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Sentencia T.S.J. Castilla-La Mancha 1346/2013 de 14 de noviembre


 RESUMEN:

Extinción de contrato de trabajo: Causas objetivas. Nulidad. No despido disciplinario. Improcedente.

ALBACETE

SENTENCIA: 01346/2013

T.S.J.CAST.LA MANCHA SALA SOCIALALBACETE

C/ SAN AGUSTIN N.º 1 (PALACIO DE JUSTICIA) - 02071 ALBACETE

Tfno: 967 596 714

Fax:967 596 569

NIG: 02003 34 4 2013 0102815

402250

TIPO Y N.º DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0000987 /2013

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEMANDA 0000185 /2013 JDO. DE LO SOCIAL n.º 002 de ALBACETE

Recurrente/s: María Virtudes

Abogado/a:

Procurador/a:

Graduado/a Social:

Recurrido/s: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MADRIGUERAS

Abogado/a:

Procurador/a:

Graduado/a Social:

ILMOS/AS. SRES/AS. MAGISTRADOS/AS

Iltmo. Sr. D. José Montiel González

Iltma. Sra. D.ªPetra García Márquez

Iltma. Sra. D.ªLuisa M.ª Gómez Garrido

__________________________________________________

En Albacete, a catorce de noviembre de dos mil trece.

Vistas las presentes actuaciones por la Sección Segunda de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en Albacete, compuesta por los/las Ilmos/as. Sres/as. Magistrados/as anteriormente citados/as, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española,

EN NOMBRE DE S. M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

- SENTENCIA N.º 1346 -

en el RECURSO DE SUPLICACION número 987/13, sobre despido, formalizado por la representación de María Virtudes, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de Albacete, de fecha 20-6-2013, en los autos número 185/13, siendo recurrido EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MADRIGUERAS y en el que ha actuado como Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Montiel González, deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes,


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Que la Sentencia recurrida dice en su parte dispositiva: "FALLO: estimar y estimo parcialmente la demanda formulada por D.ª María Virtudes contra el Excmo. Ayuntamiento de Madrigueras, declaro improcedente la extinción de su contrato de trabajo por causas objetivas de que ha sido objeto, a la demandada a optar en el plazo de CINCO DÍAS desde la notificación de la sentencia, entre la readmisión del trabajador con abono de los salarios de tramitación a razón de 68,82 euros diarios, o al pago de la indemnización de 14.409,58 euros."

Segundo.—Que en dicha Sentencia se establecen los siguientes Hechos Probados:

Primero.—D.ª María Virtudes mayor de edad, con D.N.I. n.º NUM000, vecina de Madrigueras (Albacete) ha venido prestando servicios para el Excmo. Ayuntamiento de Madrigueras como personal laboral, desde el 27 de febrero de 2008, y desde el 16 de octubre de 2008, tras la superación del proceso selectivo (concurso oposición) con la categoría profesional de Agente de Empleo y Desarrollo Local, con jornada de 40 horas semanales, percibiendo un salario mensual de 2.093,39 euros incluida prorrata paga de extraordinarias, que venía percibiendo mediante transferencia bancaria.

Segundo.—El 12 de diciembre de 2012 la trabajadora recibe resolución del Alcalde Presidente comunicándole la extinción de su contrato de trabajo por causas objetivas, con fecha de efectos de 31 de diciembre de 2012. Comunicación que obra unida a las actuaciones y en este momento se da por reproducida.

Tercero.—La trabajadora ha interpuesto la pertinente reclamación previa el 25 de enero de 2013.

Cuarto.—Se ha agotado la via previa administrativa.

Quinto.—La demanda ha sido presentada ante el Juzgado Decano de los de Albacete el 22 de febrero de 2013.

Sexto.—El art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local BOE 80/1985, de 3 de abril de 1985 Ref Boletín: 85/05392, reconoce: h) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno, en estos dos últimos casos, en la primera sesión que celebre.

Séptimo.—En la Convocatoria promovida por el Excmo. Ayuntamiento de Madrigueras publicada en el BOP de 25 de julio de 2007 se hace constar en su base Primera. Objeto de la convocatoria: 1.1 Es objeto de la presente convocatoria la provisión, mediante concurso-oposición de una plaza de Agente de Empleo y Desarrollo Local, incluida en la Oferta Genérica de Empleo del sSepecam de fecha 11 de julio de 2007. 1.2 La adjudicación de la plaza supondrá la contratación a tiempo completo de un Agente de Empleo y Desarrollo Local por periodo de un año, con posibilidad de prórroga en función de la renovación de la subvención percibida por esta Corporación según el nivel de cumplimento de los objetivos señalados en la Resolución de Concesión de la Subvención para la contratación de un Agente de Empleo y Desarrollo Local de 25 de mayo de 2007.

Octavo.—Por Resolución de 16 de noviembre de 2012 de la Dirección General de Empleo y Juventud se da contestación a la solicitud de 12 de septiembre de 2012 del Ayuntamiento demandada interesando el reconocimiento de subvención para loa prórroga de la contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local, de acuerdo con la Orden de la Consejería de Trabajo y Empleo de 26 de agosto de 2009, denegando la solicitud de prórroga de la subvención interesada para la contratación de un/una Agente de Empleo y Desarrollo Local.... dado que no existe habilitación presupuestaria para subvencionar en el año 2012 la prórroga solicitada.

Noveno.—El 28 de enero de 2013 la Corporación demandada presenta a la firma de la trabajadora Documento de liquidación y finiquito en el que entre otros conceptos figura bajo el concepto Indemnización especial un importe de 5.631,25 euros. El mismo día la empresa ordena transferencia en favor de la trabajadora por un importe de 5.631,25 euros, bajo el concepto Resto finiquito por error.

Tercero.—Que contra dicha Sentencia se formalizó Recurso de Suplicación, en tiempo y forma, por la parte demandante, el cual fue impugnado de contrario, elevándose los autos principales, en unión de la pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, en la que, una vez tuvieron entrada, se dictaron las correspondientes y subsiguientes resoluciones para su tramitación en forma; poniéndose en su momento a disposición del Magistrado Ponente para su examen y resolución.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sala los siguientes,


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—En el primer motivo de recurso, amparado en el art. 193 b) de la LRJ, se postula la revisión del hecho probado primero de la sentencia de instancia a fin de adicionar a dicho hecho la circunstancia de que la demandante es trabajadora fija del Ayuntamiento demandado.

El motivo de recurso destinado a la revisión fáctica no puede tener favorable acogida, pues, para que ello tenga lugar es preciso, entre otros requisitos que no vienen al caso, que la revisión pretendida sea trascendente para la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión no conduzca a nada práctico (sentencias del Tribunal Supremo de 12 de marzo y 29 de octubre de 2002, 7 de marzo de 2003, 6 de julio de 2004, 20 de junio de 2006, 10 de diciembre de 2009, 26 de enero, 18 de febrero de 2010, 18 de enero de 2011 y las que en ellas se citan); y en el presente caso, resulta innecesario para la adecuada resolución del caso la adición pretendida al desprenderse del contenido del hecho probado sin duda que la demandante accedió a su plaza laboral mediante concurso oposición, no cuestionándose en el proceso su condición de trabajadora fija de la entidad demandada.

Segundo.—En el segundo motivo de recurso, amparado en el art. 193 c) de la LRJS, se denuncia infracción de los arts. 21 y 22 i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril y art. 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, al considerar que el despido debe ser calificado de nulo al no constar la dación de cuenta al Pleno del Ayuntamiento de la decisión adoptada por el Alcalde. Igualmente, se destaca que la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas no ha ido precedida de la amortización de la plaza.

Conforme al art. 21.1 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, corresponde al Alcalde "Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno, en estos dos últimos casos, en la primera sesión que celebre ". Asimismo, compete al Pleno de la Corporación "La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual".

En el presente caso, la decisión de extinguir el contrato de trabajo por causas objetivas ha sido adoptada por quien en principio tiene competencia para ello, que es el Alcalde, y tal decisión produce efectos desde que se adopta y es irrevocable, sin perjuicio de su posterior calificación.

Ahora bien, con independencia de la tramitación que en el ámbito de la Corporación se de a tal decisión, ha de considerarse que la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas únicamente pude ser calificado de nulo por alguna de las causas contempladas en el art. 53.4 del ET y 122.2 de la LRJS. Fuera de tales casos, la decisión solo puede calificarse de procedente o improcedente.

Por consiguiente, la pretensión de la parte actora de obtener la decisión de nulidad de la extinción de su contrato de trabajo por causas objetivas por las causas que se alegan, no puede prosperar, debiendo desestimarse el motivo de recurso examinado.

Tercero.—En el tercer motivo de recurso, amparado en el art. 193 c) de la LRJS, se denuncia infracción del art. 96.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Sobre interpretación del art. 96.2 de la Ley 7/2007, ha de estarse a la doctrina del Tribunal Supremo recogida en la sentencia de 4 de noviembre de 2010, rec. 88/2010, en la que se indica:

El artículo 93.1 EBEP señala que: "Los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el presente Título y en las normas que las Leyes de Función Pública dicten en desarrollo de este Estatuto".

Refiriéndose especialmente al personal laboral el apartado 4 del citado precepto dispone que "El régimen disciplinario del personal laboral se regirá, en lo no previsto en el presente Título, por la legislación laboral", es decir establece una clara jerarquización entre los dos tipos de normas reguladoras del régimen disciplinario del personal laboral, a saber, la normativa aplicable es la contenida en el EBEP y, únicamente en el supuesto de que no hubiera regulación en dicho Estatuto se aplicaría la legislación laboral.

La cuestión debatida, los efectos del despido declarado improcedente aparecen contemplados en el artículo 96.2 del EBEP , precepto incluido dentro del Título VII y, por lo tanto, aplicable con preferencia a la regulación laboral en virtud de lo establecido en el artículo 93.4 del EBEP .

El artículo 96.2 del EBEP dispone que "Procederá la readmisión del personal laboral fijo cuando sea declarado improcedente el despido acordado como consecuencia de la incoación de un expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave".

Por lo tanto para que proceda la aplicación de este precepto han de darse los siguientes requisitos:

a) Que se trate de personal laboral fijo. El artículo 8 del EBEP establece la clasificación de los empleados públicos, señalando en el apartado c): "Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal". Por su parte el artículo 11 señala que: "Es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. En función de la duración del contrato, este podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal".

b) Que el despido sea declarado improcedente. El artículo 96.1 b) del EBEP prevé como sanción: "Despido disciplinario del personal laboral, que solo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves y comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las desempeñadas".

c) Que se haya acordado el despido como consecuencia de la incoación de un expediente disciplinario por la comisión de una falta muy grave. El artículo 98 del EBEP regula el procedimiento disciplinario, disponiendo en el apartado 1 que " No podrá imponerse sanción por la comisión de faltas muy graves o graves sino mediante el procedimiento previamente establecido". Por su parte el apartado 2 dispone que: "El procedimiento disciplinario que se establezca en el desarrollo de este Estatuto se estructurará atendiendo a los principios de eficacia, celeridad y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable. En el procedimiento quedará establecida la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándose a órganos distintos".

En el presente caso, no estamos ante un despido disciplinario, sino ante una extinción del contrato de trabajo por causas objetivas, razón por la que no resulta de aplicación las previsiones del art. 96.2 de la citada Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

En consecuencia, debe desestimarse el recurso formulado y confirmarse la sentencia, por ser conforme a derecho.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,


FALLAMOS


 
Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por la representación de María Virtudes, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de Albacete, de fecha 20-6-2013, en los autos número 185/13, siendo recurrido EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MADRIGUERAS, debemos confirmar la indicada resolución.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en Albacete, haciéndoles saber que contra la misma únicamente cabe RECURSO DE CASACION PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA, que se preparará por escrito dirigido a esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha en Albacete, dentro de los DIEZ DIAS siguientes a su notificación, durante dicho plazo, las partes, el Ministerio Fiscal o el letrado designado a tal fin, tendrán a su disposición en la oficina judicial los autos para su examen, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 220 de la Ley reguladora de la jurisdicción social. La consignación del importe de la condena, cuando proceda, deberá acreditarse por la parte recurrente, que no goce del beneficio de justicia gratuita, ante esta Sala al tiempo de preparar el Recurso, presentando resguardo acreditativo de haberla efectuado en la Cuenta Corriente número 0044 0000 66 0987 13 que esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en Albacete tiene abierta en el BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, Oficina número 3001, sita en Albacete, C/ Marqués de Molins n.º 13, pudiéndose sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista. Debiendo igualmente la parte recurrente, que no ostente la condición de trabajador, causahabiente suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, o se trate del Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, los Organismos dependientes de todas ellas y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita, consignar como depósito la cantidad de SEISCIENTOS EUROS (600,00 €), conforme al artículo 229 de citada Ley, que deberá ingresar en la Cuenta Corriente anteriormente indicada, debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo de haberlo efectuado en la Secretaría de esta Sala al tiempo de preparar el Recurso.

Para la interposición del recurso de casación se deberá justificar que se ha efectuado el ingreso de la TASA a que hace referencia la ley 10/2012 de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, acompañando el justificante del pago de la misma, debidamente validado. Con el apercibimiento de que de no acompañarse el mismo no se dará curso al escrito hasta que tal omisión se haya subsanado, así como que no se suspenderán los plazos procesales por este motivo.

Expídanse las certificaciones oportunas para su unión a los autos y al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente Libro de Sentencias.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal el día diecinueve de no viembre de dos mil trece. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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