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Sentencia T.S.J. Andalucía 1837/2013 de 8 de julio


 RESUMEN:

IS: Liquidación. Aumento de la base imponible y de la cuota. Rendimientos del trabajo. Discordancia apreciada entre los gastos declarados. Error involuntario. Culpabilidad. Se desestima.

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE MALAGA.

RECURSO ORDINARIO N.º 349/10

ILMOS SEÑORES:

PRESIDENTE:

D. FERNANDO DE LA TORRE DEZA.

MAGISTRADOS:

D. SANTIAGO MACHO MACHO.

DÑA. MARTA ROMERO LAFUENTE.

En la ciudad de Málaga a 8 de Julio de 2013.

Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, constituida para el examen de este caso, ha pronunciado en nombre de S.M. el Rey la siguiente Sentencia en el Recurso Contencioso-Administrativo número 349/10 interpuesto por MARBELLA SURGERY S.L. representado por el Procurador D. Alfredo Gross Leiva contra TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE ANDALUCIA, SALA DE MALAGA representado por el Sr. Abogado del Estado.

Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrado Magistrado Dña. MARTA ROMERO LAFUENTE quien expresa el parecer de esta Sala


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—- Por la parte actora se interpuso recurso Contencioso-Administrativo contra la resolución dictada con fecha 22 de diciembre de 2.009 por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía, Sala de Málaga en la que se acordó desestimar el recurso de reposición interpuesto contra la liquidación por importe de 20.583,29 Euros girada por la Administración de la AEAT de Marbella para regularizar el Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio 2.005 y contra la sanción impuesta como consecuencia de la infracción cometida por importe de 9.239,99 Euros.

Segundo.—Admitido a trámite, anunciada su incoación y reclamado y recibido el expediente administrativo, se formuló demanda conforme a las prescripciones legales y con alegación de los hechos y fundamentos de derecho que constan en la misma, solicita se dicte sentencia en la que se estime la demanda.

Tercero.—Se dio traslado de la demanda a la Administración demandada, quien contestó alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos y no habiéndose recibido el procedimiento a prueba y no siendo necesaria la celebración de vista no se formularon conclusiones señalándose seguidamente día para votación y fallo.

Cuarto.—En la tramitación de este procedimiento se han observado las exigencias legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—La recurrente basa su demanda esencialmente en que tuvo lugar un error involuntario en el modelo 190 al consignar con Clave G de rendimientos profesionales unos rendimientos del trabajo que se corresponden con la clave A y por tanto al no coincidir lo declarado en el Impuesto de Sociedades con lo declarado en el modelo 190 y no haber presentado declaración sustitutoria que lo acredite la Administración consideraba que lo declarado en el Impuesto de Sociedades era incorrecto y procedió a aumentar el resultado contable y por ello la Base Imponible y la cuota dando por supuesto que lo declarado en el modelo 190 era lo correcto, siendo además que el órgano de gestión tributaria no está facultado para determinar qué declaración de las presentadas es la correcta y cual la incorrecta añadiendo además que la sanción impuesta no es conforme a derecho ya que al obedecer la declaración presentada a un simple error involuntario no ha existido la culpabilidad exigida por la legislación ni ocultación, fraude ni menoscabo de la Hacienda pública.

Segundo.—Por la Administración demandada se solicitó la desestimación del recurso con confirmación de la resolución impugnada por sus propios fundamentos ya que el órgano administrativo estudia el precepto que ha motivado la infracción y de dicho análisis se infiere que el supuesto error no exime de responsabilidad al recurrente pues el artículo citado es claro y no admite dudas en su interpretación siendo además que la resolución está suficientemente motivada al amparo de lo establecido en el artículo 54 de la ley 30/1992.

Tercero.—Una vez delimitados los términos del debate hay que decir que en el ámbito del Derecho tributario sancionador, el Tribunal Supremo ha venido construyendo en los últimos años una sólida doctrina por la que se vincula la culpabilidad del sujeto infractor a la circunstancia de que su conducta no se halle amparada por una interpretación jurídica razonable de las normas fiscales aplicables. Especialmente, cuando la ley haya establecido la obligación a cargo de los particulares de practicar operaciones de liquidación tributaria, la culpabilidad del sujeto infractor exige que tales operaciones no estén respondiendo a una interpretación razonable de la norma tributaria, pues si bien esta interpretación puede ser negada por la Administración, su apoyo razonable, sobre todo si va acompañada de una declaración correcta, aleja la posibilidad de considerar la conducta como infracción tributaria, aunque formalmente incida en las descripciones del artículo 79 de la misma Ley General Tributaria (Sentencias, entre otras muchas, de 29 de enero, 5 de marzo, 7 de mayo y 9 de junio de 1993, y 24 de enero y 28 de febrero de 1994 y 6 de julio de 1995). Por ello, cuando el contribuyente no sustrae el conocimiento de los elementos determinantes de la base impositiva, sino que la rectificación obedece a una laguna interpretativa o a una interpretación razonable y discrepante de la norma, que la Administración entiende vulnerada por el sujeto pasivo y obligado tributario, no procede la imposición de sanciones puesto que para ello se exige el carácter doloso o culposo de aquella conducta y no una simple discrepancia de criterios (Sentencias de 5 de septiembre de 1991 y 8 de mayo de 1997, entre otras muchas).

En consecuencia, la culpabilidad debe ser apreciada, en principio, en las infracciones administrativas, en función de la voluntariedad del sujeto infractor en la acción u omisión antijurídica. Y, en tal sentido, el Tribunal Supremo ha establecido el criterio (Sentencias, ente otras, de 28 de febrero de 1996 y 6 de julio de 1995) de estimar que la voluntariedad de la infracción concurre cuando el contribuyente conoce la existencia del hecho imponible y lo oculta a la Administración tributaria, a diferencia de los supuestos en que lo declara, aunque sea incorrectamente, en razón a algunas deficiencias u oscuridades de la norma tributaria que justifican una divergencia de criterio jurídico razonable y razonada, en cuyo caso nos encontraríamos ante el mero error, que no puede ser sancionable. Por ello, el principio de culpabilidad constituye un elemento básico a la hora de calificar la conducta de una persona como sancionable, es decir, es un elemento esencial en todo ilícito administrativo, lo que supone analizar las razones expuestas por la recurrente como justificadoras del incumplimiento de sus obligaciones tributarias para descartar las que sean meros pretextos o se basen en criterio de interpretación absolutamente insostenibles.

Debiendo añadirse además que también es doctrina reiterada del Tribunal Supremo (ss. de 22 de Enero de 1991 y 25 de Mayo de 1992, entre otras) "el dolo es un elemento intelectivo que supone la representación o conocimiento del hecho, que comprenda el conocimiento de la significación antijurídica de la acción y el de su resultado, por tanto el error y la ignorancia inciden sobre la culpabilidad, y dada la dificultad de su demostración por pertenecer a lo más íntimo de la conciencia de cada individuo, no basta su alegación, sino que deberá probarse."

Cuarto.—Expuesto lo anterior en el presente supuesto hay que decir que del examen del expediente resulta que la Administración de la AEAT de Marbella requirió el día 20 de agosto de 2.007 a la recurrente para que aclarase la discordancia apreciada entre los gastos declarados en la autoliquidación del Impuesto de Sociedades del año 2.005 y los recogidos en el modelo 190 y al no contestar la misma en el plazo concedido al efecto se le notificó la propuesta de liquidación contra la cual no formuló alegación alguna por lo que con fecha 2 de junio de 2.008 se acordó confirmar la misma debiendo destacarse una vez llegados a este punto que por la recurrente no se acreditó en modo alguno en el momento oportuno el error alegado teniendo en cuenta además que se ha limitado esencialmente a reiterar en su escrito de demanda, sin articular prueba suficiente, los argumentos ya expuestos en vía administrativa, por lo que deberá prevalecer la presunción de legalidad del acto impugnado que no ha sido desvirtuada en modo alguno, siendo además que no puede entenderse en modo alguno que su actuación obedeciera a una interpretación razonable de la normativa aplicable, por todo lo cual procederá desestimar sin más el presente recurso y declarar la conformidad a derecho de la resolución impugnada.

Quinto.—De conformidad con lo establecido en el artículo 139 LJCA no procede hacer expresa imposición de costas.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
QUE DESESTIMANDO el recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por el Procurador D. Alfredo Gross Leiva en nombre y representación de MARBELLA SURGERY S.L. contra la Resolución de TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE ANDALUCIA, SEDE DE MALAGA, descrita en el antecedente de hecho primero de esta resolución procede declarar la conformidad a derecho de la misma, todo ello sin hacer expresa condena en costas a ninguna de las partes.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Líbrese Testimonio de esta Sentencia para su unión a los autos de su razón.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Ponente que la ha dictado, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha, ante mí, el Secretario. Doy fe.-


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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