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Sentencia T.S.J. Madrid 855/2013 de 14 de octubre


 RESUMEN:

Sucesión empresarial: Existencia. Obligación de subrogar trabajador. Despido improcedente.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

SALA DE LO SOCIAL-SECCIÓN 5.ª

MADRID

Ilma. Sra. D.ª Begoña Hernani Fernández:

Presidente

Ilmo. Sr. D. José Ignacio de Oro Pulido Sanz:

Ilma. Sra.D.ª Alicia Catalá Pellón:

En Madrid, a 14 de octubre de 2013.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de suplicación 1043/13 interpuesto por SEGURIBER COMPAÑÍA DE SERVICIOS INTEGRALES SL representado por el Letrado LUIS TEJEDOR REDONDO, contra sentencia dictada por el Juzgado de lo Social NUM. 10 DE MADRID en autos núm. 1043/13 siendo recurrido Jesus Miguel representado por el Letrado MANUEL EDUARDO MARTIN MORETA. Ha actuado como Ponente el Ilma. Sra. Alicia Catalá Pellón.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—En el Juzgado de lo Social de procedencia tuvo entrada demanda suscrita por Jesus Miguel contra SEGURIBER SLU Y SERVIMAX SERVICIOS GENERALES SA en reclamación sobre DESPIDO en la que solicitaba se dictase sentencia en los términos que figuran en el suplico de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio, se dictó sentencia con fecha 18 de diciembre de 2012, en los términos que se expresan en el fallo de dicha resolución.

Segundo.—En dicha sentencia, y como HECHOS PROBADOS, se declaraban los siguientes:

Primero.—El demandante DON Jesus Miguel con DNI n.º NUM000 viene prestando servicios en el edificio de «Valoriza» en calle Princesa n.º 5 de Madrid desde el 01.01.2004, según contrato de trabajo por tiempo indefinido a tiempo completo suscrito en su día con la empresa Cía Europea de Servicios de Seguridad SA (CESS) con la categoría de vigilante de seguridad, empresa que el 28.12.2004 se integró en el Grupo Prosegur, figurando de alta en Prosegur Compañía de Seguridad desde 01.10.2005 y relación laboral que se encontraba regida por el convenio colectivo de Empresas de Seguridad.

El 23.12.2008 el demandante suscribe con SERVIMAX SERVICIOS GENERALES SA contrato indefinido para prestar servicios como auxiliar de Control incluido en la categoría de "Oficial Varios Servicios externos", señalando la cláusula 8.ª del contrato que la relación se rige por el Convenio de Empresa Servimax Servicios generales; las cláusulas Adicionales 14.ª y 15.ª al contrato, indican las referencias a la intranet corporativa de PROSEGUR, la cesión de los datos personales incorporados a los ficheros de PROSEGUR, calculado por años de servicios ininterrumpidos.

El importe anual (meses de mayo 2011 a abril 2012) percibido por el trabajador asciende a 12.540,78 euros, resultando un promedio salarial mensual con prorrata de pagas de 1.045,07 euros. Además el demandante percibe como pluses extrasalariales excluidos de cotización a la Seguridad Social cantidades mensuales en concepto de plus transporte y plus vestuario.

(Folios n.º 27 a 52 y 185 a 188 de autos)

Segundo.—SERVIMAX SERVICIOS GENERALES SA el 28.05.2012 remite carta de igual fecha al demandante informándole "...31/05/2012 causará baja en esta empres con motivo de la sucesión del servicio donde estaba asignado en las instalaciones de Valoriza (C/ Princesa n.º 5 de Madrid) del que ha resultado adjudicataria la empresa SEGURIDBER CIA DE SERVICIOS INTEGRALES SL... Con motivo de esta sucesión del servicio, de conformidad con el art 44 ET, usted deberá integrarse en la plantilla de la referida empresa a partir del día 01.06.2012... tendrá a su disposición... la liquidación y saldo finiquito..."

(Folios n.º 53 y de autos).

Tercero.—SERVIMAX SERVICIOS GENERALES SA en la misma fecha de 28.05.2012 remite carta a SEGURIBER informándole de la relación de trabajadores que prestan servicios en los tres centros de Valoriza señalando en la sede de C/ Princesa 5:

- Cayetano

- Jesus Miguel

- Emilio.

Remitiendo la documentación referida a todos los trabajadores que prestan servicios en las sedes de Valoriza.

(Folios n.º 73 a 92 y 182 a 184 de autos)

Cuarto.—Mediante carta de fecha 29.05.2012 SEGURIBER CIA DE SERVICIOS INTEGRALES SL contesta a SERVIMAX SERVICIOS GENERALES SA, "...entendemos que no es de aplicación la figura de la subrogación puesto que no existe convenio... Así mismo, tampoco sería de aplicación el art 44 ET, puesto que no estamos ante el supuesto que se recoge en su punto 2.º".

Y el 30.05.2012 SEGURIBER CIA DE SERVICIOS INTEGRALES SL, remite otra a SERVIMAX indicando que devuelve la documentación de todos los trabajadores.

(Folios 93 a 98 de autos).

Quinto.—El 01.06.2012 Valoriza y SEGURIBER CIA DE SERVICIOS INTEGRALES SL, suscriben contrato de arrendamiento de servicios, figurando en el Expositivo I, la prestación de servicios consistentes en los trabajos de auxiliar de servicios en los edificios y pactando como objeto del contrato en la cláusula 1.ª, entre otros el centro de c/ Princesa n.º 5.

En el Anexo al contrato de Servicios auxiliares de control consta bajo epígrafe III Edificio del complejo Princesa 5 como servicio contratado en arrendamiento de servicio:

-1 Auxiliar de Control: de 22:00 a 7:00 horas de lunes a viernes laborables y durante las 24 horas, los sábados, domingos y festivos

-1 Recepcionista: de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes laborables.

(Folios n.º 56 a 66 de autos).

Sexto.—SEGURIBER CIA DE SERVICIOS INTEGRALES SL posee Convenio colectivo propio (BOE 26.05.2011).

Séptimo.—Se ha celebrado el intento conciliatorio previo el 13-07-2012 por presentación el día 25-06-2012 de papeleta en solicitud de conciliación con el resultado de "sin avenencia" respecto de SERVIMAX y "Sin efecto" respecto de la no compareciente SEGURIBER CIA DE SERVICIOS INTEGRALES SL, constando debidamente citada.

(Folio n.º 7 de autos).

Octavo.—El demandante no ostenta ni ha ostentado en el año anterior cargo de representación de los trabajadores.

Tercero.—En esta sentencia se emitió el siguiente fallo:

"Estimo la demanda de despido interpuesta por DON Jesus Miguel frente a SERVIMAX SERVICIOS GENERALES SA y frente a SEGURIBER CIA DE SERVICIOS INTEGRALES SL, declarando la improcedencia del despido producido el 01 de junio de 2012, y por tanto, condeno a la empresa SEGURIBER CIA DE SERVICIOS INTEGRALES SL a la inmediata readmisión del trabajador en las mismas condiciones que regían con anterioridad al despido y con abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la de readmisión efectiva, o bien, a elección de la empresa citada a abonar la cantidad de 13.091,13 euros en concepto de indemnización.

Se advierte a la empresa SL que la opción debe efectuarla, mediante escrito o por comparecencia ante la oficina del juzgado dentro de los CINCO días siguientes hábiles a la fecha de notificación de sentencia, y que caso de no hacer manifestación alguna, se entenderá realizada a favor de la readmisión.

Absuelvo de la presente reclamación de despido a SERVIMAX SERVICIOS GENERALES SA".

Cuarto.—Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandada, SEGURIBER COMPAÑÍA DE SERVICIOS INTEGRALES SL siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a esta Sala de lo Social, se dispuso el pase de los mismos al Ponente para su examen y resolución.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—- Frente a la sentencia de instancia que ha estimado, en parte, la demanda formulada por el actor, en materia de despido, condenando a la empresa entrante, Seguriber Compañía de Seguros Integrales SLU, a que se haga cargo de todas las consecuencias inherentes a la falta de subrogación del trabajador, por considerar que existió sucesión de empresa por no haberse producido ruptura de la actividad que antes llevaba a cabo la empresa saliente Servimax Servicios Generales SA, a quien expresamente absuelve, se alza la representación Letrada de la empresa condenada en juicio, formulando recurso que articula a través de un motivo único, de conformidad con el apartado c) del artículo 193 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, denunciando la infracción del artículo 44 del ET, argumentando, en esencia, que la sentencia debió absolverle, dado que ni era empleadora del actor, ni estaba obligada a subrogarle, ni es de aplicación el artículo 44 del ET, a los supuestos de cambios de contratista, porque no se opera una transmisión de una unidad productiva autónoma y porque la empresa entrante no ha contratado, en términos de número y calidad de la plantilla anterior, a una parte significativa de trabajadores de Servimax Servicios Generales SA.

El recurso de suplicación, ha sido impugnado por la representación Letrada de la parte actora.

Segundo.—Como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de julio de 2013, Rec. n.º 3228/12 "... la sucesión de empresa, regulada en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores , impone al empresario que pasa a ser nuevo titular de la empresa, el centro de trabajo o una unidad productiva autónoma de la misma, la subrogación en los derechos laborales y de Seguridad Social que tenía el anterior titular con sus trabajadores, subrogación que opera "ope legis" sin requerir la existencia de un acuerdo expreso entre las partes, sin perjuicio de las responsabilidades que para cedente y cesionario establece el apartado 3 del precitado artículo 44...", precepto que debe interpretarse de acuerdo con la doctrina comunitaria... " Directiva 77/187 CEE , sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspaso de empresas, de centros de actividad o de parte de empresas o de centros de actividad, sustituida por la Directiva 98/50 CE de 29 de junio de 1998 y por la actualmente vigente Directiva 2001/23 CE, del Consejo de 12 de marzo de 2001- y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas....

La sentencia de 12 de diciembre de 2002 (LA LEY 1214/2003), recurso 764/02, con cita de la de 1 de diciembre de 1999 establece lo siguiente: " El supuesto de hecho del art. 44 del E.T al que se anuda la consecuencia jurídica de la sucesión o subrogación de un nuevo empleador en la posición del anterior empresario, presenta una cierta complejidad. La ley española lo describe en términos genéricos como "cambio de titularidad" de la empresa, centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma".... La Directiva 98/59 CE, de 29 de junio de 1.998, ha aclarado este concepto genérico de transmisión o traspaso de empresa, a través de una serie de precisiones sobre el significado de la normativa comunitaria en la materia. Esta aclaración se efectúa, según puntualiza el preámbulo de dicha disposición de la CE, "a la luz de la jurisprudencia" del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea....

... La normativa Comunitaria alude a "traspaso de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o centros de actividad" ( artículo 1. a) de la Directiva 2001/23/CEE, del Consejo de 12 de marzo de 2001 (LA LEY 4544/2001)), en tanto el artículo 44.1 del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 1270/1995) se refiere a "cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma", utilizándose en el apartado 2 de dicho artículo 44 la expresión "transmisión", procediendo a establecer en qué supuestos se considera que existe sucesión de empresa de forma similar a la regulación contenida en el artículo 1 b) de la Directiva. En efecto, a tenor del precepto, se considera que existe sucesión de empresa, cuando la transmisión afecte a una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, ya fuere esencial o accesoria (art. 1 b de la Directiva).

... Esta Sala, a partir de la sentencia de 5 de abril de 1993 (LA LEY 13216/1993), recurso 702/92, ha señalado, a propósito de la subrogación establecida en el precepto referido, que " ni la contrata ni la concesión administrativa son unidades productivas autónomas a los efectos del artículo 44 ET (LA LEY 1270/1995), salvo entrega al concesionario o al contratista de la infraestructura u organización empresarial básica para la explotación ". De esta manera en los supuestos de sucesión de contratistas la subrogación no opera en virtud del mandato estatutario - artículo 44 ET (LA LEY 1270/1995) - si no se ha producido una transmisión de activos patrimoniales o una "sucesión de plantillas", en aquellos sectores en los que la actividad descansa fundamentalmente en la mano de obra - STS de 27 de octubre de 2004, recurso 899/00 , que recoge la doctrina comunitaria -. Así, en la sentencia de 10 de diciembre de 1998 , C 173/96 y C-247/96, Sánchez Hidalgo y otros el TJVE entendió que era aplicable la Directiva 77/187/CEE (LA LEY 255/1977) a un supuesto en que un Ayuntamiento adjudicó el servicio de ayuda a domicilio, en régimen de concesión a una determinada empresa y, tras finalizar la concesión, se lo adjudica a una nueva, que contrató a todos los trabajadores que venían prestando servicios para la anterior. La sentencia contiene el siguiente razonamiento: "El concepto de entidad remite a un conjunto organizado de personas y elementos que permite el ejercicio de una actividad económica que persigue un objetivo propio (sentencia Süzen, antes citada, apartado 13)

Dicha entidad, si bien debe ser suficientemente estructurada y autónoma, no entraña necesariamente elementos significativos de activo material o inmaterial. En efecto, en determinados sectores económicos, como los de limpieza y vigilancia, estos elementos se reducen a menudo, a su mínima expresión y la actividad descansa fundamentalmente en la mano de obra. Así pues, un conjunto organizado de trabajadores que se hallan específicamente destinados de forma duradera a una actividad común puede constituir una entidad económica cuando no existen otros factores de producción...".

En el asunto ahora examinado, la sentencia de instancia condena a Seguriber Compañía de Seguros Integrales SLU, porque ésta, con efectos de 1 de junio de 2012, sucedió a la anterior empleadora Servimax Servicios Generales SA, en la prestación del servicio de auxiliar de control, en el edificio del cliente Valoriza sito en la calle Princesa 5 de Madrid hasta el 31 de mayo de 2012 y porque "resultando que acreditada, por tanto, la inexistencia de ruptura en la actividad empresarial desempeñada por una y otra empresa, para la entrante en el servicio nació la obligación de subrogación con reconocimiento de los derechos de los que es titular el trabajador con la anterior empresa".

Tercero.—Debemos tener en cuenta que, según el firme relato fáctico:

1.- El 23 de diciembre de 2008, el demandante suscribe con Servimax Servicios Generales SA, contrato indefinido para prestar servicios, como auxiliar de control, incluido en la categoría de "oficial varios servicios externos", siendo de aplicación el Convenio Colectivo de la empresa Servimax Servicios Generales SA.

2.- El 28 de mayo de 2012, Servimax Servicios Generales SA, remite carta de igual fecha al demandante informándole de que "... El 31 de mayo de 2012, causara baja en esta empresa con motivo de la sucesión del servicio donde estaba asignado en las instalaciones de Valoriza (c/Princesa n.º 5 de Madrid) del que ha resultado adjudicataria la empresa Seguriber Compañía de Seguros Integrales SLU... con motivo de esta sucesión del servicio, de conformidad con el artículo 44 del et, usted deberá integrarse en la plantilla de la referida empresa a partir del 1 de junio de 2012... tendrá a su disposición la liquidación y saldo finiquito...".

3.- Servimax Servicios Generales SA, en la misma fecha de 28 de mayo de 2012, remitió carta a Seguriber Compañía de Seguros Integrales SLU, informándole de la relación de trabajadores que prestan servicios en los tres centros de Valoriza en la sede de la calle Princesa 5, entre los que se encontraba el trabajador, remitiendo la documentación referida a todos los trabajadores que prestan servicios en las sedes de Valoriza.

4.- Mediante carta de fecha 29 de mayo de 2012, Seguriber Compañía de Seguros Integrales SLU, contesta a Servimax Servicios Generales SA, diciendo que entiende que no es de aplicación la figura de la subrogación, puesto que no estamos ante el supuesto que se recoge en el artículo 44.2 del ET, enviando al día siguiente carta a la empresa saliente devolviendo la documentación de todos los trabajadores.

5.- El 1 de junio de 2012, Valoriza y Seguriber Compañía de Seguros Integrales SLU, suscriben un contrato de arrendamiento de servicios consistente en los trabajos de auxiliar de servicios en los edificios y pactando como objeto del contrato en la cláusula primera, entre otros, el centro de la calle Princesa n.º 5.

En el anexo al contrato de servicios auxiliares de control, consta bajo el epígrafe III edificio del complejo Princesa 5 como servicio contratado en arrendamiento de servicio:

-1 Auxiliar de control, de 22.00 a 7.00 horas, de lunes a viernes laborables y durante las 24 horas los sábados, domingos y festivos.

-1 Recepcionista de 9.00 a 15.00 horas de lunes a viernes laborables.

6.- Seguriber Compañía de Seguros Integrales SLU posee Convenio Colectivo propio.

Cuarto.—Sentado lo anterior, la Sala discrepa de la solución dada en instancia pues el mero hecho de continuación del servicio, no determina la aplicación automática, con arreglo a la doctrina que hemos expuesto en el fundamento segundo, del artículo 44 del ET ni responsabilidad de ninguna clase para la empresa entrante que ahora recurre, salvo que ésta se hubiera hecho cargo de un número significativo de trabajadores de Servimax Servicios Generales SA, lo que no se declara probado o que su convenio previera algún tipo de obligación de subrogar al personal de la empresa saliente, lo que tampoco consta.

Como hemos visto, el actor ostenta una de las categoría profesionales previstas en el Convenio colectivo que regía su relación laboral mientras trabajaba con Servimax Servicios Generales SA, que es su convenio propio. Era auxiliar de control pertenciente a la categoría profesional de oficial varios de servicios externos.

Como dice la sentencia de la Sección Cuarta de este Tribunal, de 30 de noviembre de 2011 (RS.n.º4815/2011) conviene recordar la jurisprudencia que, en orden al ámbito funcional de los convenios colectivos viene diciendo que " como esta Sala tiene declarado desde su sentencia de 28-10-1996 (LA LEY 30/1997) (R. 566/96), "el convenio colectivo no puede (...) en su contenido normativo, establecer condiciones de trabajo que hubieran de asumir empresas que no estuvieran incluidas en su ámbito de aplicación. Así lo deja precisado el (...) artículo 82.3 (LA LEY 1270/1995) del (...) Estatuto de los Trabajadores al disponer que los convenios colectivos regulados por su Título III obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación, en el que sólo pueden estar comprendidos quienes, formal o institucionalmente, estuvieron representados por las partes intervinientes en la negociación del convenio ". La doctrina ha sido reiterada, entre otras, en las sentencia de 15-12-1997 (LA LEY 4085/1998) (R. 184/97), resolviendo también un supuesto referido igualmente al sector de la limpieza, 14-3-2005 (LA LEY 1265/2005) (R. 6/04), 26-4-2006 (LA LEY 48638/2006) (R. 38/04) y 10-12-2008 (LA LEY 226124/2008) (R. 2731/07). Además, como refiere la Sala 4.ª del Tribunal Supremo "...A lo que añadir que un Convenio Colectivo no puede válidamente establecer normas que produzcan sus efectos fuera del ámbito propio del mismo, y las disposiciones que impongan una aplicación que sobrepase ese ámbito carecerán de validez (así, STS 23/07/03 (LA LEY 10944/2004) - rco 75/02 -)" (STS de 21 de Diciembre del 2010 (LA LEY 244567/2010) (R. 208/2009)

Igualmente se ha afirmado que el convenio aplicable a una empresa debe ser el que corresponde con su actividad principal preponderante. Así lo recoge la jurisprudencia, entre otras, en la sentencia de 31 de octubre de 2003 (LA LEY 640/2004) (R. 17/2002), que, siendo consciente de la dificultad que se presenta el tener que delimitar la situación de empresas que desarrollan diversas actividades, ha entendido que lo que determina el Convenio Colectivo aplicable es la actividad real preponderante, a cuyo efecto habrá de valorarse, principalmente, la actividad organizativa, productiva y económica de la empresa. Reiterando con ello criterios precedentes, reflejados en SSTS 10 de julio de 2000 (LA LEY 10622/2000) (R. 4315/1999), 29 de enero de 2002 (LA LEY 4688/2002) (R. 1068/2001) y 17 de julio 2002 (LA LEY 7854/2002) (R. 4859/2000). Doctrina que se reitera en la más reciente de 20 de Enero del 2009 (R. 3737/2007).

Cuestión distinta es la relativa a las empresas multiservicios que agrupan en su objeto social diferentes y autónomas actividades, como sucede, con las aquí codemandadas. En estos casos, normalmente, viene rigiendo el denominado principio de especificidad, salvo que exista convenio de empresa, en cuyo caso deberá ser el aplicable y sin que ello excluya la posibilidad de que determinados grupos de trabajadores, por las peculiaridades de la actividad a la que están vinculados, puedan regularse por convenios diferentes, como así lo tiene previsto el Convenio Colectivo de la Empresa Eulen, Servicios Auxiliares, al que se hizo ya referencia anteriormente, o la empresa Seguriber.

Con ello queremos decir que, aunque se acuda a la técnica de determinación de la actividad autónoma, objeto en este caso de la contrata y que afecta a los demandantes, no podría entenderse aplicable en este caso, en el que cada empresa, entrante y saliente tienen convenio colectivo propio, sin previsión alguna de subrogación empresarial...".

Compartiendo esta Sección la consideración precedente, se impone la estimación del recurso y la revocación de la sentencia de instancia, con condena para la empresa Servimax Servicios Generales SA, pues no ha tenido lugar ningún tipo de trasmisión de medios organizados, a fin de llevar a cabo una actividad económica, ya fuere esencial o accesoria ni tampoco un conjunto organizado de personas y elementos que permiten el ejercicio de una actividad económica que persigue un objetivo propio, ni existe convenio que obligue a la condenada a hacerse cargo de los trabajadores de la saliente pues el Convenio de Seguriber Compañía de Seguros Integrales SLU no prevé su obligación de asumir el personal de Servimax Servicios Generales SA, entidad que debe condenarse (ex. STS de 19 de diciembre de 1997, Rec. 1422/1997 con cita de la doctrina de la sentencia n.º 200/1987 del Tribunal Constitucional, reiterada por el Tribunal Supremo en unificación de doctrina en su sentencia de 10 de mayo de 1.994, Rec. 428/1993) a través de la presente resolución, previa estimación del recurso de suplicación formulado por la representación Letrada de Seguriber Compañía de Seguros Integrales SLU y con revocación de la sentencia de instancia, confirmando eso sí, la declaración de improcedencia del despido y las consecuencias económicas que fijó la sentencia de instancia al no haber sido impugnadas.


FALLAMOS


 
Estimamos el recurso de suplicación interpuesto por la representación Letrada de Seguriber Compañía de Seguros Integrales SLU contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 10 de Madrid en autos n.º 851/2012, de fecha 18 de diciembre de 2012, que revocamos en parte, condenando a la empresa Servimax Servicios Generales SA y confirmándola respecto a la declaración de improcedencia del despido del actor y las consecuencias económicas asociadas al mismo.

Absolvemos de manera expresa a la recurrente de todas las pretensiones dirigidas en su contra.

Sin costas.

Dese a los depósitos y consignaciones el destino legal.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de Sala.

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión al rollo de suplicación, que se archivará en este Tribunal.

Notifíquese la presente sentencia a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia y a las partes por correo certificado con acuse de recibo que se unirá a los autos, conforme establece el art. 56 LRJS, incluyendo en el sobre remitido copia de la presente resolución.

Hágaseles saber a los antedichos, sirviendo para ello esta misma orden, que contra la presente sentencia pueden, si a su derecho conviene, interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina, que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de los diez días laborales inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia de acuerdo con los establecido, en los artículos 220, 221 y 230 de la LRJS.

Asimismo se hace expresa advertencia a todo posible recurrente en casación para unificación de esta sentencia que no goce de la condición de trabajador o de causahabiente suyo o de beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social o del beneficio reconocido de justicia gratuita, deberá acreditarse ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso el ingreso en metálico del depósito de 600 euros conforme al art. 229.1 b) de la LRJS y la consignación del importe de la condena cuando proceda, presentando resguardos acreditativos de haber efectuado ambos ingresos, separadamente en la cuenta corriente c/c n.º 2876 0000 00(SEGUIDO DEL NÚMERO DE RECURSO DE SUPLICACIÓN) que esta Sección tiene abierta en el Banco Español de Crédito, sucursal número 1026 sita en la calle Miguel Angel 17, 28010, de Madrid, pudiéndose, en su caso, sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento de dicha condena mediante el correspondiente aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por la entidad de crédito

Se advierte, igualmente, a las partes que preparen recurso de casación (o casación para la unificación de doctrina) contra esta resolución judicial, que, según lo previsto en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses modificada por Real Decreto- Ley 3/2013, de 22 de febrero, con el escrito de interposición del recurso habrán de presentar justificante de pago de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional a que se refiere dicha norma legal, siempre que no concurra alguna de las causas de exención por razones objetivas o subjetivas a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 4 de la misma, ascendiendo su importe fijo con carácter general a 750 euros, salvo en el caso de trabajadores, sean por cuenta ajena o propia, o beneficiarios del régimen público de Seguridad Social, en cuyo caso su montante será de 300 euros, amén de la cuota variable de la citada tasa en atención a la cuantía del recurso a que hace méritos el artículo 7.2 y 3 de la misma norma, con una exención, también en este caso, del 60 por 100 si se trata de trabajadores o beneficiarios del Sistema de la Seguridad Social, tasa que se satisfará mediante autoliquidación según las reglas establecidas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso- administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación, norma reglamentaria en vigor desde el 17 de diciembre de 2012.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION: Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe en la Sala de Audiencias de este Tribunal, firmada por los tres Magistrados en esta misma fecha para su notificación. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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