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Sentencia A.P. Cádiz 139/2013 de 13 de diciembre


 RESUMEN:

Accidente de tráfico: Falta de lesiones imprudentes. Representación: Examen de la legislación aplicable, no pudiendo actuar, en este caso, el letrado como representante. Valoración de la prueba: Examen del alcance del recurso de apelación. Presunción de inocencia: No ha sido enervado al no haberse desplegado actividad probatoria, resultando atípico penalmente el hecho denunciado.

CEUTA

SENTENCIA: 00139/2013

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 6 de CEUTA

Domicilio: C/PADILLA S/N. EDIFICIO CEUTA CENTER 2.ª PLANTA

Telf: 956510905

Fax: 956514970

Modelo: N54550

N.I.G.: 51001 41 2 2011 0103919

ROLLO: APELACION JUICIO DE FALTAS 0000044 /2012

Juzgado procedencia: JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.1 de CEUTA

Procedimiento de origen: JUICIO DE FALTAS 0000058 /2011

RECURRENTE: Gabino, LIBERTY SEGUROS S.A.

Procurador/a: MARIA CRUZ RUIZ REINA, MARIA CRUZ RUIZ REINA

Letrado/a: FERNANDO MARQUEZ DE LA RUBIA, FERNANDO MARQUEZ DE LA RUBIA

RECURRIDO/A: Martin, Silvio

Procurador/a:,

Letrado/a: FIDEL RODRIGUEZ MARQUEZ, FIDEL RODRIGUEZ MARQUEZ

Procedimiento: APELACION JUICIO DE FALTAS 0000044 /2012.

SENTENCIA NUM. 139

ILMO. SR. MAGISTRADO D. JESÚS CARLOS BASTARDÉS RODILES SAN MIGUEL.

En Ceuta a trece de Diciembre de 2013.

La Sala 6.ª de la Audiencia Provincial de Cádiz, integrada por un solo Magistrado ha visto en grado de apelación, el presente procedimiento penal del Juicio de Faltas de referencia, seguido contra Gabino y la CIA DE SEGUROS LIBERTY SEGUROS S.A. por denuncia de Martin y Silvio asistidos del Letrado D. Fidel Rodríguez Márquez. Es parte apelante Gabino representado por la Procuradora Sra. Ruiz Reina y defendido por el Letrado D. Fernando Márquez de la Rubia. La CIA DE SEGUROS LIBERTY SEGUROS S.A. desistió del recurso interpuesto.


I. -ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—El Juez del JDO. PRIMERA INST. INSTRUCCION n.º UNO de CEUTA, con fecha 14.03.12 dictó sentencia en el Juicio de Faltas del que dimana este recurso, en la que se declararon como hechos probados los siguientes:

"Que el día 29 de noviembre de dos mil diez, sobre las 20.15 horas, se produjo una colisión en la rotonda Enrique el Navegante entre el vehículo Nissan X-Trail matrícula XVL-....-X propiedad de la Guardia Civil y ocupada por los agentes Martin y Silvio que procedían de la Avda. Juan Pablo II y el Ford Kuga matrícula....-HHY conducido por Gabino y asegurado en la Compañía LIBERTY SEGUROS que procedía de la Avda. Compañía de Mar, y ello cuando el conductor del segundo vehículo se introdujo en la rotonda sin respetar el ceda el paso que le afectaba y sin percatarse de que el Nissan ya estaba introduciendo en la misma.

A consecuencia de la colisión Martin sufrió lesiones que tardaron en curar 63 días, estando 50 de ellos impedido para el ejercicio de sus ocupaciones habituales, quedándole como secuelas del accidente algia postraumática valorada con 1 punto.

A consecuencia de la colisión, Silvio sufrió lesiones que tardaron en curar 179 días, estando todos ellos impedido para el ejercicio de sus ocupaciones habituales, quedando como secuelas del accidente artrosis postraumática valorada con 1 punto.

Segundo.—La expresada sentencia contiene el siguiente fallo: " Condeno a Gabino como autor de una falta de lesiones imprudentes con la pena de un mes de multa con una cuota de 2 euros por día, lo que hace una pena de 60 euros multa, con arresto subsidiario en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que podrá cumplirse en régimen de arrestos de fin de semana en el establecimiento penitenciario más próximo al domicilio del penado, con expresa imposición de las costas causadas.

Asimismo Gabino indemnizará a Martin con 3.908,99 euros y a Silvio con 11.208,57 euros.

Se declara la responsabilidad civil directa de la compañía aseguradora LIBERTY SEGUROS.

Las anteriores cantidades devengarán a favor de la perjudicada y a cargo de laCia Aseguradora el interés previsto en el artículo 20 LCS desde la fecha del siniestro hasta su efectivo pago o consignación.

Tercero.—Contra dicha resolución la procuradora de los Tribunales Doña Maria Cruz Reina en representación de Gabino y de la compañía aseguradora LIBERTY SEGUROS, S.A. interpuso recurso de apelación que fundo en los siguientes motivos: 1. Flagrante vulneración del derecho de presunción de inocencia; 2. Error en la valoración de la prueba.

Mediante escrito fechado de 11 de mayo de 2012, presentado el día 14 del mismo mes y año, la Procuradora Dña. M.ª Cruz Ruiz Reina en representación de la aseguradora antes mencionada expuso su desistimiento de recurso de apelación interpuesto por Liberty Seguros S.A y afirmó que continuaba la misma (ha de entenderse la apelación) en nombre de Brahem (ha de entenderse Gabino).

En 7 de septiembre de 2012 tuvo entrada en la oficina del Juzgado de Instrucción núm. Uno de esta Ciudad, un escrito del Ldo. D. Fidel Rodríguez Márquez quien, afirmando ostentar la representación de Martin y Silvio, manifestó su oposición al recurso de apelación interpuesto por la representación del denunciado y suplicó al Juzgado que acordase "...su desestimación con los consiguientes pronunciamientos".

Para evitar una repetición innecesaria doy aquí por reproducidos el desarrollo de las alegaciones del apelante así como las del mencionado Letrado.


II.-HECHOS PROBADOSNo se aceptan los contenidos en la Sentencia apelada en cuanto difieren de los que a continuación expongo:

Único.-El día 29 de noviembre de 2010, sobre las 20.15 horas, en la Ciudad de Ceuta, en la denominada rotonda de Enrique el Navegante el vehículo Nissan X-Trail matricula XVL-....-X, que ocupaban Martin y Silvio, sin que conste cual de los dos Guardias Civiles era su conductor, impactó con su parte delantera derecha contra la parte trasera lateral izquierda, a la altura del pase de la rueda trasera del mismo lado, del vehículo marca Ford, modelo Kuga matrícula....-HHY que conducía Gabino que se hallaba en el carril exterior de la rotonda mencionada tras haber accedido a la misma proveniente de la denominada Avda. Cañonero Dato.


IFUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—Se ha de señalar que concurren en este procedimiento ciertas peculiaridades relevantes. De carácter meramente procesal es la clara falta de representación del Letrado D. Fidel Rodríguez Márquez para oponerse al recurso en la representación que dice ostentar. Al respecto ha de recordarse nuestra sentencia de 12 de junio de 2009 en la que ya decíamos que " Es criterio reiterado de esta Sala, expuesto en múltiples resoluciones, que la función de postulación, representación del interesado ante los Tribunales de Justicia de los órdenes civil y penal, pertenece de forma exclusiva y excluyente a los Procuradores de los Tribunales, mientras que la dirección técnica en la defensa de los intereses de la parte es función de los abogados. Así pues, postulación y defensa son funciones absolutamente distintas encomendadas por nuestro ordenamiento jurídico, penal y civil, a profesionales diferentes.

No obstante, la Ley ha previsto que en determinados supuestos procesales la intervención de tales profesionales no sea necesaria, así en los mencionados en el art. 23.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; y en relación con el proceso penal, que es el que aquí y ahora interesa, en los juicios de faltas pues los interesados pueden comparecer y constituirse en parte formal sin necesidad de procurador que los represente ni abogado que les defienda (arts. 962 y 969). También hallamos dos excepciones en el ordenamiento procesal penal a lo antes expuesto sobre la función de postulación. En primer lugar se trata de las denominadas diligencias previas del procedimiento abreviado, fase procesal en que solo el imputado, y no el ofendido o perjudicado, como erróneamente y con frecuencia se pretende, puede ser representado, por el abogado que hubiese designado o sido nombrado de oficio, quien ostentará la representación del mismo, hasta la denominada fase intermedia ( art. 768 L.E.Crim ). La segunda es la relativa a los juicios de faltas cuando el denunciado no reside en el lugar donde haya de celebrarse el juicio. En tal caso, cual dispone el art. 970 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , se permite el apoderamiento a Abogado o a Procurador para que en el acto del juicio presente las alegaciones y las pruebas de descargo que tuviese.

Ahora bien, el apoderamiento a Procurador de los Tribunales es un mandato con poder que ha de costar en documento público ( art. 1.280 Cc .), bien autorizado por notario bien conferido por comparecencia ante el Secretario Judicial del tribunal que haya de conocer del asunto, tal y como dispone el artículo 24 LEC de aplicación supletoria a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. "

Pues bien, en el presente caso es evidente que, por una parte, el Letrado D. Fidel Rodríguez Márquez no se halla en el supuesto del art. 970 LECrim. por la sencilla razón de que sus defendidos tienen su domicilio en esta Ciudad, y, por otra parte, su asistencia, en el acto del juicio, no implica la función de representación, pues no se trata, ni mucho menos, del supuesto antes mencionado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 768), luego en ningún caso, en relación con el presente procedimiento, el mencionado Letrado podrá actuar como representante de quien afirma serlo. Habría sido suficiente que los apelados autorizaran con su firma el escrito de oposción; per, al no hacerlo y no existiendo apoderamiento en forma, por no corresponder la función de postulación al Letrado actuante ni intervención de Procurador en su nombre su oposición al recurso carece de toda consistencia.

Segundo.—Ha sido reiterada doctrina expresada en nuestras sentencias de 01-04-03, 02-04-04, 16-05-05, 17-05-05, 06-06-05, 04-07-05, 05-07 - 05 y 29-03-07, entre muchas otras, que aun siendo el recurso de apelación de plena jurisdicción y que por ello permite la revisión de los hechos declarados probados en la sentencia apelada cuando el recurrente alega error en su apreciación o valoración, el Juez de instancia, como consecuencia de su inmediación directa en la práctica de la prueba, pues ve y oye a acusado y testigos, aprecia los matices de sus declaraciones y demás pruebas, valorando todo ello en conciencia, como le faculta el art. 741 L.E.Cr. para llegar a la declaración de unos hechos probados, tiene una posición en ese sentido, y como consecuencia del principio de inmediación, evidentemente privilegiada de la que no gozaba el Tribunal de apelación, que sí debe revisar aquélla y modificarla cuando se apreciara un quebranto de la lógica, o un proceso deductivo a partir de indicios inocuos y carentes de relevancia desde un punto de vista penal que convirtiera su apreciación en conciencia, a la que se refiere el art. 741 L.E.Cr., en arbitrariedad contraria a lo razonable y motivado.

La mencionada doctrina tenía su sentido en que el tribunal de apelación recibía, en relación con el contenido de las diversas declaraciones habidas en el plenario, solo aquello que figurase en el acta de la sesión; pero sin inmediación alguna en la práctica de tales pruebas.

Esa situación ha cambiado notablemente desde el momento en que la sesión del juicio oral se incorpora a un soporte de reproducción audiovisual, cuya reproducción permite al tribunal, dentro de una calidad mínima en la reproducción del sonido y de la imagen, comprobar, en algún modo su práctica, con lo que el recurso de apelación adquiere ya el mejor sentido de doble instancia y permite la revisión de la valoración de las pruebas practicadas en la primera y contrastarla con la apreciación que de las mismas haya sido efectuada por el juez "a quo", lo que es esencial en la doble instancia cuando se impugna por la parte recurrente la convicción del juzgador de primer grado por error en la apreciación de la prueba, que, lógicamente, exige una respuesta por parte del tribunal "ad quem".

Tercero.—En este caso la acusación formulada contra el apelante como autor de una falta de lesiones por imprudencia leve tipificada en el ART. 621.3 del C.P. exige para que pueda ser acogida la prueba clara y terminante de la existencia tanto de los elementos objetivos configuradores del tipo como los de carácter subjetivo que determinen esa actuación culposa, con trascendencia penal, causante de las lesiones por una actuación imprudente en el acusado.

El apelante sostiene la infracción por la Juez "a quo" del principio de presunción de inocencia. Ello implica una total inexistencia o insuficiencia absoluta de prueba para atribuir la ejecución del hecho criminal al acusado. Pero, también y ello es sustancial la prueba ha de alcanzar primeramente a los elementos constitutivos del tipo. En este caso, a los contenidos en el artículo 621.3 del Código Penal en relación con el art. 147 del mismo.

Pues bien, desde ese segundo y esencial punto de vista la sentencia recurrida en su "factum" no contiene referencia alguna a hecho que permita concluir la naturaleza jurídico penal de los menoscabos, dejando ahora al margen la cuestión de su autoría, sufridos por los denunciantes y considerarlos residenciables en el art. 147 del Código Penal. Cierto es que, con cierta frecuencia, determinados hechos sugeridos o apuntados en el "factum", aún no siendo lo más deseable, pueden venir completados en la motivación de la sentencia mediante una explicación suficiente. Ahora bien, en la sentencia recurrida nada se dice en su motivación que el resultado lesivo revista la naturaleza jurídico penal de lesión conforme al precepto que se viene de citar. En definitiva el hecho descrito en el "factum" es atípico penalmente, y en esta instancia no puede revisarse como consecuencia del recurso de apelación interpuesto en perjuicio del propio apelante por interdicción de la reformatio in peius.

Por otra parte, cuando se trata de un accidente de trafico ocurrido entre dos vehículos en circulación lo que ha dado lugar a menoscabos físicos de las personas (susceptibles de constituir el tipo del art. 621.3 por ser residenciables en el ART. 147 C.P.) es obvio que pudiera ser, existiendo pruebas bastantes, su responsable criminal cualquiera de los conductores de los vehículos implicados, o incluso ambos, pues, en teoría, nada impide la existencia de una conducción negligente en los pilotos de los dos automóviles implicados.

No obstante, si se prueba que uno de los conductores hubiese infringido la norma de circulación (según Reglamento de la Circulación de vehículo de motor) aplicable a la situación de hecho de que se trata, es obvio que habría de deducirse la responsabilidad ex ART. 621.3 CP en relación con su art.147 del conductor infractor de la norma.

Así pues, la primera cuestión ha de ser el examen del escenario o lugar en donde se produjo el accidente. En este caso se trata de una intersección múltiple considerada rotonda si bien de escasas dimensiones dado el tráfico del lugar, y como tal sumamente incomoda, si no peligrosa, en su tratamiento dada la proximidad entre sus entradas y salidas respectivas. Sin embargo a pesar de su inapropiado diseño como "rotonda" queda sometida a las normas de conducción establecidas en el Reglamento de Circulación.

La "rotonda" o glorieta de que se trata tiene dos carriles de circulación y es evidente que como en toda de vía de dos carriles de circulación el vehículo que utilice el carril izquierdo no debe estorbar el paso del vehículo que circula por el carril derecho según el sentido de su marcha.

Así pues no es ni totalmente ni siempre cierto el que por hallarse un vehículo de motor en el interior de una rotonda, tenga preferencia de paso sobre otro que quizás pueda haber accedido segundos más tarde, y sí es cierto que, en todo caso, el vehículo que circule por el carril izquierdo, interior de la rotonda, no debe acceder al carril derecho si al hacerlo compromete a un vehículo que su encuentre en el carril exterior de la misma, así pues el primero, en tal caso habrá de continuar girando, indicando convenientemente el cambio de carril con suficiente antelación, hasta que pueda efectuarlo sin perjudicar al vehículo que circule por el carril derecho.

Pues bien en el presente supuesto está probado que los denunciantes circulaban por el carril interior, es decir izquierdo, la declaración del testigo policía nacional que presenció el impacto así lo señala. Su presencia en el momento de ocurrir el accidente no puede ser ignorada ni desvalorada, por haberlo así expuesto bajo juramento, y carecer de interés en el asunto. Precisamente la actuación del recurrente provocando la intervención de la policía local implica su insistencia en que la responsabilidad del accidente era de quien condujera el vehículo propiedad de la Guardia Civil.

Del visionado del soporte audiovisual en el que consta la celebración del Juicio Oral, ha de señalarse que está acreditada la conclusión contenida en el "factum" de esta sentencia de cómo se golpearon los dos vehículos implicados y de quién golpeó a quién, pues la posición de los danños en cada uno de los vehículos es sumamente reveladora. El vehículo oficial, que no se ha mencionado que tuviese en el supuesto prioridad por serlo, tuvo sus daños en la parte frontal esquina izquierda y el otro vehículo en su parte trasera lateral izquierda a la altura del pase de rueda que, dado su diseño, constituye el final del vehículo. Basta examinar la imagen que se incorpora de un vehículo Ford modelo Kuga:

Para comprobar que el impacto a la altura de la rueda trasera izquierda es prácticamente el final del costado de la carrocería del vehículo, luego es este el receptor del golpe que propina el Nissan X- Trail cuya imagen es la siguiente:

Luego, en consecuencia son aceptables las afirmaciones efectuadas y mantenida en su descargo por el denunciado en contra de las de los denunciantes. Y en todo caso, en ausencia de otra prueba, provocaría una duda que por ser sumamente razonable nunca podría tampoco dar lugar a considerar probada una actuación culposa o negligente en el denunciado hoy recurrente.

Finalmente lo expuesto es lo único que se puede deducir de la pruebas practicada en el acto del juicio, pues no ha sido practicada prueba de otro tipo en el plenario y sabido es en relación con la prueba, y ya hemos reiterado, que el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal otorga al Tribunal la facultad de valorar en conciencia las pruebas practicadas. El ejercicio de esa facultad, que no se justifica en sí misma, exige, para no caer en arbitrariedad, un proceso intelectual razonable y razonado, y en su caso un juicio de inferencia, que llevará a una conclusión válida si existe una engarce claro, preciso, unívoco, y cierto entre aquello que ha sido analizado (pruebas e indicios) y la conclusión obtenida.

Así pues, ha de considerarse que habrán de ser rechazadas en el iter valorativo formal las meras sensaciones e impresiones, que carezcan de apoyo en corroboraciones objetivas; y aquellas conclusiones que se obtengan a partir de indicios de los que pudieren deducirse, razonablemente diferentes soluciones o alternativas, unas perjudiciales para el acusado y otras, por el contrario, favorables, supuesto en que se abre el camino de una conjetura errónea. En tales casos, bien debieran ser apartadas del proceso valorativo por obligado tributo al art. 24.2 de la CE. bien valoradas en la forma mas favorable al derecho fundamental proclamado en el precepto citado, y, de existir duda razonable, se impondrá la aplicación del principio general del derecho in dubio pro reo y la inherente conclusión absolutoria.

Pues bien de lo observado en visionado del soporte audiovisual, acta del Juicio, ha de reiterarse que ninguna prueba fue practicada distinta a las declaraciones de ambas partes, los denunciantes obviamente interesados por lo que la veracidad del contenido de su declaración es sumamente cuestionable y la del denunciado que, también siendo sin duda interesada, sí ha venido apoyada tanto por el testigo presencial como por la situación de los daños en los vehículos que entraron en contacto y finalmente, en cuanto a los otros elementos del tipo imputado, por el que se ha condenado, ninguna prueba documental ni pericial ha sido practicada en el plenario, ni siquiera mediante la discutible, en cuanto a su validez, formula muy utilizada de darla "por reproducida" que en este caso ni siquiera la acusación ha expresado, quizás por no haberle dado el trámite (art. 969.1 LECrim.) la Juez "a quo" pues concluido el interrogatorio del testigo solicitó al acusador el informe final, pero en el plenario no se practicó otra prueba. Asi pues, por todo lo expuesto el recurso ha de ser estimado.

Cuarto.—No existiendo responsabilidad criminal no puede condenarse al pago de indemnización como responsabilidad del asegurador del vehículo del denunciado al que absuelvo, y ello sin perjuicio del dictado del auto de responsabilidad objetiva de conformidad con lo dispuesto en el art. 13 LRCSV por el órgano judicial de instancia.

Quinto.—Siendo esta Sentencia absolutoria no ha lugar a la imposición de costas por lo que se declaran de oficio (ART. 123 CP).

Vistos los preceptos legales de general y pertinente aplicación.


IV.-FALLO


 
Estimando como estimo el recurso de apelación interpuesto por Gabino, contra la Sentencia de catorce de marzo de 2012 dictada por la Ilma Sra. Juez de Instrucción núm. Uno de esta Ciudad, la revoco y absuelvo a Gabino de la falta de lesiones por imprudencia por la que ha venido siendo acusado en el presente juicio. Declaro de oficio las costas causadas en el mismo.

Díctese por el órgano judicial de instancia auto de responsabilidad máxima previsto en el art. 13 del Texto Refundido LRCSV en relación aseguradores implicados.

Remítase testimonio de la presente, contra la que no cabe recurso y es firme, al Juzgado de procedencia, junto con los autos para su cumplimiento y, una vez se reciba su acuse, archívese el presente, tomando previa nota en el libro de los de su clase.

Así por esta sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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