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Sentencia T.S.J. Cantabria 543/2013 de 12 de julio


 RESUMEN:

Despido objetivo: Expediente de regulación de empleo. Causas económicas. Requisitos formales: Comunicación. Indemnización: Cálculo.

En Santander, a 12 de julio de 2013.

PRESIDENTE

Ilmo. Sr. D. RUBEN LOPEZ-TAMES IGLESIAS (PONENTE)

MAGISTRADAS

Ilma. Sra. D.ª María Jesús Fernández García

Ilma. Sra. D.ª Elena Pérez Pérez

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria compuesta por los Iltmos. Sres. citados al margen ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de suplicación interpuesto por D. Cesareo, D. Fabio y D. Isidoro contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social Núm. Cinco de Santander, ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. RUBEN LOPEZ-TAMES IGLESIAS, quien expresa el parecer de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Que según consta en autos se presentó demanda por D. Cesareo, D. Fabio y D. Isidoro siendo demandado Steel Beton Española S.A., Megaray y Emaolan sobre despido y que en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de referencia en fecha 12 de noviembre de 2012 en los términos que se recogen en su parte dispositiva.

Segundo.—Que como hechos probados se declararon los siguientes:

1.º- Don Cesareo, Don Fabio y Don Isidoro han venido prestando servicios para la empresa Steel Beton Española S.A. el primero, desde el 15 de enero de 2001, categoría profesional de peón y salario mensual bruto de 1.506,16 euros con prorrateo de pagas extraordinarias, el segundo, desde el 17 de marzo de 1989, categoría profesional de peón especialista y salario mensual bruto de 1.662,60 euros con prorrateo de pagas extraordinarias y el tercero, desde el 25 de marzo de 1992, categoría profesional de peón especialista y salario mensual bruto de 1.695,95 euros con prorrateo de pagas extraordinarias.

2.º- La empresa demandada, con fecha 6 de junio de 2012 notificó a Don Cesareo carta de despido por causas económicas en el marco del expediente de regulación de empleo, que terminó sin acuerdo y efectos de extinción del contrato de trabajo del día 25 de junio de 2012. Con fechas 7 y 8 de junio de 2012 se les notificó la misma carta a Don Isidoro y a Don Fabio respectivamente.

3.º- En la citada carta se hace constar, que las causas que justifican la extinción son las que se expresaron en la Memoria Explicativa que fue entregada a la representación legal de los trabajadores al tiempo de comunicarse el inicio del expediente de regulación de empleo y que además, se transcriben a continuación:

Situación actual: Reducción en la evolución de los ingresos de la Sociedad desde el año 2007, consignando el importe neto de la cifra de negocios, señalando igualmente una caída de la cifra de ventas del 51,65% en 2008, respecto del 2007; del 54,84% en 2009, respecto del 2008; del 21,57% en 2010 respecto del 2009, y un 11,90% en 2011 respecto del 2010. Igualmente se indican que los ingresos correspondientes al ejercicio 2012 son un 20% de los del 2007.

Se indican los resultados negativos en las cifras de explotación siguientes: Ejercicio 2007: +2.552.692 euros, Ejercicio 2008: + 140.425 euros, Ejercicio 2009: -425.313 euros, Ejercicio 2010: -506.820 euros, Ejercicio 2011: -1.314.605 euros.

Se señala también, que las pérdidas de explotación en 2011 han ascendido a 1.314.605 euros y que tal cifra supera ampliamente la del capital social de la Compañía.

Se recoge la situación de las empresas relacionadas, que entienden podrían formar parte del Grupo a efectos laborales, (de acuerdo con la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º Uno de Santander de fecha 2 de marzo de 2012), reseñándose los descensos de los ingresos de Megaray S.A. y Emaolan S.A., así como los descensos de los resultados de explotación de tales empresas.

Finalmente se hace constar, que se ponía a su disposición la indemnización correspondiente de 20 días de salario por año de servicio con el límite de 12 mensualidades.

4.º- Los actores no ostentan ni ha ostentado en el año anterior al despido la condición de delegados de personal o miembros del comité de empresa.

5.º- Se ha celebrado el preceptivo acto de conciliación sin avenencia.

Tercero.—Que contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte D. Cesareo, D. Fabio y D. Isidoro, siendo impugnado por la parte contraria, pasándose los autos al Ponente para su examen y resolución por la Sala.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—La primera de las revisiones de los hechos probados, que se postula en el recurso de los trabajadores, se encuentra relacionada directamente con el tercero de los motivos, dedicado en este caso a la alegada infracción de la normativa que se cita. Por tal motivo, y en función de lo que después se expondrá, se accede a hacer constar, en el concepto retributivo de D. Cesareo, la traducción cuantitativa de la antigüedad (10%, dos quinquenios) y, en definitiva, 98,53 euros. No se hará referencia, sin embargo, a los incrementos del IPC para los años 2011 y 2012.

Segundo.—Siguiendo de manera correlativa los motivos del recurso, carece de relevancia la expresión, sin ambigüedad, de que existe un grupo de empresas y no los términos expresados en la resolución de instancia respecto a la eventualidad de tal circunstancia porque expresa el ordinal cuya revisión se solicita que: "Podrían formar parte". En realidad, lo que la sentencia hace es una interpretación o resumen de lo indicado en la carta de despido cuando lo apropiado era, sin mayor interpretación, que se transcribiera la carta en su integridad y en su literalidad, porque todo lo que no responda a esa transcripción, y al margen de que se deban expresar los datos económicos en tal relato fáctico, lo que no se ha hecho, debe corresponder a la fundamentación jurídica. Pero, como decimos, irrelevante tal concreción si ya existe un número importante de resoluciones de esta Sala en el que se reconoce la presencia de tal grupo y, en concreto, en la resolución de esta Sala de 16 de mayo de 2013, rec. 241/2013, se incorporan los datos atinentes a todas ellas que también se valoran en conjunto.

Tercero.—Sobre la revisión que pide en su escrito de impugnación la parte demandada, postulando un nuevo hecho probado, aun reconociendo la carencia de datos económicos expresados de forma objetiva en la resolución de instancia, lo que es una importante carencia, trae fundamento aquella revisión en resoluciones precedentes de esta Sala que reconocen tales datos. Pero, en realidad, en la reciente sentencia de esta Sala de 16-5-2013, rec. 241/2013, ya se expresan, en los ordinales duodécimo a decimoquinto, los datos empresa por empresa y en términos básicamente coincidentes con los que ahora se pretenden incorporar. Por ello, esta resolución antecedente de la Sala, respecto de tales datos, ya valorados para apreciar la existencia de causa económica e incluso de grupo de empresa, despliega la eficacia de cosa juzgada positiva en el supuesto actual. Los reiteramos aquí:

- El importe neto de la cifra de negocios y los resultados del ejercicio de STEEL BETON ESPAÑA SA ha sido el siguiente:

STEEL BETON ESPAÑOLA SA; Imp. neto cifra de negocios; Resultado del Ejercicio

2010; 4.525.225 €; -264.053 €

2011; 3.986.726 €; -942.841 €

Durante el primer trimestre de 2012 el importe neto de la cifra de negocios ascendió a 639.528 euros, los resultados del ejercicio a -279.491 euros, el activo corriente a 4.532.536 euros, y el pasivo corriente a 1.162.062 euros.

El importe neto de la cifra de negocios y resultados del ejercicio de la empresa STEEL BETON BIZKAIA SA ha sido el siguiente:

STEEL BETON BIZKAIA SA; Imp. neto cifra de negocios; Resultado del Ejercicio

2010; 178.130 €; -70.127 €

2011; 197.189 €; -41.662 €

Durante el primer trimestre de 2012 el importe neto de la cifra de negocios ascendió a 11.400 euros, los resultados del ejercicio a -11.953 euros, el activo corriente a 76.975 euros, y el pasivo corriente a 6.669 euros.

- El importe neto de la cifra de negocios y resultados del ejercicio de la empresa EMAOLAN SL ha sido el siguiente:

EMAOLAN SL; Imp. Neto cifra de negocios; Resultado del Ejercicio

2010; 36.000 €; -7.576 €

2011; 58.500 €; 19.957 €

Durante el primer trimestre de 2012 el importe neto de la cifra de negocios ascendió a 30.500 euros, los resultados del ejercicio a 18.483 euros, el activo corriente a 162.593 euros, y el pasivo corriente a 11.966 euros.

- El importe neto de la cifra de negocios y resultados del ejercicio de la empresa MEGARAY SL ha sido el siguiente:

MEGARAY SL; Imp. neto cifra de negocios; Resultado del Ejercicio

2010; 210.034 €; 89.852 €

2011; 47.855 €; 4.724 €

Durante el primer trimestre de 2012 el importe neto de la cifra de negocios ascendió a 9.463 euros, los resultados del ejercicio a 7.334 euros, el activo corriente a 653.358 euros, y el pasivo corriente a 25.725 euros.

Cuarto.—En relación a las referidas infracciones de normas sustantivas, a las que se hace referencia en el tercero de los motivos del recurso interpuesto por los trabajadores y, en concreto, de los artículos 3 y 10 del Convenio Colectivo de Steel Beton Española S.A., y del artículo 8 del Convenio Colectivo el metal, así como del artículo 24 de la Constitución Española, se ha de estimar aquel parcialmente. Decíamos entonces que se pretende una indemnización superior, al no haberse computado, ni las revalorizaciones ni la antigüedad (en este caso, ésta última cuestión, como anticipábamos en el primero de los motivos, solo afecta a uno de ellos). La fijación del salario (como antes se apuntaba, en su pretensión revisora fáctica), es una cuestión jurídica, en atención a la normativa que invoca la recurrente. Por lo tanto, de posible análisis en el recurso, cuando no es una cuestión nueva, pues se ha planteado en la instancia, lo que ha motivado su desestimación expresa.

Así, en la doctrina unificada sobre la materia, la sentencia del Tribunal Supremo (sala social), de fecha 30 de junio de 2011 (rec. 3756/2010, EDJ 2011/223463), entre otras, declara que la determinación del salario del art. 56.1 a) ET admite el debate sobre cuál debe ser el salario procedente en el procedimiento por despido, pues se trata de un elemento esencial de la acción ejercitada sobre el que debe pronunciarse la sentencia y, en consecuencia, es "en el proceso de despido donde debe precisarse el salario que corresponde al trabajador despedido sin que se desnaturalice la acción ni deba entenderse que se acumula a ella en contra de la ley... una reclamación inadecuada".

Sería contrario al principio de buena fe aceptar la actuación de la empresa que reduce unilateralmente el salario para perjudicar al trabajador no sólo en sus retribuciones, sino incluso en el importe de la indemnización por extinción de la relación laboral. Si se prueba por el trabajador que la actuación empresarial es un incumplimiento grave, que ha determinado una reducción ilícita del salario que como tal (art. 6.3 del Código Civil), no puede tener eficacia para reducir la base de cálculo de la indemnización procedente.

Ahora bien, en el presente litigio, la empresa procede a retribuir los servicios de la demandante, de conformidad a su convenio colectivo de empresa, que ninguna revalorización justifica desde 2010, por haber perdido vigencia su clausulado (artículo 4 del Convenio de empresa. Pérdida de vigencia el 31-12-2010). En su Disposición adicional sexta se expresa: "Fin del Convenio. Si al finalizar el presente convenio por ambas partes o alguna de ellas no considera necesario negociar otro nuevo, se volvería al Convenio Regional de Empresas Siderometalúrgicas de Cantabria, siempre y cuando se agoten las vías previas de negociación y ambas partes se sometan previamente a la mediación-conciliación del ORECLA". En la Disposición Adicional Séptima continúa: Resto del articulado. Se conviene que las mejoras consideradas de forma global, que se consigan en el Convenio Colectivo de Trabajo para las empresas Siderometalúrgicas de Cantabria u otras que por Ley sean de aplicación nacional, se incluirán en el Convenio de Steel Betón Española S.A.".

La pretensión de los trabajadores de revalorizaciones, se funda en la misma previsión convencional de su normativa interna. De obligada aplicación y conocimiento por la entidad (debidamente publicado en el Boletín oficial correspondiente). Lo que no se constata, y ello sería necesario para la revalorización que postulan los recurrentes, es el cumplimiento de las condiciones del convenio para la aplicación de tales previsiones. Esto es, que una vez agotada la vigencia del convenio colectivo de empresa, que contempla una detallada normativa reguladora de salarios y condiciones retributivas que obstan a la aplicación del resto de convenios regional y nacional del sector en que se emplea (DA 7.ª), se cumplieran tales exigencias. Así la conciliación ante el ORECLA, y el agotamiento de negociación, valoradas además las graves circunstancias económicas que se inician incluso en ejercicios anteriores, como se deduce de la carta comunicada. Las que existieron fueron, más bien, negociaciones sociales y empresariales tendentes a la liquidación social.

En definitiva, no justificando los actores los requisitos precisos para la revalorización del convenio sectorial y regional que postula, no es posible su incremento.

Ahora bien, respuesta distinta ha de tener la cuestión referida al salario percibido y aquel que pretendidamente le corresponde a uno de los actores, en materia de antigüedad. El convenio aplicable de empresa, en su artículo 10, establece que el personal comprendido en el presente convenio, percibirá aumentos periódicos por años de servicio consistentes en el abono de quinquenios en la cuantía del 5%, del salario base de categoría en la que esté clasificado.

Para el cómputo de la antigüedad se tendrá en cuenta la totalidad del tiempo trabajado en la empresa, incluyéndose en el cómputo los periodos que el trabajador hubiese permanecido en situación de incapacidad temporal, los permisos y licencias, las excedencias por designación de un cargo público o sindical, el tiempo de aprendizaje y las suspensiones temporales de contrato.

Los aumentos periódicos por años de antigüedad comenzarán a devengarse a partir del primer día del mes siguiente a la fecha en que se cumpla cada quinquenio.

Para los trabajadores que hayan comenzado a prestar sus servicios a partir del 1 de enero de 1996, desaparecerá la retribución por antigüedad".

Es también doctrina unificada contenida en la sentencia del Tribunal Supremo (sala social), de fecha 10-11-2010 (rec. 140/2009, EDJ 2010/298256), que resume la previa sobre la materia, de las denominadas dobles escalas en el complemento de antigüedad, lo siguiente:

1.º) que la doble escala salarial cuando se establece por un convenio colectivo estatutario, a diferencia de lo que ocurre con los acuerdos privados o las decisiones empresariales (STC 34/1984 EDJ1984/34), es un instrumento de regulación que se inserta en el ordenamiento jurídico, conculca el principio constitucional de igualdad si la diferencia de trato que se establece no tiene una justificación objetiva y razonable;

2.º) que esa justificación podría estar constituida por la garantía de los derechos adquiridos para los trabajadores que, de acuerdo con el régimen convencional aplicable con anterioridad, tuvieran reconocidos o en curso de reconocimiento los correspondientes conceptos;

3.ª) que, sin embargo, esa garantía de los derechos adquiridos no se concibe de forma dinámica, como mantenimiento de un régimen jurídico que puede determinar la aplicación en el tiempo de cantidades variables o actualizadas, sino que de forma estática, que tiene que limitarse a conservar los derechos ya reconocidos a los trabajadores en el momento en que se produce el cambio normativo, sin que se establezcan "dos regímenes de antigüedad diferentes y abiertos al futuro".

La regulación que aquí se examina no entra en el marco de esa justificación. En efecto, el artículo citado, contempla no solo el devengo de las cantidades resultantes a enero de 1996, sino que se siguen devengando, para este personal, y no para los de ingreso posterior, como la demandante.

Por ello, la diferencia de trato es injustificada, con lo que se produce el efecto de doble escala en el sentido de que continúan causándose retribuciones adicionales por antigüedad en función de los nuevos periodos de servicio computables (aquí quinquenios). No de mera garantía de derechos adquiridos previos. Lo que deriva en el reconocimiento a la antigüedad pretendida por el señor Cesareo, cuya cuantificación reconoce incluso la parte demandada, en los términos postulados de 98,53 euros mensuales.

Supone la revisión del salario modulador de los efectos del despido que, en aplicación de lo preceptuado en el vigente art. 53.1.b) y 4 del ET, con relación a la doctrina jurisprudencial citada, y la contenida en la sentencia del Tribunal Supremo, Sala 4.ª, de fecha 11-12-2012 (rec. 3538/2011, EDJ 2012/295694), al ser el salario correspondiente a la acción ejercitada el de 1604,69€ mensuales, con prorrata de pagas extra, lo que incrementaría la indemnización resultante. Ésta es superior a la calculada, ahora 12.100,94€, pero no justifica otra calificación del despido comunicado.

En consecuencia, procede la estimación parcial del recurso es de decir, únicamente en las diferencias indemnizatorias aquí reconocidas a referido señor.

Quinto.—Referido, en el motivo cuarto del recurso, de los trabajadores la infracción de lo dispuesto en los artículos 51 y 53 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 24 del Constitución española.

Expresado, en primer lugar, que los trabajadores desconocían la situación real de la empresa, ya que durante el "expediente", ni al momento de notificar los despidos individuales, se les facilitó copia alguna de la documental en la que se basa la carta del despido. Se trata, en realidad, de alegaciones que carecen de justificación. En primer lugar, porque durante la tramitación del despido colectivo, ningún protagonismo les corresponde a los trabajadores individuales, sino a la representación legal, sindical o en su caso a las llamadas comisiones "ad hoc". El despido colectivo deberá ir precedido de un periodo de consultas con los representantes legales, que debe versar, como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento, tales como medidas de recolocación o acciones de formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad.

En el escrito inicial, se consignarán los siguientes extremos: a) La especificación de las causas del despido colectivo conforme a lo establecido en el apartado 1. b) Número y clasificación profesional de los trabajadores afectados por el despido. c) Número y clasificación profesional de los trabajadores empleados habitualmente en el último año. d) Periodo previsto para la realización de los despidos. e) Criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados por los despidos.

La referida comunicación deberá ir acompañada de una memoria explicativa de las causas del despido colectivo y de los restantes aspectos señalados en el párrafo anterior. Con participación de la Autoridad laboral y de empleo, así como la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que emite informe. Como se expresa, con valor de hecho probado, en la fundamentación de derecho, toda esta documentación (memoria, información económica, etc.) fue entregada a los representantes de los trabajadores y a la Autoridad laboral. No habiéndose acreditado que fueran los criterios discriminatorios, y cumplida la documental aportada, a la que se referiré la sentencia, motiva no sólo la precisión del número y clasificación profesional de los trabajadores empleados habitualmente en el último año sino de las pautas tenidas en cuenta para la designación de los trabajadores afectados por los despidos. Tales criterios, aunque no conveniente su expresión, tienen que especificarse por necesidad en la carta individual de despido porque ésta se entiende una mera ejecución de tales pautas de prelación.

Respecto a la alegada infracción del artículo 53, es decir, la alegada falta de motivación o comunicación, tampoco resulta admisible.

Nos encontramos ante un requisito que, desde la preocupación por la tutela judicial efectiva, emparenta lo sustantivo y lo procesal, ya que el artículo 105.2 de la Ley 36/2011, de la Jurisdicción Social, aplicable al despido objetivo, según su artículo 120, dispone, tal como lo hacía la anterior Ley de Procedimiento Laboral, que al empresario no se le admitirá en juicio otros motivos de oposición a la demanda que los contenidos en la carta de despido.

Como ya expresa la jurisprudencia desde tiempo lejano (STS 22-2-1993 [RJ 1993\1266 ] y 4-7-1996 ([RJ 1996\6365]: 1) la valoración de si la carta de despido cumple este requisito "debe tener en cuenta una gran variedad de circunstancias concretas"; 2) "esta dependencia de circunstancias concretas aconseja consentir un amplio margen de apreciación" a los órganos jurisdiccionales que tratan directamente de la fijación de los hechos del caso; y 3) ello no impide, aunque sí hace más difícil, la revisión de las calificaciones de suficiencia o insuficiencia de la carta en suplicación o en unificación de doctrina, que sólo procederá cuando tales calificaciones se hayan apartado.

No deja de ser paradójico, por ello, que sea el voto particular a una sentencia, la de 16-1-2009, en la que se inadmitía el recurso de casación para la unificación de la doctrina por falta de contradicción, el que, considerando que la Sala debería haber entrado en el fondo del asunto, casando y anulando la sentencia del TSJ de Madrid, dispone los criterios mínimos que ha de tener referida carta. Son los siguientes:

Que la referencia a la "causa" como exigencia formal de la comunicación escrita en el despido objetivo (art. 53.1.a ET) es equivalente a la de los "hechos que lo motivan" en la carta de despido disciplinario (art. 55.1 ET);

- Que para llegar a declararse la procedencia del despido objetivo, la justificación de los hechos probados, y por tanto, de los hechos que consten en la comunicación escrita al trabajador, deberán enjuiciarse a partir del análisis de tres elementos: 1. El supuesto de hecho que determina el despido (la situación negativa de la empresa), 2. La finalidad que se asigna a la medida extintiva adoptada (contribuir a superar una situación económica negativa) y 3. La conexión de funcionalidad o instrumentalidad entre la medida extintiva y la finalidad que se asigna.

Incide, sin embargo, el Real Decreto-Ley 3/2012, y después la Ley, en el supuesto de hecho que determina el despido por causas económicas (la situación negativa de la empresa), al concretarse ésta, evitando el protagonismo judicial en la apreciación de la concurrencia y, por ello, que resulte exigible la valoración de la conexión de funcionalidad o instrumentalidad entre la medida extintiva y la finalidad que se asigna. En realidad, el episodio más importante por modificar el precepto para su facilitación ya se había dado en 2010, pues con anterioridad la "situación económica negativa" que se debe superar era un concepto jurídicamente indeterminado que tenía que valorar el juez.

Que única y exclusivamente los hechos contenidos en la comunicación escrita de despido podrán ser objeto de prueba en el correspondiente juicio.

Que, asimismo, una vez dictada la sentencia, debe existir interrelación entre los hechos relatados en la carta de despido y, en su caso, con los hechos que resulten como probados en la sentencia,

Que la procedencia o improcedencia del despido solo podrá decretarse, tratándose de una extinción objetiva, cuando cumplidos los requisitos formales se acreditare o no, con reflejo concreto en los hechos probados, la concurrencia de la causa legal indicada específicamente en la comunicación escrita;

Que no se exige por los Tribunales una pormenorizada descripción de los hechos que provocan el despido objetivo, sino que la finalidad de la comunicación escrita al trabajador es proporcionar al trabajador un conocimiento claro, suficiente e inequívoco de los hechos que se le imputan o los que se invocan como constitutivos del despido objetivo para que, comprendiendo sin dudas racionales el alcance de aquéllos, pueda impugnar la decisión empresarial y preparar los medios de prueba que juzgue convenientes para su defensa.

Es lógico, ya que, como indica la STSJ del País Vasco, de 15-2-2005 (AS 2005\632), no es la carta de despido el momento procesal oportuno para que el empresario tenga que probar que las causas son ciertas, sino tan sólo el momento en el que debe describirlas. Como expone: "(...) sin que fuese necesario a tal fin que las cartas de despido incluyesen otros datos adicionales relativos a la situación económica del grupo o de cada una de sus empresas, que los recurrentes ni siquiera especifican, o transcribiesen el contenido de los documentos contables que arrojan esos resultados pues no se puede confundir la exigencia formal de que la carta de despido exprese los hechos en que se basa, con su prueba, que no se tiene que realizar en la propia comunicación sino en el acto de juicio en el supuesto de que el trabajador impugne la extinción."

Se trata de criterios vigentes, con ciertas adaptaciones motivadas por las reformas posteriores, sobre todo la referida al cambio de la nulidad por la improcedencia, cuando se trata de incumplimientos de los requisitos de forma, con la consecuente imposibilidad de apreciar ésta última circunstancia de oficio.

Por ello, la estricta carta de despido se limita a transcribir los datos económicos específicos: evolución de los ingresos de la sociedad, importe de la cifra de negocio, de la caída de ventas, de los ingresos y resultados negativos, pérdidas de explotación e incluso tales datos desde a perspectiva del grupo, sin que sea necesario en este momento, de notificación individual, aportar la memoria, a la que, sin embargo, remite la carta, y transcribe sus principales datos. Incluso la propia sentencia reconoce que el representante de los trabajadores aportaba la memoria y documentación pertinente a todos los que se lo solicitaron.

Se proporciona de esta manera a los trabajadores un conocimiento claro, suficiente e inequívoco de los hechos que se le imputan o los que se invocan como constitutivos del despido objetivo para que, comprendiendo sin dudas racionales el alcance de aquéllos, pueda impugnar la decisión empresarial y preparar los medios de prueba que juzgue convenientes para su defensa.

Respecto del fondo, la causa económica no puede ser más clara. A los datos incorporados a los hechos probados nos remitimos, referidos a todas las empresas del grupo.

Se alegan como causas del despido circunstancias económicas, basadas en la situación económica negativa de la empresa,

Al tiempo de adoptar la decisión de extinción del contrato de trabajo, la causa económica se definía en el art. 51.1 del ET, en la redacción dada por el RDL 3/12, de 10 de febrero, del modo siguiente: "se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos".

Desaparece la referencia a que los resultados desfavorables puedan afectar a la viabilidad de la empresa o a su capacidad de mantener el volumen de empleo y se ha suprimido la referencia a la necesidad de justificar que, de esos resultados, se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva, de cara a preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado.

Con anterioridad a la referida reforma, la jurisprudencia venía distinguiendo entre la acreditación del factor desencadenante o concurrencia de los hechos de los que derivan las causas alegadas, que debían acreditarse y la justificación de la denominada "conexión instrumental o funcional", entre la decisión de despido y la finalidad de la extinción del contrato de trabajo, bastando la aportación de indicios y argumentaciones suficientes para llevar a cabo una ponderación judicial. En este sentido se pronunciaban las Sentencias del Tribunal Supremo 29.9.2008 (Rc. 1659/2007), 27.4.2010 (Rc. 1234/09) y 29.11. 2010 (Rc. 3876/2009), entre otras.

En la redacción anterior a la derivada del citado Real Decreto 3/2012, las causas económicas se identificaban con aquellas que estaban relacionadas con los resultados de explotación de la empresa, mientras que las productivas se enmarcaban en la esfera de los cambios que pueden producirse en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado y las organizativas, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo (STS de 14.6.1996).

Al respecto, la STS 10-5-06, indicaba que "a diferencia de lo que sucedía en la redacción de la Ley 11/1994 (vigente cuando se dictó la STS 30-9-98, citada), a partir de la modificación del art. 52.c ET establecida en la Ley 63/1997, las "dificultades" que justifican la modalidad de despido descrita en el mismo no necesitan ser de tal entidad que pongan en peligro la viabilidad futura de la empresa o del empleo en la misma. Basta, como se dice literalmente en la redacción actual del precepto, con que "impidan" su "buen funcionamiento", refiriendo éste bien a las "exigencias de la demanda", bien a la "posición competitiva en el mercado". La primera expresión alude a lo que la propia ley llama "causas productivas", que surgen "en la esfera o ámbito de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado", mientras que la segunda apunta indistintamente a las "causas técnicas", relativas a los "medios o instrumentos de producción" y a las "causas organizativas", que surgen "en la esfera o ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal" (STS 14-6-1996, rec. 3099).

Cómo se han de manifestar o concretar estas dificultades o problemas de gestión en la vida de las empresas es cuestión que depende de factores diversos. Entre ellos hay que contar, desde luego, el sector y el tipo de actividad al que se dedican y la esfera o ámbito de afectación sobre el que inciden. En todo caso, como ha dicho la sentencia recién citada, la "concreción" de las dificultades o problemas de gestión empresarial contemplados en el art. 52.c. ET "se refleja normalmente en cifras o datos desfavorables de producción, o de costes de factores, o de explotación empresarial, tales como resultados negativos en las cuentas del balance, escasa productividad del trabajo, retraso tecnológico respecto de los competidores, obsolescencia o pérdida de cuota de mercado en los productos o servicios, etcétera".

Por su parte, la STS 23-1-2008 se pronunciaba en el siguiente sentido: "Esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en las Sentencias de 10 de mayo de 2006 (rec. 725/05), 31 de mayo de 2006 (rec. 49/05) y 11 de octubre de 2006 (rec. 3148/04), ha señalado que, referido a empresas u organizaciones, el término genérico "dificultades", que el art. 52.c del ET utiliza para describir la coyuntura de la empresa afectada por las "causas técnicas, organizativas o de producción" justificativas del despido, es sinónimo de problemas de gestión o pérdidas de eficiencia en una u otra de las áreas en que se despliega su actividad. En el momento del despido tales problemas de gestión o pérdidas de eficiencia han de ser perceptibles u objetivables, y no meramente hipotéticos. Caracteriza, por tanto, al supuesto de hecho del art. 52.c del ET que la amortización del puesto de trabajo que justifica el despido es la que responde o reacciona frente a dificultades ya actualizadas y acreditadas, y no la que resulta de otros proyectos, iniciativas o anticipaciones del empresario, que podrían justificar el recurso a otras medidas de reorganización o mejora de gestión (STS 17-5-2005), rec. 2363/2004), pero no el despido objetivo por causas empresariales. La indicada exigencia de actualización y acreditación de dificultades, problemas de gestión o pérdidas de eficiencia se mantiene, como ha declarado esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo (STS 30-9-1998, REC. 7586 y STS 21-7-2003, rec. 4454/2002), en los supuestos de amortización de puestos de trabajo por subcontratación o exteriorización de actividades productivas o comerciales".

En idéntico sentido destacan las SSTS de 11.6.2008 (Rc. 730/2007) y 15.10.2003 (Rc. 1205/2003), que establecieron que si bien, en los despidos económicos es necesaria la presencia de pérdidas, en los que se realizan por causas técnicas, organizativas o de la producción, la situación de dificultad que impida el buen funcionamiento de la empresa, puede derivar de la disminución de beneficios actual y real.

Las pérdidas empresariales se acreditaban normalmente, al igual que ocurre en la actualidad, mediante la documentación contable de la empresa (cuenta de pérdidas y ganancias). Ahora bien, la norma exigía que dichas pérdidas "puedan afectar" a la viabilidad empresarial o a la capacidad para mantener el volumen de empleo, lo que implicaba la existencia de un riesgo real de que las mismas, pusieran en peligro la subsistencia de aquella. Por tanto, era necesario acreditar que tales circunstancias negativas, pudieran previsiblemente perjudicar la supervivencia de la empresa o del empleo en la misma.

Lo cierto es que la redacción del Real Decreto ley 3/2012 deja subsistente, únicamente, la acreditación de la causa alegada, pero suprime cualquier referencia a la viabilidad empresarial o a la capacidad para mantener el volumen de empleo, así como a la conexión funcional.

Tal causa, sin matizaciones es la acreditada ahora cuando se exponen los datos económicos referidos, que ya fueron valorados en nuestra resolución de 16 de mayo de 2013 (Rec. 241/2013) que despliega el efecto de cosa juzgada en sentido positivo (art. 222.4 LEC)

Lo que se debe exigir, como indicábamos, son datos suficientes para que el órgano judicial pueda llevar a cabo la ponderación que, en cada caso, conduzca a decidir de forma razonable, acerca de la conexión que debe existir entre la situación económica y la medida de despido. La realidad general y de la empresa, una vez efectuada tal valoración, justifica la medida extintiva. La amortización de los puestos de trabajo sobrantes, es una medida que coopera, siquiera en dicho porcentaje, a la superación de la situación económica negativa.

El empresario deberá acreditar los resultados que justifican la situación económica negativa que afirma, ahora, tras el Real Decreto Ley 3/2012, definida tan sólo por las pérdidas o disminución de ingresos durante tres trimestres consecutivos.

Pero, incluso si, como proponen algunas resoluciones recientes se exigiera todavía tras la reforma, más allá de la mera constatación de las pérdidas, la razonabilidad de la decisión extintiva, es decir si hay una situación económica negativa con los requisitos exigidos por el art. 51.1 ET, la extinción de relaciones laborales constituye, en la gran mayoría de supuestos, una medida razonable para preservar o favorecer la posición competitiva de la empresa en el mercado. Supone una reducción de costes de personal que, en la mayoría de los casos mejorarán, como decíamos, la posición competitiva de la empresa en el mercado, pues «la amortización de puestos sobrantes comporta una disminución automática de la partida de costes de personal, que contribuye directamente a aliviar la cuenta de resultados STS 11-06-2008 (RJ 2008, 3468).

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación


F A LL A M O S


 
Estimamos parciamente el recurso de suplicación formulado por D. Cesareo, D. Fabio y D. Isidoro frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social número Cinco de los de esta ciudad de fecha 12 de noviembre de 2012 (Proceso n.º 531/2012), en virtud de demanda instada por dichos señores contra las empresas STEEL BETON ESPAÑOLA S.A., MEGARAY S.L. y EMAOLAN S.L., en materia de despido y, en su consecuencia, revocamos la sentencia recurrida, en el único aspecto de incrementar la indemnización resultante, concretando el importe en 12.100,94€ y no la reconocida para este señor en la carta comunicada.

Notifíquese esta Sentencia a las partes y a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma, previniéndoles de su derecho a interponer contra la misma, recurso de casación para la unificación de doctrina, regulado en los artículos 218 y siguientes de la Ley 36/2011, de 10 de Octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, que podrá prepararse ante esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dentro de los diez días hábiles contados a partir del siguiente a su notificación.

Devuélvanse, una vez firme la sentencia, el proceso al Juzgado de procedencia, con certificación de esta resolución, y déjese otra certificación en el rollo a archivar en este Tribunal.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en día de su fecha, por el Ilmo/a. Sr/a. Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencia de este Tribunal. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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