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Sentencia T.S.J. Cataluña 525/2013 de 9 de mayo


 RESUMEN:

ITP: Autoliquidación por el concepto de operaciones societarias. Hecho imposible. Ampliación del capital social. Aportación de una finca en garantía de la devolución de un préstamo. Base imponible al tipo del 1%. Adjudicación en pago de asunción de deudas. Se estima.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

RECURSO ORDINARIO (LEY 1998) 690/2010

Partes: JOMAN EUROPA, S.L. C/ T.E.A.R.C.

Codemandado: GENERALITAT DE CATALUNYA

SENTENCIA N.º 525

Ilmos. Sres.:

PRESIDENTE

D. EMILIO ARAGONÉS BELTRÁN

MAGISTRADOS

D. RAMÓN GOMIS MASQUÉ

D. JOSÉ LUIS GÓMEZ RUIZ

En la ciudad de Barcelona, a nueve de mayo de dos mil trece.

VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN PRIMERA), constituida para la resolución de este recurso, ha pronunciado en el nombre del Rey, la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo n.º 690/2010, interpuesto por JOMAN EUROPA, S.L., representado por la Procuradora D.ª M.ª FRANCESCA BORDELL SARRO, contra T.E.A.R.C., representado por el ABOGADO DEL ESTADO y contra GENERALITAT DE CATALUNYA, repesentada por el ABOGA DE LA GENERALITAT.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ LUIS GÓMEZ RUIZ, quien expresa el parecer de la SALA.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Por la Procuradora D.ª M.ª FRANCESCA BORDELL SARRO, actuando en nombre y representación de la parte actora, se interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución que se cita en el Fundamento de Derecho Primero.

Segundo.—Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de los actos objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.

Tercero.—Continuando el proceso su curso por los trámites que aparecen en autos, se señaló día y hora para la votación y fallo, diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada.

Cuarto.—En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—Se impugna en el presente recurso contencioso-administrativo la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) de fecha 26 de febrero de 2010, desestimatoria de la reclamación económico-administrativa núm. 08/10802/2005 interpuesta contra acuerdo dictado por la Oficina Liquidadora de Mataró, por el concepto de Impuesto sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados y cuantía de 13.480,60 €

Segundo.—Los antecedentes básicos de la cuestión controvertida quedan reflejados así en los «Hechos» de la resolución impugnada del TEARC:

- El 4 de febrero de 2005 fue presentado ante la oficina gestora documento notarial, otorgado el día 30 de diciembre anterior, por el que se elevaba a público el acuerdo adoptado por la Junta General Extraordinaria y Universal de la entidad recurrente JOMAN EUROPA S.L. de ampliar el capital social de la compañía en la cifra de 18.568.544 €, quedando totalmente suscrito y desembolsado por los socios que se cita mediante la aportación de una finca de su propiedad afecta a dod hipoteca a favor de La Caixa, en garantía de la devolución de un préstamo, del que se hallaba pendiente de amortizar 188.880 €.

Según consta en el documento notarial, el valor neto de la aportación realizada es idéntico al del importe de la ampliación de capital efectuada, quedando totalmente suscrito y desembolsado.

El documento se acompañaba de autoliquidación por el concepto de operaciones societarias, con una base imponible de 18.568.544 €, al tipo del 1%.

- Examinada la documentación presentada la oficina gestora entendió que la subrogación expresa en la deuda pendiente constituía una "adjudicación en pago de asunción de deudas" sujeta al concepto "transmisiones patrimoniales onerosas", con una base imponible coincidente con la parte del valor del inmueble coincidente con el préstamo hipotecario asumido (188.880 €). En consecuencia notificó, a la entidad reclamante, previo trámite de audiencia, liquidación complementaria por dicho concepto tributario.

- En las alegaciones efectuadas en la reclamación económico administrativa se manifestó que liquidación practicada no es ajustada a derecho, toda vez que en aplicación del artículo 1.º del TR de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en ningún caso, un mismo acto podrá ser liquidado por el concepto de transmisiones patrimoniales onerosas y por el de operaciones societarias. Finalmente señala que la calificación del hecho imponible como adjudicación en pago de asunción de deudas no se corresponde con la operación que se ha realizado.

La misma resolución impugnada del TEARC expone en sus fundamentos de derecho la cuestión, estrictamente jurídica, planteada en el caso: determinar si además del gravamen por operaciones societarias, resulta procedente la liquidación en concepto de "adjudicación en pago de asunción de deudas" que sobre el importe de la deuda asumida por la sociedad ha girado la oficina gestora, con ocasión de la aportación no dineraria formalizada en documento público, como desembolso de las participaciones emitidas y suscritas, y en el que la sociedad adquirente se subroga en el préstamo hipotecario que gravaba las fincas aportadas.

El TEARC, después de trascribir el artículo 2.1 del Texto Refundido del Impuesto de 1993, destaca que en la escritura pública de autos se recogen dos actos jurídicos distintos, una ampliación de capital por un lado, y la asunción de una deuda pendiente asumida por la sociedad, respecto de una finca aportada por los socios para la constitución de la sociedad, por otro y, por tanto, constituyen hechos imponibles diferentes que, aunque se produzcan simultáneamente y se recojan en un mismo documento notarial, dan lugar a su gravamen por separado, a tenor del artículo 4 del Texto Refundido; así la ampliación de capital tributa como "operación societaria", quedando por decidir cómo debe tributar la segunda de las operaciones realizadas.

Añade el TEARC los siguientes fundamentos:

«3.- Al respecto nuestro ordenamiento ha distinguido siempre tres negocios jurídicos completamente diferenciados: la adjudicación de uno o más bienes (al acreedor) en pago de deudas; la adjudicación (a un tercero) para pago de deudas y, por último, la adjudicación (también a un tercero) para que asuma la deuda, y se erija en deudor frente al acreedor, con consentimiento expreso de éste, sin que haya novación.

Las tres figuras constituyeron hechos imponibles en el Texto Refundido de 6 de abril de 1967, pero la tercera, la asunción de deuda, desapareció como hecho imponible en el Texto aprobado por el RDL 3050/1980, de 30 de diciembre. Fue con la aprobación del Reglamento del Impuesto de 1995 que se introdujo de nuevo esta figura dentro de la definición del hecho imponible (artículo 29). No obstante, con posterioridad el Tribunal Supremo dictó Sentencia el 5 de diciembre de 1998 por la cual anuló el citado artículo. La cuestión ha quedado definitiva resuelta con la introducción de nuevo de esta figura dentro de la definición del hecho imponible mediante la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de tal forma que el artículo 7.2 del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de 1993, dispone que:

" 2. Se considerarán transmisiones patrimoniales a efectos de liquidación y pago del impuesto:

A) Las adjudicaciones en pago y para pago de deudas, así como las adjudicaciones expresas en pago de asunción de deudas. Los adjudicatarios para pago de deudas que acrediten haber transmitido al acreedor en solvencia de su crédito, dentro del plazo de dos años, los mismos bienes o derechos que les fueron adjudicados y los que justifiquen haberlos transmitido a un tercero para este objeto, dentro del mismo plazo, podrán exigir la devolución del impuesto satisfecho por tales adjudicaciones ".

6.- De acuerdo con lo expuesto, en las operaciones societarias de constitución o ampliación de capital, cuando se aporte un bien gravado con una carga real por una persona física que no tuviera la condición de empresario, o siéndolo, el bien aportado no estuviera afecto a su actividad empresarial y que es objeto de asunción expresa por parte de la sociedad, a parte de la liquidación que corresponda por la operación societaria, la asunción de la deuda queda sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, concepto "adjudicación en pago de asunción de deuda" a cargo de la sociedad, siendo la base imponible el importe de la carga y el tipo impositivo el que corresponda según la naturaleza mueble o inmueble del bien aportado.

7.- Dicho criterio es acorde con lo señalado por la Dirección General de Tributos en sus resoluciones de 26 de noviembre de 2002 y 15 de septiembre de 2005 en las cuales se señala que "si a la aportación de un inmueble hipotecado a una sociedad que amplía capital se añade la asunción de la deuda por parte de la entidad adjudicataria del inmueble, esta segunda operación es otra convención, distinta de la transmisión del inmueble, por lo que debe gravarse separadamente de aquélla"».

Tercero.—De esta forma, la cuestión que se suscita en la presente litis se contrae a determinar si el acto de ampliación del capital social de una sociedad de responsabilidad limitada, con aportación de un inmueble hipotecado en garantía del crédito concedido por una entidad bancaria, se halla sujeto al Impuesto, además de en la modalidad de Operaciones Societarias, por la de Transmisiones Patrimoniales Onerosas.

Tal cuestión ha sido ya abordada por esta Sala en supuestos análogos en nuestras sentencia 342/2009, de 31 de marzo, dictada en el recurso contencioso administrativo núm. 552/2005; y 1030/2009, de 21 de octubre, dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 345/2006, vertiendo en la primera de ellas las siguientes consideraciones, reproducidas en la segunda:

«El art. 7.2.A) del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados, en la redacción introducida por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, con efectos desde el 1 de enero de 2000, preceptúa lo siguiente:

" Se considerarán transmisiones patrimoniales a efectos de liquidación y pago del impuesto: A) Las adjudicaciones en pago y para pago de deudas, así como las adjudicaciones expresas en pago de asunción de deudas. Los adjudicatarios para pago de deudas que acrediten haber transmitido al acreedor en solvencia de su crédito, dentro del plazo de dos años, los mismos bienes o derechos que les fueron adjudicados y los que justifiquen haberlos transmitido a un tercero para este objeto, dentro del mismo plazo, podrán exigir la devolución del impuesto satisfecha por tales adjudicaciones ".

La anterior reforma introdujo las adjudicaciones expresas en pago de asunción de deudas entre los distintos hechos imponibles, supuesto que había quedado excluido en la redacción inicial del RDL 1/1993 y pretendió corregir el Reglamento de 1995, en su art. 29, si bien este último fue declarado nulo por la Sentencia del Tribunal Supremo, de 5 de diciembre de 1998, por infringir el principio de reserva de ley. La indicada resolución, siguiendo anteriores pronunciamientos del Alto Tribunal, señala que nuestro ordenamiento ha distinguido siempre tres negocios jurídicos completamente diferenciados: la adjudicación de uno o más bienes (al acreedor) en pago de deudas, la adjudicación (a un tercero) para pago de deudas, y por último la adjudicación (también a un tercero) para que asuma la deuda y se erija en deudor frente al acreedor, con consentimiento expreso de éste, sin que haya novación.

No cabe confundir la asunción de deudas con los otros dos supuestos que se contienen en el mencionado precepto por cuanto, conforme reiterada doctrina jurisprudencial, en la adjudicación en pago de deudas, el adjudicatario es acreedor del adjudicante por un crédito propio; en la adjudicación en pago de asunción de deudas, el adjudicatario resulta deudor de terceros por la cesión de deudas y bienes hecha por el adjudicante, y en la adjudicación para pago de deudas, recibe determinados bienes para, con ellos o con su producto, hacer el pago de deudas del adjudicante. De tal forma que las dos primeras implican una verdadera transmisión del bien, sea en solvencia del crédito o en compensación de las deudas asumidas, por lo que la transmisión queda sujeta al impuesto en condiciones normales; por el contrario, en la adjudicación para pago de deudas el adjudicatario cumple una función vicaria que no va más allá de pagar las deudas del primero y, por ello, se le reconoce el derecho a la devolución de lo cautelarmente ingresado por el impuesto, caso de que en determinado plazo justifique haber cumplido dicho cometido (SSTS de 28 de diciembre de 2000 y 9 de febrero de 2002).

La doctrina de la Sala Primera del Tribunal Supremo, por su parte, viene sosteniendo que existen efectivamente claras diferencias entre la dación en pago o " datio pro soluto " y la " datio pro solvendo " o pago por cesión de bienes. Así, la cesión de bienes para el pago de deudas supone, conforme al art. 1175 del Código Civil, que el deudor cede sus bienes a sus acreedores, con la particularidad de que esta cesión sólo libera al deudor de responsabilidad "por el importe líquido de los bienes cedidos", lo que exige que el acreedor proceda a su venta, dé cuenta de la misma al cedente, y con su importe se liquide la deuda, mientras que en la dación en pago o datio pro soluto, el deudor entrega al acreedor un bien de su propiedad, transmitiéndole el dominio del mismo, a fin de que con él se haga pago de la deuda pendiente, con la particularidad de que en esta figura no procede la rendición de cuentas (SSTS de 14 de octubre de 1998, 3 de marzo de 1999, 30 noviembre 2000 y 10 de mayo de 2007, entre otras).

Por último, esa misma doctrina, contenida entre otras en sentencias del Alto Tribunal, de 25 de enero de 1999, 31 de mayo de 2002 y 5 de febrero de 2003, añade que la asunción de deuda es, en sentido amplio, la transmisión pasiva de la relación obligatoria, es decir, la sustitución de la persona del deudor. Se trata de una figura que, aunque no está reconocida especialmente en nuestro derecho, ha sido admitida por la doctrina y jurisprudencia con base en las disposiciones referentes a la novación modificativa por cambio de la persona del deudor recogidas en los arts. 1203, 1205 y concordantes del Código Civil, en relación con la regulación de la extinción de las obligaciones (art. 1156 CC). En ella se distingue entre la asunción de deuda propia e impropia.

La asunción de deuda propia es novatoria y extintiva cuando se cumplen los siguientes requisitos: a) la aceptación del acreedor, mediante una declaración terminante, anuencia o ratificación expresa, patente, que nunca puede ser tácita o presuntiva sino que requiere manifestación categórica; b) la incompatibilidad entre la primitiva y la nueva obligación, que se deduce no sólo de la clara aceptación del acreedor sino también de la diversidad de personas y, en su caso, objetos y de la constatación de un nuevo sentido causal de la misma. En estas condiciones, por la asunción de deuda el deudor originario queda desvinculado de su obligación de pago.

Pero no hay que olvidar que esa misma jurisprudencia ha construido también la figura de la asunción de deuda impropia, cumulativa o de refuerzo mediante la cual el nuevo deudor se introduce en la obligación para colocarse junto al deudor primitivo, en concepto de deudor solidario, sin producir efectos liberatorios. En tal caso la incorporación de un deudor más que se compromete al pago no libera a los deudores primitivos, de manera que la aceptación del acreedor no produce efectos liberatorios y puede producirse en cualquier momento y forma.

Cuarto.—Sentado lo anterior, debe partirse de la consideración de que el art. 18 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, dentro de la Sección dedicada a las aportaciones sociales, regula el objeto y título de la aportación, en los siguientes términos:

" 1. Sólo podrán ser objeto de aportación los bienes o derechos patrimoniales susceptibles de valoración económica. En ningún caso podrán ser objeto de aportación el trabajo o los servicios.

2. Toda aportación se considera realizada a título de propiedad, salvo que expresamente se estipule de otro modo ".

Como sostiene la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 6 de octubre de 2003, la contraprestación típica del contrato de sociedad (cfr. arts. 1665 CC y 116 CCom) consiste en la cesión por un socio (y correlativa adquisición por la sociedad) de los bienes o derechos que constituirán el activo societario. A cambio de la aportación, el socio recibe una cuota abstracta de capital (si la sociedad es personalista), o bien participaciones sociales (si es sociedad de responsabilidad limitada) o acciones (si es sociedad anónima).

En el supuesto enjuiciado, la escritura de constitución de la sociedad (...), de 5 de marzo de 2001, especifica que los socios suscriben las participaciones en que se divide el capital social "mediante la aportación no dineraria de la finca de la cual son propietarios por cuartas e iguales partes indivisas"; tras lo cual, se describe dicha finca y se hace constar que se halla gravada con una hipoteca a favor de (...), con un saldo pendiente de 14.818.940 Ptas. (89.063,62 euros); a lo que se añade que los citados "dan posesión a la Sociedad, que en este acto se constituye, de la finca descrita con todo cuanto a la misma le sea inherente como accesorio, en su actual estado registral y quedado aquéllos obligados de saneamiento y evicción, conforme a Derecho"; sin otras especificaciones.

De su contenido se infiere, en primer lugar, que la aportación del referido bien debe entenderse verificada a título de propiedad, al no concurrir estipulación alguna en contrario, conforme a lo preceptuado por el referido art. 18.2 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y en concordancia con la obligación de saneamiento y evicción asumida por los socios transmitentes.

En segundo lugar, como consecuencia de lo anterior, la sociedad adquirente asume las obligaciones dimanantes del crédito hipotecario, por tratarse de una garantía real, pasando a ser sujeto pasivo de la acción real hipotecaria, aun cuando no lo sea como obligada personal, al no constar la asunción de la deuda de forma expresa. Y ello por cuanto, como sostiene la Sentencia de la AP de Barcelona, de 5 de septiembre de 2005, "nada impide en nuestro sistema que sean dos personas distintas el deudor personal (cuya responsabilidad por la deuda es ilimitada, ex art. 1911 del Código civil) y el hipotecante, que se convierte en sujeto pasivo del crédito hipotecario, o deudor hipotecario, posición que adquiere quien, en cada caso, es dueño de la finca hipotecada, y que, si desatiende el requerimiento de pago del crédito garantizado, debe soportar la ejecución de la hipoteca. De modo que en tales hipótesis subsiste la diferenciación cualitativa entre el sujeto pasivo de la relación de crédito (obligado por la relación personal) y el sujeto pasivo del crédito hipotecario, hipotecante o ulterior adquirente de la finca hipotecada (posición ésta que viene determinada ob rem, vinculando a quien en cada momento es propietario de la finca hipotecada)".

De otro lado, la ausencia de consentimiento expreso del acreedor hipotecario, en este caso, excluiría que nos hallemos ante una asunción de deuda propia o novatoria, como se ha visto; pero ello no puede significar, a criterio de este Tribunal, que se produzca una transmutación de la naturaleza de la transmisión que la convierta en una "adjudicación para pago de la deuda", como se sostiene en la resolución impugnada, dado que no concurre elemento alguno de prueba que evidencie la función meramente vicaria de la adjudicación, con la finalidad de proceder a la venta del bien en cuestión y con su importe liquidar la deuda, lo que constituye la esencia de la figura en cuestión; antes al contrario, se trataría más propiamente de un supuesto de asunción de deuda impropia, cumulativa o de refuerzo mediante la cual el nuevo deudor se introduce en la obligación junto al deudor primitivo, con asunción de las obligaciones dimanantes del crédito hipotecario y sin producir efectos liberatorios, como se ha visto.

Quinto.—En orden a la tributación por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas, que nos ocupa, procede señalar que, tras la reforma del art. 7.2.A del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados, operada por el art. 7 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, la aportación de inmuebles a una sociedad o la adjudicación de los mismos al socio, con asunción de préstamo hipotecario, viene entendiéndose, con algunas excepciones, que constituye una convención distinta de la operación societaria, por lo que se sujeta al ITPO la adjudicación del bien en pago de asunción de deudas, con base en el indicado precepto (DGT de 7 de mayo, 26 de noviembre de 2002, y 15 de septiembre de 2005, entre otras).

En tal sentido, cabe mencionar la consulta de la Subdirección General de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos, núm. 252/05, de 15 de septiembre, relativa a la aportación de un inmueble hipotecado en una ampliación de capital, en la que se sostiene lo siguiente:

" Sin embargo, en el supuesto planteado el aportante tiene contraída una deuda no con la entidad que amplía capital, sino con una entidad bancaria, y la aportación del bien constituye el desembolso de las acciones que se reciben en la ampliación de capital, sin suponer en modo alguno la extinción de la deuda, que sigue vigente, haciéndose cargo de ella la entidad adquirente del bien.

En conclusión, lo que se produce realmente es la sustitución de los deudores originales, los titulares del inmueble hipotecado, por un nuevo deudor, la entidad que amplía capital, constituyendo lo que se denomina asunción de deuda.

Respecto a la tributación por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (en adelante ITP y AJD), establece el artículo 4 del Texto Refundido del ITP y AJD , aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre (BOE de 20 de octubre), que a una sola convención no puede exigírsele más que el pago de un solo derecho, pero cuando un mismo documento o contrato comprenda varias convenciones sujetas al impuesto separadamente, se exigirá el derecho señalado a cada una de aquéllas, salvo en los casos en que se determine expresamente otra cosa.

En este sentido, en Resolución de fecha 26 de noviembre de 2002 se señalaba que si a la aportación de un inmueble hipotecado a una sociedad que amplia capital se añade la asunción de la deuda por parte de la entidad adjudicataria del inmueble, esta segunda operación es otra convención, distinta de la transmisión del inmueble, por lo que debe gravarse separadamente de aquélla ".

En similares términos se pronuncia la consulta núm. 628/08, de 31 de marzo, relativa a un supuesto de disolución y liquidación de sociedad, en la que se adjudicaba la totalidad de los inmuebles a los socios, quienes se subrogaban en la posición de los deudores en los diferentes préstamos hipotecarios.

Ello no obstante, no puede desconocerse que el precitado art. 7.2.A del Texto Refundido, en que se fundamentan tales resoluciones, considera transmisiones patrimoniales a efectos de liquidación y pago del impuesto a "las adjudicaciones expresas en pago de asunción de deudas", de tal forma que deben entenderse excluidas y no sujetas al impuesto las adjudicaciones tácitas.

Tal es el caso que se contempla en el supuesto enjuiciado, en el que la sociedad adquiere el inmueble aportado en el acto de su constitución queda subrogada en la posición de los deudores hipotecarios, por tratarse de una garantía real, como se ha visto, pero sin asumir expresamente la obligación garantizada por el inmueble mediante dicha hipoteca, a diferencia de lo que ocurre en los dos supuestos anteriormente examinados, en los que a la adjudicación de los inmuebles se añade la asunción expresa de la deuda por parte de cada uno de los adjudicatarios.

En consideración a ello, procede concluir que nos hallamos ante una adjudicación en pago de asunción de deuda tácita, en la que tampoco concurre la aceptación expresa por parte del acreedor, por lo que no cabe entender que se den los presupuestos legalmente establecidos para que proceda la tributación por el ITPO exigida al amparo del art. 7.2.A del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados».

Quinto.—Las anteriores consideraciones son plenamente trasladables al presente caso, dada la analogía existente entre el supuesto allí enjuiciado y el que nos ocupa, en el que la sociedad adquiere el inmueble aportado por quien suscribe la ampliación de capital para desembolsar las nuevas acciones y queda subrogada en la posición del deudor hipotecario, por tratarse de una garantía real, pero sin que conste consentimiento expreso o tácito del acreedor hipotecario, por lo que dada la identidad sustancial de supuestos y conforme a los principios de unidad de doctrina y seguridad jurídica, en virtud de tales consideraciones ha de prosperar la pretensión de la actora de que declaremos la conformidad a Derecho de la actuación tributaria de trae causa el acto impugnado, al no ser conforme a Derecho la liquidación.

Sexto.—En virtud de lo expuesto, es obligada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la vigente Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, la estimación del presente recurso contencioso-administrativo, por no ser conforme a derecho la resolución a que se refiere el mismo; sin que se aprecien méritos para una especial condena en costas, a tenor de lo previsto en el artículo 139.1 de la misma Ley 29/1998.


FALLAMOS:


 
ESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo número 690/2010, promovido contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) a la que se contrae la presente litis, y la ANULAMOS, por no ajustarse a derecho, declarando igualmente nula y sin efecto la liquidación a que se refiere; sin hacer especial condena en costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes, y luego que gane firmeza líbrese certificación de la misma y remítase juntamento con el respectivo expediente administrativo al órgano demandado, quien deberá llevar aquélla a puro y debido efecto, sirviéndose acusar el oportuno recibo.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio literal a los autos principales, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

E/

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que en la misma se expresa, hallándose celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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