceira Cortizo y defendidos por la Letrada Sra. Fraga Mandián, Guillerma, representada por la Procuradora Sra. Tedín Noya y defendida por el letrado Sr. Vázquez López; y de otra como apelado el MINISTERIO FISCAL.

Siendo Ponente la Ilma. Sra. LUCÍA LAMAZARES LÓPEZ.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Por el Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal Número 3 de A Coruña con fecha 23 de enero de 2013 se dictó sentencia, cuyo Fallo dice como sigue:

"Que debo condenar Y condeno a Andrés como autor de un delito de LESIONES Y DELITO DE SIMULACIÓN DE DELITO, definidos, concurriendo atenuante de dilación indebida, y debo condenar y condeno a Custodia por el delito de simulación de delito, definido, concurriendo atenuante de dilación indebida, a la pena de 4 meses de presión con inhabilitación especial para el ejercicio de derecho de sufragio pasivo y privación del derecho a conducir vehículo a motor y ciclomotor durante 1 año y 15 días para Andrés por el delito de Lesiones imprudentes y multa de 6 meses, cuota diaria 4 euros, con responsabilidad penal subsidiaria en caso impago para Custodia por el delito de simulación. Indemnizarán con Responsabilidad Civil Directa y solidaria de Axa a Guillerma en 1140 euros por los días de incapacidad con los intereses legales.".

En fecha 4 de febrero de 2013 se dictó auto aclaratorio que dice:

" SE ACUERDA LA ACLARACIÓN EN PARTE de la sentencia de fecha 23 de enero de 2013 en el sentido siguiente: en los fundamentos jurídicos y fallo de la misma en cuanto a la responsabilidad civil debe añadirse que el acusado indemnizará con la responsabilidad civil directa y solidaria de la entidad Axa a Guillerma, una vez que se tasen, por importe de los daños causados en el vehículo Peugeot matrícula....HHH con el interés legal del artículo 20 de la Ley de contrato de seguros

NO HA LUGAR A LA ACLARACIÓN de la referida sentencia en los demás términos solicitados.".

Segundo.—Contra dicha Sentencia, por las representaciones procesales de Axa Seguros Generales, Andrés, Custodia e Guillerma se interpusieron recursos de apelación que formalizaron exponiendo las alegaciones que constan en sus respectivos escritos, los cuales se hallan unidos a las actuaciones.

Tercero.—Dado traslado del escrito de formalización del recurso a las partes, se presentó por el Ministerio Fiscal escrito de impugnación en base a considerar la sentencia objeto de recurso plenamente ajustada a derecho solicitando su confirmación.

Cuarto.—Por el órgano judicial sentenciador se remitieron a este Tribunal los autos originales con todos los escritos presentados y, recibidos que fueron, se señaló día para deliberación, votación y fallo.


HECHOS PROBADOSÚnico.-Se aceptan formalmente los de la resolución recurrida, que se dan por reproducidos de cara a la brevedad de la presente, y se añade lo siguiente: "El vehículo Peugeot 306 matrícula....HHH propiedad de Guillerma resultó siniestro total a consecuencia de este accidente y su compañía de seguros le pagó la suma de 5.853 euros por tal concepto firmando un finiquito total.

En fecha 1 de junio de 2010 el secretario del Juzgado de Instrucción Número 1 de Betanzos dictó diligencia de ordenación declarando conclusa la fase intermedia del procedimiento abreviado y ordenando la remisión de los autos al juzgado de lo penal de A Coruña. Siendo recibidos los mismos en el Juzgado de lo Penal Número 3 de A Coruña en fecha 10 de junio de 2010. Dicho juzgado dictó auto de admisión de pruebas y señalamiento de juicio oral con fecha 30 de mayo de 2012."


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—Axa Seguros Generales SA recurre en apelación la sentencia dictada solicitando que se revoque en el sentido de suprimir la indemnización a favor de Guillerma en concepto de responsabilidad civil por los daños materiales sufridos por el vehículo Peugeot matrícula....HHH ya que los mismos han sido abonados.

Andrés y Custodia, condenados en la instancia, alegan en esta alzada:

1.º Vulneración de la presunción de inocencia o, cuando menos, del principio in dubio pro reo.

2.º Error en la apreciación de las pruebas.

3.º Infracción de preceptos legales.

También recurre la sentencia la perjudicada Guillerma alegando un error en la valoración de la prueba y solicitando el incremento de la indemnización fijada a su favor.

El Ministerio Fiscal interesa la desestimación de los tres recursos de apelación y solicita la confirmación de la sentencia de instancia por ser conforme a Derecho.

Segundo.—Recurso de apelación planteado por los condenados Andrés y Custodia.

Por razones obvias ha de comenzarse por el recurso interpuesto por los condenados en la instancia.

A. En primer lugar alegan la vulneración de la presunción de inocencia o, cuando menos, del principio in dubio pro reo, puesto que la versión sostenida por los acusados fue respaldada por el testigo Jacobo y no ha sido desvirtuada por ninguna de las pruebas practicadas.

La jurisprudencia constitucional es absolutamente clara y constante al imponer una doble condición para destruir la presunción de inocencia: primero, que se haya practicado una mínima actividad probatoria de cargo o, si se prefiere, que la declaración de culpabilidad se base en alguna prueba solicitada por el acusador y efectivamente practicada; segundo, que los resultados de esa mínima actividad probatoria de cargo puedan razonablemente ser valorados en sentido inculpatorio para el acusado.

En el presente proceso la existencia de esa prueba es indiscutible. Existe la declaración de un testigo presencial de los hechos, Millán, quien aseguró que en el lugar no había ninguna mujer solo dos chicos, luego llegó la mujer, la acusada Custodia en un taxi; además la testigo Ana manifestó que Andrés le pidió que le llevase donde trabaja Custodia, al bar Chivas, y dijo que estaba preocupado; de lo que el juez a quo concluye que el vehículo era conducido por el acusado Andrés y no por Custodia. Y ambos faltaron a la verdad cuando ante la policía declararon que el vehículo lo conducía Custodia. La forma en que se produjo la colisión entre ambos turismos, colisión en la que resultó lesionada Guillerma, ha quedado acreditado mediante la prueba documental obrante en las actuaciones (atestado de la Policía local de Betanzos, folios 8 a 36, ambos inclusive) y la declaración en el plenario de uno de los agentes de la Policía local de Betanzos que realizó dicho atestado.

También alegan los apelante que deben ser absueltos al amparo del principio "in dubio pro reo". Esa regla de juicio sólo se aplica cuando tras la práctica y valoración de la prueba el juez permanece en la duda acerca de cómo ocurrieron los hechos o de la participación del autor. No es el caso. El juez expresó la certeza de que los hechos ocurrieron de una determinada manera. Cuando no hay dudas falta el presupuesto para la aplicación del principio que se invoca.

B. En segundo lugar, los condenados alegan que la sentencia incurre en infracción de preceptos legales, en concreto no se cumplen los requisitos del art. 457 del C. Penal; Andrés no simuló ser responsable ni víctima de infracción penal alguna, al contrario aseguró que no era él quien conducía; a lo que se añade que ni Andrés ni Custodia han denunciado nada a las autoridades o a sus agentes, simplemente han ofrecido su versión de los hechos. En cuanto al delito del art. 151 del C. Penal, no hay en la sentencia recurrida ningún dato objetivo que permita calificar la imprudencia como grave. Y respecto a la atenuante de dilaciones indebidas, la misma debe ser aplicada como muy cualificada y rebajar las penas impuestas en dos grados.

B1. Comenzando por el delito de imprudencia grave del art. 151 del C. Penal por el cual se ha condenado al acusado Andrés, ha quedado demostrada la forma en que acaeció el siniestro, habida cuenta las manifestaciones de los implicados en relación con el atestado del accidente realizado por la Policía Local de Betanzos y la declaración en el plenario de uno de los agentes que realizó dicho atestado. La colisión se produjo entre ambos vehículos en un núcleo urbano con limitación de velocidad de 40 Km/hora y señalización vertical de curva peligrosa, en tales condiciones Andrés tomó dicha curva con exceso de velocidad lo que le llevó a derrapar y colisionar con el turismo de Guillerma que conducía su vehículo correctamente.

La acción llevada a cabo por el acusado Andrés constituye un delito de lesiones imprudentes del art. 152.1 apartado primero del C. Penal. Según doctrina del Tribunal Supremo, manifestada entre otras, en las Sentencias 9.6.82, 18.3.90 y 184/2000 de 1.12, para distinguir la imprudencia grave del nuevo Código Penal - temeraria en el de 1973 - de la leve en el nuevo Código, y simple en el anterior, habrá de atenderse.

1.º A la mayor o menor falta de diligencia mostrada en la acción u omisión.

2.º A la mayor o menor previsibilidad del evento que sea el resultado.

3.º A la mayor o menor gravedad de la infracción del deber de cuidado que según las normas socioculturales, del agente se espera. Según la sentencia 413/99 de 11.3 concurrirá la imprudencia temeraria, y a partir del nuevo Código Penal, la grave, cuando en la conducta del acusado se aprecia la ausencia de las más elementales medidas de cuidado, causante de un efecto lesivo o dañino fácilmente previsible, y el incumplimiento de un deber exigido a toda persona en el desarrollo de la actividad que ejercita. La desatención a las más elementales normas de cautela y a los deberes de cuidado más esenciales caracteriza la imprudencia temeraria y la grave, según la doctrina de esta Sala contenida en las sentencias 920/99 de 9.6 y 1658/99 de 24.11.

En este supuesto Andrés desarrolló una conducción gravemente imprudente porque en un tramo curvo de la calzada en el que tenía que extremar las precauciones al tratarse de una zona urbana circuló a velocidad excesiva derrapando y provocando la colisión descrita en el relato fáctico, así como el resultado lesivo expresado; lo cual impide valorar como falta semejante imprudencia.

Por otra parte, el mecanismo de producción de las lesiones, impide la inclusión de las lesiones dentro del núm. 2 del art. 147 del C. Penal.

B2. La sentencia recurrida condena a los ahora apelantes por un delito de simulación de delito del art. 457 del C. Penal, al entender que, concurriendo los elementos del tipo, el propósito buscado era atribuir a Custodia la conducción del vehículo accidentado BMW matrícula K-....-KE puesto que su propietario Andrés no tenía permiso de conducir.

Resulta cierto -ya desde sentencias antiguas del TS. de 31 de septiembre de 1973 ó de 5 de febrero de 1976 - que el delito de simulación de delito exige la presencia de los siguientes requisitos: primero, una acción consistente en simular ser responsable o víctima de una infracción penal o denunciar una infracción de dicho tipo inexistente en realidad, siendo el destinatario de la acción un funcionario judicial o administrativo que, ante la noticia del delito, tenga profesionalmente la obligación de proceder a su averiguación; segundo, provocación de una actuación procesal como consecuencia de la actuación falsaria; tercero, conciencia de la falsedad de aquello que se dice y la voluntad específica de presentar como verdaderos hechos que no lo son y, cuarto, relación de causa a efecto entre la falsedad y la actuación procesal.

En el asunto recurrido ninguno de los dos acusados simuló ser víctima ni responsable de un delito, lo que fácilmente se desprende del relato de hechos probados; en segundo lugar, las diligencias previas incoadas lo fueron como consecuencia de tratarse de un accidente de tráfico en el que resultó lesionada otra persona, no se iniciaron diligencias porque Andrés y/o Custodia presentaran una denuncia; y en tercer lugar, que el motivo por el cual los acusados hoy recurrentes realizaron ante la Policía local de Betanzos y ante el Juzgado de instrucción las manifestaciones que constan en el relato fáctico de la sentencia apelada fue evitar que Andrés tuviera problemas por cuanto carecía en ese momento de permiso de conducir; siendo evidente que no se puede equiparar en el ámbito penal, y en perjuicio del reo, delito o infracción distintos a delito inexistente que es lo que exige el tipo penal.

Procede, en consecuencia, acordar la revocación de la sentencia condenatoria recurrida y declarar la absolución de los condenados Andrés y Custodia por el delito de simulación de delito.

B3. Se solicita por la defensa de los acusados la apreciación como muy cualificada de la atenuante de dilaciones indebidas, solicitando la rebaja de la pena en dos grados.

En relación a la circunstancia atenuante de dilación indebida, como señala la reciente STS de 7 de mayo de 2013 "Con relación a la atenuante de dilaciones indebidas, la doctrina del Tribunal Supremo, - SSTS 7/11/2.005; 22/1/2004; 22/7/2003-, siguiendo el criterio interpretativo del Tribunal Europeo de derechos Humanos en torno al art. 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que reconoce a toda persona "el derecho a que la causa sea oída en un plazo razonable", ha señalado los datos que han de tenerse en cuenta para su estimación, que son los siguientes: la complejidad del proceso, los márgenes ordinarios de duración de los procesos de la misma naturaleza en igual periodo temporal, el interés que arriesga quien invoca la dilación indebida, su conducta procesal y la de los órganos jurisdiccionales en relación con los medios disponibles.

Por ello, el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, que no es identificable con el derecho procesal al cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes, impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de resolver las cuestiones que les sean sometidas, y también ejecutar lo resuelto, en un tiempo razonable. Se trata, por lo tanto, de un concepto indeterminado que requiere para su concreción el examen de las actuaciones procesales, a fin de comprobar en cada caso si efectivamente ha existido un retraso en la tramitación de la causa que no aparezca suficientemente justificado por su complejidad o por otras razones, y que sea imputable al órgano jurisdiccional y no precisamente a quien reclama.

Tras la reforma del Cp por L.O. 5/2010 se ha incorporado al elenco de circunstancias atenuantes la atenuante de dilaciones indebidas como la sexta del art. 21 Cp, con lo que tal circunstancia ya tiene actualmente reconocimiento legal.

De acuerdo con lo dicho en el párrafo, tal circunstancia exige que la dilación sea extraordinaria, no sea atribuible al propio inculpado y no guarde proporción con la complejidad de la causa".

Un examen de las actuaciones acredita que la instrucción de la causa fue excesivamente lenta teniendo en cuenta los hechos sencillos que eran objeto de la misma, se trata de un accidente de tráfico ocurrido el día 14.02.2007 y el juicio oral se celebró el día 23.01.2013; pero es que además, desde que se remite el procedimiento al Juzgado de lo Penal Número 3 de A Coruña y éste dicta auto admitiendo las pruebas y señalando fecha de juicio oral transcurrieron casi dos años. Los hechos no revisten complejidad especial y se observa que existió una paralización de la tramitación inexplicada en el periodo aludido.

En esta situación, procede apreciar la concurrencia de la atenuante de dilaciones con el valor de atenuante muy cualificada pues la demora injustificada alcanza la laxitud que da lugar a su cualificación. Hay que tener en cuenta que de un lado, la definición de la atenuante ordinaria exige que la dilación sea en sí misma extraordinaria, por lo tanto supone un aliud diferente al mero incumplimiento de los plazos legales, y por otra parte que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha exigido una dilación más que extraordinaria para la cualificación, y en tal sentido la STS 506/2002 apreció la atenuante, en aquel momento de construcción estrictamente jurisprudencial, en una demora de tramitación de nueve años; la STS 291/2003 en una demora de ocho años; la STS 71/2.009 en una demora de ocho años o la STS 238/2010 en una demora de cuatro años y ocho meses.

En este escenario jurisprudencial, la demora aquí verificada, en especial la de dos años aproximadamente ya señalada, merece la consideración de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, por lo que procede rebajar las penas a imponer a Andrés en un grado, en aplicación de lo dispuesto en el art. 152.1.1.ª y 2 y art. 66.1.2.ª del C. Penal. Y, habida cuenta, el tiempo transcurrido y la menor gravedad de las lesiones ocasionadas a Guillerma entendemos que deben imponerse al acusado la pena de prisión de dos meses, que por lo dispuesto en el art. 71.2 del C. Penal será en todo caso sustituida conforme a lo dispuesto en la sección 2.ª del capítulo III de este título del C. Penal, sin perjuicio de la suspensión de la ejecución de la pena en los casos en que proceda; así como la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante diez meses.

Tercero.—Recurso de apelación interpuesto por Axa Seguros Generales, SA.

Alega la aseguradora condenada que no procede la condena a indemnizar los daños materiales causados en el vehículo Peugeot matrícula....HHH pues ya Guillerma fue indemnizada sin reserva ni excepción por los daños materiales del vehículo.

Lleva razón la aseguradora en este caso. La perjudicada Guillerma declaró en el acto del juicio oral que su vehículo, Peugeot 306 matrícula....HHH, resultó siniestro total a consecuencia de este accidente y su compañía de seguros le pagó la suma de 5.853 euros por tal concepto firmando un finiquito total (documento que aporta Axa con su escrito recursivo), no teniendo nada que reclamar por dicho concepto. Por este motivo debe estimarse el recurso de Axa eliminado la cantidad indicada de la responsabilidad civil que figura en la sentencia recurrida.

Cuarto.—Recurso de apelación planteado por la perjudicada Guillerma.

La perjudicada solicita a través de su recurso que se revoque la sentencia dictada en primera instancia en el particular relativo al importe de la responsabilidad civil fijada en su beneficio, para adicionar al importe de la indemnización reconocida en la misma la cantidad de 7.310,07 euros por la secuela de síndrome postraumático, más los intereses legales que serán conforme al art. 20 de la Ley 50/1980 en cuanto a la aseguradora Axa.

Consta en el informe de sanidad del médico forense de fecha 25 de abril de 2007 que en aquel momento Guillerma presentaba como secuela del accidente "síndrome postraumático cervical con mareos, sensación de vértigo y dolor de cabeza" (folio 71 de las actuaciones). Sin embargo, en sus escritos de conclusiones provisionales ninguna de las partes acusadoras solicitó indemnización alguna por dicho concepto. Y solo en el acto del juicio oral, celebrado más de cinco años después de dicho informe de sanidad, la Acusación particular tras la prueba practicada que no incluyó la presencia del médico forense como perito en el acto del juicio oral introdujo la existencia de aquella secuela en los hechos probados y en la petición de responsabilidad civil. No puede estimarse tal pretensión sin lesionar el derecho de defensa, puesto que las partes acusadas, especialmente la aseguradora que ha de pagar la indemnización, de conocer dicha petición de antemano podrían haber propuesto alguna prueba como la pericial del médico forense en el plenario a fin de conocer si la secuela certificada en el año 2007 seguía existiendo o no en el año 2013, y de ser así, cuál es su alcance, no pudiendo ahora de forma sorpresiva introducir la petición expresada.

En consecuencia, el recurso de la perjudicada debe rechazarse.

Quinto.—Las costas causadas en esta segunda instancia han de ser declaradas de oficio de conformidad con lo establecido en los artículos 239 y 240 de la Ley de enjuiciamiento criminal, habida cuenta el pronunciamiento de esta Sala.

VISTOS los preceptos legales citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Andrés y Custodia contra la sentencia dictada en fecha 23 de enero de 2013 por el Juzgado de lo Penal Número 3 de A Coruña en los autos de Juicio Oral Número 216/2010, REVOCANDO dicha sentencia en los siguientes extremos:

1.º Se ABSUELVE a Andrés y a Custodia del delito de simulación de delito por el que vienen condenados.

2.º Se mantiene la condena de Andrés por el delito de lesiones por imprudencia grave, pero concurriendo la atenuante de DILACIONES INDEBIDAS COMO MUY CUALIFICADA, imponiéndole las penas PRISIÓN DE DOS MESES, que por lo dispuesto en el art. 71.2 del C. Penal será en todo caso sustituida conforme a lo dispuesto en la sección 2.ª del capítulo III de este título del C. Penal, sin perjuicio de la suspensión de la ejecución de la pena en los casos en que proceda; así como la pena de PRIVACIÓN del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante DIEZ MESES.

Que debemos estimar y estimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Axa Seguros Generales, SA contra la sentencia dictada en fecha 23 de enero de 2013 por el Juzgado de lo Penal Número 3 de A Coruña en los autos de Juicio Oral Número 216/2010, REVOCANDO dicha sentencia en el sentido de eliminar de la responsabilidad civil que figura en la sentencia y en el auto aclaratorio recurridos el importe de los daños causados en el vehículo Peugeot matrícula....HHH.

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la perjudicada Guillerma contra la misma sentencia.

Se mantienen los demás pronunciamientos de la sentencia recurrida que no se contradigan con los aquí expuestos.

Se impone la mitad de las costas del juicio de primera instancia a Andrés y se declara de oficio la otra mitad. Todas las costas de esta alzada se declaran de oficio.

Contra la presente resolución no cabe recurso ordinario alguno.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de que proceden, con testimonio de esta Sentencia para su conocimiento y cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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