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Sentencia T.S.J. Andalucía 1697/2013 de 17 de junio


 RESUMEN:

IS: Liquidación. Bases imponibles negativas a compensar en ejercicios futuros. Rectificación. Error material cometido por la recurrente en la confección de la declaración. Culpabilidad. Infracción tributaria. Se estima.

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE MALAGA.

RECURSO N.º 1599/2010

ILMOS SEÑORES:

PRESIDENTE:

D. FERNANDO DE LA TORRE DEZA.

MAGISTRADOS:

D. SANTIAGO MACHO MACHO.

DÑA. MARTA ROMERO LAFUENTE.

En la ciudad de Málaga a 17 de Junio de 2013.

Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, constituida para el examen de este caso, ha pronunciado en nombre de S.M. el Rey la siguiente Sentencia en el Recurso Contencioso-Administrativo número 1599/10 interpuesto por FERJIPE S.L. representada por el Procurador Dña. Alicia Moreno Villa contra TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE ANDALUCIA, SALA DE MALAGA representado por el Sr. Abogado del Estado.

Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrado Magistrado Dña. MARTA ROMERO LAFUENTE quien expresa el parecer de esta Sala


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—- Por la parte actora se interpuso recurso Contencioso-Administrativo contra la resolución dictada con fecha 30 de Julio de 2.010 por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía, Sala de Málaga, en la que se acordó admitir y desestimar el recurso de anulación interpuesto contra la inadmisión de la reclamación económico-administrativa interpuesta contra la desestimación del recurso de reposición formulado contra la liquidación por importe de 3.436,92 Euros correspondiente a la sanción tributaria impuestas por la comisión de la infracción consistente en declarar Bases Imponibles negativas a compensar en ejercicios futuros.

Segundo.—Admitido a trámite, anunciada su incoación y reclamado y recibido el expediente administrativo, se formuló demanda conforme a las prescripciones legales y con alegación de los hechos y fundamentos de derecho que constan en la misma, solicita se dicte sentencia en la que se estime la demanda.

Tercero.—Se dio traslado de la demanda a la Administración demandada, quien contestó alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos y habiéndose recibido el procedimiento a prueba y no siendo necesaria la celebración de vista se formularon conclusiones señalándose seguidamente día para votación y fallo.

Cuarto.—En la tramitación de este procedimiento se han observado las exigencias legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—La recurrente basa su demanda esencialmente en que debe anularse la sanción impuesta puesto que los hechos que se le imputan tuvieron lugar por error involuntario ya que al confeccionar la Declaración del Impuesto de Sociedades no se consignaron las Bases imponibles los ejercicios 1999 y 2002 error que han sido corregidos no solo en las declaraciones posteriores sino también mediante la solicitud de rectificación de las Declaraciones de los ejercicios 2.006 y 2.007 y que la propia Administración ha estimado entendiendo que dicha rectificación supone un reconocimiento de la subsanación efectuada y la extinción de cualquier responsabilidad siendo además que la Administración tributaria no ha motivado por qué el error material cometido por la recurrente en la confección de la Declaración fue consecuencia de la falta de diligencia exigible a la misma en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Segundo.—Por la Administración demandada se solicitó la desestimación del recurso con confirmación de la resolución impugnada por sus propios fundamentos ya que el órgano administrativo estudia el precepto que ha motivado la infracción y de dicho análisis se infiere que el supuesto error no exime de responsabilidad al recurrente pues el artículo citado es claro y no admite dudas en su interpretación siendo además que la resolución está suficientemente motivada al amparo de lo establecido en el artículo 54 de la ley 30/1992.

Tercero.—Una vez delimitados los términos del debate hay que decir que en el ámbito del Derecho tributario sancionador, el Tribunal Supremo ha venido construyendo en los últimos años una sólida doctrina por la que se vincula la culpabilidad del sujeto infractor a la circunstancia de que su conducta no se halle amparada por una interpretación jurídica razonable de las normas fiscales aplicables. Especialmente, cuando la ley haya establecido la obligación a cargo de los particulares de practicar operaciones de liquidación tributaria, la culpabilidad del sujeto infractor exige que tales operaciones no estén respondiendo a una interpretación razonable de la norma tributaria, pues si bien esta interpretación puede ser negada por la Administración, su apoyo razonable, sobre todo si va acompañada de una declaración correcta, aleja la posibilidad de considerar la conducta como infracción tributaria, aunque formalmente incida en las descripciones del artículo 79 de la misma Ley General Tributaria (Sentencias, entre otras muchas, de 29 de enero, 5 de marzo, 7 de mayo y 9 de junio de 1993, y 24 de enero y 28 de febrero de 1994 y 6 de julio de 1995). Por ello, cuando el contribuyente no sustrae el conocimiento de los elementos determinantes de la base impositiva, sino que la rectificación obedece a una laguna interpretativa o a una interpretación razonable y discrepante de la norma, que la Administración entiende vulnerada por el sujeto pasivo y obligado tributario, no procede la imposición de sanciones puesto que para ello se exige el carácter doloso o culposo de aquella conducta y no una simple discrepancia de criterios (Sentencias de 5 de septiembre de 1991 y 8 de mayo de 1997, entre otras muchas).

En consecuencia, la culpabilidad debe ser apreciada, en principio, en las infracciones administrativas, en función de la voluntariedad del sujeto infractor en la acción u omisión antijurídica. Y, en tal sentido, el Tribunal Supremo ha establecido el criterio (Sentencias, ente otras, de 28 de febrero de 1996 y 6 de julio de 1995) de estimar que la voluntariedad de la infracción concurre cuando el contribuyente conoce la existencia del hecho imponible y lo oculta a la Administración tributaria, a diferencia de los supuestos en que lo declara, aunque sea incorrectamente, en razón a algunas deficiencias u oscuridades de la norma tributaria que justifican una divergencia de criterio jurídico razonable y razonada, en cuyo caso nos encontraríamos ante el mero error, que no puede ser sancionable. Por ello, el principio de culpabilidad constituye un elemento básico a la hora de calificar la conducta de una persona como sancionable, es decir, es un elemento esencial en todo ilícito administrativo, lo que supone analizar las razones expuestas por la recurrente como justificadoras del incumplimiento de sus obligaciones tributarias para descartar las que sean meros pretextos o se basen en criterio de interpretación absolutamente insostenibles.

Debiendo añadirse además que también es doctrina reiterada del Tribunal Supremo (ss. de 22 de Enero de 1991 y 25 de Mayo de 1992, entre otras) "el dolo es un elemento intelectivo que supone la representación o conocimiento del hecho, que comprenda el conocimiento de la significación antijurídica de la acción y el de su resultado, por tanto el error y la ignorancia inciden sobre la culpabilidad, y dada la dificultad de su demostración por pertenecer a lo más íntimo de la conciencia de cada individuo, no basta su alegación, sino que deberá probarse."

Cuarto.—Expuesto lo anterior hay que destacar que decir esta Sala en su Sentencia de fecha 31 de Enero de 2.011 dictada en el recurso contencioso-administrativo n.º 82/05 tuvo ocasión de pronunciarse en asunto sustancialmente coincidente con el que ahora se examina, y que estimó el recurso con argumentos que por tanto deben extenderse a este otro asunto, y así como entonces se concluyó : " CUARTO.- La Sala va a considerar,tras un estudio ponderado de las alegaciones y documentos obrantes en autos y en el expediente administrativo, que la discrepancia de resultados con los obtenidos por la Administración procede de un simple error material cometida en la declaración del IS, ejercicio 1996 en que se hizo constar como base imponible negativa la cantidad de 19.030.837 pts. en lugar de 19.830.837 pts.

También la Sala considera justificadas las razones por las que la mercantil actora no recurrió la liquidación de la que trae causa la sanción tributaria ingesta, y va a atender a que no se ha producido un resultado negativo efectivo para la Hacienda Pública.

De esta manera consideramos que debe aplicarse al presente supuesto la doctrina del Tribunal Supremo contenida en sentencias como la de 25 de febrero de 2010 conforme a la cual: " no puede, como también hace la Sentencia de instancia, considerarse que en todos aquellos casos en los que clara e inequívocamente se ha cometido un error material (insistimos en que el órgano judicial no pone en duda esta circunstancia) ha existido forzosamente simple negligencia, dado que no son inimaginables supuestos en los que el obligado tributario pueda cometer este tipo de errores pese a haber actuado con la diligencia debida en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Sin que la circunstancia de que el error material no esté previsto específicamente en el art. 77.4 de la L.G.T EDL 1963/94. como causa excluyente de la culpabilidad -como no lo está en el actual art. 179.2 de la Ley 58/2002 -, por las razones antes apuntadas, impida excluir la existencia de culpabilidad precisa para imponer sanciones tributarias.

Conviene poner de relieve que en el supuesto enjuiciado concurren varias circunstancias que permiten otorgar credibilidad al error material alegado por la sociedad recurrente, algunas de las cuales ya hemos señalado: en primer lugar, que dicho error era apreciable mediante la simple lectura de la declaración-liquidación de pagos fraccionados presentada en plazo por la entidad recurrente; en segundo lugar, que para detectar dicha equivocación sólo fue precisa la intervención de los órganos de gestión de la Administración Tributaria, no de la Inspección tributaria; en tercer lugar, que no existió ocultación alguna, dado que la Administración tributaria podía conocer la cifra correcta mediante la mera lectura de la declaración-liquidación (e, incluso, mediante la simple aplicación del art. 38.2 de la L.I.S ., del que se infiere que el pago fraccionado deriva directamente de los datos consignados en la declaración del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a 1988, que obraba en poder de la Administración), ausencia de ocultación de datos que ha sido tenida en cuenta en muchas ocasiones por esta Sala y Sección para excluir la existencia de la simple negligencia que exigía el art. 77.1 L.G.T EDL 1963/94, para poder imponer sanciones tributarias ( Sentencias de 2 de noviembre de 2002 (rec. cas. núm. 9712/1997), FD Cuarto ; de 18 de abril de 2007 (rec. cas. núm. 3267/2002), FD Octavo ; de 27 de noviembre de 2008, cit., FD Séptimo ; de 15 de enero de 2009 ( rec. cas. núms. 4744/2004 y 10237/2004), cit., FFDD Duodécimo y Décimo Tercero, respectivamente; de 2 de julio de 2009, cit., FD Quinto ; de 9 de julio de 2009 ( rec. cas. núms. 1194/2006 y 1790/2006), cit., FFDD Tercero y Cuarto, respectivamente; de 15 de octubre de 2009 (rec. cas. núm. 9693/2003), cit., FD Séptimo ; de 9 de diciembre de 2009 (rec. cas. núm. 4012/2005), cit., FD Quinto ; y de 14 de diciembre de 2009 (rec. cas. núm. 5831/2005 ), FD Tercero); y, por último, que el resultado de la declaración anual era negativo.", por todo lo cual resulta que el presente recurso debe ser igualmente estimado ya que ha quedado acreditado que el citado error fue detectado en el ámbito de Gestión Tributaria, no produjo perjuicio económico alguna a la Hacienda Pública y además la Administración tributaria estimó las solicitudes de rectificación de las autoliquidaciones presentadas por la hoy recurrente.

Quinto.—De conformidad con lo establecido en el artículo 139 LJCA no procede hacer expresa imposición de costas.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
QUE ESTIMANDO el recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por el Procurador Dña. Alicia Moreno Villa en nombre y representación de FERJIPE S.L. contra la Resolución de TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE ANDALUCIA, SEDE DE MALAGA, descrita en el antecedente de hecho primero de esta resolución procede anular la misma, todo ello sin hacer expresa condena en costas a ninguna de las partes.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Líbrese Testimonio de esta Sentencia para su unión a los autos de su razón.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Ponente que la ha dictado, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha, ante mí, el Secretario. Doy fe.-


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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