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Sentencia T.S.J. Cataluña 991/2013 de 10 de octubre


 RESUMEN:

ISD: Modalidad sucesiones. Declaración de extemporaneidad. Notificación. Reglamento de aplicación. Prescripción. Idea de inactividad. Se desestima.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

RECURSO ORDINARIO (LEY 1998) 991/2010

Partes: D.ª Ángeles, D.ª Eva, D. Leandro y D. Ruperto C/ T.E.A.C.

Codemandado: GENERALITAT DE CATALUNYA

SENTENCIA N.º 991

Ilmos. Sres.:

PRESIDENTE

D. EMILIO ARAGONÉS BELTRÁN

MAGISTRADOS

D.ª MARIA JESUS FERNÁNDEZ DE BENITO

D. JOSE LUIS GÓMEZ RUIZ

En la ciudad de Barcelona, a diez de octubre de dos mil trece.

VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN PRIMERA), constituida para la resolución de este recurso, ha pronunciado en el nombre del Rey, la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo n.º 991/2010, interpuesto por D.ª Ángeles, D.ª Eva, D. Leandro y D. Ruperto, representados por la Procuradora D.ª BEATRIZ DE MIQUEL BALMES, contra T.E.A.C., representado por el ABOGADO DEL ESTADO y contra la GENERALITAT DE CATALUNYA representada por el ABOGADO DE LA GENERALITAT.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. EMILIO ARAGONÉS BELTRÁN, quien expresa el parecer de la SALA.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Por la Procuradora D.ª BEATRIZ DE MIQUEL BALMES, actuando en nombre y representación de la parte actora, se interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución que se cita en el Fundamento de Derecho Primero.

Segundo.—Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de los actos objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.

Tercero.—Continuando el proceso su curso por los trámites que aparecen en autos, se señaló día y hora para la votación y fallo, diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada.

Cuarto.—En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—Los cuatro hermanos recurrentes impugnan en el presente recurso contencioso-administrativo las siguientes cinco resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), todas de fecha 26 de junio de 2010, que declaran inadmisibles, por extemporáneos, los recursos de alzada deducidos contra otras tantas resoluciones del Tribunal Económico- Administrativo Regional de Cataluña (TEARC), todas de fecha 23 de junio de 2009, estimatorias en parte de las reclamaciones económico-administrativas que se reseñan interpuestas contra acuerdos dictados por el Servei de Gestió Tributaria de la Dirección General de Tributos de la Generalitat de Catalunya, por el concepto de Impuesto de Sucesiones y Donaciones, modalidad sucesiones, con las cuantías que se expresan:

1. Resolución TEAC R.G. 5436-09, reclamación ante el TEARC n.º NUM000, interpuesta por doña Ángeles por herencia de su padre y cuantía de 366.931,82 €.

2. Resolución TEAC R.G. 5437-09, reclamación ante el TEARC n.º NUM001, interpuesta por la misma doña Ángeles por herencia de su madre y cuantía de 150.051,35 €.

3. Resolución TEAC R.G. 5434-09, reclamación ante el TEARC n.º NUM002, interpuesta por doña Eva por herencia de su padre y cuantía de 366.931,82 €.

4. Resolución TEAC R.G. 5436-09, reclamación ante el TEARC n.º NUM003, interpuesta por don Leandro por herencia de su padre y cuantía de 366.931,82 €.

5. Resolución TEAC R.G. 5485-09, reclamación ante el TEARC n.º NUM004, interpuesta por don Ruperto por herencia de su padre y cuantía de 366.931,82 €.

Segundo.—La declaración de extemporaneidad se basa, esencialmente, en las siguientes consideraciones de las resoluciones impugnadas:

a) En el domicilio designado fue notificada « la puesta de manifiesto del expediente en fecha 5 de julio de 2005 (según consta en el Aviso de Recibo de Correos), tras la cual presentó escrito de alegaciones el 5 de agosto de 2005, señalando el mismo domicilio en Barcelona. Resuelta la reclamación, ésta, según consta en el expediente se intentó notificar en el citado domicilio por agente notificados a las... horas del día 14 de julio de 2009 y a las... horas del día 16 de julio de 2009 [las horas varían en las resoluciones del TEAC, pero siempre en tales fechas y con diferencias de más de 60 minutos] , con el resultado de no encontrarse presente. Al no constar otro domicilio, y por entender la Secretaría del Tribunal Regional que, atendida la fecha de interposición de la reclamación, el Reglamento de aplicación era el aprobado por Real Decreto 39111996, dando cumplimiento a lo establecido en sus artículos 83 y 86, procedió a la notificación del fallo mediante anuncio expuesto del 20 al 31 de agosto de 2009, en el Tablón de la sede del TEAR de Cataluña en Barcelona, según se certifica por la Abogada del Estado-Secretaria del citado Tribunal, así como a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona en fecha 20 de agosto de 2009, especificándose que contra la resolución "se podrá interponer recurso de alzada ante el Tribunal Económico-Administrativo Central en el plazo de un mes a contar del día siguiente al de su notificación de conformidad con el artículo 241 de la Ley 58/2003 , General Tributaria" ».

b) « En el presente supuesto, atendido el hecho de que se practicaron todos los trámites previstos para asegurar la eficaz notificación de la resolución tras los dos intentos infructuosos de entrega en el domicilio designado al efecto, debe considerarse correctamente notificada, conforme admite la interesada, aunque trate de posponer la efectividad de tal notificación al 5 de septiembre de 2009, sin argumentos que avalen su tesis. Sentado ello, y siendo los plazos improrrogables a tenor de lo establecido en el artículo 234 de la Ley General Tributaria ,y, por tanto también el de un mes establecido en el artículo 241, en cuyo apartado 1 se establece "Contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los Tribunales Económico- administrativos Regionales y Locales podrá interponerse recurso de alzada ordinario ante el Tribunal Económico-administrativo Central en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación de las resoluciones", e iniciado el cómputo para la interposición del recurso el 21 de agosto de 2009, e interpuesto este el 1 de octubre de 2009, debe declararse inadmisible por extemporáneo ».

Tercero.—La demanda sostiene, en primer lugar, la indebida aplicación por el TEARC del régimen de notificaciones regulado en el derogado Real Decreto 391/1996 (REPREA) e inaplicación del régimen de notificaciones regulado en el Real Decreto 520/2005 (Reglamento de Revisión).

Ciertamente, la cuestión es oscura, por cuanto, por una parte, la LGT 58/2003 ya se encontraba vigente cuando, en febrero de 2005, se interpusieron las reclamaciones económico-administrativas (Disposición transitoria quinta.1 de dicha LGT), por lo que eran de aplicación las normas sobre notificaciones establecidas en la Sección 3.ª del capítulo III de la misma Ley (arts. 109 a 112) en virtud de la remisión de su art. 214.1; sin embargo, en aquel momento ni siquiera se habría promulgado el Reglamento general de Revisión, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo. Por tanto, había de estarse a lo previsto en la Disposición derogatoria única, apartado 2, de la LGT 58/2003, según la cual, « Las normas reglamentarias dictadas en desarrollo de los textos derogados a los que se refiere el apartado anterior continuarán vigentes, en tanto no se opongan a lo previsto en esta Ley, hasta la entrada en vigor de las distintas normas reglamentarias que puedan dictarse en desarrollo de esta Ley » y, en consecuencia, al interponerse las reclamaciones económico-administrativas de que tratamos, continuaba vigente el REPREA aprobado por el Real Decreto 391/1996, derogado expresamente por dicho Real Decreto 520/2005.

A partir de ahí, el TEARC entendió, sin duda por aplicación del principio general de la citada Disposición transitoria quinta.1 de dicha LGT (« Esta Ley se aplicará a las reclamaciones o recursos que se interpongan a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma. A las interpuestas con anterioridad se les aplicará la normativa anterior a dicha fecha hasta su conclusión »), mientras que de las resoluciones del TEAC aquí impugnadas parece deducirse que cabría haber aplicado las normas del Reglamento de Revisión de 2005, vigentes en el momento de la notificación de las resoluciones del TEARC.

A juicio de la Sala, resulta más correcto el criterio seguido por el TEARC en virtud del principio general citado, mientras que la tesis contraria se aparta del mismo y carece de apoyo normativo bastante. Ciertamente, como se sostiene en la demanda, al tiempo de practicarse las notificaciones estaba plenamente vigente el Real Decreto 520/2005, que no establecía la ultraactividad del Real Decreto 391/1996, ni tampoco disposición de carácter transitorio relacionada directamente con la cuestión que nos ocupa. En efecto, la Disposición transitoria única del Real Decreto 520/2005, aprobatorio del Reglamento de Revisión, se ciñe a las competencias de los órganos del TEAC respecto a las reclamaciones pendientes (competencias de los vocales y del Secretario General), si bien contiene una mención que apoya la tesis que aquí se sostiene, al señalar que « A los efectos previstos en la disposición transitoria quinta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria , y en tanto deba continuar aplicándose el Reglamento de procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas, aprobado por el Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, a las reclamaciones o recursos interpuestos con anterioridad al 1 de julio de 2004, las competencias atribuidas... », y las disposiciones transitorias del propio Reglamento de Revisión hacen referencia a cuestiones ajenas al caso (solicitudes de suspensión, recurso extraordinario para la unificación de doctrina y procedimiento abreviado ante órganos unipersonales).

En defecto de disposición de carácter transitorio, de aplicación específica al caso, en el Real Decreto 520/2005, ha de estarse al principio general de la citada Disposición transitoria quinta.1 LGT 58/2003: aplicación de la nueva normativa a las reclamaciones o recursos que se interpongan a partir de la fecha de su entrada en vigor; principio general que no hace sino recoger las normas generales del derecho administrativo y los preceptos del derecho común (Art. 7.2 LGT 58/2003), que sientan idéntico criterio en materia procedimental y procesal (Disposición transitoria segunda.1 de la Ley 30/1992, de Procedimiento Administrativo Común y art. 2 y Disposición transitoria segunda de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil).

Por otra parte, las reglas sobre notificaciones contenidas en el REPREA de 1996 no se oponen a lo previsto en la materia en la LGT 58/2003, ni, desde luego, disminuyen las garantías al respecto de los obligados tributarios.

En consecuencia, no resultaba de aplicación al presente caso el art. 50 del Reglamento de Revisión, sino las normas contenidas al respecto en el REPREA de 1996, por lo que este alegato de la demanda habrá de ser rechazado.

Cuarto.—En segundo término, se invoca en la demanda la aplicación de oficio de la prescripción, alegándose al efecto la resolución del TEAC, de la misma fecha (R.G. 5435/2009), relativa a otro hermano de los aquí recurrentes, don Mario.

Al respecto, hemos de reiterar que la prescripción debe aplicarse de oficio, incluso en los casos en que se haya pagado la deuda tributaria, sin necesidad de que la invoque o excepcione el obligado tributario (art. 69.2 LGT 58/2003), siendo uno de los supuestos de devolución de ingresos indebidos el haberse ingresado cantidades correspondientes a deudas o sanciones tributarias después de haber transcurrido los plazos de prescripción (art. 221.1.c LGT), de forma que habrá de examinarse no obstante la conformidad a derecho de la extemporaneidad de las reclamaciones o recursos e incluso firmeza de las liquidaciones.

Sin embargo, acerca de la cuestión de la prescripción en supuestos del todo análogos al presente y relativos a los mismos recurrentes (recurso contencioso-administrativo n.º 1012/2009), en que tal como se dice en la demanda quedaron fundamentados en las mismas alegaciones, hemos dicho en el Fundamento de derecho segundo de nuestra sentencia 11/2013, de 10 de enero de 2013:

« Nulidad del pleno derecho de las resoluciones del TEARC impugnadas, por inactividad del citado TEARC durante más de cuatro años y consiguiente prescripción del crédito tributario.

Sostiene la parte recurrente que desde la presentación del escrito de alegaciones, el 5 de agosto de 2005, hasta el 20 de agosto del 2009 en que, en procedimiento de notificación por comparecencia regulado en el art. 112 de la LGT , se anunció la notificación de los fallos mediante publicación en el BOP, transcurrieron más de cuatro años, y que las notificaciones deben reputarse efectuadas el 5 de septiembre de tal año, en que transcurrió el plazo de quince días para comparecer.

Así mismo aporta una serie de resoluciones del TEAC, relacionadas con esta sucesión, en que se fijan la fecha del día siguiente en el BOP para computar el plazo de interposición del recurso de alzada.

No obstante, como expone la sentencia de la Audiencia Nacional de 19 de junio de 2008 , citada por el Abogado del Estado, los intentos de notificación previos al emplazamiento edictal sí interrumpen la prescripción en sede económico administrativa, porque ésta tiene su propia sustantividad respecto a las causas de interrupción previstas en los apartados a ) y c) del art. 66.d. de la LGT/1963 , y va ligada a la idea de inactividad de los órganos económico-administrativos por causas no imputables al reclamante, lo que permitiría concluir, en sentido contrario, que la cuestión sometida a procedimiento no permanece viva desde cualquiera de las posiciones enfrentadas.

La idea de inactividad ha de ser excluida cuando se practicaron los dos intentos de notificación, el 14 y 16 de julio de 2009, dentro del plazo de cuatro años desde la presentación de alegaciones por lo que surtieron efectos interruptores sin que se trate, a estos efectos, de considerar que sólo se interrumpe la prescripción cuando tiene lugar el emplazamiento, porque ello no es sino la consumación de tal forma de notificación de los actos administrativos.

Por lo mismo una cosa es que el emplazamiento edictal deba considerarse como acto de notificación para computar el plazo de interposición de recursos y reclamaciones, y otra distinta es que tal emplazamiento constituya la fecha determinante para computar el plazo de prescripción, por tratarse de dos instituciones diferentes, tendiendo la prescripción a sancionar la inactividad por el principio de la seguridad jurídica, lo que nada tiene que ver con los plazos de las diversas vías de impugnación ».

Idénticas circunstancias concurren en el presente caso: alegaciones ante el TEARC el 5 de agosto de 2005 (« dies a quo ») e intentos de notificaciones los días 14 y 16 de julio de 2009 (« dies ad quem »), dentro por tanto del plazo prescriptivo, que excluyen la idea de inactividad, con independencia de que la fecha de la notificación edictal deba considerarse como acto de notificación para computar el plazo de interposición de recursos, pues la prescripción a sancionar es la inactividad, por el principio de la seguridad jurídica, que aquí no se ha producido. En suma, tal como se apunta aquí en la contestación a la demanda, a estos efectos de apreciar la inactividad de los órganos económico-administrativos ha de aplicarse el criterio ahora consagrado para el cumplimiento de los plazos de la obligación de notificar en el art. 104.2 LGT 58/2003.

Por fin, no obsta a la anterior conclusión la invocada resolución del TEAC R.G.5435-2009, relativa a otro hermano de los recurrentes, pues la circunstancia de tratarse de la misma sucesión no implica que las liquidaciones giradas a los diferentes herederos hayan de seguir la misma suerte en cuanto a la prescripción, al tratarse de liquidaciones distintas, con tramitaciones y notificaciones no iguales. En el caso de tal resolución consta que el segundo intento de notificación por el TEARC tuvo lugar (en un domicilio también diferente) el 3 de septiembre de 2009, cuando ya había transcurrido el plazo prescriptorio. En todo caso, no hay en tal resolución (de efectos, en cualquier supuesto, no vinculante para la Sala) ningún criterio contrario a todo cuanto acabamos de exponer.

Quinto.—En virtud de lo expuesto, es obligada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.1 de la vigente Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, la desestimación del presente recurso contencioso-administrativo, por encontrarse ajustada a derecho la resolución a que se refiere el mismo; sin que se aprecien méritos para una especial condena en costas, a tenor de lo previsto en el artículo 139.1 de la misma Ley 29/1998, en su redacción originaria aplicable al caso.


FALLAMOS:


 
DESESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo número 991/2010, promovido contra las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) a las que se contrae la presente litis, por hallarse ajustadas a derecho; sin hacer especial condena en costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes, y luego que gane firmeza líbrese certificación de la misma y remítase juntamente con el respectivo expediente administrativo al órgano demandado, quien deberá llevar aquélla a puro y debido efecto, sirviéndose acusar el oportuno recibo.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio literal a los autos principales, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

E/

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que en la misma se expresa, hallándose celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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