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Sentencia T.S.J. Madrid 989/2013 de 1 de octubre


 RESUMEN:

ITP: Liquidación. Modalidad actos jurídicos documentados. Operación documentada en la escritura pública en virtud de la cual se vende una parcela. Alteración del rango hipotecario. Posposición del rango de la condición resolutoria. Sujeto pasivo. Se estima.

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Novena

C/ General Castaños, 1 - 28004

33009730

NIG: 28.079.33.3-2011/0168773

Procedimiento Ordinario 147/2011

Demandante: ELECMEGOM, S.L.

PROCURADOR D./Dña. EMILIO MARTINEZ BENITEZ

Demandado: Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid. Ministerio de Economía y Hacienda

Sr. ABOGADO DEL ESTADO

COMUNIDAD DE MADRID

LETRADO DE COMUNIDAD AUTÓNOMA

SENTENCIA No 989

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN NOVENA

Ilmos. Sres.

Presidente:

D. Ramón Verón Olarte

Magistrados:

Da. Ángeles Huet de Sande

D. Juan Miguel Massigoge Benegiu

D.ª Berta Santillán Pedrosa

D. Joaquín Herrero Muñoz Cobo

En la Villa de Madrid, a uno de octubre de dos mil trece.

Visto por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el presente recurso contencioso administrativo n.º 147/2011, interpuesto por el Procurador de los Tribunales Sr. Martínez Benítez, en nombre y representación de la mercantil ELECMEGOM S.L., contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid de fecha 9 diciembre 2010; habiendo sido parte la Administración demandada representada por el Abogado del Estado y, como demandado, el Servicio Jurídico de la Comunidad de Madrid en nombre y representación de ésta.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos en la ley, se emplazó a la demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó dentro de plazo, mediante escrito en el que se suplica se dicte sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución administrativa objeto de impugnación.

Segundo.—Tanto el Abogado del Estado como el Letrado de los Servicios Jurídicos de la Comunidad contestan a la demanda, mediante escrito en el que suplica se dicte sentencia en la que se confirme la resolución recurrida por encontrarse ajustada a derecho.

Tercero.—No habiéndose recibido el presente proceso a prueba, quedaron los autos pendientes para votación y fallo.

Cuarto.—En este estado se señala para votación el día 11 abril de 2013, teniendo lugar así. No obstante, el señalamiento se suspendió para dar oportunidad a Bankia (Cajamadrid) de hacer alegaciones. Realizado el trámite, se volvió a señalar para el 26 de septiembre de 2013 en que efectivamente tuvo lugar la deliberación.

Quinto.—En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. Don Ramón Verón Olarte.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—A través del presente recurso el Procurador de los Tribunales Sr. Martínez Benítez, en nombre y representación de la mercantil ELECMEGOM S.L., impugna la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid de fecha 9 diciembre 2010 en la que se desestima la reclamación económico- administrativa interpuesta por la mercantil recurrente, se confirma la liquidación practicada por la Administración unitaria de la Comunidad de Madrid por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidad actos jurídicos documentados, por la operación documentada en la escritura pública de 5 julio 2007 en virtud de la cual el Consorcio Urbanístico Parque Empresarial de la Carpetania vende por 1.063.080 € una parcela en el citado parque empresarial, pactando el referido Consorcio la posposición de la condición resolutoria convenida favor de las hipotecas que en la parte compradora pueda concertar con cualquier entidad de crédito, tanto para la adquisición como para la financiación de las obras a realizar en la mencionada parcela y, en especial, un préstamo hipotecario con Cajamadrid, cuyo principal asciende a tiene 758.122 €, incluidos los intereses.

Segundo.—El TEAR basa su resolución en que el sujeto pasivo del impuesto es la mercantil adquirente por ser la entidad en cuyo interés se pacta la posposición del rango de la condición resolutoria.

La Administraciones demandadas acojan el criterio del Tribunal administrativo insistiendo en que la posposición beneficia al deudor hipotecario esto es, a la mercantil recurrente.

Por el contrario la actora, con cita el artículo 29 del Texto Refundido y de la Consulta General de la D. G. de Tributos, llega a la conclusión contraria por entender que el interesado en esa posposición de rango, como expresamente se dice en la estipulación en que así se pacta, es el acreedor hipotecario. Cita a continuación diversas sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y de Castilla-la Mancha que acogen su criterio.

Tercero.—Así pues, como se encarga de aclarar la propia parte actora en su escrito con fecha de entrada 2 abril del año 2012 el debate en el presente litigio se centra en la concreción de quién es el sujeto pasivo del impuesto en caso de alteración del rango hipotecario, es decir, y en este caso, si lo es el adquirente de la parcela o la entidad financiera, acreedora hipotecaria por el préstamo que ya se ha descrito.

Antes de seguir se ha de aclarar que en la escritura pública fechada el 5 julio 2007 se pacta en la estipulación sexta, folio 24 del expediente administrativo, una condición resolutoria en caso de incumplimiento por parte de la adquirente, esto es, la mercantil recurrente. Sin embargo al folio 26 del expediente, folio 23 de la escritura, y en la misma estipulación que se acaba de comentar, se recoge: "no obstante lo convenido los párrafos anteriores, el Consorcio Urbanístico declara que pospone expresamente la condición resolutoria convenida a favor de las hipotecas que la compradora pueda concertar con cualquier entidad de crédito para la adquisición y/o financiación de las obras a realizar en la parcela adquirida y, en especial, un préstamo hipotecario con la entidad Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid" elevándose el principal del préstamo a 650.000 €, con 24 mensualidades de intereses remunerados tórridos al tipo del 4,753 %, salvo modificación pactada de acuerdo con los términos del contrato, de 36 mensualidades de intereses moratorios, sin que en ninguno de ambos casos pueda sobrepasarse el límite máximo del 15% establecido a efectos hipotecarios y de la cantidad de 130.000 € que se estipulan para costas y gastos

Asimismo, se ha de partir del artículo 29 del Texto Refundido a cuyo tenor será sujeto pasivo del impuesto (el devengado como consecuencia de la posposición de rango) el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan.

Para terminar este apartado, conviene dejar constancia de que ni el Tribunal administrativo ni las representaciones procesales de las Administraciones demandadas explican la razón por la que entienden que el beneficiado por la convención es el adquirente y no la entidad financiera que, en definitiva, se adelanta en el rango preferencial que otorga el Registro de la Propiedad. Es decir, se proclama que el interesado es el adquirente sin decir en qué consiste la ventaja que para él les supone la posposición de la condición resolutoria en beneficio de las hipotecas, ya existentes, ya futuras.

Cuarto.—El asunto de fondo ya ha sido resuelto en diversas ocasiones por esta Sala. Así, la sentencia de 12 julio 2012 recoge los fundamentos cuarto y quinto lo siguiente:

" En cuanto al sujeto pasivo, dispone el art. 29 del RD Legislativo 1/1993 , que "Será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan.", y ninguna duda cabe a la Sala de que en el hecho imponible constituido por el pacto de igualación de rango -distinto, como hemos visto, del de constitución del préstamo hipotecario- el beneficiario de dicho pacto es el acreedor hipotecario que es quien se ve beneficiado por la preferencia de rango que dicha cláusula otorga a su crédito hipotecario.

QUINTO.- Y por lo que se refiere a la concreta convención de igualación de rango pactada en la cláusula decimocuarta de la escritura de 9 de abril de 2002, que es la que ha sido objeto de la liquidación aquí impugnada, es evidente que en ella se contiene tal igualación de rango, pues en ella se dispone literalmente que "el préstamo que se constituye tendrá rango simultáneo con el ya constituido sobre la misma garantía", refiriéndose las alegaciones efectuadas en la demanda a una cláusula redactada en términos distintos de la aquí sometida al impuesto, pues en ella, esto es, en la cláusula comentada en la demanda, se supeditaba la igualación de rango a la previa cancelación y desaparición de las hipotecas preexistentes, condición que, como se ha visto, no se da en el presente caso".

Tales razonamientos son de plena aplicación al caso que nos ocupa dado que sea pospuesto la condición resolutoria pactada en la escritura del 5 julio 2007 en beneficio de las hipotecas constituidas o que se constituyan en un futuro en garantía de los préstamos obtenido o que se puedan obtener para la financiación bien de la adquisición de la parcela, bien de la construcción que en ella se realice. Por tanto, según lo argumentado, el beneficiado por la operación es la entidad financiera que, en consecuencia, debe ser considerado como sujeto pasivo del impuesto.

Quinto.—Dadas las circunstancias examinadas y las conclusiones a que se ha llegado, no aprecia este Tribunal la concurrencia de los requisitos necesarios para la imposición de las costas a ninguna de las partes, a tenor de lo preceptuado en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción.

En su virtud, en nombre de su Majestad el Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución.


FALLAMOS


 
Que ESTIMANDO el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales Sr. Martínez Benítez, en nombre y representación de la mercantil ELECMEGOM S.L., contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid de fecha 9 diciembre 2010, DEBEMOS ANULAR Y ANULAMOS la citada resolución por no ser conforme a derecho.

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia.

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Leída y publicada que ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado D. Ramón Verón Olarte, Ponente que ha sido para la resolución del presente recurso contencioso administrativo, estando celebrando audiencia pública esta Sección, de lo que, como Secretario de la misma, doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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