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Sentencia T.S.J. Madrid 1038/2013 de 8 de octubre


 RESUMEN:

ISD: Autoliquidación. Transmisión de participaciones. Reducción. Base liquidable negativa. Actas de disconformidad. Se estima.

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Novena

C/ General Castaños, 1 - 28004

33009730

NIG: 28.079.33.3-2010/0152562

Procedimiento Ordinario 679/2010 *

Demandante: COMUNIDAD DE MADRID

LETRADO DE COMUNIDAD AUTÓNOMA

Demandado: Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid. Ministerio de Economía y Hacienda

Sr. ABOGADO DEL ESTADO

SENTENCIA No 1038

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN NOVENA BIS

Ilmos. Sres.

Presidente:

D. Francisco Gerardo Martínez Tristán

Magistrados:

D. José Luis Quesada Varea

Da. Sandra María González de Lara Mingo

D. José Félix Martín Corredera

En Madrid, a ocho de octubre de dos mil trece.

Visto por la Sección Novena bis de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso- administrativo 679/2010, interpuesto por el LETRADO DE LA COMUNIDAD DE MADRID contra la resolución del Tribunal Económico- Administrativo Regional de Madrid de fecha 27 de enero de 2010, estimatoria de la reclamación núm. NUM000 formulada por D.ª Sonia, D. Victorino, D.ª Alicia, D.ª Covadonga, D. Jesús Ángel y D. Ambrosio, D.ª Inmaculada, D.ª Ramona, D. Desiderio y D.ª María Cristina, D. Héctor. D.ª Constanza y D.ª Gregoria, D.ª Regina, D. Miguel, D. Salvador y D.ª María Consuelo, y D. Juan Luis, D.ª Elisabeth. D.ª Laura, D.ª Raquel y D.ª María del Pilar; siendo demandado el Abogado del Estado.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Previos los oportunos trámites, la Letrada de la Comunidad de Madrid formalizó la demanda mediante escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho que estimó pertinentes, solicitó se dictara sentencia anulando la resolución recurrida y «declarando válidos y conformes a derecho los actos de la Administración Tributaria de la Comunidad de Madrid, anulados por dicha resolución».

Segundo.—El Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito en el que, tras exponer asimismo los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos, solicitó la desestimación del recurso.

Tercero.—Se señaló para votación y fallo el 1 de octubre de 2003, en que tuvo lugar.

Cuarto.—En la tramitación del proceso se han observado las prescripciones legales esenciales.

Es ponente el Magistrado D. José Luis Quesada Varea.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—Constituye el objeto de este recurso la resolución dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid (en adelante, TEAR) que estimaba la reclamación formulada por los causahabientes de D. Heraclio favorable a la aplicación de la reducción prevista en el artículo 20.2.c) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en relación con el artículo 4.Octavo.2 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

Dicha reducción afecta a la transmisión de las participaciones de la entidad «Chao Inversiones, S.L.» y alcanza al 95% de su valor.

Los reclamantes, en su día, practicaron la autoliquidación del impuesto de sucesiones aplicando la reducción, lo que ofreció una base liquidable negativa. Iniciado procedimiento de inspección, este concluyó con actas de disconformidad precisamente a causa de la improcedencia de la reducción. Conforme a la inspectora actuante, la reducción era inaceptable por no concurrir los requisitos exigidos por el apartado d) del mencionado artículo 4.Octavo.2 de la Ley 19/1991, y sobre este parecer formuló las propuestas de liquidación que obran incorporadas a las actas, fechadas el 5 de diciembre de 2005. El TEAR, sin embargo, estimó apreciable el beneficio fiscal.

Con carácter prioritario a toda otra cuestión, debe advertirse que el primer motivo de impugnación deducido por la Comunidad de Madrid reside en el carácter inadmisible de la reclamación económico-administrativa. Sostiene que el acto recurrido son las actas de disconformidad suscritas por la inspección y estas no son susceptibles de impugnación por tratarse de actos de trámite, quedando excluidos de la relación de actos reclamables que contiene el artículo 227 de la Ley General Tributaria (en lo sucesivo, LGT). A juicio de la recurrente, el TEAR no debió resolver sobre el fondo y sí dictar resolución de inadmisión conforme al artículo 239.4.a) LGT.

El Abogado del Estado opone a esta excepción que en el presente supuesto no se recurren las actas de la inspección «sino la liquidación emitida por la Inspección de Tributos el 5 de diciembre de 2005 (folio 128)».

Segundo.—Para resolver esta cuestión no podemos eludir la identificación del acto impugnado que realizan los propios interesados en el escrito de interposición de la reclamación económico-administrativa y en el de alegaciones presentado ante el TEAR, obrantes en el expediente administrativo. En ambos se hace referencia inequívoca a las actas de disconformidad como objeto de impugnación, y no hay alusión alguna a la hipotética liquidación posterior. Todas las actas están fechadas el 5 de diciembre de 2005, al igual que el informe ampliatorio de la inspectora, y en ellas se advierte al sujeto pasivo de un posterior acto liquidatorio del Inspector-Jefe y de la facultad de presentar alegaciones ante él dentro del plazo de quince días desde la extensión del acta o su notificación. Tal información necesariamente dio a conocer a los interesados la existencia de un acto ulterior que habría de decidir sobre la disparidad de criterio mantenido con la Inspección sobre la procedencia de la reducción.

El expediente administrativo y su ampliación están compuestos exclusivamente por todas las actas, una para cada contribuyente, y los correspondientes informes, además de los ya mencionados escritos de los reclamantes y la resolución del TEAR. El expediente aparece sin índice y sin foliar pese a lo ordenado en el artículo 48.4 LJCA, por lo que no es localizable ese folio 128 en el que, según el Abogado del Estado, habría de figurar la liquidación verdaderamente recurrida. De todos modos, ni en el que habría de ser tal folio 128, ni en ningún otro, aparece la liquidación finalizadora del procedimiento de inspección.

El TEAR, por su lado, indicó en el encabezamiento de su resolución que la reclamación se dirigía «contra actos liquidatorios dictados el 5 de diciembre de 2005 por la Inspección de los Tributos», pero no consta que dicho día fuera emitida ninguna liquidación diferente a la mera propuesta que forma parte del acta de disconformidad. El hecho de que la reclamación se dirige contra las actas de inspección es tácitamente reconocido por el TEAR en el primer antecedente de hecho de su misma resolución, donde describe el acto impugnado en estos términos: «El 5 de diciembre de 2005, la Inspección de los Tributos de la Comunidad de Madrid dictó actas de Inspección por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones devengado a la muerte de Don Heraclio ».

En cualquier caso, siendo de disconformidad las actas de 5 de diciembre de 2005, no es posible que daten de la misma fecha las liquidaciones, las cuales deberían haberse emitido, al menos, 15 días después de aquellas por la necesidad de respectar el plazo para alegaciones (artículo 157.3 y 5 LGT).

En conclusión, los actos contra los que se dirigió la reclamación económico-administrativa, y sobre los que decidió el TEAR, fueron las actas de inspección de 5 de diciembre de 2005. La Sala desconoce si posteriormente fue dictada la oportuna liquidación y su contenido.

Tercero.—Como pone de manifiesto la recurrente, las actas de la inspección no constituyen resoluciones administrativas de carácter definitivo susceptibles de impugnación autónoma. Una reiterada jurisprudencia contenida en las sentencias del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1994 (recurso de apelación 7962/1990), 9 octubre 1999 (recurso de casación 7874/1994), 14 de septiembre de 2000 (recurso de casación 6829/1994) y las que esta cita, ha puesto de manifiesto que las actas de la Inspección no tienen carácter de acto administrativo impugnable administrativa o jurisdiccionalmente. Las obligaciones tributarias no nacen de las actas, sino de los actos administrativos de gestión tributaria o liquidaciones que de aquellas provengan, puesto que, en palabras de la última sentencia citada, el acta «no pasa de ser una mera propuesta [...] cuyo contenido liquidatorio no vincula al Inspector-Jefe» competente para efectuar la liquidación.

La legislación vigente corrobora esta naturaleza de las actas inspectoras.

De la regulación de tales actos administrativos que contienen los artículos 155, 156 y 157 de la LGT (así como de los preceptos reglamentarios que los desarrollan) se desprende que el acto tributario de carácter liquidatorio es independiente de la emisión del acta de la Inspección, aunque puedan ser simultáneos. Cuando se trata de actas de disconformidad, la liquidación es necesariamente posterior en el tiempo. Después de la emisión de dicha acta existe un trámite específico previsto en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 157 que comprende un plazo de 15 días para alegaciones, eventuales actuaciones complementarias y, como conclusión, el dictado de la liquidación. La necesidad de respetar el término alegatorio impone un lapso de tiempo entre el acta y la liquidación. Además, el número 2 del mismo precepto señala con claridad la condición de mera propuesta de la liquidación o regularización que forma parte integrante del acta de disconformidad.

Como consecuencia lógica de lo expuesto, el artículo 227 LGT no menciona entre los actos susceptibles de reclamación económico- administrativa las actas de inspección, así como tampoco las propuestas de liquidación, sino tan solo las liquidaciones provisionales o definitivas. Esta previsión responde a la regla general del número 1 del precepto, el cual considera impugnables los actos definitivos, y los de trámite solo en el caso que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o ponga fin al procedimiento.

Habiéndose reclamado en este caso contra actos no impugnables, el TEAR debió inadmitir la reclamación en aplicación de lo dispuesto en el artículo 239.4.a) LGT. Al no hacerlo así, el presente recurso contencioso debe estimarse, con la consiguiente anulación de la resolución del TEAR.

Cuarto.—Conforme a lo dispuesto en el art. 139.1 LJ, no procede especial declaración en cuanto a las costas procesales de esta instancia al no apreciarse temeridad ni mala fe.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
ESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el LETRADO DE LA COMUNIDAD DE MADRID contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid de fecha 27 de enero de 2010, estimatoria de la reclamación núm. NUM000, la cual anulamos; sin imposición de las costas procesales causadas.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Leída y publicada que ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado D. José Luis Quesada Varea, Ponente que ha sido para la resolución del presente recurso contencioso administrativo, estando celebrando audiencia pública esta Sección, de lo que, como Secretario de la misma, doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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