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Sentencia T.S.J. Madrid 1098/2013 de 17 de octubre


 RESUMEN:

ISD: Autoliquidaciones parciales. Escritura pública de partición y adjudicación de herencia. Valor real de los bienes y derechos. Devolución de ingresos indebidos. El impuesto de sucesiones no se ajusta a los principios constitucionales de capacidad económica, justicia e igualdad. Se desestima.

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Novena

C/ General Castaños, 1 - 28004

33009710

NIG: 28.079.33.3-2010/0152740

Procedimiento Ordinario 705/2010 *

Demandante: D./Dña. Adrian y D./Dña. Trinidad

PROCURADOR D./Dña. MANUEL SANCHEZ-PUELLES GONZALEZ-CARVAJAL

Demandado: Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid. Ministerio de Economía y Hacienda

Sr. ABOGADO DEL ESTADO

COMUNIDAD DE MADRID

LETRADO DE COMUNIDAD AUTÓNOMA

SENTENCIA No 1098

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN NOVENA (BIS)

Ilmos. Sres.

Presidente:

D. Francisco Gerardo Martínez Tristán

Magistrados:

D. José Luis Quesada Varea

D.ª Sandra María González de Lara Mingo

D. José Félix Martín Corredera

En la Villa de Madrid, a diecisiete de octubre de dos mil trece.

La Sala constituida por los Ilmos. Sres. Magistrados relacionados al margen ha visto el recurso contencioso administrativo n.º 705/2010 interpuesto por el procurador don Manuel Sánchez-Puelles González-Carvajal, en nombre y representación de don Adrian y doña Trinidad, contra las resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, de fecha 27 de enero de 210, dictadas en las reclamaciones NUM000 y NUM001, deducidas frente a las resoluciones del Director General de Tributos de la Comunidad Autónoma de Madrid recaídas en las solicitudes de devolución de ingresos indebidos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, expedientes NUM002 y NUM003.

Han sido partes demandadas, la Administración General del Estado representada y dirigida por el Abogado del Estado, así como la Administración de la Comunidad Autónoma de Madrid, representada y dirigida por Letrado de sus Servicios Jurídicos.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Admitido el recurso y previos los trámites oportunos se confirió traslado a la recurrente por término de veinte días para formalizar la demanda, lo que verificó mediante el oportuno escrito, en el que, tras exponer los hechos y alegar los fundamentos de derecho de aplicación, terminaba suplicando que se dicte sentencia por la que se declaren nulas las resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid dictadas el 27 de enero de 2010 y se acuerde la devolución a los recurrentes de los importes ingresados más los correspondientes intereses de demora.

Segundo.—El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 6 de abril de 2011, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia por la que se desestime el recurso contencioso administrativo interpuesto, confirmando en todas sus partes la legalidad de la resolución impugnada.

Por su parte, la Letrada de la Comunidad de Madrid, presentó su escrito en fecha 24 de mayo de 2011, en el que asimismo mostraba su oposición a la demanda, solicitando una sentencia por la que se desestime el recurso, con imposición de costas.

Tercero.—Evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, se señaló para la votación y fallo el día 15 de octubre de 2013, fecha en que ha tenido lugar.

Ha sido ponente el magistrado don José Félix Martín Corredera, quien expresa el parecer de la Sala.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—Con fecha 23-07-2003, don Adrian y doña Trinidad presentaron sendas autoliquidaciones parciales por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones correspondientes a la herencia de doña Marina, con unas cuotas tributaria de 51.812,69 y 49.345,42 euros, dando lugar a las liquidaciones NUM004 y NUM005. Posteriormente se otorgó escritura pública de partición y adjudicación de herencia, presentando autoliquidaciones con fecha 1-12-2003 e ingresando las cantidades de 106.344,09 y 101.280,02 euros. Casi cuatro años después, con fecha 26-11-2007, instaron la devolución de ingresos indebidos, solicitudes que fueron desestimadas por resolución de la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid en resoluciones de 11 de febrero de 2008, contra las que interpusieron reclamaciones económico administrativas en las que, en síntesis, alegaban que el impuesto de sucesiones no se ajusta a los principios constitucionales de capacidad económica, justicia e igualdad, por las diferencias territoriales y por falta de equidad en sentido vertical y horizontal, y que vulneraba además el principio de seguridad jurídica dado que la cantidad a pagar gira en torno a un parámetro indeterminado, como es el del concepto de valor real de bienes y derechos.

El Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid desestimó las reclamaciones con el razonamiento de que su competencia no alcanza a conocer la eventual inconstitucionalidad de las leyes reguladoras de los Tributos.

Así las cosas, se dirige el recurso contencioso administrativo contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, alegando con carácter general y abstracto que la Ley del Impuesto de sucesiones infringe los principios constitucionales de capacidad económica, igualdad y seguridad jurídica.

Segundo.—De entrada, cabe notar que la solicitud de la devolución de ingresos indebidos desestimada no se basa en ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 221 de la Ley General Tributaria.

Se impone notar igualmente que este Tribunal no podría dictar un pronunciamiento en el sentido solicitado, esto es, declarar nulas las resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid y acordar la devolución a los recurrentes de los importes ingresados. En su caso, procedería suspender la resolución y plantear cuestión de inconstitucionalidad del artículo 163 de la Constitución, pues los Tribunales sólo mediante el planteamiento de la cuestión pueden dejar de aplicar una norma con rango de Ley, al tiempo que el planteamiento de la cuestión, con arreglo al artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, es una decisión que corresponde adoptar al órgano jurisdiccional para el caso de dudar fundadamente acerca de la legalidad y constitucionalidad de determinada normativa aplicable al supuesto objeto de enjuiciamiento.

Pues bien, ni se nos solicita que planteemos la cuestión, ni apreciamos que haya razones para ello.

En primer lugar, no apreciamos que la regulación del impuesto sobre sucesiones y donaciones pueda infringir el principio de capacidad económica previsto en art. 31.1 C.E, pues recae sobre una manifestación de riqueza y pone de manifiesto una verdadera capacidad económica, entendida como incremento de la riqueza la disponible por el sujeto pasivo.

Tampoco advertimos que las posibles diferencias de fiscalidad originadas por las facultades normativas que en la materia, y por razones de autonomía financiera, ostentan las Comunidades autónoma sea contraria al principio de igualdad.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 26 octubre 2012 (recurso de casación 6745/2009) ha rechazado la posible inconstitucionalidad de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones de 18 de diciembre de 1987, por la discriminación entre el tratamiento fiscal de la sucesión de quienes residen en territorios de diferentes comunidades autónomas por las siguientes razones que ahora hacemos nuestras y reproducimos:

« [...] No podemos aceptar la fundamentación aducida en favor de la inconstitucionalidad de la ley estatal del Impuesto sobre Sucesiones.

Aunque el ejercicio de competencias normativas en materia del Impuesto sobre Sucesiones por parte de distintos poderes legislativos puede generar una distinta posición de los ciudadanos desde el punto de vista territorial, no por ello se infringe el principio de igualdad de los ciudadanos por razón del territorio.

En este sentido, el Tribunal Constitucional distingue, de un lado, los planos en que actúa el principio de igualdad del art. 14 de la Constitución Española y, de otro, el alcance de las reglas constitucionales que limitan las divergencias del ejercicio por los poderes legislativos de sus competencias, para conseguir una determinada uniformidad normativa en todo el territorio, y preservar una posición igual de los ciudadanos, más allá de las diferencias de régimen jurídico por el legitimo ejercicio de la autonomía ( STC 122/1988 ).

Con relación a la primera cuestión; el Tribunal Constitucional ha señalado que el ámbito propio del principio de igualdad consagrado en el art. 14 de la Constitución Española , prohíbe que las normas establezcan unas diferencias no razonables o arbitrarias entre los sujetos a un mismo legislador, pero que la divergencia entre normas que emanan de poderes legislativos distintos no puede dar lugar a una pretensión de igualdad, aunque sí a otro tipo de controversia constitucional ( STC 319/93, 27 de octubre ).

Por tanto, para el Tribunal Constitucional, el principio de igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles en cualquier parte del territorio nacional no puede ser interpretado con rigurosa uniformidad del Ordenamiento sino es la necesidad de garantizar la igualdad en el ejercicio de tales derechos lo que mediante la fijación de unas condiciones básicas impone un límite a la diversidad de posiciones jurídicas.

Estos límites son para el Tribunal Constitucional, por una parte, la necesaria igualdad básica en todo el territorio nacional del régimen de los derechos constitucionales en sentido estricto (de los emanados del Capítulo II, Título I, arts. 53.2 CE ).

De otro, las competencias exclusivas legislativas o simplemente de legislación básica que el Estado tiene atribuidas por las diferentes reglas del art. 149.1 donde el constituyente ha reflejado el diferente grado de homogeneidad que quedará preservada en cada una de las materias enunciadas en dicho artículo [...]».

Por último, tampoco advertimos que la expresión «valor real» de los bienes y derechos que se utiliza en el artículo 9 de la Ley del Impuesto para determinar el valor neto de la adquisición, que constituye la base imponible del impuesto, vulnere el principio de seguridad jurídica.

Ha de llamarse la atención sobre la circunstancia de que los recurrentes no aducen en ningún momento que la Administración haya desconocido la valoración fijada a los bienes en la aplicación de otros impuestos.

Es verdad, como se reconoce en la Sentencia Tribunal Constitucional de 19 de julio de 2000 que el "valor real".es una magnitud indeterminada, en tanto que ni determina qué debe entenderse por valor real, ni especifica los parámetros que deben emplear en todo caso los sujetos pasivos del ITP para determinarlo, razón por la cual las discrepancias en relación con la valoración de los bienes y derechos no sólo son lógicas y razonables, sino incluso frecuentes".

Sin embargo, que el valor real no venga determinado en las normas tributarias, ello no infringe el principio de seguridad, pues viene equiparado al valor de mercado, que se puede definir como aquel precio que estaría dispuesto a pagar un comprador independiente en condiciones normales de mercado, y así lo ha venido declarando la jurisprudencia.

Así pues, procede desestimar el recurso.

Tercero.—De conformidad con el art. 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa no procede un especial pronunciamiento sobre las costas procesales causadas en esta instancia, al no apreciarse temeridad ni mala fe en ninguna de las partes.

Vistos los preceptos citados, así como los artículos 67 y siguientes de la Ley de esta Jurisdicción.


FALLAMOS


 
DESESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por don Adrian y doña Trinidad contra las resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, de fecha 27 de enero de 210, dictadas en las reclamaciones NUM000 y NUM001 deducidas frente a las resoluciones del Director General de Tributos de la Comunidad Autónoma de Madrid recaídas en los expedientes de devolución de ingresos indebidos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Sin costas.

Esta sentencia es FIRME y NO cabe contra ella RECURSO ordinario alguno. Conforme dispone el art. 104 de la LJCA, en el plazo de diez días, remítase oficio a la Administración demandada, al que se acompañará el expediente administrativo así como el testimonio de esta sentencia, y en el que se hará saber que, en el plazo de 10 días, deberá acusar recibo de dicha documentación; recibido éste, archívense las actuaciones.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos lo pronunciamos mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Leída y publicada que ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado D. José Félix Martín Corredera, Ponente que ha sido para la resolución del presente recurso contencioso administrativo, estando celebrando audiencia pública esta Sección, de lo que, como Secretario de la misma, doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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