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Sentencia T.S.J. Madrid 1056/2013 de 11 de octubre


 RESUMEN:

ISD: Liquidación. Base imponible. Reducción por adquisición de vivienda habitual. Exención. Intereses de demora. Se estima parcialmente.

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Novena

C/ General Castaños, 1 - 28004

33009750

NIG: 28.079.33.3-2010/0153277

Procedimiento Ordinario 736/2010 *

Demandante: D./Dña. Eulogio y D./Dña. Marisa

PROCURADOR D./Dña. CAROLINA PEREZ-SAUQUILLO PELAYO

Demandado: Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid. Ministerio de Economía y Hacienda

Sr. ABOGADO DEL ESTADO

SENTENCIA No 1056

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN NOVENA (BIS)

Ilmos. Sres.

Presidente:

D. Francisco Gerardo Martínez Tristán

Magistrados:

D. José Luis Quesada Varea

D.ª Sandra María González de Lara Mingo

D. José Félix Martín Corredera

En la Villa de Madrid, a once de octubre de dos mil trece.

La Sala constituida por los Ilmos. Sres. Magistrados relacionados al margen ha visto el recurso contencioso administrativo n.º 736/2010 interpuesto por la procuradora doña Carolina Pérez-Sauquillo Pelayo, en nombre y representación de doña Marisa y don Eulogio, contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, de fecha 5 de febrero de 2010, en la reclamación económico administrativa NUM000, interpuesta por don Eulogio contra la liquidación NUM001, practicada por la Oficina Liquidadora de Algete (Madrid) al expediente NUM002.

Han sido partes demandadas, la Administración General del Estado representada y dirigida por el Abogado del Estado, así como la Administración de la Comunidad Autónoma de Madrid, representada y dirigida por Letrado de sus Servicios Jurídicos.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Admitido el recurso y previos los trámites oportunos se confirió traslado a la recurrente por término de veinte días para formalizar la demanda, lo que verificó mediante el oportuno escrito en el que tras exponer los hechos y alegar los fundamentos de derecho de aplicación, terminaba suplicando que se dicte sentencia declarando no ser conforme a derecho la resolución administrativa impugnada dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid con fecha 5 de febrero de 2010 en el que se desestima la reclamación económica- administrativa interpuesta contra la liquidación NUM001, practicada por la Oficina Liquidadora de Algete (Madrid) al expediente NUM002, y en consecuencia se anule, procediéndose al recálculo de la liquidación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones conforme a los cálculos efectuados por los recurrentes en la autoliquidación presentada aplicando reducción por adquisición de vivienda habitual en la cantidad de 122.000,00 €.

Segundo.—El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 23 de febrero de 2011, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia desestimatoria del recurso con plena confirmación de la legalidad de la resolución recurrida.

Por su parte, el Letrado de la Comunidad de Madrid, presentó su escrito en fecha 6 de mayo de 2011 en el que asimismo mostraba su oposición a la demanda, solicitando una sentencia desestimatoria del recurso.

Tercero.—No habiéndose solicitado el recibimiento a prueba, ni el trámite de conclusiones y no considerándolo necesario la Sala, se declaró concluso el procedimiento, quedando pendiente de señalamiento cuando por turno le correspondiera.

Cuarto.—Para la votación y fallo se señaló el día 8 de octubre de 2013, fecha en la que tuvo lugar.

Ha sido ponente el magistrado don José Félix Martín Corredera, quien expresa el parecer de la Sala.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—Se dirige el presente recurso, interpuesto por doña Marisa y don Eulogio contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, de fecha 5 de febrero de 2010, en la reclamación económico administrativa NUM000, interpuesta por don Eulogio contra la liquidación NUM001, practicada por la Oficina Liquidadora de Algete (Madrid) al expediente NUM002.

Las discrepancias de los recurrentes contra las liquidaciones practicadas se centran en dos aspectos.

Por una parte, en el importe que ha de reducirse de la base imponible en concepto de adquisición de la vivienda habitual de la persona fallecida, contemplada en el artículo 3 de la Ley autonómica 5/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

Y por otra parte, en la improcedencia de exigir intereses de demora por el periodo comprendido entre la presentación de la autoliquidación y la práctica de la liquidación por la Administración.

Segundo.—Ya anticipamos, que la discrepancia de los recurrentes en orden al importe de la deducción en concepto de adquisición de la vivienda habitual del causante no puede ser acogida y parte de una evidente confusión al interpretar el artículo 3 de la Ley autonómica 5/2004, de Medidas Fiscales y Administrativas, que se ocupa, conviene tenerlo presente, de las reducciones que han de practicarse a la base imponible para obtener la base liquidable.

Los particulares del apartado Uno, letra c/ de dicho precepto que ahora nos interesan son los siguientes:

«c)En los casos en los que en la base imponible de una adquisición «mortis causa» que corresponda a los cónyuges, descendientes o adoptados de la persona fallecida, estuviese incluido el valor de una empresa individual, de un negocio profesional o participaciones en entidades a los que sea de aplicación la exención regulada en el apartado octavo, del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, o de derechos de usufructo sobre los mismos, para obtener la base liquidable se aplicará en la base imponible, con independencia de las reducciones que procedan con arreglo a los apartados anteriores, otra del 95 por 100 del mencionado valor neto, siempre que la adquisición se mantenga, durante los cinco años siguientes al fallecimiento del causante, salvo que falleciese el adquirente dentro de este plazo.

(...)

Del mismo porcentaje de reducción, con el límite de 122.000 euros para cada sujeto pasivo y con el requisito de permanencia señalado anteriormente, gozarán las adquisiciones «mortis causa» de la vivienda habitual de la persona fallecida, siempre que los causahabientes sean el cónyuge, ascendientes o descendientes de aquél, o bien pariente colateral mayor de sesenta y cinco años que hubiese convivido con el causante durante los dos años anteriores al fallecimiento».

Como la vivienda habitual del causante ha sido valorada en la cantidad de 210.904,00 € y los ahora recurrentes adquieren a título de herencia su 82,97% (el 17,30 % restante se adjudicó a la viuda, en pago de su participación en la sociedad de gananciales) el valor transmitido, a incluir en la base imponible, es de 174.987,05 euros. Para obtener la base liquidable ha de aplicarse el porcentaje del 95% de ese valor, con lo que se obtiene la cantidad de 166.237,70 €. Al ser dos los herederos esa cantidad, debe imputarse proporcionalmente a cada uno de ellos.

El error en que se han instalado los recurrentes se produce al dar un paso más, pues consideran que como el importe reducido que opera en la base liquidable de cada uno de ellos, es inferior a 122.000 €, establecido como límite de la reducción, entonces procede aminorar, por ese concepto, la cantidad de 122.000, 00 € en cada una de las liquidaciones.

Ocurre, por el contrario, que si la cantidad a minorar de la base imponible por ese concepto es inferior al límite de la reducción, como aquí ocurría, ese límite no operar. No es más que una doble limitación, secuencial, de manera que únicamente en el caso de que la reducción resultante fuera superior a 122.000 euros, lo que no ocurre en el caso considerado, habría que reducirla hasta 122.000 euros.

Tercero.—En cuanto a la aplicación de los intereses de demora, consideran los recurrentes que son totalmente improcedentes al no resultar de recibo que habiéndose realizado la autoliquidación dentro del plazo de los seis meses legalmente establecido por la norma reguladora del Impuesto de Sucesiones - 12 de julio de 2006- se pretendan repercutir unos intereses de demora como consecuencia de la inactividad de la Administración, o mejor dicho de la actividad tardía. El hecho de que la Oficina Liquidadora haya tardado tres años y medio en comprobar la autoliquidación practicada, se añade, no puede suponer una imputación de mayores intereses a los sujetos pasivos, pues dicha labor depende exclusivamente de la Administración, sin intervención alguna de mis patrocinados quienes presentaron la autoliquidación en tiempo y forma y calcularon la cuota tributaria devengada conforme a la legislación aplicable.

En este punto, ha de darse la razón a los recurrentes

La doctrina del Tribunal Supremo ha venido declarando que no procede el devengo de intereses de demora a favor de la Administración Tributaria por la diferencia entre la cantidad ingresada y la resultante de la liquidación administrativa posterior a los supuestos de expedientes de comprobación de valores cuando se acude procedimiento de declaración-autoliquidación opcional. Esta doctrina se contiene en las sentencias del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 2002 (recurso de casación 9874/1997, 14 de septiembre de 2012 (recurso de casación 265/2010) y las posteriores de 12 de julio de 2012 (RCUD 90/2009), 14 de septiembre de 2012 (RCUD 265/2010) y 17 de septiembre de 2012 (RCUD 414/2010). La clave de este criterio estriba en la siguiente argumentación: en aquellos impuestos en los que sea posible optar por la liquidación administrativa o por la autoliquidación para el pago, si el contribuyente declara los hechos correctamente, los valora acertadamente, aplicando alguno de los medios de comprobación, contemplados y admitidos por el artículo 52 de la Ley General Tributaria, y practica la correspondiente autoliquidación, pero la Administración entiende, de conformidad con una pura y simple diferencia interpretativa, que debe corregir dicha autoliquidación, no cabe exigir intereses de demora, porque tanto se siga el procedimiento de declaración administrativa, como el de declaración - autoliquidación, el tiempo que transcurra hasta la liquidación, en el primer caso, o hasta la liquidación provisional de rectificación en el segundo, ha de conceptuarse como supuesto similar al de "mora accipiendi". Y es que, según el Tribunal Supremo, no puede aislarse el procedimiento de declaración administrativa opcional, de su alternativa de declaración - autoliquidación, pues si el contribuyente hubiera optado por el primero no habría realizado ingreso alguno hasta que la Administración Tributaria le practicara la liquidación, y supuesto a efectos dialécticos el mismo plazo, el contribuyente no tendría que pagar interés de demora alguno, y por una razón de elemental congruencia, tampoco tiene que pagarlo cuando opta por el procedimiento de declaración - autoliquidación, más favorable para la Administración Tributaria.

Cuarto.—De conformidad con el art. 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa no procede un especial pronunciamiento sobre las costas procesales causadas en esta instancia, al no apreciarse temeridad ni mala fe en ninguna de las partes.

Vistos los preceptos citados, así como los artículos 67 y siguientes de la Ley de esta Jurisdicción.


FALLAMOS


 
ESTIMAR PARCIALMENTE el recurso contencioso administrativo interpuesto por doña Marisa y don Eulogio, contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, de fecha 5 de febrero de 2010, en la reclamación económico administrativa NUM000, en la reclamación interpuesta por don Eulogio contra la liquidación NUM001, practicada por la Oficina Liquidadora de Algete (Madrid) al expediente NUM002, anulando la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid recurrida, así como la liquidación en el único particular extremo relativo a los intereses de demora, que deben ser excluidos de la liquidación. Sin costas.

Esta sentencia es FIRME y NO cabe contra ella RECURSO ordinario alguno. Conforme dispone el art. 104 de la LJCA, en el plazo de diez días, remítase oficio a la Administración demandada, al que se acompañará el expediente administrativo y el testimonio de esta sentencia, a fin de que la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo. Hágase saber a la Administración que en el plazo de 10 días deberá acusar recibo de dicha documentación e indicar el órgano responsable del cumplimiento del fallo.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos lo pronunciamos mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Leída y publicada que ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado D. José Félix Martín Corredera, Ponente que ha sido para la resolución del presente recurso contencioso administrativo, estando celebrando audiencia pública esta Sección, de lo que, como Secretario de la misma, doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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