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Sentencia A.P. Huesca 2/2014 de 10 de enero


 RESUMEN:

Reclamación de cantidad: Daños en vehículo. Acción de reembolso: Examen de la legislación y doctrina aplicables. Intereses: No procede la imposición de los moratorios pero sí de los legales.

HUESCA

SENTENCIA: 00002/2014

A. Civil 288/2013 S130114.2U

Sentencia Apelación Civil Número 2

En Huesca, a diez de enero de dos mil catorce.

En nombre del Rey, la Audiencia Provincial de Huesca, constituida en esta ocasión por el Magistrado Antonio Angós Ullate, ha visto el recurso de apelación planteado en los autos de juicio verbal número 143/2013 seguidos ante el Juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Huesca, sobre reclamación de cantidad. UNIVERSAL ASISTENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (RACC SEGUROS en adelante) los promovió, como demandante, dirigida por la letrada Esther Calvo Baldovinos y representada por el procurador Mariano Laguarta Recaj, contra CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (CASER SEGUROS en lo sucesivo), como demandada, defendida por el letrado Sergio Atarés de Miguel y representada por la procuradora Natalia Fañanás Puertas. Se hallan pendientes ante este Tribunal en virtud del presente recurso de apelación, tramitado al número 288 del año 2013, e interpuesto por la demandante, RACC SEGUROS.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Doy por reproducidos los que contiene la sentencia apelada.

Segundo.—El indicado Juzgado de primera instancia e instrucción, en el procedimiento circunstanciado anteriormente, dictó la sentencia apelada el día 15 de julio de 2013, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "FALLO / QUE DESESTIMANDO la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales Mariano Laguarta Recaj en nombre y representación de RACC SEGUROS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. contra CASER SEGUROS DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a la expresada parte demandada de los pedimentos formulados contra ella en este procedimiento, con expresa imposición de las costas causadas a la parte actora [...]".

Tercero.—Contra la anterior sentencia, la demandante, RACC SEGUROS, interpuso recurso de apelación mediante la presentación del oportuno escrito, en cuya súplica interesó a esta Sala lo siguiente: "[...] dicte sentencia revocando la ahora recurrida y fallando de conformidad el suplico del escrito de demanda". A continuación, el Juzgado dio traslado a las otras partes para que presentaran escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada en lo que pudiera serles desfavorable. En esa fase, la demandada, CASER SEGUROS, se opuso al recurso. Seguidamente, el Juzgado, tras emplazar a las partes por el término legal, remitió los autos a esta Audiencia, en donde quedaron registrados al número 288/2013. No habiéndose propuesto prueba ni solicitado vista, la Sala acordó que el asunto quedara pendiente de resolución por el Magistrado designado a tal efecto.

En la tramitación de esta segunda instancia, no se han cumplido los plazos procesales por la atención prestada a otros asuntos pendientes ante este Tribunal.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—1. La actora, RACC SEGUROS, sigue manteniendo en su recurso que procede la estimación íntegra de la demanda, cuyo fundamento legal se encuentra en los artículos 1158 del Código civil y 10 de la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, si bien en el recurso no se cita el segundo de tales preceptos.

2. El origen de la controversia se encuentra, a tenor de lo alegado en el hecho segundo de la demanda, en los daños sufridos por el vehículo propiedad de Fermina , cuando se encontraba estacionado en esta ciudad el día 2 de octubre de 2012 (implícitamente se alega que no se ha averiguado quién fue el autor de los daños). La Sra. Fermina tenía concertado un seguro de daños propios -o "a todo riesgo"- con la demandada, CASER SEGUROS, y un seguro de defensa jurídica con la actora. Después de realizar la oportuna peritación, la demandada no satisfizo el importe al que ascendía la reparación de los daños, por lo que lo hizo la demandante en fecha 27 de noviembre de 2012, concretamente, a tenor del "recibo de saldo y finiquito para adelanto" firmado por las partes, en "concepto de adelanto de indemnización reflejado en el Condicionado General (artículo cuatro punto 9)" -si bien no se aporta tal condicionado-, en el que la asegurada se comprometía a "remitir el importe que pudiera serme abonado directamente por parte de la compañía contraria y que en este acto se me anticipa".

Segundo.—1. Ciertamente, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha declarado, al interpretar el artículo 1158 del Código civil, como resalta la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2010 (ROJ: STS 779/2010) citada en la sentencia objeto del presente recurso, que "para que sea de aplicación tal precepto y proceda la acción de reembolso, se requiere que quien realice el pago lo haga de manera voluntaria y no tenga ninguna obligación de hacerlo, por relación contractual o por relaciones derivadas de normas específicas, es decir, que realice el pago, no por sí y en su propio beneficio o en cumplimiento de una obligación propia, sino por cuenta de otro y en beneficio de éste, a fin de obtener el reembolso de lo satisfecho (SSTS 5 de marzo de 2001; 29 de octubre y 4 de noviembre de 2003; 20 de diciembre 2007, entre otras)".

2. Ahora bien, el anterior criterio no significa necesariamente que todo pago no voluntario hecho por un asegurador a favor de su asegurado impide al solvens obtener de otro asegurador el reembolso de la cantidad satisfecha.

La indicada sentencia del Tribunal Supremo de 26-II-2010 resuelve un caso distinto al aquí enjuiciado. Allí se trataba de un accidente de circulación ocurrido "al perder el asegurado el control de su vehículo y colisionar contra una farola de alumbrado público, sin intervención de terceros", con motivo del cual, ADESLAS, la compañía del seguro médico contratada por MUFACE (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado) reclamaba a la aseguradora del vehículo - ALLIANZ - los gastos de asistencia sanitaria originados a la asegurada lesionada; y, lo que es más importante, el Tribunal Supremo deniega la acción de subrogación prevista en el artículo 82 de la Ley de Contrato de Seguro y la acción de reembolso regulada en el artículo 1158 del Código civil partiendo de la necesidad de "la existencia de un tercero causante del siniestro a quien poder reclamar el importe de los gastos de asistencia sanitaria" y de que la aseguradora demandada "no es tercero responsable del accidente, ni se encuentra subrogada legal o contractualmente en las obligaciones de tal tercero", puesto que tal tercero no existía. Por el contrario, en el presente caso no se reclaman gastos sanitarios, sino daños materiales cubiertos precisamente por la aseguradora aquí demandada en virtud del seguro de daños propios suscrito, cuyo importe ha sido adelantado por la aseguradora del seguro de defensa jurídica al no haber sido satisfecho por CASER SEGUROS.

De este modo, lo decisivo no es aquí la ausencia de un tercero responsable -en puridad, desconocimiento del autor de los daños si partimos de lo alegado en la demanda-, sino de cobertura directa de los daños propios a cargo de la demandada y de que su reparación ha sido satisfecha por un tercero, la aseguradora demandante, que no tenía la obligación principal de asumirla, sino solo en caso de que no lo hiciera la obligada directa, y así la póliza habla de "Defensa derechos por otros seguros". Esta situación descarta, además, la existencia de seguro múltiple o coaseguro impropio regulado en el artículo 32 de la Ley de Contrato de Seguro. La repetida sentencia del Tribunal Supremo de 26-II-2010 también alude a la realidad de "dos coberturas diferentes, o de una situación de doble aseguramiento, de distinta naturaleza, pero con el mismo fin de garantizar el mismo riesgo de la asistencia sanitaria del asegurado"; mas en el supuesto que nos ocupa sí se da la "relación de subordinación o preeminencia de uno sobre otro, o una mayor o menor especialidad en la cobertura [...] que permita que lo satisfecho por el asegurador de uno pueda repercutirlo sobre el asegurador del otro", según las palabras utilizadas por el propio Tribunal Supremo en la repetida sentencia, y aunque no sea aplicable el artículo 43 de la Ley de contrato de seguro -dado que la subrogación se da allí contra la persona responsable del siniestro y, en su caso, su compañía de seguros-.

3. En suma, si se entendiera que no es aplicable el artículo 1158 del Código civil sobre la base de la estricta jurisprudencia que lo interpreta y de que el pago efectuado por la demandante no tuvo carácter voluntario, sino en cumplimiento de lo pactado en la póliza de defensa jurídica, la actora tiene derecho al reembolso de la cantidad adelantada en concepto de reparación del vehículo con fundamento en la subrogación legal prevista en el artículo 1210-3.º del Código civil, aunque no haya sido citado en la demanda ni en el recurso, con arreglo al principio iura novit curia [el tribunal conoce el Derecho], puesto que no supone la resolución de problemas distintos de los propiamente controvertidos -a tal punto que la demandada se pronuncia sobre el artículo 43 de la Ley de contrato de seguro para negar su aplicación-, de acuerdo con el objeto del proceso y la causa de pedir, como permite de forma expresa el párrafo segundo del artículo 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La sentencia de la Audiencia provincial de Valladolid citada en el recurso, de 7 de mayo de 2013 (ROJ: SAP VA 537/2013), también admite la demanda presentada por la aquí actora contra la misma demandada en un supuesto de hecho idéntico al aquí enjuiciado.

Tercero.—Por todo ello, procede estimar el recurso por el principal objeto de demanda. No debemos reconocer los intereses previstos en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro reclamados en la demanda, porque, como hemos dicho en otras ocasiones (por ejemplo, en nuestra sentencia de 28-III-12 y en las resoluciones allí citadas siguiendo la tesis mayoritaria de las Audiencias provinciales), tales intereses no rigen entre aseguradores, ni siquiera en caso de subrogación, la que solo puede alcanzar a la cantidad satisfecha, como corrobora, en primer lugar, lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Contrato de Seguro -si bien no es aplicable al presente caso, como hemos dicho-; y, en segundo término, la dicción literal de la regla primera del artículo 20, a cuyo tenor la penalización por mora afecta al tomador del seguro o asegurado, al tercero perjudicado en el seguro de responsabilidad civil y al beneficiario del seguro de vida, de modo que son éstos, y no sus aseguradores, los que, en su caso, tienen derecho al recargo del citado artículo 20. Sí debemos reconocer los intereses legales moratorios de los artículos 1101 y 1108 del Código civil desde la reclamación, en este caso, de carácter judicial, incrementados en dos puntos a partir de la fecha de esta sentencia de apelación, según el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Cuarto.—No procede hacer especial pronunciamiento sobre costas en ninguna de las dos instancias, puesto que tanto la demanda como en el recurso han sido estimados parcialmente (artículos 394.2 y 398.2 la Ley de enjuiciamiento civil). Asimismo, procede disponer la devolución del depósito constituido para recurrir, en cumplimiento del apartado 9 de la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial (añadida por el artículo 1.19 de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre).


PARTE DISPOSITIVA


 
FALLO: ESTIMO el recurso de apelación interpuesto por la demandante, RACC SEGUROS contra la sentencia referida, que REVOCO. En su lugar, ESTIMO parcialmente la demanda y CONDE NO a la demandada, CASER SEGUROS, a pagar a la actora la cantidad de 3.776,54 euros, más los intereses legales desde la presentación de la demanda, 3 de abril de 2013, aumentados en dos puntos desde la fecha de la presente sentencia.

Se omite todo pronunciamiento sobre las costas de ambas instancias. Asimismo, dispongo la devolución del depósito constituido para recurrir.

Sin perjuicio del derecho de las partes a intentar cuantos recursos consideren legalmente procedentes, contra esta resolución pueden caber, en su caso, los recursos de casación y de infracción procesal, a interponer ante esta misma Audiencia Provincial en un plazo de veinte días, respetando, en todo caso, todas las disposiciones legales reguladoras de dichos recursos, incluida la disposición final decimosexta de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Notifíquese y devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con un testimonio de esta resolución, para que tenga lugar la ejecución y cumplimiento de lo resuelto.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá un testimonio al rollo de la Sala, definitivamente juzgando en esta segunda instancia, lo pronuncio, mando y firmo.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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