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Sentencia T.S.J. Madrid 1041/2013 de 8 de octubre


 RESUMEN:

Providencia de apremio: Liquidación. Caducidad por la demora en más de seis meses en ser resuelto el recurso de reposición deducido contra la liquidación. Prescripción. Falta de prueba. Se desestima.

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Novena

C/ General Castaños, 1 - 28004

33009710

NIG: 28.079.33.3-2010/0152588

Procedimiento Ordinario 688/2010 *

Demandante: D./Dña. Marisa

PROCURADOR D./Dña. ANTONIO BARREIRO-MEIRO BARBERO

Demandado: Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid. Ministerio de Economía y Hacienda

Sr. ABOGADO DEL ESTADO

COMUNIDAD DE MADRID

LETRADO DE COMUNIDAD AUTÓNOMA

SENTENCIA No 1041

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN NOVENA (BIS)

Ilmos. Sres.

Presidente:

D. Francisco Gerardo Martínez Tristán

Magistrados:

D. José Luis Quesada Varea

D.ª Sandra María González de Lara Mingo

D. José Félix Martín Corredera

En la Villa de Madrid, a ocho de octubre de dos mil trece.

Visto por la Sección Novena bis de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso- administrativo 688/2010, interpuesto por D.ª Marisa, representada por el Procurador D. Antonio Barreiro-Meiro Barbero, contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid de fecha 26 de enero de 2010, desestimatoria de la reclamación núm. NUM000 contra providencia de apremio de 27 de septiembre de 2007; siendo demandados el Abogado del Estado y el Letrado de la Comunidad de Madrid.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Previos los oportunos trámites, el Procurador D. Antonio Barreiro-Meiro Barbero, en representación de la parte recurrente, formalizó la demanda mediante escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho que estimó pertinentes, solicitó se dictara sentencia «declarando no ser conforme a Derecho la resolución administrativa impugnada, y en consecuencia la anule, declarando el derecho de mi mandante a que se reconozca la prescripción de las acciones de la Administración autonómica, con expresa condena en costas a la parte demandada si se opusiere».

Segundo.—El Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito en el que, tras exponer asimismo los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos, solicitó la desestimación del recurso.

Tercero.—En igual trámite, el Letrado de la Comunidad de Madrid expuso los hechos y fundamentos de Derecho que estimó conveniente y solicitó la inadmisión y, subsidiariamente, la desestimación del recurso.

Cuarto.—Se señaló para votación y fallo el 1 de octubre de 2013, en que tuvo lugar.

Quinto.—En la tramitación del proceso se han observado las prescripciones legales esenciales.

Es ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. José Luis Quesada Varea.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—A fin de delimitar el objeto de este proceso debemos subrayar que el acto administrativo recurrido consiste en la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid (en lo sucesivo, TEAR) que desestimó la reclamación formulada por D.ª Marisa, aquí demandante, contra una providencia de apremio. En vía económico-administrativa, la contribuyente dedujo dos alegaciones: que se hallaba pendiente la reclamación interpuesta contra la liquidación apremiada y que el procedimiento liquidatorio había caducado por la demora en más de seis meses en ser resuelto el recurso de reposición deducido contra esa liquidación.

El TEAR fundamentó su decisión en la naturaleza tasada de las causas de oposición a la providencia de apremio, en la falta de constancia de la reclamación contra la liquidación y en la ausencia de caducidad.

Contra esta resolución, la recurrente fundamenta la demanda en una serie de alegaciones ajenas a su verdadero contenido. Por un lado, insiste en la caducidad del procedimiento liquidatorio por el retraso en resolver el recurso de reposición, con la consecuencia prevista en el artículo 104 de la Ley General Tributaria (LGT) de prescripción del derecho a liquidar. Por otro lado, manifiesta que ha sido víctima de una situación de indefensión por las consecuencias perjudiciales que el TEAR ha ligado a la falta de alegaciones en vía económico-administrativa.

El Abogado del Estado combate la fundamentación de la demandante reiterando la posición del TEAR sobre el carácter tasado de las causas de oposición a la providencia de apremio, así como sobre la falta de prueba de la presentación de reclamación alguna contra la liquidación.

El Letrado de la Comunidad de Madrid advierte la presencia de desviación procesal a causa de la carencia de pretensiones deducidas en el procedimiento económico-administrativo, donde la recurrente no formuló alegaciones. En cuanto al fondo, denuncia que el fundamento del recurso desborda las causas de oposición a la providencia de apremio y que el incumplimiento de los plazos bajo la vigencia de la LGT de 1963 no implica la caducidad de la acción administrativa.

Segundo.—La referida causa de inadmisibilidad debe ser claramente desestimada, pues parte de una situación distinta a la aquí acaecida.

Conforme al expediente administrativo remitido por el TEAR, la actora efectuó alegaciones en el seno de la reclamación económico-administrativa (folios 9 a 12), circunstancia que recoge el tercer apartado de hechos de la resolución impugnada. Así pues, la desviación procesal, de existir, sería fruto de otros defectos diferentes al que denuncia la Comunidad de Madrid.

Tercero.—Por esta misma razón debe rechazarse la invocación de indefensión, la cual es articulada por la recurrente precisamente por la actitud del TEAR ante la ausencia de alegaciones.

No hay falta de alegaciones, ni la desestimación de la reclamación se fundamenta en tal falta.

Cuarto.—La naturaleza tasada de las causas de impugnación a la providencia de apremio supone un obstáculo para el examen de la prescripción del derecho a liquidar que alega la recurrente como principal fundamento de la demanda (en este sentido, sentencias del Tribunal Supremo de 20 de marzo y 17 de mayo de 2012 (recursos de casación 6119/2008 y 4234/2009) y de 20 de Febrero del 2013 (recurso de casación 3597/2009). No obstante, para dar respuesta a dicha cuestión basta con remitirnos a las sentencias de esta misma Sección dictadas recientemente en los recursos núms. 553 y 554/2010, interpuestos por otros contribuyentes en idéntica situación a la demandante.

En efecto, la caducidad del procedimiento que provoca el efecto previsto en el artículo 104.5, es decir, la carencia de fuerza interruptiva de la prescripción, supone el exceso del plazo fijado en la LGT para el procedimiento tributario de que se trate. Dicho plazo se computa, en situaciones como la que se presenta en este pleito, desde la notificación del acuerdo de inicio hasta la notificación de su resolución (núm. 1 de dicho artículo), resolución que consiste en la oportuna liquidación (artículo 101.1 en relación con el 100.1). El plazo que invierta la Administración en resolver el recurso de reposición, o cualquier otro que proceda contra la liquidación, no integra el plazo de caducidad del procedimiento en que dicha liquidación se ha dictado. Si la resolución del recurso de reposición rebasa el plazo de un mes que establece el artículo 225.3 LGT no se produce la caducidad, sino la facultad del interesado de darlo por desestimado a los efectos de interposición de los recursos procedentes (artículo 225.4).

No siendo apreciable, por tanto, la caducidad del procedimiento de gestión, sus actuaciones interrumpen la prescripción, así como las reclamaciones o recursos deducidos por el contribuyente (artículo 66.1. LGT).

Quinto.—Conforme a lo dispuesto en el art. 139.1 LJ, no procede especial declaración en cuanto a las costas procesales de esta instancia al no apreciarse temeridad ni mala fe.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
DESESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D.ª Marisa, representada por el Procurador D. Antonio Barreiro-Meiro Barbero, contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid de fecha 26 de enero de 2010, desestimatoria de la reclamación núm. NUM000; sin costas.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Leída y publicada que ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado D. José Luis Quesada Varea, Ponente que ha sido para la resolución del presente recurso contencioso administrativo, estando celebrando audiencia pública esta Sección, de lo que, como Secretario de la misma, doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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