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Sentencia T.S.J. Andalucía 1856/2013 de 15 de julio


 RESUMEN:

ITP: Liquidación. Prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria. Documentos privados. Fallecimiento. Se desestima.

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE MÁLAGA

RECURSO N.º 1363/2010

ILUSTRÍSIMOS SEÑORES:

PRESIDENTE

D. MANUEL LÓPEZ AGULLÓ

MAGISTRADOS

D.ª MARIA TERESA GÓMEZ PASTOR

D.ª ASUNCIÓN VALLECILLO MORENO

Sección Funcional 1.ª

_____________________________________

En la Ciudad de Málaga a 15 de julio de dos mil trece.

Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, constituida para el examen de este caso, ha pronunciado en nombre de S.M. el REY, la siguiente Sentencia en el Recurso Contencioso-Administrativo número 1363/2010 interpuesto por D. Elias Y D.ª Flor, representado/a por el/a Procurador/a D/ña. MARTA MERINO GASPAR contra TEARA-MÁLAGA-, representado/a por SR. ABOGADO DEL ESTADO, interviniendo en calidad de codemandada la JUNTA DE ANDALUCÍA, representada y defendida por el LETRADO DEL SERVICIO JURÍDICO

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D MANUEL LÓPEZ AGULLÓ, quien expresa el parecer de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Por el/a Procurador/a D/ña. MARTA MERINO GASPAR en la representación acreditada se interpuso Recurso Contencioso- Administrativo contra TEARA-MÁLAGA-, registrándose con el número 1363/2010 y de cuantía 2.979 euros.

Segundo.—Admitido a trámite, anunciada su incoación y recibido el expediente administrativo se dio traslado a la parte actora para deducir demanda, lo que efectuó en tiempo y forma mediante escrito, que en lo sustancial se da aquí por reproducido, y en el que se suplicaba se dictase sentencia por la que se estimen sus pretensiones.

Tercero.—Dado traslado al demandado y codemandada para contestar la demanda, lo efectuaron mediante escritos, que en lo sustancial se dan por reproducido en los que suplicaban se dictase sentencia por la que se desestime la demanda.

Cuarto.—Recibido el juicio a prueba fueron propuestas y practicadas las que constan en sus respectivas piezas, y no siendo necesaria la celebración del vista pública, pasaron los autos a conclusiones, que evacuaron las partes en tiempo y forma mediante escritos que obran unidos a autos, señalándose seguidamente día para votación y fallo.

Quinto.—En la tramitación de este procedimiento se han observado las exigencias legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—El acto administrativo impugnado en el presente recurso viene representado resolución del TEARA- Málaga-, desestimatoria de las reclamación formulada por los hoy recurrentes contra liquidación tributaria practicadas por el ITPAJD; solicitando de la Sala el dictado de sentencia que la anule por ser contraria a derecho, declarando prescrito el de la Administración para la determinación de la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.

El Abogado del Estado en trámite de contestación vino a oponer la desestimación del recurso, remitiéndose a la fundamentación jurídica de la Resolución combatida. En términos semejantes se pronunció la codemandada, Junta de Andalucía.

Segundo.—El TEARA desestimó la reclamación formulada por el hoy actor - prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria -, en base al art. 50.2 del Real Decreto Legislativo 1/1993 de 24 de septiembre, en relación al art. 1.227 del C.Civil.

Sostienen los recurrentes, como ya hicieran en la Reclamación Económico Administrativa, que al datar la transmisión de marzo de 1978, al tiempo de elevarse a documento público - 4 de abril de 2005 -, había prescrito el impuesto liquidado por la Administración Tributaria, por cuanto que el vendedor, Sr. Jose Miguel, había fallecido en 1990.

El Tribunal Supremo aborda la materia estudiada en sentencia de fecha 10 de octubre de 2.000, en los siguientes términos: "........Así lo ha reconocido, además, de un modo general (sin el matiz intercedente del carácter, estatal o autonómico, del funcionario a quien se le entrega el documento), la sentencia de esta Sección y Sala, de 5 de diciembre de 1998, que, contrastando el contenido de los artículos 94.2 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados aprobado por el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo (cuya redacción es prácticamente idéntica a la del artículo 39.5 de la Norma Foral de autos) y 1227 del Código Civil, ha concluido que, en vista de tales preceptos, se pueden establecer los siguientes supuestos:

a) Regla General: Documentos privados con indicación de su fecha: sea cual sea ésta, se considera como tal, a efectos de tributarios, la del día de su presentación ante la oficina liquidadora.

b) Primera Excepción: Documentos privados en los que se ha producido, antes de la presentación en la oficina tributaria, su incorporación o inscripción en un registro público, la muerte de cualquiera de los que lo firmaron o su entrega a un funcionario público por razón de su oficio: prevalece, a efectos de prescripción, la fecha de la incorporación, registro, fallecimiento o entrega.

c) Segunda Excepción: Documentos privados -los descritos en la primera excepción- respecto a los que se demuestra por cualquier medio de prueba admisible en derecho que fueron otorgados o suscritos con anterioridad a la fecha resultante de la incorporación, registro, fallecimiento o entrega: prevalece la fecha real del otorgamiento o suscripción, en contra de la que hemos denominado primera excepción, prevalencia que únicamente no se tendrá en cuenta en lo relativo a la prescripción del derecho de la Administración a practicar la liquidación (que se seguirá rigiendo por la primera excepción).

En consecuencia, a efectos prescriptivos, la entrega de un documento privado a un funcionario por razón de su cargo, sin distinguir la naturaleza estatal, autonómica o local del mismo, determina, en un caso como el de estos autos, que sea la fecha de dicha entrega la que deba tenerse en cuenta como "dies a quo" del plazo de prescripción (prescripción que, por tanto, en el presente supuesto se había consumado)............".

Tercero.—Así las cosas, y sobre la cuestión nuclear que late en la presente instancia, bueno será reseñar la doctrina jurisprudencial contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 1995 EDJ 1995/7876),que, en relación al tema que nos ocupa expresa:" Desde la definitiva implantación de los Impuestos de Derechos Reales y sobre Transmisiones de Bienes, a principios de este Siglo, la Hacienda Pública ha luchado contra el fraude, conseguido a través de las transmisiones formalizadas en documento privado, en cuatro frentes: 1. Estableciendo normas especiales de cómputo de la prescripción de la acción para liquidar el tributo, concretamente que ésta no corre, hasta el momento en que el documento se presenta a liquidación, salvo que se den los supuestos previstos en el artículo 1227 del Código Civil EDL 1889/1) y no todos, porque durante años no se admitió, a estos efectos, el fallecimiento de uno de los contratantes.2. Negando eficacia jurídica a los documentos privados en tanto no se liquide el Impuesto, de ahí la obligación exigida a todos los Tribunales, Oficinas, Registros Públicos, etc., de no reconocer efecto alguno, ni dar curso a las demandas, acciones, peticiones, etc., en tanto no se pague el Impuesto.3. Liquidando como transmisiones onerosas, los expedientes de dominio y actas de notoriedad, que podían ser el medio de legalizar antiguas ocultaciones y acceder así al Registro de la Propiedad.4. Mediante la acción investigadora.

En cuanto al primer frente de actuación, a nadie se le puede ocultar que las transmisiones realizadas en documento privado, por su propia privacidad, pueden ser fácilmente ocultadas, sin que, por tanto, la Administración pueda ejercer su acción liquidadora. Si la prescripción corriera desde la fecha de otorgamiento del documento, la Hacienda Pública estaría en la mayoría de los casos, indefensa, por ello desde la Ley de 2 de marzo de 1900 se ha distinguido: a) Documentos públicos, la prescripción corre desde su otorgamiento. b) Documentos privados, desde que se presentan a liquidación o se dan las circunstancias del artículo 1227 del Código Civil EDL 1889/1 pues en este último caso tienen eficacia frente a terceros, incluido, entre éstos, la Hacienda Pública.

Es interesante tener presente la evolución histórico-legislativa de las normas sobre la prescripción del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y de sus precedentes, porque nos ayudará a su más clara comprensión. La Ley de 2 de marzo de 1900, artículo 11, se limitó a disponer: La acción administrativa para exigir el Impuesto, háyase o no liquidado, prescribe a los 15 años, contados desde el otorgamiento del documento o la escritura del acto que produzca su exacción. Fue el artículo 128 del Reglamento de 20 de abril de 1900 el que estableció por primera vez *en los documentos privados, cualquiera que sea su fecha, el plazo (se refiere a la prescripción) comenzará a contarse desde que la Administración tenga conocimiento de su existencia, desde la incorporación o inscripción en el Registro Público, o desde que fuera entregado a un funcionario público por razón de su oficio, conforme al artículo 1227 del Código Civil. La legalidad de este precepto reglamentario fue discutida en su época. El Texto refundido de la Ley de los Impuestos de Derechos Reales y sobre Transmisiones de Bienes, de 23 de febrero de 1927, artículo 142, apartado 3, es idéntico al artículo 128 del Reglamento de 1900, salvo que añadió un inciso muy importante: *En los documentos privados, cualquiera que sea su fecha, el plazo, para los efectos de la prescripción, comenzará a...+.El plazo de prescripción era el de 15 años, que, a su vez, era el establecido con carácter general para todos los tributos en el artículo 29 de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública de 1 de julio de 1911). Por Ley de 31 de diciembre de 1946, se rebajó, en el Impuesto de Derechos Reales y Transmisiones de Bienes, el plazo de prescripción a 10 años. La redacción del artículo 143.2 del Reglamento de 7 de noviembre de 1947 (, 276, 341) y del artículo 143.2 del Reglamento de 15 de enero de 1959 (, 484, 616; similar a la del artículo 142.3 del Texto refundido de 1927.

La Ley de Reforma Tributaria de 11 de junio de 1964, introdujo una modificación fundamental al utilizar el medio técnico jurídico de las presunciones. El artículo 180 dispuso: A efectos de la prescripción en los documentos que deban presentarse a liquidación se presumirá que la fecha de los documentos privados es la de su presentación, a menos que con anterioridad hubieren sido incorporados o inscritos en un Registro Público o entregadas a un funcionario público por razón de su oficio, en cuyo caso se computará la fecha de incorporación, inscripción o entrega.

El Texto refundido de la Ley y Tarifas de los Impuestos Generales sobre las Sucesiones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Decreto 1018/1967, de 6 de abril, recogió el precepto anterior, en su artículo 133 con redacción idéntica. La Ley 32/1980, de 21 de junio, reguladora del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, reprodujo el precepto del Texto refundido anterior, con la sola modificación de remitirse al artículo 1227 del Código Civil, en lugar de citar todos los hechos que este artículo comprende, incluyendo, por tanto, el fallecimiento de cualquiera de las personas que firmaron el documento.

Hasta la Ley 41/1964, de 11 de junio, de Reforma del Sistema Tributario, el medio jurídico utilizado fue el de considerar inaplicable a los documentos privados el principio de que la prescripción extintiva empieza a correr desde que nace la acción o se pueden ejercitar las facultades o potestades tributarias de que se trate, lo que se denomina principio de "actio nata", claramente expuesto en el artículo 1969 de nuestro Código Civil cuando dice: "El tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieran ejercitarse. En igual sentido se manifiesta el artículo 65 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963 (según redacción dada por la Ley 10/1985, de 26 de abril, al disponer:"El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos supuestos a que se refiere el artículo anterior como sigue: En el caso a) (que se refiere al derecho de la Administración, para determinar la deuda tributaria, mediante la oportuna liquidación), desde el día en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración, es decir cuando pueda ejercitarse la acción.

La excepción indicada, respecto de los actos y contratos formalizados en documento privado, estaba justificada plenamente por la debilidad de la "actio nata", es decir, por la imposibilidad frecuente de la Administración Tributaria, en este caso acreedora, de conocer la realización del hecho imponible, de ahí que las normas jurídicas que regularon esta materia hasta el 11 de junio de 1964, establecieron a efectos solamente del cómputo de la prescripción, concretamente de la fecha de inicio del plazo prescriptivo, que éste no se produciría hasta la presentación del documento privado en la Oficina de la Administración Tributaria o hasta que se diera alguno de los hechos previstos en el artículo 1227 del Código Civil. Congruentemente; para todos los demás efectos, se tomaba la fecha en que verdaderamente había tenido lugar el acto o contrato formalizado en el documento privado, o lo que es lo mismo, se aplicaban las normas vigentes en dicha fecha para determinar el tipo aplicable, el cálculo de los intereses, la base imponible, así como los valores de los bienes y derechos en el momento en que la transmisión se había realizado.

La normativa era perfecta y, así, desde muy lejana época el Tribunal Supremo declaró, por ejemplo, Sentencia de 2 de marzo de 1922, que "solemnizada en escritura pública de 1919, una transmisión de bienes inmuebles ya realizada por documento privado en el año 1893, queda sujeta al pago del impuesto, sin que quepa alegar la prescripción".

Resulta difícil comprender las razones que llevaron al legislador de 1964 a modificar la que durante más de 60 años había sido una norma clara, congruente y sin problemas interpretativos, sustituyendo la inaplicación del principio de la "actio nata", por la presunción de que la fecha del documento privado es la de presentación del mismo en las Oficinas de la Administración Tributaria, o la de cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 1227 del Código Civil. Salta a la vista que el propósito del artículo 133 del Texto refundido de 6 de abril de 1967 y del artículo 53.2 del Texto refundido de 30 de diciembre de 1980 (, 651; fue, y es el mismo que el de los artículos de las Leyes precedentes, luchar contra el fraude conseguido mediante la utilización del documento privado, concretamente evitando los efectos de la prescripción extintiva conseguida torticeramente.

Aunque el artículo 153.2 del Texto refundido de 30 de diciembre de 1980, utiliza la expresión "se presumirá que la fecha de los documentos privados es la de...", lo cierto es que técnicamente no se trata de una verdadera presunción, que sería "iuris et de iure", sino de una ficción legal ("fictio legis"), porque las presunciones legales se basan en una correlación probalística, que permite mantener que si se da el hecho base, haya muchas probabilidades de que se cumpla el hecho consecuencia, por ello la propia Ley hace este razonamiento, imponiendo la existencia del hecho consecuencia, que considera probado, con posibilidad de prueba en contrario (presunción "iuris tantum"), en cuyo caso sí admite posibilidad distinta, o sin prueba alguna (presunción "iuris et iure"), es decir sin posibilidad alguna de contrario. En la "fictio legis" no hay correlación alguna entre el hecho base y el presupuesto jurídico que impone la norma, es más, ésta intencionadamente trastoca la realidad, la modifica, la altera, para así conseguir el efecto que pretende, de modo que la "fictio legis" es siempre alógica.

La fecha del documento privado es la que es, y nada tiene que ver con la de presentación del documento en la Oficina de la Administración Tributaria o la de incorporación a un Registro Público, o la de fallecimiento de uno cualquiera de los otorgantes, salvo que forzosamente tiene que ser de fecha anterior, aunque sólo sea un instante, pero siempre por razones fenomenológicas, en tiempo distinto.

El artículo 53.2 del Texto refundido de 30 de diciembre de 1980, trastoca y altera la realidad, imponiendo normativamente que la fecha del documento privado es la de su presentación a un funcionario público por razón de su oficio (caso en el que debe incluirse el de presentación ante la Administración Tributaria), el de su inscripción en un Registro público, o el de fallecimiento de uno cualquiera de los otorgantes. Debe aclararse que el artículo 1227 del Código Civil que menciona estos tres casos no contiene ficción legal alguna, pues se limita a disponer que "la fecha de un documento privado no se contará respecto de tercero, sino desde el día en que hubiera sido incorporado...", que es cosa distinta, pues dicho artículo 1227, no dice que la fecha del documento privado sea, la de los hechos que relaciona, sino simplemente que no producirá efectos frente a terceros, con anterioridad a la de los acontecimientos que indica.

Es evidente que a efectos de la prescripción de los documentos que deban presentarse a liquidación debe estarse a la fecha de su presentación, salvo que con anterioridad concurriese alguna de las circunstancias previstas en el art. 1227 del Código Civil.

Disponía el artículo 53.2 del Real Decreto 3050/1980, de 30 de diciembre, que aprobó el Texto Refundido de la Ley sobre el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que a los efectos de prescripción, en los documentos que deben presentarse a liquidación, se presumirá que la fecha de los privados es la de su presentación, a menos que con anterioridad concurrieran cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 1227 del Código Civil, en cuyo caso se computaría la fecha de la incorporación, inscripción, fallecimiento o entrega, respectivamente. Dicha precisión legal se reproduce en el artículo 50.2 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

El artículo 1227 del Código Civil preceptúa que "la fecha de un documento privado no se contará respecto a terceros sino desde el día en que hubiera sido incorporado o inscrito en un registro público, desde la muerte de cualquiera de los que la firmaron o desde el día en que se entregase a un funcionario público por razón de su cargo".

Pretende este último precepto, como señala la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3.ª, de 10 de octubre de 2000, dar carta de naturaleza a la fecha del contrato privado a partir de un momento que goce de verosimilitud por mor de la intervención de un organismo público, cualquiera que este sea, que dé fe con su presencia de que tal documento ha sido firmado o suscrito con anterioridad al hecho que determina la fuerza "erga omnes" de su realidad y de la fecha inicial de su perfección y extensión.

La cuestión relativa a la interpretación de tales preceptos ha sido abordada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en Sentencias de 29 de noviembre y 5 de diciembre de 1995, en las que, tras hacer una detenida descripción de la evolución histórica de las normas, sucesivamente establecidas, para evitar el fraude en los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales, derivado de la imposibilidad de conocer la Administración Tributaria los documentos privados, llega a la conclusión de que, aunque utilicen la expresión «se presumirá que la fecha de los documentos privados es la de...» lo cierto es que técnicamente no se trata de una verdadera presunción, que sería «iuris et de iure», sino de una ficción legal, que trastoca la realidad, imponiendo normativamente que la fecha del documento privado es la de su presentación a un funcionario público por razón de su oficio, caso en el que debe incluirse el de presentación ante la Administración Tributaria, el de su inscripción en un Registro Público, o el de fallecimiento de uno cualquiera de los otorgantes.

Así, se señala que pueden extraerse de las normas examinadas los siguientes supuestos:

- Regla general: Documentos privados con indicación de su fecha. Sea cual sea ésta, se considerará como tal, a efectos tributarios, la del día de su presentación.

- Primera excepción: Documentos privados en los que se ha producido - antes de la presentación en la oficina tributaria- su incorporación o inscripción a un registro público, la muerte de cualquiera de los que lo firmaron o su entrega a un funcionario público por razón de su oficio: prevalece la fecha de la incorporación, registro, muerte o entrega.

- Segunda excepción: Documentos privados (contenidos en la primera excepción) en los que se demuestra, por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, que fueron otorgados con anterioridad a la fecha resultante de la incorporación, registro, fallecimiento o entrega: prevalece la fecha real del otorgamiento, en contra de la derivada de la que hemos denominado primera excepción, prevalencia que únicamente no se tendrá en cuenta en lo relativo a la prescripción del derecho de la Administración para practicar la liquidación (que se seguirá rigiendo conforme a la primera excepción).

De modo que, estamos en presencia de una norma excepcional, que se aparta de los principios normales que inspiran los ordenamientos jurídicos, y que sólo rige «a efectos de la prescripción», por lo que para los demás elementos de la relación tributaria (devengo, base imponible, tipo, cuota, intereses), rige la fecha de la presentación o la derivada del artículo 1227 del Código Civil.

Esta doctrina se ve sustentada también por las sentencias de 15 de noviembre de 1995 y de 10 de octubre de 2000 que se cita en anterior fundamento

Cuarto.—La Sala, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo antes expresada, concluye que en el supuesto que nos ocupa, al haberse otorgado escritura pública en 2005, sólo desde esta fecha debe computarse el plazo de prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la correspondiente liquidación, no estimándose, por ello, prescrito aquel derecho cuando se practicó la liquidación aquí impugnada. Y ello es así porque aún constando el fallecimiento de D. Jose Miguel en 1.990, no resulta acreditado tampoco que fuera como vendedor, el firmante del documento privado otorgado en 1978, documento, que por lo demás no es más que una comunicación dirigida al Notario, solicitando el otorgamiento de escritura pública de venta. Todo lo cual conduce a la desestimación del recurso y ello en el sentido que a continuación se dirá.

Quinto.—No se aprecian motivos para una especial imposición de las costas procesales (art. 139.1 de la Ley Jurisdiccional).

Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación,


FALLAMOS


 
Desestimar el presente Recurso Contencioso-Administrativo, sin efectuar una especial imposición de las costas procesales.

Líbrese testimonio de esta Sentencia para su unión a los autos.

Firme que sea la misma y con testimonio de ella, devuélvase el expediente administrativo al Centro de su procedencia.

Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Ponente que la ha dictado, estando celebrando audiencia pública, ante mí, el Secretario. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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