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Sentencia T.S.J. Cantabria 425/2013 de 29 de mayo


 RESUMEN:

Despido objetivo: Causa económica. Jurisprudencia del TS. Causa real, suficiente y actual, justificadora del despido. Indemnización: Falta de liquidez.

En Santander, a 29 de mayo de 2013.

PRESIDENTE

Ilmo. Sr. D. Rubén López Tamés Iglesias

MAGISTRADAS

Ilma. Sra. D.ª Mercedes Sancha Saiz

Ilma. Sra. D.ª M.ª Jesús Fernández García (PONENTE)

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de suplicación interpuesto por D. Lucio, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social Núm. Dos de Santander, ha sido Ponente la Ilma. Sra. D.ª M.ª Jesús Fernández García, quien expresa el parecer de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Que según consta en autos se presentó demanda por D. Lucio, siendo demandado Francis 2 Construcción y Montaje de Carrozas S.L., sobre despido, y que en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de referencia en fecha 5 de diciembre de 2.012, en los términos que se recogen en su parte dispositiva.

Segundo.—Que como hechos probados se declararon los siguientes:

1.º.- El actor, Lucio, ha venido prestando sus servicios para la empresa demandada, Francis-2 Construcción y Montaje de Carrozas, SL, con antigüedad desde el 10 de enero de 2007, ostentando la categoría profesional de Oficial 1.ª y percibiendo un salario bruto mensual de 1.329,57 euros incluida la parte proporcional de pagas extras.

2.º.- Mediante carta fechada el 9 de julio de 2012, la empresa demandada comunica al actor lo siguiente:

"Muy Sr. Mío:

Por la presente le comunicamos que en virtud de lo establecido en el art. 52.c) del Estatuto de los Trabajadores, hemos tomado la decisión de rescindir su contrato de trabajo por causas económicas.

Tal decisión se fundamenta en los siguientes hechos:

La situación de crisis generalizada existente, está repercutiendo en todos los sectores y en el nuestro de manera especial.

Como usted bien sabe, el número de clientes, desgraciadamente, ha bajado ostensiblemente, y ello trae consigo un descenso importante de ingresos. Los tres últimos años han sido especialmente duros, lo cual nos ha llevado a una situación claramente negativa, como se desprende del hecho de que en el año 2009 los resultados daban unas pérdidas de 20.012,12 euros, estos números dieron paso a unas pérdidas en 2010 de 2.414,46, y en el año 2011 las pérdidas ascienden a 33.812,69 €.

Igualmente se observa la preocupante situación en el descenso de las ventas que han pasado de 824.195,78 € en el año 2010 a 588.758,52 € en el 2011.

En el primer semestre de 2012 el importe de las facturas emitidas asciende a 201.521,26€, lo que supone un descenso del 43,50% respecto al primer semestre del año 2011.

En definitiva, si se quiere optar por buscar la viabilidad de la empresa, es necesario asumir la imposibilidad de mantener el nivel de la plantilla actual debido a las causas anteriormente relacionadas. Ante la previsión de que es imposible aumentar los ingresos con mayores ventas - dada la situación económico-social actual - sólo queda buscar acciones para minorar los costes fijos y adecuar los mismos a su verdadera dimensión, de forma que los costes fijos vayan en consonancia con los ingresos regulares de la actividad, y todo ello con el fin primordial de salvar esta situación crítica que esperamos no sea definitiva. Es por ello que nos vemos en la necesidad de amortizar el puesto de trabajo que usted realiza en la actualidad.

Se le comunica que dispone, en las oficinas, de la información acreditativa de la situación descrita.

Por las razones expuestas, nos vemos en la obligación de amortizar su puesto de trabajo y, consecuentemente, extinguir su relación laboral con esta empresa, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52 c) del Estatuto de los Trabajadores.

La relación laboral quedará extinguida con fecha de hoy 9 de julio de 2012. Dado que no se le concede el plazo de preaviso de 15 días, este se le calculará para serle abonado junto a la liquidación.

Simultáneamente a la entrega de esta comunicación escrita, le comunicamos que le corresponde una indemnización de 20 días de salario por año de servicio. Siendo su antigüedad en la empresa desde el 10/01/2007 y su salario base diario de 44,32 €, dicha indemnización asciende a la cantidad de 4.875,20 €.

No obstante, conforme al art. 53.1.fr) párrafo 2° ET, debido a la falta de liquidez que sufrimos en este momento, la empresa no puede poner a su disposición, en este mismo acto de entrega del presente documento, la indemnización que marca la Ley.

Sin otro particular atentamente,"

3.º- Las cifras de importe neto de la cifra de negocios, resultado del ejercicio, activo corriente y pasivo corriente de la empresa en los ejercicios 2009, 2010 y 2011 fueron las siguientes:

Importe neto de la cifra de negocios

Resultado del Ejercicio

2009

732.145 €

-20.012 €

2010

824.195 €

-2.414 €

2011

588.758 €

-33.812 €

Primer trimestre:

139.618 euros. Segundo trimestre: 31.162 euros

Tercer trimestre: 49.80 euros.

A fecha del despido la empresa era titular de cuentas corrientes en las entidades la Caixa, Caja Cantabria y Bankinter y Santander cuyos saldos eran respectivamente, 0 euros, -10.857 euros, 33.541 euros, (en concepto de préstamo) y -179,72 euros.

En el primer semestre del año 2012 las pérdidas ascienden a 35.660,08 euros.

4.º- No ha ostentado el actor cargo de representación sindical.

5.º- El 27 de julio de 2012 se celebró el preceptivo acto de conciliación ante el Orecla que se tuvo por intentado Sin Efecto.-

Tercero.—Que contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación por la parte demandante, siendo impugnado por la parte contraria, pasándose los autos al Ponente para su examen y resolución por la Sala.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—La sentencia de instancia desestima la demanda planteada y declara la procedencia del despido objetivo comunicado al actor, mediante carta de fecha 9 de julio de 2012, con efectos desde la misma fecha, por causa de descenso en el número de clientes, facturación e ingresos que detalla en el ordinal segundo. En los datos que explicita los últimos años, hasta el primer semestre de 2012, anterior al despido comunicado, en busca de la viabilidad de la empresa, ajustando la plantilla actual para minorar los costes fijos y adecuar la misma a la verdadera dimensión empresarial, en consonancia con los ingresos regulares de la activad, y para salvar la situación crítica padecida. Y, que por falta de liquidez, no pone a disposición del empleado la indemnización resultante. Siendo las cifras de negocio que estima probadas las declaradas en el ordinal tercero, con el resultado negativo que indica, hasta el tercer trimestre del año 2012; pues, la empresa cumple con los requisitos y acredita la concurrencia de la causa económica, así como de iliquidez, dado el importe de saldo de cuentas corrientes y certificado a fecha del despido. Teniendo, además, en cuenta que el resultado en 2011, del pasivo corriente, ya, superaba el activo. En sentido análogo a lo declarado por el Juzgado Social núm. 1 en sentencia de 27-11-2012, relativo a despido comunicado a otra trabajadora de la misma empresa.

Frente a esta decisión formula recurso de suplicación la representación letrada del actor con amparo procesal en la letra b) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, pretendiendo la modificación del ordinal primero, en atención al Convenio Colectivo del Siderometal de Cantabria, obrante como documento núm. 6 de los aportados al juicio oral; en el que, en su anexo 1.º, se indica los códigos CNAE de 2009, respecto de las empresas comprendidas en su ámbito. E, impuesto de sociedades de la demandada, obrante en su ramo de prueba, correspondiente al 2009, en el que se señala que el código CNAE es el 3299: "otras industrias manufactureras". Epígrafe y actividad que -pretende-, está comprendido en el citado anexo. Y, en atención a las mismas, propone la redacción siguiente:

"Es de aplicación a la relación entre las partes el Convenio Colectivo de la Industria Siderometalúrgica de Cantabria."

La parte impugnante del recurso, se opone por no fundarse en prueba documental indubitada; pero también, porque en la demanda no consta, la pretensión de la aplicación de éste u otro convenio, y en su caso, debió tildar a la sentencia de incongruencia omisiva. Dejando claro, en el juicio oral, el magistrado de instancia que no iba a entrar en el tema, frente a lo que no protestó. Y, por cuestiones de fondo, remitiendo el citado convenio a la actividad principal, en casos discrepancia, derivada del encuadramiento del epígrafe de CNAE. Cuando la actividad principal y única de la demanda es la fabricación y alquiler de carrozas y elaboración de muñecos, maniquíes y decoración de polispan para dichas carrozas, así como, decoración de bares. Lo que -afirma-, la misma sentencia de JS 1 a que remite la recurrida, declara en su fundamento de derecho quinto, por lo que rechaza la aplicación del citado convenio, debido a dicha actividad principal de la demandada.

En primer lugar debe hacerse constancia, a la oposición del impugnante a que se analice este motivo del recurso, pero también implicado en la revisión fáctica propuesta, que se están mezclado cuestiones fácticas y jurídicas. Así, aunque este motivo del recurso se funde en el convenio colectivo, el mismo (y la pretensión revisora fáctica), siendo el objeto de la revisión propuesta la adición del precepto del Convenio regional sectorial, que pretendidamente afecta a las relaciones laborales entre los litigantes. Tratándose de normas colectivas, debidamente publicadas en el Boletín Oficial correspondiente, no es preciso que conste en el relato fáctico, ya que es normativa, aun con el citado origen colectivo, que debe ser conocida y aplicada por Jueces y Tribunales. Así, con independencia de su carácter normativo u obligacional, no es necesario que se recoja en los hechos probados, para proceder a su análisis o interpretación en los fundamentos de derecho (STS, Sala 4.ª, de fecha 10-11-2006, rec. 130/2005, EDJ 2006/358976).

Lo pretendido, claramente, por la parte recurrente es la aplicación de un Convenio, el del Metal para Cantabria. Que pese a no suscitarse explícitamente en demanda y rechazarse en el juicio oral, se trata de una cuestión esencial al proceso por despido planteado, una de cuyas características, por ejemplo, es que debe fijar el salario regulador de los efectos de despido, en aplicación de lo establecido en el art. 104.a) de la LRJS, que de ello puede depender. Estando la recurrida al deducido del contrato y nóminas del trabajador a tal efecto. Por lo tanto, ni viene constreñido a que se requiera en demanda la fijación de un determinado convenio, ni la sentencia es incongruente, pues, en definitiva rechaza cualquier circunstancia laboral que no se deduzca del contrato y relación existente entre los litigantes, como las nóminas abonadas.

Ahora bien, si lo que se cuestiona, es solo, genéricamente, sin concreción alguna en el resto del recurso, sobre cualquiera circunstancia de las expresadas en el art. 104 de la LRJS. La revisión propuesta, no es posible ser atendida, por referirse a una norma colectiva, cuya aplicación o no, es más propia de la revisión jurídica de normas. Y, por otro lado, por carecer de efectos al recurso formulado. Razones por las que es inatendible.

Por más que, en la sentencia de referencia aportada a la litis del JS 1 de fecha 27-11-2012, objeto de recurso de suplicación núm. 239/2012, confirmada en tal aspecto por sentencia de esta sala de fecha 17-5-2013, se analiza esta cuestión; y, se llega a la conclusión de la no aplicación del mencionando convenio, a la misma empresa, relativo al objeto de actividad que pretende la parte impugnante del recurso.

Segundo.—Siguiendo con la revisión fáctica propuesta por la parte recurrente, lo que funda de la comparación entre el contenido de la carta de despido, referente a la facturación del primer semestre de 2012 (201.521,26 €), con la contabilidad de la empresa, como doc. 10 de los aportados por la demandada, que tan solo alcanza 170.870 €. Alude también a la falta de coincidencia de los datos relativos a ventas del ejercicio 2011 (588.758 €), con las facturas aportadas por la empresa (790.689 €), con una diferencia de 201.931 €. Al igual que las diferencias en ventas, del año 2012, consignadas en la carta (824.195 €), con la facturación aportada (963.558 €). Y que, si bien, existen unas pérdidas de 33.812 € para el ejercicio 2011, según la mercantil demandada y su contabilidad; pretende que, también, constan ingresos de 138.000 €, pendientes de cobro en el mismo ejercicio. Afirmando que no se consigna por la demandada, en contabilidad, ni en interrogatorio de parte, el lugar en que se contabilizan ventas de carros o plataformas de carrozas. Ventas negadas en principio, pero después aceptadas. Como que, tampoco, se consigna, en ingresos, los premios logrados en el ejercicio de la actividad de construcción de carrozas a que se dedica la demandada, que reconoce son habituales estos premios metálicos; en concreto, en los años 2011 y 2012. No siendo los tres trimestres de 2012, sino el último de 2011 y los dos primeros de 2012, los que deben ser considerados en el litigio, dada la fecha del despido.

En concreto, citando los documentos 67 a 78 de las actuaciones, consistentes en declaración de impuesto sobre sociedades de la demandada, también alude a facturas correspondientes al año 2011, y afirma que parte de ellos se refiere a servicios realizados en el año 2012. Con la pretendida intención de manipular la contabilidad del año 2012, dando apariencia de haber facturado una cantidad inferior a los últimos trimestres del año 2011. Así -afirma-que se facturan, en 2011, 166.105 €, correspondientes a trabajos a realizar en el año 2012 (factura 60/2011, de 14/11/11), relativo a cabalgata a realizar el día 5/1/2012, con dos meses de antelación.

De ello deduce la redacción del ordinal fáctico tercero del siguiente tenor literal:

"La mercantil demandada alude en su carta de despido, únicamente al primer semestre de 2012, como referencia para acreditar una disminución de facturación consignando en dicha carta unas cifras que no concuerdan con la facturación aportada por esta a la vista oral.

Que en la facturación y contabilidad aportada por la empresa, no aparecen recogidos todos los ingresos de la empresa, no constando en la misma ni la venta de plataformas de carrozas ni los premios obtenidos en la actividad desarrollada por la empresa.

Que la empresa factura en el último trimestre de 2011 trabajos a realizar en el primer trimestre de 2012 por importe de 166.105 €".

Ahora bien, la parte recurrente parte de un relato fáctico en la recurrida, que no consta. Tal como que se realizan trabajos en 2012, facturados en 2011. Y, no teniendo acceso al extraordinario recurso de suplicación el conjunto de lo actuado, en especial, el resultado del interrogatorio de partes. Lo que no evidencian los documentos que cita, es error del magistrado de instancia en la valoración conjunta de la tributaria, contable y facturación, de los dos documento de los años 2011 y 2012, que cita, sobre su conclusión respecto al resultado negativo del negocio que concluye. Así, la mera remisión de facturas y la carta, no justifica, dicho error. En primer lugar, pues su emisión no implica que haya sido abonadas en su totalidad (admitiendo incluso, en el motivo siguiente que los impagos persisten), por lo que no afecta a la liquidez ni a la viabilidad empresarial. Y su remisión a entrega de trabajos posterior, no implica que no se haya realizado y facturado, e incluso, cobrado, con anterioridad; pudiendo responder ello a la realidad de la actividad facturada, que se ejecuta anticipadamente a la fecha de entrega y exhibición de la carroza. Siendo una mera conjetura de parte la falsedad documental que propone, que además, no puede ser declarada en este orden jurisdiccional, por prejudicialidad penal.

En cuanto a los defectos de la carta con relación al art. 52.c) y 53 del ET, nuevamente, se trata de una cuestión jurídica y no fáctica. Por más que la trascrita carta, en el ordinal segundo, no alude, no ya a los tres trimestres de 2012 (el despido se produce en julio de 2012, luego solo puede referirse a los dos primeros, aunque el relato fáctico incluya resultados posteriores al despido y anteriores al juicio oral en el análisis de previsiones de futuro de la vigente normativa), sino que contempla y da por probados, los datos oportunos desde el año 2009. Con relación a la prueba practicada también alusiva, como el relato fáctico de la recurrida, del ordinal tercero, que contempla facturación desde 2009, y, su descenso en los años siguientes, comparativamente con los anteriores.

Y, ponderando el resultado negativo durante los tres trimestres de 2012 (la prueba se extiende a las previsiones de futuro de la carta), y al resultado pasivo corriente que, ya en 2011, se declara es superior al activo corriente; luego, negativo. Siendo, en concreto, el pasivo corriente de 352.389 € menos 320.582 €, de activo corriente, con un resultado negativo declarado probado, este año 2011, de 31.807 €. Que a su vez, debe ponerse en relación a otros resultados declarados probados, como impagos que se vienen arrastrando desde anualidades anteriores, créditos a largo plazo, deudas sociales.... Suficientes, sumado a las que arrastra de ejercicios anteriores, que continúan en el 2012, incluso tras el despido en el tercer trimestre, al despido objetivo comunicado. Y, ninguna de las documentales que cita, por sí sola (como precisa el recurrente), evidencia error del magistrado de instancia, sin hipótesis, en tal conclusión, en el hecho declarado probado tercero.

Frente a la impugnada declaración genérica de este ordinal, relacionando el contenido de la carta comunicada y la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida, se deduce que lo probado, no es más que lo expresado con detalle en la carta de despido. Esto es, que la amortización del puesto de trabajo del actor, se debe a la causa económica notificada. O, lo que es lo mismo, un descenso relevante en la facturación y ventas que se viene produciendo desde el año 2009, hasta el mes de julio de 2012, en que se produce el despido y la prevista, incluso, en el trimestre posterior, en proporción a lo constatado en la carta notificada, y suficiente a la amortización acordada. Lo que se relaciona con la situación también, de impagos, de lo ya facturado. En la que, incluso, le falta liquidez para afrontar el importe de la indemnización debida, se declara probada.

En definitiva, es claro que la parte recurrente pretende que no se ha acreditado en la instancia, suficientemente, la causa del despido objetivo que se notifica. Pero, contrariamente a lo expuesto, la sentencia recurrida, sí considera probados tales datos, valorando en atención a la facultad reconocida en el art. 97.2 de la LRJS, la globalidad de la practicada (incluido la interrogación de parte, que no tiene acceso al recurso interpuesto). Sin que pueda accederse, por no constar documental fehaciente en que se funda, que los datos económicos son otros que los, en ella, expuestos (por referencia los expresados en la carta notificada, contabilidad, facturación, declaración del impuesto de renta de sociedades y liquidaciones de IVA).

Al enjuiciar el cumplimiento de los requisitos de admisión del recurso de suplicación debe tenerse presente que éste no es un recurso de apelación ni una 2.ª instancia, sino un recurso extraordinario, de objeto limitado, en el que el Tribunal "ad quem" no puede valorar "ex novo" toda la prueba practicada ni revisar el Derecho aplicable, sino que debe limitarse a las concretas cuestiones planteadas por la parte recurrente que, por ello mismo, debe respetar una serie de requisitos formales impuestos por la ley y concretados por la jurisprudencia (ATC, Sala 2.ª, sec. 4.ª, de 28-4-1999, n.º 104/1999, rec. 903/1997, EDJ 1999/6938; y STC, Sala 2.ª, de 18-10-1993, n.º 294/1993, rec. 3005/1990, BOE 268/1993, EDJ 1993/9179, entre otras numerosas).

En atención al precepto que funda el recurso y el art. 196.3 de la LRJS, para que prospere este motivo del recurso, es necesario que documento o pericia evidencien, sin necesidad de análisis ni conjeturas error evidente del Juzgador en el relato impugnado. Y, a tal efecto, no es suficiente la valoración parcial de la parte recurrente de la misma actividad documental y contable, de la demandada, que solo es valorable en la instancia, ni la declaración de partes. Así, en primer lugar, de su propia argumentación en la que admiten datos que no impugna, desde el año 2009, constan pérdidas de la empresa. Es una mera alegación de parte que no se han computado determinados ingresos (venta de plataformas, premios), que ninguna de las documentales que cita, prueban su realidad ni su imputación al periodo computado. Incluso, atendiendo exclusivamente a la facturación que pretende por declaración de sociedades del año 2009 (como liquidación trimestral de impuesto del IVA), acredita pérdidas de 20.012,12 €, luego, también, ha sido continuamente decreciente, e influye en la necesidad años más tarde de amortizar puestos de trabajo. Incluido el año 2010, ya que, seguidos los folios a los que cita (en concreto en 84 de las actuaciones), relativo al impuesto de sociedades del año 2010, parte de cuyo documento cita la parte recurrente, también, en este ejercicio se declaran pérdidas por importe de 2.414,46 €. De importe inferior al resto de anualidades, pero igualmente negativo.

Y, lo que no se deduce es un incremento significativo de ventas o facturación, en ninguno de los ejercicios siguientes. Por más que, dicha liquidación, no implique el cobro de una determinada factura, ni su imputación o no, a trabajos de un ejercicio por otro.

Por lo que, dado que ponderando la facturación de años anteriores, ya estamos ante una menor actividad y resultado negativo del negocio, en modo alguno, cabe atender al relato propuesto.

El art. 53.1 y concordantes del ET, no disponen prueba tasada en la instancia para la acreditación de la causa económica, notificada. Reiterando que el magistrado de instancia puede valorar el conjunto de lo actuado, lo que no es posible en el extraordinario recurso formulado. En el que la parte recurrente, sí precisa, para alterar el relato de la instancia, la aludida prueba documental fehaciente y directa, al objeto pretendido. Que, además, en su formulación, la mera facturación, es insuficiente, pues en modo alguno deja sin efecto el importante descenso en activos frente a las deudas actuales de la empresa, han supuesto una merma, anunciada en la carta. Incluso, en la facturación ponderada en el recurso y algunas pendientes de liquidar facturación, así como, otras deudas añadidas como amortización de créditos, de seguridad social.... Ya que, supone más de tres trimestres de facturación (del expuesto en la instancia, desde 2011), a lo que se suman otras deudas que liquidar de la empresa, de años anteriores y costes salariales y de servicio fijos.

En la doctrina unificada, si bien referida a otro elemento probatorio de carga de la empresa, como es acreditar la falta de liquidez que anuncia en la carta de despido, pero que se estima de aplicación a esta litis, en que la parte recurrente, cuestiona la ponderación de la prueba practicada que estima no justifica la causa económica comunicada en la carta de despido notificada, contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 4.ª, de 25 de enero de 2005 (rec. 6290/2003, EDJ 2005/71719), se establece que si no basta con la mera afirmación empresarial acerca de su situación de falta de liquidez, sino que se precisa, además, su acreditación si el empleado la discute, pues el precepto últimamente citado, refiriéndose ya en concreto a la obligación de puesta a disposición de la indemnización en el momento que señala (esto es, independientemente de que la mala situación económica pueda o no justificar el despido objetivo), requiere que "como consecuencia de tal situación económica no se pudiera poner a disposición del trabajador la indemnización". Pues, cabe perfectamente la posibilidad de que, por adversa que fuere la situación económica de la empresa, pueda ésta, sin embargo, disponer de dinero suficiente para poner a disposición del despedido la correspondiente indemnización con simultaneidad a la comunicación del cese. Los planteamientos que formulan acerca del "onus probandi" en la materia se presta a cierto confusionismo y ambigüedad, pues la alegación de iliquidez puede ser un hecho constitutivo que apoye la decisión empresarial de posponer la indemnización (en cuyo caso sería aplicable el apartado 2 del art. 217 de la LECv., a cuyo tenor la prueba incumbiría al patrono), o puede ser un hecho "positivo introducido por el trabajador", en cuyo supuesto la carga gravitaría sobre el operario por aplicación también del propio apartado 2, porque podría interpretarse que esta alegación constituiría la base de su pretensión en el sentido de que la puesta a su disposición de la indemnización fuera simultánea a la comunicación del cese, o incluso de su pretensión acerca de que la falta de simultaneidad, al ser injustificada, motivara también el desajuste a derecho de la decisión del despido.

En evitación de los inconvenientes a los que acabamos de aludir, el Tribunal Supremo considera lo más acertado, acudir al criterio doctrinalmente conocido como "de la proximidad o de la facilidad probatoria", ya consagrado por nuestra jurisprudencia bajo la vigencia del art. 1214 del Código Civil, conforme a la cual, la norma distributiva de la carga de la prueba no responde a unos principios inflexibles, sino que se deben adaptar a cada caso según la naturaleza de los hechos afirmados o negados y la disponibilidad o facilidad para probar que tenga cada parte. Criterio que, en la actualidad, ya viene legalmente consagrado, al establecer el apartado 6 del art. 217 de la LECv. de 2000, vigente, tras haber suministrado determinadas reglas concretas acerca de la carga probatoria, que "para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio".

Para el Alto Tribunal, no cabe duda acerca de que es la empresa, y no el trabajador, quien tiene la mayor disponibilidad de los elementos probatorios acerca de la falta de liquidez de aquélla. Situación ésta que -se insiste en ello- es independiente y no necesariamente coincide con la de su mala situación económica. Al alcance de la empresa, y no del trabajador, se encuentra la pertinente documentación (amén de otros posibles elementos probatorios, tales como pericial contable, testifical a cargo del personal de contabilidad, etc.) de cuyo examen pueda desprenderse la situación de iliquidez, situación ésta que, no siempre podrá acreditarse a través de una prueba plena, pero que sí será posible adverar introduciendo en el proceso determinados indicios, con apreciable grado de solidez, acerca de su realidad, lo que habrá de considerarse suficiente al respecto, pues en tal caso la destrucción o neutralización de esos indicios, si razonablemente hacen presumir la realidad de la iliquidez, incumbiría al trabajador "ex" apartado 3 del art. 217 de la LECv.

Y, aquí se considera que se cumplen las exigencias citadas, tanto en lo que a falta de liquidez como a la causa económica que funda el despido, pues, la prueba aportada por la demandada es una prueba hábil de las establecidas en el art. 90 y ss., de la LRJS, para acreditar dicho estado, conforme a la citada doctrina unificada. En ésta, no se declara que sea preciso, a tal fin, que la empresa acredite de manera exhaustiva la falta de liquidez o el desequilibrio económico invocado para que pueda operar el cumplimiento del requisito, sino que basta con que, además de alegarse tales dificultades económicas en la carta de despido, se aporten elementos de juicio suficientes para que tanto el Juzgado de instancia como el Tribunal de suplicación, puedan valorar la incidencia de la mala situación económica en la imposibilidad de poner a disposición del trabajador la indemnización en el momento de la entrega de la comunicación escrita (lo que aquí se traslada a la prueba de la causa económica que funda el despido). Elementos que deberán ser neutralizados o destruidos por quien invoca la existencia de disponibilidad o la inexistencia de la causa económica, en sede de recurso, en contra del dato del que parte la sentencia recurrida, de que se hubiese podido pagar, en su momento, la indemnización debida. Siempre fundada en documento hábil o prueba pericial, de valor prevalente a la acogida en la instancia, aquí inexistentes.

En este litigio, se declara probado, que el resultado de las pérdidas desde el año 2009 y hasta los dos trimestres iniciales de 2012 (que se continúan en el tercero de 2012, tras el despido), es el declarado probado en el ordinal tercero, con relación al contenido de la carta de despido. Así como, deduciéndose de la prueba documental y declaración de partes, que al momento del despido en julio de 2012, se constata una situación económica negativa en la que influyen impagos, descenso en facturación y ventas. Persistiendo las pérdidas que se vienen detectando años antes, y concluye, la atacada, que no se espera un resultado mejor, en fechas próximas a la extinción comunicada. Que a diferencia de lo que pretende la parte recurrente, se concreta muy específicamente, tanto en la carta de despido, como en el hecho tercero de la recurrida. En la que se constata que la empresa ha pasado de facturar 824.195,78 € en 2010 a 588.758,52 € en 2011 y que en el primer semestre de 2012, el importe de facturas emitidas es de 201.521,26 €, lo que supone un descenso de 43,50 %, respeto del primer semestre de 2011. Cantidad que se deduce de la facturación y documentos contables. Enfrentado a costes fijos y variables empresariales, que se afirman inasumibles con dicho volumen de facturación, ya superior en 2011, y que persiste en 2012.

Luego, inalterada la pérdida existente desde el año 2012 (ya constatados en el año 2009), de más de un 40% de descenso en facturación, frente a un año en que había pérdidas, justifica los graves datos económicos notificados en la carta y valorados en la instancia. Sin perjuicio de adicionales costes como créditos para hacer frente a pagos (a la seguridad social, tributarios y salariales...) e impagos de la referida facturación, puedan agravar aún más dicho estado.

Se concluye, pues, que existen, al menos, indicios sobre datos ciertos como son el descenso en facturación e impagos e incremento de gastos crediticios (que bastan al Juzgador de la instancia en su relato) de la falta de liquidez y causa económica notificada en la carta de despido; sin que el trabajador acredite, como debiera, que los mismos (los datos sobre los que la presunción judicial, se funda), no son ciertos, para hacer frente inmediato al coste de la indemnización debida o sobre la causa económica negada en el recurso. Datos de los que parte la sentencia recurrida para ratificar la decisión extintiva empresarial. Por lo que, también, se desestima esta revisión fáctica propuesta.

Tercero.—Con apoyo procesal en el artículo 193.b) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social (remisión que se entiende efectuada a su apartado c), dado que aquí pretende la revisión del derecho aplicado en la recurrida), denuncia infracción, por errónea interpretación, de lo previsto en los artículos 52.c) y 51.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, en su nueva regulación debida a la Ley 2/2012. Para entender justificado el despido comunicado, considera que la empresa debe acreditar una disminución real, objetiva y constatable, de actividad. Y, puesto que la empresa demandada no recoge en su contabilidad todos los ingresos, y la contabilidad aportada está manipulada. Negando dicha prueba, solicita la declaración de nulo o improcedente, por esta causa.

Pero, no se ha formulado por la parte recurrente la propuesta de suspensión de las actuaciones, para formulación de la correspondiente querella por falsedad documental (artículo 4.3 de la LRJS), ni ha solicitado la suspensión del procedimiento, a tal efecto (art. 86 de la LRJS), dejando que el juicio oral concluya para dictar sentencia, sin mención alguna o protesta ante tal hecho. Y, valorada esta prueba junto con otras (facturación, liquidación de IVA...), no es posible, como antes se ha expuesto para negar la revisión fáctica, que se parta de alegaciones que lo son de parte, no respaldadas por documental fehaciente alguna sobre la, pretendida, manipulación contable.

De nuevo, ahora por la vía de revisión jurídica, postula la falta de prueba de la causa económica empresarial al momento del cese. Y, la valoración conjunta de lo actuado que no precisa, en la instancia, prueba documental fehaciente, como sí, lo necesita la parte recurrente en suplicación (art. 196.3 de la LRJS). Al Juzgador de la instancia, incluso, le basta con la prueba indiciaria de la falta de liquidez y de la causa económica. Aquí, declarada probada. Ni el hecho probado, ni incluso posibles pequeñas imprecisiones, en alguna de las liquidaciones, que, además, no cabe ponderar aisladamente considerado a la situación de impagos parciales a dicha fecha. Lo que no permite afirmar, con la fehaciencia que sería preciso, es que la empresa demandada tiene otra liquidez o estado económico, que el que justifica el despido en la recurrida.

Siendo cierto que la causa del despido objetivo no es identificable, en todo caso, con la liquidez, a que alude el art. 53 del ET (se declara también probado los saldos negativos de las cuentas empresariales a la fecha del despido), para justificar la falta de puesta a disposición del empleado de la indemnización a que tiene derecho. Debiendo ser objeto de prueba específica. Aquí, lo ha sido, y ha merecido favorable acogida en la instancia, ambas cuestiones.

Elemento fáctico que, por el contrario, la parte recurrente, solo, puede atacar, con documental que fehacientemente acredite su inexistencia. Lo que no lo constituye, la que cita.

Luego, inalterado el relato de la instancia, que concluye la insuficiencia de liquidez de la demandada, para hacer frente al momento del cese, al importe íntegro de la indemnización; así como, de la causa económica en que funda el despido. No cabe, sino, confirmar la decisión de la instancia.

Puesto que, al momento de la notificación del despido impugnado, estando vigente el nuevo texto del art. 51.1 del Estatuto de los Trabajadores, con relación al art. 52.c) del mismo Texto legal, debido a la Ley 3/2012, entiende que concurren causas económicas como las invocadas en la carta notificada al actor, cuando "de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa", en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos.

El citado precepto, obliga, tras la reforma que incide en la acreditación objetiva de la causa y la justificación de la decisión extintiva, como mejora de la situación empresarial, porque ayuda a superar una situación negativa, con relación al estado de la empresa en su totalidad (STS S4.ª de fecha 14-5-1998, rec. 3539/1997, con relación al anterior texto, jurisprudencia que se estima subsistente al actual). Y, únicamente, se precisa que sea real y actual, no intencionada o deliberadamente provocada, con pérdidas económicas que, aun pudiendo ser fruto de la explotación que no ha tenido éxito, justifica la medida acordada, sin exigencia de otras medidas complementarias (STS S4.ª de fecha 11-6-2008, rec. 730/2007).

Así, declarando probado dicho estado afectante a la demandada, tanto en la causa, como en la iliquidez que no permite el abono de la indemnización, por los malos resultados que relata (que no cabe cercenar en el recurso), ya que también declara que venían produciéndose con anterioridad.

Se cumplen, tanto, los requisitos de forma, como de fondo, de la medida acordada, dispuestos en los art. 52.c) y 53.1 del ET, cuando se justifica una situación económica negativa consistente en la disminución persistente del nivel de ingresos, que es causa económica hábil para efectuar el despido, e, incluso, más grave, de pérdidas relevantes y significativas, en el ejercicio 2009 a 2011 de la empresa demandada. Que se cifran como en este litigio, en más de 50.000 €, en los últimos tres ejercicios (ordinal fáctico tercero) y que en 2012, en el primer semestre, supera los 35.000 €. A lo que se suman otros impagos y déficit de liquidez. Situación que permite afirmar que la extinción del contrato de trabajo del actor, también "contribuye" a superar esa situación negativa que atraviesa la empresa, por lo que la causa económica está justificada.

La Ley 3/2012, que reforma la literalidad del vigente al art. 52.c) y 53 del ET, no exige que se justifique que de los resultados negativos se deduce la razonabilidad del despido para favorecer la posición competitiva de la empresa. El texto legal vigente, no contempla expresamente la razonabilidad de la extinción que antes exigía el mismo texto legal. Pero, incluso aun entendiendo que lo fuese, exige interrelacionar tres factores: 1) los resultados negativos de la empresa, 2) el despido del trabajador, y 3) la preservación o favorecimiento de la posición competitiva de la empresa.

Como quiera que existe una situación económica negativa de la empresa (patentizada por sus pérdidas, disminución de ingresos o de cualquier otro modo), la cual se ha probado por el empresario, se deduce que el despido del trabajador razonablemente va a contribuir a mantener o favorecer la subsistencia y competitividad de la empresa.

Si bien puede entenderse que la relación causa-efecto casi se presumía antes, pues, conforme a la lógica, la reducción de gastos que implica un despido no puede tener otra consecuencia que la mejora de su situación económica. Y que, sin embargo, ahora, no se pide expresamente que la empresa «justifique» la razonabilidad de la decisión extintiva en relación a preservar o favorecer su posición en el mercado, la finalidad flexibilizadora de la reforma, menos restrictiva, no da más limitaciones que la prueba de su causa que aquí se justifica.

Siendo aplicables, moduladamente al nuevo texto normativo, las decisiones jurisprudenciales del Tribunal Supremo, Sala Social, relativas al anterior texto, de acuerdo con la dicción del art. 52 c) ET o bien "causas económicas" o bien "causas técnicas, organizativas o de producción"; para que las causas económicas se consideren justificadas el empresario ha de acreditar que la decisión extintiva contribuye a la superación de "situaciones económicas negativas" (SSTS, Sala 4.ª, de 16-9-2009, rec. 2027/2008, EDJ 2009/265827; 2-3-2009, rec. 1605/2008, EDJ 2009/25633; y, 12-12-2008, rec. 4555/2007, EDJ 2008/272969).

La conjunción de las consideraciones jurisprudenciales anteriores, permite afirmar que la reducción de actividad por el descenso significativo del negocio junto a pérdidas relevantes y mantenidas, antes y al momento del despido, ha generado dificultades que impiden el buen funcionamiento de la empresa. Y, como tal hay que considerar el exceso de personal resultante de tal reducción. A estas dificultades se puede hacer frente mediante amortizaciones de los puestos de trabajo sobrantes, de forma que se restablezca la correspondencia entre la carga de trabajo y la plantilla que la atiende. El art. 52.c) del ET, no impone al empresario la obligación de "agotar todas las posibilidades de acomodo del trabajador" en la empresa, ni viene aquél obligado, antes de hacer efectivo el despido objetivo, a destinar al empleado a "otro puesto vacante de la misma".

En concreto, la causa objetiva notificada (art. 105.1 de la LRJS), sobre la que debe versar la prueba de la demandada y el análisis de la justificación o no del despido, es la reducción, tanto en la facturación como en pedidos. La recurrida la concreta en un descenso en la facturación, desde 2009, hasta los efectos del despido, y el trimestre de 2012, posterior. Por lo que es inatendible este motivo del recurso.

Cuarto.—Por último, la parte recurrente denuncia infracción de los mismos preceptos citados, denunciando incumplimiento de los requisitos de la carta de despido del art. 53 del Estatuto de los Trabajadores, pues en la carta genéricamente se alude al primer semestre de 2012, con relación a la necesaria acreditación de los tres trimestres consecutivos anteriores al despido, en los que -afirma-, consta aumento de ventas, y la ya aludida, manipulación empresarial de al documental contable. Disminuyendo la deuda de los ejercicios, desde 2010, igual que los créditos cobrados por la empresa pendientes, y pretendiendo que se facturan, inadecuadamente, servicios de 2012 en el año 2011. Reitera la pretensión de despido improcedente, por esta causa.

Pero, de nuevo, no puede partirse de la interesada valoración parcial de la prueba practicada y relato inexistente en la recurrida. Sin que de este relato se deduzca manipulación contable, ni conste la oportuna querella al efecto de falsedad documental que se sustrae a la declaración en el orden jurisdiccional social. Y, de la misma documental que cita, aunque se vaya reduciendo los impagos, consta que existen deuda a largo plazo desde 2010, que persiste, que debe ponerse en relación a la mantenida bajada de facturación y trabajo desde 2009, y otras deudas sociales, corrientes. Que dan el resultado negativo, declarado probado. Así como, que persisten aunque bajen, los importes de impagos, de los facturados.

Lo aludido en la carta de despido como su causa, y probado en el juicio oral, es el descenso en facturación y la falta de pedidos e impagos también significativos, lo que conlleva la disminución de ingresos, unido a la falta de pago de clientes y otras deudas. Siendo lo probado, la reducción desde 2009, de la facturación pero también la causa económica negativa, invocada en la carta (SSTS S4.ª, de fecha 30-3-2010, rec. 1068/2009; y 16-1-2009, rec. 4165/2007), pues no se limita a imputaciones genéricas de déficit sino que se cuantifica y explica a los ejercicios a que va referido. Por lo que se concluye, como en la instancia, la prueba de la causa que justifica la amortización del puesto del actor, que no implica la desaparición de la empresa, sino la descompensación de ingresos a la plantilla existente, incluido su contrato de trabajo, que autoriza a su extinción.

Lo que no consta en el relato fáctico, ni se deduce de documento fehaciente alguno es que la situación productiva actual de la empresa, no sea la ponderada, no adecuada a la plantilla existente. Suficiente para entender que se dio una razonable conexión entre esta situación económica existente y la amortización del puesto de trabajo del actor, ante la falta de viabilidad futura de la misma, de continuar la situación constatada.

Se cumplen, así, las exigencias que, al interpretar las normas invocadas en el recurso, ya se encuentran descritas en las sentencias del Tribunal Supremo de fecha 24 de abril de 1996 (RJ 1996, 5297) y 8 de marzo de 1999 (RJ 1.999, 2117). En estas se declaraba que los elementos que integran la figura del despido objetivo, regulado por el artículo 52.c, son: la realidad de una causa o factor desencadenante que incida de manera desfavorable en la situación de la empresa, circunstancia de prueba cumplida, porque se acredita, la necesidad de amortizar el puesto de trabajo, que es adecuada o proporcional, en este caso para conseguir la superación de esta situación desfavorable en comparación con la plantilla existente, que no se considera, de momento, insalvable.

Descendiendo la actividad de la empresa y con impagos. Del aludido relato, no se obtienen elementos que justifiquen la declaración de improcedencia del despido objetivo comunicado. Identificando tanto la carta de despido, como la prueba practicada en el juicio oral, la disminución del negocio en el año anterior al despido.

La causa objetiva motivadora de la crisis empresarial es real, suficiente y actual, justificadora del despido comunicado que, en consecuencia es calificado como procedente. Y, a la luz de la doctrina antes expuesta, el supuesto concreto que enjuiciamos, lleva a la conclusión de la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia recurrida.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación


F A LL A M O S


 
Desestimamos el recurso de suplicación formulado por D. Lucio, frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social número Dos de los de esta ciudad, de fecha 5 de diciembre de 2012, (Proceso n.º 545/12), en virtud de demanda instada por el recurrente contra la empresa FRANCIS 2 CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE CARROZAS S.L., en materia de despido y, en su consecuencia, confirmamos la sentencia recurrida.

Notifíquese esta Sentencia a las partes y a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma, previniéndoles de su derecho a interponer contra la misma, recurso de casación para la unificación de doctrina, regulado en los artículos 218 y siguientes de la Ley 36/2011, de 10 de Octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, que podrá prepararse ante esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dentro de los diez días hábiles contados a partir del siguiente a su notificación.

Devuélvanse, una vez firme la sentencia, el proceso al Juzgado de procedencia, con certificación de esta resolución, y déjese otra certificación en el rollo a archivar en este Tribunal.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en día de su fecha, por el Ilmo/a. Sr/a. Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencia de este Tribunal. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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