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Sentencia T.S.J. Madrid 1099/2013 de 17 de octubre


 RESUMEN:

ITP: Autoliquidación. Solicitud de devolución de ingresos indebidos. La fianza que dio lugar a la liquidación se encontraba prevista en la escritura inicial del préstamo. Simultaneidad en la constitución del préstamo y el afianzamiento, y la constitución de la garantía. Subrogación. Se estima.

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Novena

C/ General Castaños, 1 - 28004

33009730

NIG: 28.079.33.3-2010/0152569

Procedimiento Ordinario 686/2010 *

Demandante: COMUNIDAD DE MADRID

LETRADO DE COMUNIDAD AUTÓNOMA

Demandado: Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid. Ministerio de Economía y Hacienda

Sr. ABOGADO DEL ESTADO

CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE. (BANCAJA)

PROCURADOR D./Dña. EDUARDO CODES FEIJOO

SENTENCIA No 1099

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN NOVENA (BIS)

Ilmos. Sres.

Presidente:

D. Francisco Gerardo Martínez Tristán

Magistrados:

D. José Luis Quesada Varea

D.ª Sandra María González de Lara Mingo

D. José Félix Martín Corredera

En la Villa de Madrid, a diecisiete de octubre de dos mil trece.

La Sala constituida por los Ilmos. Sres. Magistrados relacionados al margen ha visto el recurso contencioso administrativo n.º 686/2010 interpuesto por la Letrada de la Comunidad de Madrid, en nombre y representación de la Administración de la Comunidad de Madrid, contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, de fecha 23 de diciembre de 2009, recaída en el expediente 28/10153/08, en la reclamación deducida por Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante (BANCAJA) frente a la resolución del expediente de Devolución de Ingresos Indebidos n° 05/24888.9/08, relativo a la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados al n° de referencia 2007-T- 133405.

Han comparecido en calidad de demandados, el Abogado del Estado, en la representación que le es propia; y Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante (BANCAJA), representada por el procurador don Eduardo Codes Feijoo.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Admitido el recurso y previos los trámites oportunos se confirió traslado la Letrada de la Comunidad de Madrid por término de veinte días para formalizar la demanda, lo que verificó mediante el oportuno escrito, en el que, tras exponer los hechos y alegar los fundamentos de derecho de aplicación, terminaba suplicando que se dicte sentencia por la que se anule la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid impugnada y se declare que la liquidación es ajustada a derecho.

Segundo.—El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 11 de marzo de 2011, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia por la que se desestime el recurso y se confirme la resolución recaída en la resolución económico-administrativa impugnada.

Por su parte, el procurador don Eduardo Codes Feijoo, en representación de Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante (BANCAJA), presentó su escrito en fecha 30 de mayo de 2011 en el que asimismo mostraba su oposición a la demanda, solicitando una sentencia por la que se desestime el recurso contencioso administrativo, con cuantos otros pronunciamientos hubiere lugar en derecho.

Tercero.—No habiéndose solicitado el recibimiento a prueba, ni el trámite de conclusiones y no considerándolo necesario la Sala, se declaró concluso el procedimiento, quedando pendiente de señalamiento cuando por turno le correspondiera.

Cuarto.—Para la votación y fallo se señaló el día 15 de octubre de 2013, fecha en la que tuvo lugar.

Ha sido ponente el magistrado Ilmo. Sr. don José Félix Martín Corredera, quien expresa el parecer de la Sala.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—Se dirige el recurso contencioso interpuesto por la Administración de la Comunidad de Madrid contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, de fecha 23 de diciembre de 2009, dictada en el expediente 28/10153/08, estimatoria de la reclamación económico administrativa interpuesta por Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante (BANCAJA). Con este pronunciamiento, el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid anula la resolución denegatoria de la solicitud de devolución de ingresos indebidos n° 05/24888.9/08, relativa a la autoliquidación del I.T.P. y A.J.D. al n° de referencia 2007-T-. 133405, por importe de 2.757,38 euros, solicitud que se basaba en la alegación de que la fianza que dio lugar a la liquidación se encontraba prevista en la escritura inicial del préstamo, por lo que, a juicio de BANCAJA se cumplía el requisito exigido por el artículo 25 del Reglamento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (Real Decreto 828/1995) para tributar únicamente en concepto de préstamo.

En contra de lo apreciado por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid en su resolución, sostiene la Letrada de la Comunidad de Madrid que procede liquidar la escritura por el concepto de fianza porque su constitución no fue simultánea ni tampoco estaba prevista al momento del otorgamiento del préstamo, de manera que no se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 25 del Reglamento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para tributar únicamente por el concepto de préstamo. En ese orden de ideas, acentúa que la constitución de la fianza por don Antonio y doña Constanza en escritura de 18 de julio de 2007, de subrogación, novación y ampliación de préstamo otorgada por BANCADA a favor de la sociedad INTERPRETART CENTRO EVALUACIÓN Y DESARROLLOS EXPOSITIVOS Y EDUCATIVOS por la que la sociedad compradora se subroga en el préstamo concedido a la vendedora, INSTITUTO INMOBILIARIO DE BERNA, no estaba prevista en la escritura de préstamo promotor de 20 de julio de 2004.

Por el contrario, al parecer del Abogado del Estado, coincidente con el criterio del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, la fianza constituida reúne el requisito de simultaneidad con el préstamo, exigida por el artículo 25.1 del Reglamento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (Real Decreto 828/1995), para tributar exclusivamente por el préstamo.

Por su parte, la representación de la codemandada opone a la demanda que con la subrogación se produce una novación que extingue una obligación - la del antiguo prestatario - y hace surgir una nueva garantizada con la hipoteca ya existente sobre la finca vendida y además con la fianza constituida. Por ello, en su opinión, debe entenderse que existe simultaneidad en la constitución del préstamo y el afianzamiento - aunque este sea por subrogación- y la constitución de la garantía. A ello se suma, según BANCAJA, que en las dos escrituras de formalización del préstamo y constitución de hipoteca de fecha 20 de julio 2004 y posterior de ampliación de 2 de noviembre 2005, se preveía expresamente la constitución de garantías personales o afianzamientos.

Segundo.—Para adentrarnos en el examen de la temática litigiosa ha de partirse del contenido de los artículos 15 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y 25.1 de su Reglamento. El artículo 15 de la Ley establece que la constitución de las fianzas y de los derechos de hipoteca, prenda y anticresis, en garantía de un préstamo, tributarán exclusivamente por el concepto de préstamo. Por su parte, el art. 25 del Reglamento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (Real Decreto 828/1995) complementa lo señalado en la Ley al disponer que «la constitución de las fianzas y de los derechos de hipoteca, prenda y anticresis, en garantía de un préstamo, tributarán exclusivamente por el concepto de préstamo cuando la constitución de la garantía sea simultánea con la concesión del préstamo o en el otorgamiento de éste estuviese prevista la posterior constitución de la garantía».

Así pues, para que no se tribute por la constitución del derecho de garantía se precisa bien que el acto de constitución del préstamo sea simultáneo con el de la fianza o bien que en el otorgamiento del préstamo estuviese prevista la posterior constitución de la fianza. De no ser, así resulta de aplicación la regla general respecto de las transmisiones patrimoniales que se contiene en el artículo 7.1.b, del Texto de la Ley del Impuesto, sobre la sujeción al impuesto, en la modalidad de transmisiones patrimoniales, de la constitución de fianzas.

Tercero.—Expuesto el tratamiento general, es preciso centrarse en el examen particular de las circunstancias del caso, esto es, en la escritura de préstamo inicial, cuya cláusula decimotercera se encuentra reproducida en el acta complementaria de fecha 9 de agosto de 2007, otorga ante el Notario de Madrid, don Jaime Recarte Casanova, con el número 3252 de su protocolo. Más adelante veremos que la subrogación, novación y ampliación otorgada el 18 de julio de 2007 ante el Notario Jaime Recarte Casanova a favor de la sociedad INTERPRETART CENTRO EVALUACIÓN Y DESARROLLOS EXPOSITIVOS Y EDUCATIVOS no puede considerarse como un contrato nuevo a los efectos que aquí interesan.

Pues bien, en la escritura de préstamo promotor otorgada ante el Notario de Madrid don Martín María Recarte Casanova el día 20 de julio de 2004, número 2.545 de su protocolo, y en la posterior escritura de ampliación de préstamo hipotecario otorgada por la entidad Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, a favor de la sociedad Instituto Inmobiliario de Berna, S.L., otorgada el día 2 de noviembre de 2005 con el número 3.028 de protocolo, se contenía la cláusula que a continuación se reproduce literalmente:

«13.- OBLIGACION DE CONSTITUIR GARANTIAS. La parte prestataria o en su caso, quien se subrogue en la obligación del préstamo hipotecario, se obliga a aportar - a instancia de la Caja acreedora- garantías reales o personales constituidas por la misma o por un tercero, por vía de superposición de garantían unilateral o bilateral, sobre bienes de su propiedad, en aquellos supuestos en los que así lo hayan pactado las partes en la propia solicitud de la operación o de subrogación, o en otro documento separado».

Tal redacción no permite afirmar que en el préstamo inicial estuviese prevista la posterior constitución de la garantía.

Como se ve, el contenido de la previsión de aportar nuevas garantías, viene condicionada, esto hay que subrayarlo, al supuesto de que « así lo hayan pactado las partes en la propia solicitud de la operación o de subrogación, o en otro documento separado».

Y la secuencia de la condición (el supuesto) comienza en el sentido inverso al de la composición o estructura del texto, esto es, la hipótesis de partida o condición lo constituye el supuesto de que « así lo hayan pactado las partes en la propia solicitud de la operación o de subrogación, o en otro documento separado». Admitiendo que la expresión condicional, aunque redactada en pretérito perfecto, parece referida tanto a pactos pasados o previos como a convenciones futuras, en todo caso la obligación de aportar nuevas garantías no es más que la consecuencia de que así se haya pactado (anteriormente) o se pacte (en el futuro) en otro tiempo y en otros documentos distintos al del préstamo en que se contiene la cláusula examinada; y así, esos pactos distintos, constituyen el requisito y condición que debe satisfacerse para que surja la obligación de aportar garantías adicionales. De manera que su constitución, aunque mencionada en los términos indicados, en realidad no se encuentra «prevista» en la cláusula que analizamos y, por tanto, no se cumplen los requisitos para liquidar únicamente por el préstamo.

Cuarto.—Por otra parte, tampoco podemos asentir con la idea de la entidad recurrida de que la escritura de concesión del préstamo otorgada el 18 de julio de 2007 con subrogación, novación y ampliación de préstamo a favor de la sociedad INTERPRETART CENTRO EVALUACIÓN Y DESARROLLOS EXPOSITIVOS Y EDUCATIVOS por la que la sociedad compradora se subroga en el préstamo concedido a la vendedora INSTITUTO INMOBILIARIO DE BERNA, lo amplía, y se constituye un afianzamiento por Don Antonio y Doña Constanza, pueda ser considerada como un nuevo contrato.

La subrogación supone la modificación de un contrato ya existente al que, en principio, sólo se altera la identidad del sujeto obligado por el referido pacto, porque para que una obligación quede extinguida por otra que la sustituya, es preciso que así se declare terminante, o que la antigua y la nueva sean de todo incompatibles (artículo 1203 del Código Civil). Incluso si se amplía el importe del capital prestado, en todo lo demás, el nuevo deudor mantiene las mismas obligaciones que tenía el anterior prestatario por lo que siguen estando vigentes las cláusulas que dieron lugar a la constitución de aquel préstamo.

Así pues, en nuestro caso, los clientes de BANCAJA, a raíz de la subrogación, ocuparon en el negocio el lugar que había tenido la inicial prestataria, con sus mismos derechos y obligaciones, al que se añade la constitución de fianza personal.

Cuanto se viene razonando conduce a la desestimación del recurso.

Quinto.—De conformidad con el art. 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa no procede un especial pronunciamiento sobre las costas procesales causadas en esta instancia, al no apreciarse temeridad ni mala fe en ninguna de las partes.

Vistos los preceptos citados, así como los artículos 67 y siguientes de la Ley de esta Jurisdicción.


FALLAMOS


 
ESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Letrada de la Comunidad de Madrid, en representación de su Administración frente a la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, de fecha 23 de diciembre de 2009, recaída en el expediente 28/10153/08 en la reclamación deducida por Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante (BANCAJA) frente a la resolución del expediente de Devolución de Ingresos Indebidos n° 05/24888.9/08, relativo a la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados al n° de referencia 2007-T- 133405, anulando la resolución recurrida por no ser conforme al ordenamiento jurídico y sin hacer imposición de costas.

Esta sentencia es FIRME y NO cabe contra ella RECURSO ordinario alguno. Conforme dispone el art. 104 de la LJCA, en el plazo de diez días, remítase oficio a la Administración demandada, al que se acompañará el expediente administrativo y el testimonio de esta sentencia, a fin de que la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo. Hágase saber a la Administración que en el plazo de 10 días deberá acusar recibo de dicha documentación e indicar el órgano responsable del cumplimiento del fallo.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos lo pronunciamos mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Leída y publicada que ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado D. José Félix Martín Corredera, Ponente que ha sido para la resolución del presente recurso contencioso administrativo, estando celebrando audiencia pública esta Sección, de lo que, como Secretario de la misma, doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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