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Sentencia T.S.J. Cantabria 610/2013 de 29 de julio


 RESUMEN:

Despido objetivo: Cuasas organizativas y productivas. Jurisprudencia del TS. Acreditada. Indemnización: Cálculo. Error excusable.

En Santander, a 29 de julio de 2013.

PRESIDENTE

Ilmo. Sr. D. Rubén López Tamés Iglesias

MAGISTRADAS

Ilma. Sra. D.ª MERCEDES SANCHA SAIZ (PONENTE)

Ilma. Sra. D.ª M.ª Jesús Fernández García

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen, ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de suplicación interpuesto por D. Guillermo contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social Núm. Dos de Santander, ha sido Ponente la Ilma. Sra. D.ª MERCEDES SANCHA SAIZ, quien expresa el parecer de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Según consta en autos se presentó demanda por D. Guillermo siendo demandados la Asociación Económica de los Notarios de Torrelavega S.C. y otros, sobre despido, y en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de referencia en fecha 29 de abril de 2013, en los términos que se recogen en su parte dispositiva.

Segundo.—Como hechos probados se declararon los siguientes:

1.º- El actor, Guillermo, ha venido prestando sus servicios profesionales para Almudena con antigüedad desde el 2 de abril de 1971, ostentando la categoría profesional de Auxiliar, encuadrado dentro del Grupo Profesional 2.º B) y percibiendo un salario mensual de 2.417,40 euros incluida la parte proporcional de pagas extras.

2.º- Almudena es Notaria y junto con Luis Francisco, también Notario, tiene constituida una Sociedad Civil denominada SOCIEDAD ECONOMICA DE LOS NOTARIOS DE TORRELAVEGA.

Ambos ejercen su actividad en el mismo local. Cada uno de ellos tiene asignado un código de cuenta de cotización para los trabajadores que se encuentran dados de alta a su cargo.

3.º- Mediante carta fechada el 23 de noviembre de 2012 Luis Francisco y Almudena comunican al actor lo siguiente:

"Muy señor nuestro:

Por medio de la presente le comunicamos la extinción de su relación laboral con la empresa, por causas económicas y organizativas, al tener la necesidad objetivamente acreditada de amortizar la misma, decisión que tendrá efectos al día de hoy. Se efectúa ello a tenor de lo dispuesto en el art. 53, apartados 1 y 2. 52-c) y 51, apartado 1, todos ellos del Estatuto de los Trabajadores y al precisar extinguir su puesto de trabajo por motivos de índole económico y en base a los siguientes extremos:

Como Vd. conoce la situación económica a nivel general es muy negativa y ello repercute en la marcha de la entidad, la cual ha visto reducida paulatinamente su actividad ordinaria, sin síntomas de una mejoría a corto o medio plazo, lo que nos obliga a adoptar una serie de medidas de índole vario para lograr la contención de los gastos ordinarios, tratando de adecuar la relación de gastos con el nivel de ingresos, lo que no se está cumpliendo actualmente, generándose un manifiesto desfase patrimonial el cual debe ser cortado con el de evitar una situación aún peor de la actual.

Los protocolos notariales y pólizas firmadas, que son los documentos de donde provienen nuestros ingresos, se van reduciendo con el transcurso del tiempo y de una manera paulatina. Así, podemos ver los datos siguientes:

EJERCICIO

2009

2010

2011

2012

PROTOCOLOS

3.895

3.446

2.677

2.023

PROMEDIO MENSUAL

332.08

287,16

223,08

202,30

POLIZAS

771

638

519

292

PROMEDIO MENSUAL

64,25

53,16

43,25

29,20

(1-1 a 31-10)

Es decir, se ha reducido drásticamente el número de documentos notariales y pólizas, lo que nos da una idea clara del descenso de actividad padecido, situación que es común para nuestro sector como Vd. bien conoce.

Los negativos resultados económicos últimos de la entidad son lamentablemente acordes con el menor número de documentos suscritos, habiéndose generado los siguientes ingresos a cada integrante de la misma:

Año 2009 46.828.69 €/mes

Año 2010 37.292.10 €/mes

Año 2011 29.756.18 €/mes

Año 2012 (1-1 a 30-09) 27.879,71 €/mes.

Los datos expuestos nos hacen ver un descenso anual del nivel de nuestros ingresos del 20.36%, del 20,20% y del 6.30%, respectivamente, sin atisbarse una mejoría en el futuro. Por otra parte, los gastos habituales precisos para el ejercicio nuestro, tales como retribuciones, cotizaciones sociales, suministros energéticos y similares se van incrementando con el paso del tiempo en porcentajes muchas veces por encima del I.P.C. lo que conlleva una disminución del dinero obtenido líquido en el ejercicio de nuestra actividad.

Se le ofrece la posibilidad del examen de la contabilidad y documentación completa de la empresa con el fin de verificar los datos en cuestión.

La disminución referida de la actividad del despacho, extremo que usted conoce perfectamente, posibilita e impone el que la carga de trabajo que usted venía desempeñando, reducida por aquella disminución, sea redistribuida entre sus compañeros de trabajo, que, así mismo han visto reducida su carga de trabajo, mejorando de esta forma la eficiencia en el funcionamiento.

Conforme a lo previsto en la normativa vigente le corresponde una indemnización de 20 días de retribución por año trabajado y con un máximo de una anualidad, la cual asciende a la suma de 28.533,60 €, parte de la cual le abona la empresa, en concreto, un importe de 17.120,16 € y, la otra y por un importe de 11.413,44 €. el Fondo de Garantía Salarial., entidad a la que deberá pedirlo como obligada a su abono conforme a lo regulado a tal efecto en los art. 33 y concordantes del Estatuto de los Trabajadores en su actual redacción dada por la Ley 3/2.012.

Además, ante la falta del preaviso de 15 días, se le abonan los mismos por un importe de. 1.172.55 €, lo que hace un total a serle abonado por nuestra parte de 18.292,71 €, que se le ofrece mediante cheque que se acompaña por fotocopia.

Una vez extinguida su relación con la empresa se le hará efectiva su liquidación a dicha fecha, junto con la documentación para acceder al desempleo.

Lamentando el tener que adoptar esta medida, le damos las gracias por su dedicación prestada, rogándole firme el duplicado de la carta que se le entrega como justificante de su recepción.

No se da traslado de esta comunicación a la representación legal del personal por cuanto no existe, si bien se le índica que contra la misma puede recurrir legalmente en los plazos establecidos.

Sin más que comunicarle, le saluda atentamente.

Asociación económica de los notarios de Torrelavega. S.C."

4.º- La Sociedad Civil constituida por ambos notarios reparte los gastos y los beneficios generados por la actividad profesional de ambos al 50%.

5.º- Los ingresos brutos declarados por ambos notarios en los años 2011 y 2012 han sido los siguientes (Modelo 130 IRPF):

AÑO 2011: 714.148,46 euros.

AÑO 2012: 678.841,46 euros.

6.º- El número de protocolos notariales y pólizas firmadas por ambos notarios en los años 2009, 2010, 2011 y 2012 ha sido el siguiente:

2009 2010 2011 2012

Almudena 3.230 2.423 1.964 1.813

Luis Francisco 2.270 2.106 1.529 1.366

7.º- No ha ostentado el trabajador cargo de representación sindical.

8.º- El 20 de diciembre de 2012 se celebró el preceptivo acto de conciliación ante el ORECLA que finalizó sin avenencia.

Tercero.—Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandante, siendo impugnado por la parte contraria, pasándose los autos al Ponente para su examen y resolución por la Sala.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—La sentencia del Juzgado de lo Social número Dos de Santander, de 29 de abril de 2013, tras rechazar la existencia de un error inexcusable en el abono de la indemnización y entender que concurre la causa esgrimida en la carta de despido, declara la procedencia de la decisión extintiva basada en causas objetivas, adoptada respecto del actor por la empresa la Asociación Económica de los Notarios de Torrelavega, S.C., integrada por los notarios D.ª Almudena y D. Luis Francisco, el 23 de noviembre de 2012 (aunque por un mero error material se hace constar en el fallo de dicha resolución, el año 2011), si bien admite que la indemnización debe ascender a 29.008,80 euros (correspondiente a veinte días de salario por año de servicio), con lo que reconoce a favor del trabajador una diferencia entre la indemnización percibida y la que legalmente le corresponde de 475,20 euros. La empleadora le comunicó el despido alegando en la carta causas económicas y organizativas, por disminución de la actividad del despacho (reducción del número de documentos notariales y pólizas), habiendo quedado acreditada la realidad de dichos datos.

Disconforme con dicha resolución judicial recurre en suplicación el demandante, a través de seis motivo, con adecuado encaje procesal en los apartados b) y c) del artículo 193 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, en los que se cuestiona el relato fáctico de la sentencia y, además, se insta el examen de la normativa aplicada por aquella; habiendo sido objeto de impugnación.

Segundo.—En los tres primeros motivos interesa el recurrente, la revisión de los hechos probados: segundo, cuarto y quinto, en los siguientes términos:

a) En el ordinal segundo solicita la introducción de un último párrafo, que diga: "Sin embargo, ambos Notarios funcionan en el tráfico mercantil como una única empresa y en unidad de dirección, a través de la Entidad Asociación Económica de los Notarios de Torrelavega, S.C".

Pretende amparar dicho dato en la misma carta de despido.

Uno de los requisitos que ha de cumplirse, necesariamente, para que proceda la revisión del relato histórico de la sentencia de instancia es que trascienda a su parte dispositiva, lo que significa que la propuesta ha de tener virtualidad para alterar el pronunciamiento combatido, pues el recurso se da contra el fallo y no contra los omisiones fácticas que carezcan de repercusión en el mismo.

Esta exigencia no se cumple en el presente caso toda vez que la existencia de la sociedad civil reconocida en la instancia, no justifica la improcedencia de la decisión extintiva, como luego se verá.

b) Se pretende, a continuación, la adición de un párrafo final al cuarto hecho probado, con el tenor siguiente: "Todos los trabajos profesionales realizados en la Notaría se facturan por medio de la sociedad civil, que los declara a través del modelo del IVA correspondiente, tributando sus socios por IRPF en régimen de atribución de rentas".

Pese a la veracidad de dichos datos, se rechaza nuevamente la adición por idéntico motivo al esgrimido anteriormente, su intrascendencia.

c) Finalmente, se pide adicionar al quinto hecho probado, cuáles han sido los ingresos brutos declarados por la Asociación Económica de los Notarios de Torrelavega, S.C., en los años 2011 y 2012 (modelo 303/390 IVA) y su desglose por trimestres: año 2011: Total 533.136,73 euros y año 2012 Total: 558.813,59 euros.

Para justificar dichos datos se remite a los modelos 303/390 del IVA correspondientes a dichas anualidades. Con ello se quiere acreditar que no existe una situación económica negativa.

Respecto a la revisión y adición de hechos probados, al ser el recurso de suplicación de carácter extraordinario, únicamente puede realizarse a la vista de la prueba documental o pericial practicada en la instancia (art. 193.b LRJS). Por otro lado, como puso de relieve el

Tribunal Supremo, entre otras, en la sentencia de 16 de noviembre de 1998, los documentos en que se base la revisión deben tener una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane de sí mismo de los elementos probatorios invocados de forma clara, evidente y patente y, en todo caso, sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas.

Pues bien, el hecho de que en las declaraciones del IVA el importe de ingresos brutos declarados por la sociedad civil sea el consignado, no desvirtúa otros datos que han sido valorados en la instancia y luego lo serán por esta Sala a fin de determinar la concurrencia de las causas extintivas del despido. Por ello, nuevamente, debemos inadmitir la modificación pedida por su falta de trascendencia.

Dejamos, por tanto, inalterado el relato fáctico.

Tercero.—En el territorio del debate jurídico se denuncia, en primer lugar, la infracción del art. 1.2 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con la doctrina jurisprudencial sobre el concepto de grupo de empresas. Considera la parte recurrente que la resolución de instancia parte del error de considerar empleadora a la notaria doña Almudena cuando la auténtica empleadora es la sociedad civil Asociación Económica de los Notarios de Torrelavega, integrada por aquella y por el notario don Luis Francisco.

Ciertamente, en cuanto al ámbito de apreciación de las causas extintivas esgrimidas, y tratándose de causas económicas, para el supuesto de una sociedad civil regular, no de un «grupo de empresas» a los efectos laborales, la acreditación de tales causas deberá ir referida a todos los integrantes de la sociedad (los dos notarios que la componen) y no a uno solo de ellos.

En el supuesto actual, la carta extintiva está firmada por los dos notarios integrantes de la sociedad civil que, como se pone de manifiesto en el cuarto hecho probado, es la que factura y reparte los gastos y beneficios generados por la actividad profesional de ambos, por mitad.

La resolución de instancia, tal y como se refleja en el segundo fundamento jurídico (con remisión a los ordinales quinto y sexto), da por probada una disminución persistente de los protocolos y pólizas firmadas por ambos notarios, esto es, analiza la situación económica de la sociedad civil y no de doña Almudena, por lo que no concurre la infracción jurídica que se denuncia, al ser la auténtica empleadora la referida sociedad civil.

Cuarto.—En el siguiente motivo del recurso se denuncia la infracción del artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el art. 52.c) del mismo texto legal, en cuanto a la no acreditación de la causa objetiva invocada para la extinción y a las consecuencias derivadas de tal omisión.

Habrá que comenzar recordando que la carta de despido amparaba la decisión extintiva de la empresa en la concurrencia de "causas económicas y organizativas", aludiendo a la reducción paulatina de su actividad ordinaria, exponiendo cual había sido la disminución de los protocolos notariales y pólizas firmadas en los años 2009, 2010, 2011 y 2012, y el número de documentos suscritos en dichas anualidades, así como los valores porcentuales del descenso anual del nivel de ingresos.

La resolución de instancia tras reflejar en los ordinales quinto y sexto, una mínima disminución de los ingresos brutos en los años 2011 y 2012, que pasa de 714.148,46 € a 678.841,46 €, y la reducción de los protocolos notariales y pólizas firmas, consideró acreditada la existencia de causas económicas y organizativas, en atención a la referida disminución de ingresos, protocolos notariales y pólizas firmas de ambos notarios, conforme a la estadística remitida por el Colegio Notarial de Cantabria.

Ahora, la parte recurrente considera que "nada se dice respecto a la situación económica de la sociedad civil" y se remite a los ingresos brutos declarados trimestralmente por la aludida sociedad en concepto de IVA (533.136,73 euros en 2011 y 558.813,59 euros), de donde deduce que no hay descenso de ingresos en las notarias durante los años 2011 y 2012, con lo que no concurre la causa económica, y respecto a la organizativa, considera que no se han producido cambios estructurales en el régimen de trabajo.

El art. 52 c) del ET se remite al 51 del mismo texto legal, en cuanto a la concreción de las causa, y en este artículo, que se reproduce en la fundamentación jurídica de la sentencia impugnada, se establece lo siguiente: "Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior. Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado".

Como pone de manifiesto la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de abril de 2013 (rec. 2396/12), "la pérdida o disminución de encargos de actividad ha de ser considerada por su origen una causa productiva, en cuanto que significa una reducción del volumen de producción contratada, y por el ámbito en que se manifiesta una causa organizativa, en cuanto que afecta a los métodos de trabajo y a la distribución de la carga de trabajo entre los trabajadores (ya se sostuvo así en la STS 14 de junio de 1996 -rcud. 3099/1995 -)".

Tratándose de una causa organizativa tradicionalmente se vino considerando que el empresario debe demostrar el acometimiento de una reorganización de sus medios materiales y personales, que vacíen de contenido el puesto o puestos de trabajo que se pretende amortizar, debiendo acreditarse razonablemente, que el mantenimiento de dicho puesto de trabajo provocaría un desequilibrio prestacional, que pondría en peligro la viabilidad futura de la empresa y el mantenimiento del empleo; así como que el ajuste en recursos humanos no puede basarse en la adopción de un sistema organizativo de mayor racionalidad, sino que debe venir motivado por la necesidad de garantizar la viabilidad futura de la empresa y del empleo. Sería, en consecuencia, procedente la extinción objetiva por causas organizativas, cuando se acrediten la introducción de medidas de organización, que vacíen de contenido uno o varios puestos de trabajo como ocurriría al acreditarse el solapamiento de funciones de dos trabajadores. La STS 13 de noviembre de 2007 (rec. 4275/06) matizó la cuestión en el sentido de que la desaparición del puesto no requería la desaparición de las funciones, que podían ser asumidas por otro trabajadores o por una empresa subcontratada, o bien podía perdurar el puesto con asignación de funciones distintas.

En el supuesto actual, si bien es cierto que la disminución de ingresos es mínima, sí que consta la merma o aminoración de trabajo en las notarías, como lo demuestran los números de protocolos y pólizas firmada en los años 2009, 2010, 2011 y 2012 (ordinal sexto), reducción que incide en las actuaciones notariales y del personal a su servicio, entre ellos el recurrente, por lo que se da la causa productiva exigida legalmente, como así acontece con las causas organizativas al tener que redistribuirse la carga de trabajo disminuida.

Por ello, el mero dato contable de los ingresos brutos declarados por la sociedad civil y su carácter positivo en los años 2011 y 2012, no impide o no entraña contradicción con que la Juzgadora de instancia haya considerado probada la importante reducción de trabajo en las notarias que conforman la sociedad civil y que dicha causa objetiva incida directamente en el ámbito en que el actor prestaba servicios, siendo ésta causa suficiente para justificar la extinción de su contrato de trabajo para poder así reajustar la plantilla a la situación real de la empleadora.

En definitiva, entendemos que concurre la causa extintiva reflejada en la carta de despido.

Quinto.—1.- En el sexto y último motivo del recurso se denuncia la infracción del art. 53.1.b) ET, en relación con el art. 122.3 LRJS. Considera el trabajador recurrente que ha existido un error inexcusable en la fijación de la indemnización, ya que el salario computable era el percibido el último mes: 2.417,40 euros mensuales con prorrata de pagas extras y el cálculo de la indemnización no era de especial complejidad, ascendiendo las diferencias en la indemnización a 475,20 euros.

Pese a que el impugnante opone que ni en la demanda de conciliación ni en la judicial se alegó el error como causa generadora de una declaración de improcedencia, es factible entrar en el análisis de la cuestión, al estar implícita tal petición en la solicitud de improcedencia que abarca tanto las cuestiones de forma como de fondo.

2.- A la hora de determinar si el error cometido en el cálculo de la indemnización que la empresa puso a disposición del trabajador ha sido excusable o inexcusable, debemos acudir a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre la materia.

La STS/IV 20 de diciembre de 2011 (rec. 1882/2011), recuerda la doctrina establecida, entre otras, en sentencias de 24 de abril de 2000 (rcud 308/1999), 19 de junio de 2003 (rcud 3673/2002), 26 de enero de 2006 (rcud 4925/2004), 7 de febrero de 2006 (rcud 3850/2004) y 28 de febrero de 2006 (rcud 121/2005); en concreto que "Sostiene nuestra sentencia de 19 de junio de 2003 que, en la aplicación del art. 56.2 ET debe distinguirse entre la consignación insuficiente por error excusable y la consignación insuficiente por negligencia o error inexcusables, distinción que tiene la consecuencia de que "en el primer caso el efecto exoneratorio o interruptivo de la consignación no se malogra, mientras que en el segundo sí". Sigue diciendo la sentencia citada que "los datos que permiten calificar un error de consignación como excusable o no pueden variar de un supuesto a otro, y habrán de ser ponderados en cada caso", señalando entre los indicios de error excusable la coincidencia en el posible error de cálculo entre las partes del proceso y la escasa cuantía de la diferencia entre lo consignado y lo debido consignar, diferencia que puede ser achacable a diversas causas (error de cuenta, complejidad de la estructura retributiva en algunas empresas, vicisitudes o cambios en el contenido de la relación de trabajo) ".

Igualmente, en la anterior STS/IV 17-diciembre-2009 (rcud 957/2009), se resumía detalladamente la doctrina de la Sala, destacando que "a) No todas las diferencias cuantitativas permiten llegar a la conclusión de que la consignación esté mal hecha, pues admitido en su estricta literalidad conduciría a hacer ineficaz el precepto (STS 15-4-98). b) En su consecuencia debe aceptarse cumplido el mismo cuando se produce algún error de cuantía, pero distinguiendo, según se trate de un error excusable, en cuyo caso la diferencia no impide entender cumplido el precepto, y un error inexcusable o injustificado, en cuyo supuesto debe estimarse incumplido el precepto en cuestión (STS 24-4-00). c) Los datos que permiten calificar un error como excusable o no pueden variar de un supuesto a otro y habrán de ser ponderados en cada caso, en el decir textual de la STS de 19-6-05, que señala que un indicio de error excusable es la escasa cuantía de la diferencia entre lo consignado y lo debido consignar, diferencia achacable en ocasiones a error de cuenta, cuya probabilidad se acrecienta por la complejidad de la estructura retributiva en algunas empresas. Otro indicio de error excusable es la coincidencia del cálculo de la empresa en la cantidad a consignar con el efectuado por el Juez de lo Social en la sentencia de instancia; otra causa de error de consignación insuficiente excusable es la dificultad "jurídica" del cálculo de las indemnizaciones, en supuestos en que los conceptos o elementos a computar en las mismas puedan dar lugar a una "discrepancia razonable".

Relaciona esta última sentencia que la Sala IV ha reconocido los siguientes supuestos de "error excusable":

-- STS de 24-4-00 (rec. 308/99), a pesar de la diferencia entre lo consignado y lo que debió consignar la empresa, entendió que se trataba de error excusable pues el Juzgado de instancia consideró correcto el cálculo efectuado por la empresa y fue la sentencia de suplicación la que elevó dicha cantidad.

-- STS de 26-4-00 (rec. 239/05), entendió que la escasa cuantía de la diferencia -157,90 euros- unido a que el salario de la demandante era de cálculo especialmente complejo, lo discutible de los conceptos y la presencia de factores ajenos a la mala fe en la consignación efectuada, hacen que el error haya de calificarse de excusable.

-- STS de 26-1-06 (rec. 3813/04), entendió que se trataba de un error excusable el no haber incluido como salario, a efectos del cálculo del depósito, el importe atribuible a las stock options.

-- STS de 7-2-06 (rec. 3850/04), entendió que era error excusable el no haber incluido en el cálculo de la indemnización la partida correspondiente al salario en especie, consistente en el valor de utilización del coche.

-- STS de 28-2-06 (rec. 121/05), entendió que era "error excusable" no incluir el "bonus" en el cálculo de la indemnización. La sentencia justificó su decisión en que existía cierta dificultad jurídica en la fijación del "bonus", teniendo en cuenta el periodo de vencimiento de este concepto retributivo y la diversidad de regulaciones del mismo.

-- STS de 24-11-06 (rec. 2154/05), consideró error excusable la insuficiente consignación efectuada por el empresario, que calculó la misma atendiendo al salario que percibía la trabajadora en el momento del despido, que correspondía a la jornada reducida realizada, por guarda legal de un menor.

-- STS de 13-11-06 (rec. 3110/05), entendió que era error excusable el no tener en cuenta la antigüedad reconocida a la trabajadora en el momento de su contratación -la empresa la reconoció la antigüedad de los servicios prestados en otra empresa anterior "a todos los efectos"- a efectos de calcular la indemnización.

-- STS de 27-6-07 (rec. 1008/06), entendió que era error excusable el depositar 54,45 euros menos, dada su escasa cuantía.

-- STS de 16-5-08 (rec. 523/07), entendió que era error excusable el no haber incluido en el cálculo de la indemnización por despido los beneficios del ejercicio de las opciones sobre acciones, dadas las especiales circunstancias concurrentes, ya que la orden de venta se produjo por el actor el sábado 18 de febrero de 2006, cuando conocía desde el miércoles 15 la decisión empresarial de despedirle, aunque no se le entregó la carta de despido hasta el lunes 20, y se materializó la cuenta -por estar cerrado el lunes el mercado de valores en EEUU- el 21 de febrero, martes, habiéndose efectuado la consignación por la empresa el día 22, miércoles".

Concluyendo la citada STS/IV 17-diciembre-2009 que, por contra, la Sala ha entendido que constituye error inexcusable, entre otros:

-- STS de 1-10-07 (rec. 3794/06), entendió que era error inexcusable que la empresa calculara la indemnización atendiendo al salario neto percibido por el trabajador, en lugar del salario bruto.

-- STS 16-5-11, CUD 3526/10 el no calcular la indemnización conforme al salario de la categoría reconocida a la actora y no conforme al salario que le correspondía por las funciones de superior categoría que efectivamente realizaba.

-- STS 23-12-11, CUD 1334/11 el no tener en cuenta la antigüedad en la anterior empresa pese a la subrogación en la contrata con el mismo cliente.

-- STS 20-6-12, CUD 2931/11 el calcular la indemnización, en lugar de prorrateando por meses (en ningún caso por días) los periodos de tiempo inferiores a un año, prescindiendo de dichos periodos".

3.- En el presente supuesto entendemos que el error es excusable dada su escasa cuantía. La indemnización reconocida y abonada por la empresa fue de 28.533,60 € y la que le corresponde asciende a 29.008,80 €, siendo la diferencia de 475,20 €; inferior al 2% del total. Dicha cuantía y porcentaje no se considera por esta Sala, una diferencia cuantitativa relevante.

En consecuencia, no apreciadas las infracciones imputadas, procede la desestimación del recurso y confirmación de la sentencia recurrida.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación.


FALLO


 
Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por D. Guillermo, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número Dos de Santander (Proc. 896/2012), con fecha 29 de abril de 2013, en virtud de demanda de despido formulada por el recurrente contra la empresa Asociación Económica de los Notarios de Torrelavega S.C., integrada por D.ª Almudena y D. Luis Francisco, y, en consecuencia, confirmamos la sentencia recurrida. Sin costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes y a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma, previniéndoles de su derecho a interponer contra la misma, recurso de casación para la unificación de doctrina, que podrá prepararse ante esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, dentro de los diez días hábiles contados a partir del siguiente a su notificación.

Devuélvanse, una vez firme la sentencia, los autos al Juzgado de procedencia, con certificación de esta resolución, y déjese otra certificación en el rollo a archivar en este Tribunal.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en día de su fecha, por el Ilmo/a. Sr/a. Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencia de este Tribunal. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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