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Sentencia T.S.J. Castilla-La Mancha 462/2013 de 7 de octubre


 RESUMEN:

ITP: Liquidación. Comprobación de valores. Compraventa de oficina de farmacia. El establecimiento concreto que posee cada farmacéutico tiene un valor económico que resulta de actualizar la corriente esperada de rendimientos derivados de su explotación. Exención en el IVA. Se desestima.

ALBACETE

SENTENCIA: 00462/2013

Recursos contencioso-administrativos nos 217 y 394 de 2010

(acumulados)

Albacete

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE CASTILLA-LA MANCHA.

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Sección Primera.

Magistrados, Ilmos. Sres.:

D. José Borrego López, Presidente.

D. Mariano Montero Martínez.

D. Manuel José Domingo Zaballos.

D. Antonio Rodríguez González.

SENTENCIA N.º 462

En Albacete, a siete de octubre de 2013.

Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha los presentes autos de recurso contencioso- administrativo, seguidos bajo los números 217 y 394 de 2010, luego acumulados, siendo parte actora D. Jesús Ángel, representado por la Procurador Sra. Gómez Ibáñez y defendido por el Letrado Sr. Belmar Jiménez, y partes demandadas el TRIBUNAL ECONÓMICO- ADMINISTRATIVO REGIONAL de CASTILLA-LA MANCHA, representado por el Sr. Abogado del Estado, y la JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, representada por sus Servicios Jurídicos, en materia de Tributos, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Mariano Montero Martínez.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—En fechas seis de abril y quince de junio de 2010 se interpusieron por la representación procesal del actor sendos recursos contencioso- administrativos contra, respectivamente, la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla-La Mancha, de fecha veintidós de enero de 2010, recaída en reclamación económico-administrativa no 02-260-08, desestimatoria de la misma, que se había entablado contra comprobación de valores y liquidación para el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, en relación a compraventa de oficina de farmacia sita en Albacete, calle Mayor, n.º 3, formalizada en escritura de veintidós de junio de 2005, y contra la resolución del mismo Tribunal Económico-Administrativo Regional, de fecha treinta de abril de 2010, que desestimó el recurso de anulación contra la mencionada reclamación económico-administrativa.

Segundo.—Formalizada demanda, tras exponerse los hechos y los fundamentos jurídicos que se entendieron aplicables, se terminó suplicando una sentencia que declarase la nulidad de los actos administrativos combatidos; fue contestado por la representación de la Administración estatal, que solicitó una sentencia desestimatoria íntegramente de la demanda planteada. En iguales términos se manifestó la Administración autonómica codemandada.

Tercero.—Acordado el recibimiento del pleito a prueba y practicadas las diligencias declaradas pertinentes, se reafirmaron las partes en sus respectivos escritos de demanda y contestación, por vía de conclusiones, y se señaló día y hora para votación y fallo, el tres de octubre de 2013.


FUNDAMENTOS JURÍDICOS


 
Primero.—Impugna la parte actora la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla-La Mancha, de fecha veintidós de enero de 2010, recaída en reclamación económico-administrativa no 02-260-08, desestimatoria de la misma, que se había entablado contra comprobación de valores y liquidación para el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, en relación a compraventa de oficina de farmacia sita en Albacete, calle Mayor, n.º 3, formalizada en escritura de veintidós de junio de 2005, así como contra la resolución del mismo Tribunal Económico-Administrativo Regional, de fecha treinta de abril de 2010, que desestimó el recurso de anulación contra la mencionada reclamación económico-administrativa.

Segundo.—Entiende la demandante que la transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial, en concreto la oficina de farmacia de la que estamos hablando, no está sujeta a IVA, art. 7.1.a) de la LIVA, ni tampoco al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, art. 7.5 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de veinticuatro de septiembre, salvo en este último caso por lo que respecta al inmueble en el que se situaba aquella. Además, entiende que la doctrina emanada de las consultas vinculantes de la Administración Tributaria, y después del Tribunal Económico-Administrativo Central -resolución de veintitrés de junio de 2010-, es la contraria de la sostenida por el acto aquí y ahora combatido, por lo que procede la nulidad del mismo.

Tercero.—La Sala, como bien conocen las partes, porque lo han situado como argumento de debate, ha tenido ocasión de manifestarse en supuestos como el que nos atañe, transmisión de oficinas de farmacia, en este caso en el año 2005. En concreto, a través de, al menos, sus Sentencias de veintiséis de febrero y veintiséis de marzo de 2009, ambas de la Sección Segunda, pero luego en las que se citan en las contestaciones a la demanda, ya de esta Sección Primera, de fechas nueve de septiembre de 2010 (autos 849/2007) y diecisiete de enero de 2011 (autos 848/2007). En la primera de todas, así, se explicaba suficientemente la postura de este órgano judicial, que por razones de unidad de doctrina, trasunto del más general principio de igualdad ante la aplicación de la ley, y por compartir los argumentos allí expuestos, reiteramos ahora:

[En cuanto a la primera cuestión la misma está resuelta por la sentencia del TS de 22 de enero de 2004 EDJ 2004/3374, que rechaza que se trate de una operación exenta por cuanto que lo que se realiza no es un negocio u operación por razón del ejercicio de una profesión o empresa ya que el negocio de la farmacia es la dispensación de medicinas o medicamentos. Tal transmisión supone la conclusión de su actividad comercial, produciéndose una especie de novación subjetiva, que no genera un volumen determinado de ganancias y se agota la actividad de farmacia. La mencionada sentencia se pronuncia sobre la cuestión en los siguientes términos: "Sentado lo que antecede, no podemos dejar de recordar que esta Sala ha entendido que la transmisión de una oficina de farmacia como un todo unitario y complejo, incluido o no el local donde está establecida, por parte de una Farmacéutico a otra persona de igual titulación, está sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), en concepto de transmisión onerosa, en cuanto es incuestionable que sí hay una traslación patrimonial compleja entre el transmitente y el adquirente.

En línea con las sentencias de esta Sala de 2 de febrero y 23 de abril de 1996 (Recursos núm. 9389/91 y 2862/93, podemos afirmar que las farmacias tienen la consideración fiscal de establecimientos comerciales y sus rendimientos no son profesionales, sino rentas mixtas derivadas del trabajo y del capital, lo que fiscalmente se denominan «rendimientos de las explotaciones».

No obstante lo anterior, concurren en la actividad de farmacia tres características peculiares, que conforman su ejercicio, y que son: 1.ª) El ejercicio de esta actividad sólo pueden realizarla las personas físicas que hayan obtenido el título universitario de licenciado o doctor en farmacia. 2.ª) La propiedad de la Oficina de farmacia debe pertenecer necesariamente a un farmacéutico. 3.ª) No existe el derecho de libre establecimiento de farmacias, antes al contrario, el número de éstas se halla limitado en función de la población de las ciudades y de su distribución geográfica y además su localización en concreto se halla regulada de modo que deben mantenerse obligatoriamente ciertas distancias. Después de la Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia EDL 1997/23114, las demarcaciones de referencia para la planificación farmacéutica serán las unidades básicas de atención primaria que fijen las Comunidades Autónomas.

Esta especial regulación del ejercicio de la actividad de farmacia genera desde el punto de vista económico-empresarial beneficios propios de una organización oligopolista de la oferta y, además, dentro de los grandes núcleos de población produce, junto al beneficio comercial, lo que en Economía se llaman rentas de situación, derivadas precisamente de la imposibilidad de establecer nuevas farmacias en el círculo de adscripción e influencia de las existentes.

El establecimiento concreto (Oficina de Farmacia) que posee cada farmacéutico tiene indudablemente un valor económico, que resulta de actualizar la corriente esperada de rendimientos derivados de su explotación.

Unas veces, como hacía notar la sentencia de 2 de febrero de 1996, se transmite la totalidad del patrimonio afecto a la explotación de la farmacia, incluido por tanto el local, el mobiliario, los utensilios, los enseres, las existencias y, obviamente, el derecho de establecimiento, derivado de la licencia o autorización administrativa correspondiente, además del fondo de comercio (clientela, etc.), y otras veces, como en el caso de autos, se transmite el negocio de farmacia, manteniendo, sin embargo, el transmitente la propiedad del local. Esta distinta manera de organizar la transmisión no desvirtúa el principio de que la transmisión a título oneroso de la explotación o titularidad de la farmacia implica para el adquirente una adquisición patrimonial valuable, sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

La compraventa de una oficina de farmacia implica la transmisión de un negocio comercial, el de farmacia, transmisión que lleva indiscutiblemente unida la transmisión de la licencia o autorización de establecimiento y que, en el caso que nos ocupa, comportaba, según se hacía constar en la escritura, «todo cuanto le corresponda y es anejo, ya sean muebles, enseres, materias de elaboración, utensilios, autorizaciones, permisos, licencias y, en general, cuantos derechos le sean accesorios», aunque no se transmitiese el local en el que estaba establecida.

A la transmisión de que se trata no podía aplicársele, en la época en que se realizó, el art. 7.5 del Texto Refundido del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, en la redacción que estuvo en vigor desde el 1 de enero de 1987 hasta el 31 de diciembre de 1991, que decía así: «No estarán sujetas al concepto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados las operaciones enumeradas anteriormente (entre ellas, las transmisiones onerosas de toda clase de bienes y derechos que integren el patrimonio de las personas físicas), cuando sean realizadas por empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad empresarial profesional y, en cualquier caso, cuando constituyan entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido; no obstante, quedarán sujetas a dicho concepto impositivo las entregas o arrendamientos de bienes inmuebles cuando gocen de exención en el Impuesto sobre el Valor Añadido». Pues bien, decía la sentencia de 23 de abril de 1996, dictada en un recurso de casación en interés de la Ley, que la transmisión de oficina de farmacia realizada durante el lapso temporal comprendido entre el 1 de enero de 1987 y el 31 de diciembre de 1991, como es el caso que nos ocupa, esta sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales por la pura y simple razón de que tal transmisión no supone el ejercicio de una actividad comercial del Farmacéutico, antes al contrario, tal transmisión supone la conclusión de su actividad comercial, que, en todo caso, queda circunscrita a la dispensación de los preparados farmacéuticos y demás productos que legalmente se puedan vender en las oficinas de farmacia. La transmisión, que es la última de las operaciones del titular anterior, no puede considerarse, por tanto, como una operación de la actividad empresarial, pues con dicha transmisión se opera una especie de novación subjetiva, que no genera un volumen determinado de ganancias, y se agota la actividad de la farmacia"].

Cuarto.—Siguiendo la tesis de las Administraciones demandadas, la transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial, así, no puede considerarse como una operación de la actividad empresarial, sino la conclusión precisamente de la misma. Al no existir pronunciamientos posteriores del Tribunal Supremo que varíen la doctrina sentada en sus Sentencias, antes mencionadas, de veintidós de octubre de 2002, RJ 2002\9602 y veintidós de enero de 2004, RJ 2004\864; no haber variado en aspectos sustanciales la normativa al respecto; y, por último, haberse manifestado ya esta Sala en los precedentes reseñados, entendemos procedente mantener esta tesis, que ciertamente no es compartida por la Sentencia de nuestra Sala homónima del Principado de Asturias o por la resolución del TEAC antecitada, si bien en este último caso hay que reseñar que lo que el TEAC argumentó iba referido a la improcedencia de entender, a diferencia de lo que había dicho el Tribunal Económico-Administrativo Regional de turno, que la transmisión global de una farmacia estaba sujeta a ITP porque no estaba sujeta a IVA.

Quinto.—Razones las expuestas que nos mueven a la desestimación del recurso entablado. No concurren las circunstancias que propiciarían un especial pronunciamiento en costas procesales, art. 139 de la Ley 29/1998, de trece de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación; en nombre de S. M. el Rey,


F A LL A M O S:


 
que DESESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la parte actora contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla-La Mancha, de fecha veintidós de enero de 2010, recaída en reclamación económico- administrativa no 02-260-08, desestimatoria de la misma, que se había entablado contra comprobación de valores y liquidación para el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, en relación a compraventa de oficina de farmacia sita en Albacete, calle Mayor, n.º 3, formalizada en escritura de veintidós de junio de 2005, y contra la resolución del mismo Tribunal Económico-Administrativo Regional, de fecha treinta de abril de 2010, que desestimó el recurso de anulación contra la mencionada reclamación económico-administrativa, sin especial pronunciamiento en costas.

Así, contra esta Sentencia, contra la que no cabe interponer recurso ordinario alguno, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.


Diligencia.- Seguidamente se procede a cumplimentar la no tificación de la anterior resolución. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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