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Sentencia T.S.J. Madrid 686/2013 de 9 de octubre


 RESUMEN:

Reclamación de cantidad: Plan de prejubilación. Pacto con la empresa de no prestar servicios en la misma entidad o en otra que dé servicios a dicha entidad. Incumplimiento. Reintegro de la cantidad percibida.

Domicilio: C/ General Martínez Campos, 27 - 28010

Teléfono: 914931969

Fax: 914931957

34002650

NIG: 28.079.34.4-2012/0055133

Procedimiento Recurso de Suplicación 3717/2012-P

ORIGEN: Juzgado de lo Social n.º 17 de Madrid 49/2011

Materia: Cantidad

Sentencia número: 686

Ilmos. Sres.

D. MIGUEL MOREIRAS CABALLERO

D. MANUEL RUIZ PONTONES

D. FERNANDO MUÑOZ ESTEBAN

En Madrid, a nueve de octubre de dos mil trece, habiendo visto en recurso de suplicación los presentes autos la Sección 2 de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los Ilmos. Sres. citados, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

SENTENCIA

en el Recurso de Suplicación 3717/2012, formalizado por el LETRADO D. RAMON PEREZ DEL RIEGO en nombre y representación de D. Nicolas, contra la sentencia de fecha nueve de marzo de dos mil doce, dictada por el Juzgado de lo Social n.º 17 de Madrid en sus autos número 49/2011, seguidos a instancia de ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) frente a D. Nicolas, en reclamación por Cantidad, siendo Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. FERNANDO MUÑOZ ESTEBAN, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los oportunos actos de juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones de las partes, dictó la sentencia referenciada anteriormente en cuyo fallo constaba lo siguiente: " Que estimando la demanda formulada por ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) contra D. Nicolas, debo condenar y condeno a D. Nicolas a abonar a la empresa ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS la cantidad de 165.235,18 euros".

Segundo.—En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en calidad de expresamente declarados probados:

Primero.—El trabajador demandado ha prestado sus servicios por cuenta de la empresa demandante con una antigüedad de 28-4-80, con la categoría profesional de Ingeniero Técnico.

Segundo.—El día 31-3-10 el demandado se acoge al Plan General de Prejubilaciones contenido en el Plan de Prejubilaciones y Bajas Incentivadas 2006-2010 homologado por la Dirección General de Trabajo en fecha 9-3-06.

Así trabajador y empresa suscribieron el 31-3-10, un contrato privado de prejubilación cuya cláusula sexta establece:

" Atendiendo a la cuantía indemnizatoria fijada y a la fórmula de extinciones que se acuerda en el expediente, se establece el siguiente régimen de incompatibilidades:

El trabajador que cause baja se compromete a no prestar servicios remunerados por cuenta propia ni ajena, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo, sea esta laboral, estatutaria o funcionarial, para cualquiera de las Administraciones Públicas o entes, instituciones, entidades, organismos y empresas de ellas dependientes o que formen parte del sector público, durante los dos años siguientes a la extinción de su contrato laboral con ADIF.

Asimismo se compromete a no prestar servicios por cuenta propia ni ajena para cualquier empresa que desarrolle actividades que supongan competencia en sectores donde ADIF o entidades que le sustituyan realicen sus actividades, incluyendo contratas ferroviarias y de servicios de apoyo, durante los dos años siguientes a la extinción del contrato.

El trabajador que cause baja no podrá prestar servicios remunerados por cuenta propia ni ajena para ADIF Renfe Operadora o cualquier otra empresa de transportes.

En caso de incumplimiento de los anteriores compromisos deberán reintegrar inmediatamente a ADIF las cantidades brutas percibidas de esta por la extinción del contrato de trabajo".

Tercero.—Tal Régimen de incompatibilidades estaba previsto en el Plan de Prejubilaciones y Bajas Incentivadas 2006-2010 homologado por la Dirección General de Trabajo en fecha 9-3-06.

Cuarto.—ADIF abonó al trabajador, al cesar en la empresa, 165.235,18 euros brutos en concepto de indemnización (143.041,53 euros netos).

Quinto.—Desde abril de 2010 el demandado presta servicios en la empresa ENGLISH WELSH AND SCOTTISH RAILWAY INTERNATIONAL LIMITED (EWSI) como Director de Operaciones en España.

El objeto social de esta empresa es la provisión de servicios de mantenimiento de trenes y la conducción de trenes, la prestación de servicios de transporte ferroviario de mercancías y de servicios derivados de o complementarios a este objeto, incluyendo sin limitación, el manejo de los terminales, depósito, custodia, ingeniería mecánica...

La empresa EWSI tiene licencias y habilitaciones para operar en el mercado español de transporte de mercancías por tren y es cliente de ADIF.

Sexto.—Con fecha 11-6-10 ADIF envía un burofax al demandado para que devuelva las cantidades brutas percibidas, de acuerdo con la cláusula sexta del contrato, lo que se reitera el 13-9-10. Al primer burofax el demandado contesta que se opone a la reclamación por las razones que constan en el escrito que constituye el documento n.º 9 de la empresa, el 2.º burofax no llegó a recogerlo.

Séptimo.—Se ha intentado sin avenencia la conciliación ante el SMAC.

Tercero.—Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandada, formalizándolo posteriormente; tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte a través de su LETRADO DÑA. ROSA MARÍA DÍAZ GARLITO. Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en esta Sección, dictándose la correspondiente y subsiguiente providencia para su tramitación en forma. Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su conocimiento y estudio, señalándose el día 02-10-2013 para los actos de votación y fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los siguientes


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—Disconforme el demandado con la sentencia de instancia, formula recurso de suplicación con la doble finalidad de revisar la declaración fáctica y examinar el derecho aplicado en dicha resolución.

A lo que se opone la parte actora en su escrito de impugnación por las razones alegadas en el mismo.

Así, en los tres primeros motivos del recurso el demandado solicita, al amparo del artículo 193 b) de la LRJS, la revisión de los hechos declarados probados, en los términos que propone.

Así las cosas, a la vista de las alegaciones realizadas, se ha de significar que, según tiene declarado la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en Sentencias de 28 de septiembre de 2004, recurso de suplicación 878/2004 y de 26 de junio de 2007, recurso de suplicación 1225/05 y esta misma Sala del T.S.J. de Madrid en la de 13-5-2009 (Rec. 1472/09), entre otras, con doctrina enteramente aplicable tras la entrada en vigor de la LRJS, se vienen considerando como requisitos a tener en cuenta para la procedencia de la revisión fáctica:

1.-Imposibilidad de aducir cuestiones fácticas nuevas no discutidas en el procedimiento.

2.-Precisión y claridad en la concreción del hecho o hechos a revisar.

3.-Determinación explícita y concreta de las pruebas documentales o periciales que sirvan de sustento a su pretensión, no siendo viables las interpretaciones distintas de las mismas pruebas ya valoradas por el Juez "a quo".

4.-No pueden servir para la revisión la referencia genérica a las pruebas practicadas, ni la alegación de inexistencia de prueba de hechos declarados como acreditados, ni la mención de determinados medios probatorios desvirtuados o contradichos por otros también incorporados a las actuaciones.

5.-El error del Juzgador debe inferirse directamente de las específicas pruebas documentales o periciales aducidas, y no de hipótesis, conjeturas o razonamientos efectuados a partir de las mismas.

6.-Debe ofrecerse el correspondiente texto alternativo que se pretende vaya a sustituir al llamado a ser suprimido.

7.-Por último, es necesario que la revisión propuesta, ya sea a través de la modificación, supresión o adición instada, resulte trascendente o relevante en orden al enjuiciamiento y resolución del tema litigioso objeto de debate.

Pues bien, en el supuesto de autos el recurrente solicita en primer lugar la adición de un nuevo hecho probado, en los términos que indica, a fin de que se haga constar que la extinción de su relación laboral fue de carácter involuntario, llevándose a cabo en el marco de un ERE. Sin embargo, es lo cierto que de la documental designada no cabe inferir, de forma directa e incontestable, que la extinción de la relación laboral fuera de carácter involuntario, estando acreditado por el contrario que el demandado se acogió voluntariamente al Plan de Prejubilaciones y Bajas Incentivadas y suscribió con la empresa un contrato privado de prejubilación.

Por lo que, conforme a lo indicado, ha de decaer necesariamente este primer motivo del recurso del demandado.

Como igualmente ha de rechazarse el motivo Segundo, en que el demandado interesa que se adicione un nuevo hecho probado a fin de hacer constar que su relación laboral con ADIF se extinguió con efectos del 31-3-2010, pasando a la situación legal de desempleo. Y es que la revisión pedida resulta por completo intrascendente al recurso, careciendo en todo caso del alcance que pretende otorgarle el recurrente, al ser lo realmente relevante que, después de acogerse al Plan de Prejubilaciones antecitado el 31-3-2010, comenzó a prestar servicios al mes siguiente para EWSI, lo que aparece debidamente recogido en el relato fáctico (Hechos Probados Segundo y Quinto).

Por último, en lo que respecta al motivo Tercero (en que el recurrente interesa que se modifique el Hecho Probado Cuarto a fin de que se recoja que no consta compensación o indemnización alguna por régimen de incompatibilidades), se observa que, amén de que el demandado pretende aquí la introducción de un hecho negativo en el relato fáctico, trata de apoyar tal revisión en el contrato privado de prejubilación, documento que ya ha sido valorado por el juzgador, sin que quepa apreciar error alguno susceptible de ser corregido por esta Sala, conforme a lo expuesto, lo que obliga a rechazar este motivo.

En definitiva, ninguna de las revisiones pedidas resulta posible, bien entendido que, al no ser la suplicación una segunda instancia y configurarse como un recurso de naturaleza extraordinaria, lo que implica el objeto limitado del mismo, el Tribunal "ad quem" no puede valorar "ex novo" toda la prueba practicada, como si de una apelación se tratara, como no puede revisar "in totum" el Derecho aplicable, y ello aun cuando las pruebas estuvieran mal interpretadas y aunque el Derecho estuviera mal aplicado. Y ha de insistirse asimismo en que el criterio del juzgador para establecer la datación fáctica no puede ser sustituido por el interesado y particular del recurrente sino en virtud de causa objetiva, contundente y suficientemente acreditada que evidencie de manera patente e incuestionable un error en la narración histórica con trascendencia al recurso, y nunca en virtud de otras pruebas de similar valor a las que el juez considere preeminentes o que ya fueron tenidas en cuenta por él para la conformación de su juicio.

Segundo.—Al examen del derecho aplicado dedica el recurrente los siguientes motivos de su recurso, en que, al amparo del artículo 193 c) de la Ley, denuncia la infracción de los artículos 35 de la Constitución Española, 3.1 c), 3.5, 4.1 a), 4.2 a), 9.1, 49.1 i) y k) y 51 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores y la jurisprudencia, así como lo dispuesto en el artículo 1255 C.C. y los artículos 51.8, 53.1 b) y 3.5 del propio Estatuto y la jurisprudencia (motivo Cuarto), denunciando a continuación, en el motivo Quinto, la infracción de los artículos 35 de la Constitución Española, 3.5, 4.1 a), 4.2 a), 5. d), 9.1 y 21.2 del Estatuto de los Trabajadores y 1255, 1261, 1303 y 1306 del Código Civil y la jurisprudencia; mientras que en el motivo Sexto denuncia la infracción de los artículos 5 d) y 21.2 del Estatuto de los Trabajadores y 1255 del Código Civil y la jurisprudencia.

Así las cosas, vistas las alegaciones realizadas, se ha de significar que para la resolución de las cuestiones planteadas en estos motivos, íntimamente relacionadas, han de hacerse las consideraciones siguientes:

1.ª) Nuestro Código Civil diferencia claramente en el art. 1089 como fuente de las obligaciones los "actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia", de las otras fuentes, a saber: la ley, los contratos y los cuasicontratos. Sin embargo, aun cuando pueda parecer que hay una total separación entre las obligaciones que tienen su origen en los actos u omisiones culposos o negligentes, y las que surgen de la ley, de los contratos y de los cuasicontratos, está ya abandonada la doctrina que contraponía la responsabilidad contractual a la extracontractual debido a la distinta naturaleza del deber transgredido, reconociéndose en la actualidad que no hay más que diferencias de régimen entre ellas.

Pues bien, conforme al art. 1258 del Código Civil, los contratos obligan no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la Ley, debiendo subrayarse que lo que configura el contrato de trabajo como recíproco es la correspondencia que existe entre las prestaciones básicas del trabajador (prestar sus servicios bajo el poder de dirección de la empresa) y del empresario (remunerar el trabajo del empleado), debiendo cumplir uno y otro con las obligaciones que les son propias, bien entendido que la buena fe debe presidir todas las relaciones contractuales y especialmente la relación de trabajo.

Por lo demás, en nuestro Derecho rige como regla general - art. 1096 del Código Civil - la de la ejecución "in natura" para los supuestos de incumplimiento de la obligación, y sólo cuando dicha ejecución resultase imposible procede pedir - art. 1101 C.C.- la indemnización como sustitutiva de la prestación que no puede realizarse, en el bien entendido que la norma de este artículo (que establece que "quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas") comprende cualquier medio o forma de incumplimiento (S.ª TS de 4-10-1985), debiendo tenerse en cuenta a la hora de fijar la indemnización el elemento consistente en la evitación del enriquecimiento injusto.

2.ª) Cuando se trata de interpretar los contratos, como los actos y negocios jurídicos en general, a tenor de cuanto dispone el art. 1281 del Código Civil, se ha de estar al sentido literal de sus cláusulas cuando sean tan claras que no dejen lugar a duda sobre la intención de los contratantes, y hasta tal punto lo ha entendido así el Tribunal Supremo que, en sentencias de su Sala 1.ª de 22 de febrero y 22 de junio de 1984 y 1 de abril de 1987, entre otras, ha declarado que la finalidad del art. 1281 del Código Civil radica en evitar que se tergiverse lo que aparece claro o que se admita, sin aclarar, lo que se ofrezca oscuro, siendo factor decisivo de interpretación, en el primer supuesto, las palabras empleadas y, en el segundo, la intención evidente de los contratantes, debiendo atenerse el intérprete al sentido literal de lo manifestado, siempre que el texto se ofrezca con la claridad que la norma exige, de manera que las reglas de interpretación establecidas en el Código Civil tienen carácter de subsidiariedad en su aplicación y así cuando la literalidad de las cláusulas de un contrato sea clara, no deben aplicarse otras diferentes que las que corresponden al sentido gramatical y sólo cuando la literalidad del contrato ofrezca dudas de comprensión, se tendrá en cuenta la intención de los contratantes, manifestada tácitamente en los actos coetáneos y posteriores del contrato, y en este sentido se ha pronunciado también la Sala de lo Social del Tribunal Supremo afirmando que si la interpretación literal y sistemática no es suficiente y hay necesidad de remontarse a la indagación de lo querido por las partes contratantes se ha de buscar cuál es la voluntad real, concordada o común (S.S. Tribunal Supremo de 22 de Marzo de 1.988), para lo cual deben tenerse en cuenta los antecedentes y los actos coetáneos y posteriores al contrato (art 1282 del Código Civil), adquiriendo un gran relieve el uso o costumbre del país (art. 1287 C.C.) y sin olvidar en ningún caso que se ha de estar al espíritu y finalidad de lo pactado, atendida la realidad social del tiempo en que debe aplicarse (art. 3.1 del Código Civil), en el bien entendido, claro está, que unos medios interpretativos no excluyen los otros, debiendo usarse en su caso de todos ellos, en los términos expuestos, para alcanzar la solución correcta.

3.ª) En el supuesto ahora enjuiciado, el demandado sostiene en su recurso que la extinción de su contrato no fue voluntaria sino que estamos en presencia de un despido realizado en el marco de un ERE y ajeno por ello a la voluntad del trabajador, añadiendo que la cantidad de 143.041,53 euros netos que percibió se corresponde con la indemnización por despido y por tanto no procede su devolución.

Añadiendo el recurrente que, por otro lado, era nulo el compromiso contraído con la empresa cuando decidió acogerse al denominado "Plan General de Prejubilaciones contenido en el Plan de Prejubilaciones y Bajas Incentivadas 2006-2010", y aduce al efecto, tras insistir en que la cuantía percibida lo es en concepto de indemnización por finalización del contrato de trabajo en el marco de un despido colectivo, que la libertad de pactos promulgada en el artículo 1255 C.C. estaba limitada por el artículo 3.1 c) E. T., con lo que, a su entender, no sería válida la cláusula sexta del Plan de Bajas Incentivadas, que contravendría el artículo 35 C.E., insistiendo en que no se produciría por ello un enriquecimiento injusto del trabajador.

Ahora bien, pese a lo manifestado por el recurrente, es lo cierto que en el supuesto de autos no aparece que el demandado causara baja en la empresa de forma involuntaria, estando acreditado, antes al contrario, que se acogió voluntariamente al Plan de Prejubilaciones y Bajas Incentivadas 2006-2010 homologado por la Dirección General de Trabajo en fecha 9/3/2006 (Hecho Probado Segundo), y para ello suscribió con la empresa un contrato privado de prejubilación, en que se recoge el régimen de incompatibilidades a que hace referencia dicho hecho probado.

Así, y por más que el Plan antecitado estuviera homologado por la Dirección General de Trabajo, no cabe considerar que se trate aquí de un despido del trabajador, como afirma éste en su recurso.

Añádese a lo anterior que aun cuando el demandado sostiene que la cláusula de referencia, estipulada en el contrato antecitado, no era válida y debe tenerse por no puesta por las razones que se indican, lo cierto y verdad es que no cabe considerar que la misma contravenga la normativa citada. Y así debe subrayarse que, conforme a lo expuesto y frente a lo pretendido por el recurrente, la cantidad que percibió no lo fue en concepto de indemnización por finalización del contrato laboral en un despido colectivo, y que siendo así nada obstaba a que, en virtud del principio de libertad contractual consagrado en el artículo 1255 del Código Civil, pudieran pactarse libremente los compromisos referidos y estipularse las consecuencias derivadas del incumplimiento de los mismos, sin que sean de recibo las alegaciones del recurrente, en absoluto justificadas, en el bien entendido que no aparece aquí una renuncia de derechos reconocidos por disposiciones de derecho necesario.

Una vez expuesto lo que antecede, y teniendo en cuenta que el recurrente viene a afirmar después, en el motivo Quinto, que se han producido las infracciones que indica, dado que la cláusula sexta del pacto de bajas incentivadas establece una serie de incompatibilidades que deben cumplir los requisitos del artículo 21.2 E.T., hemos de señalar que esta norma se refiere al pacto de no competencia para después de extinguido el contrato de trabajo, sin que quepa aplicar las previsiones contenidas en la misma a supuestos distintos. Lo cual debe tenerse presente en el supuesto de autos, en que la estipulación 3.ª contenida en la cláusula sexta no constituiría propiamente un pacto de no competencia postcontractual, en tanto en cuanto en ella se contempla que el trabajador no podrá prestar servicios para la propia empresa ADIF (siendo evidente que una empresa no puede hacerse competencia a sí misma), con lo que, en una interpretación efectuada con arreglo a los criterios hermenéuticos antecitados, resulta indudable que lo que se trataba de compensar con la indemnización era la no percepción de remuneraciones tras el cese.

De modo y manera que, no existiendo la prohibición a que hace referencia el recurrente y siendo plenamente válida la cláusula antecitada, el trabajador no podía incumplir el compromiso adquirido, que, conforme a lo indicado y como se señala en la sentencia de instancia, nada tiene que ver con hacer competencia a la empresa en la que se prejubila el demandado, sino que se trata de que si el trabajador percibe una indemnización por cesar en la prestación de servicios acogiéndose a un plan de prejubilación, es lógico que después de percibir dicha indemnización no vuelva a prestar servicios en la misma entidad o en otra que dé servicios a dicha entidad, como es el caso de EWSI, para la cual el demandado presta servicios desde el mes siguiente a causar baja en ADIF (Hecho Probado Quinto).

Y entender lo contrario supondría, frente a lo sostenido por el recurrente, propiciar un enriquecimiento injusto del trabajador, si se parte de que la indemnización percibida obedecería a la causa mencionada (esto es, la no percepción de remuneraciones posteriormente al cese) y el demandado sí está trabajando tras cesar en ADIF, con lo que percibiría de EWSI las remuneraciones correspondientes.

Con lo cual, habiendo incumplido el trabajador lo estipulado en el pacto, no tendría ningún derecho a percibir la indemnización fijada en el contrato suscrito, debiendo proceder al reintegro de la cantidad percibida, al venir el abono de la misma condicionado al estricto respeto al pacto de referencia, al que ha de estarse necesariamente en virtud del artículo 1258 del Código Civil y del principio "pacta sunt servanda" (Art. 1255 del Código Civil y disposiciones complementarias), sin que quepa dejar en ningún caso la validez y el cumplimiento de los contratos al arbitrio de uno de los contratantes (artículo 1256 del Código Civil).

Finalmente, y dado que el recurrente afirma en el último motivo de su recurso, formulado con carácter subsidiario, que la cuantía de la condena debe reducirse exclusivamente a la cuantía neta percibida, hemos de señalar que tampoco puede acogerse este motivo.

Así, si por un lado nos encontramos con que, con arreglo a lo expuesto, no se trata aquí de una indemnización por despido (con lo que no cabría considerar que debe devolver las cantidades que excedan del mínimo legal de 20 días de salario por año de servicio fijado para dichas indemnizaciones, como pretende el demandado), resulta indudable, por otro lado, que al no tener derecho el trabajador a percibir ninguna cantidad al haber incumplido el pacto, a la empresa le debe ser restituida la cantidad bruta que abonó al trabajador en concepto de indemnización, esto es 165.235,18 euros brutos.

Por todo lo cual, con arreglo a lo expuesto, no habiendo incurrido la sentencia de instancia en las infracciones denunciadas, procede desestimar el recurso interpuesto, confirmando la resolución recurrida. Sin costas.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,


FALLAMOS


 
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por D. Nicolas contra la sentencia de fecha nueve de marzo de dos mil doce, dictada por el JDO. DE LO SOCIAL N.º 17 de MADRID en sus autos número DEMANDA 49/11, seguidos en virtud de demanda presentada por ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF), en reclamación de CANTIDAD, y en consecuencia, confirmamos dicha resolución. Sin costas.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de Sala.

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación, que se archivará en este Tribunal, y a los autos principales.

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Se hace saber a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de DIEZ DÍAS hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia. Siendo requisito necesario que en dicho plazo se nombre al letrado que ha de interponerlo. Igualmente será requisito necesario que el recurrente que no tenga la condición de trabajador,causahabiente suyo o beneficiario del Régimen Publico de la Seguridad Social o no gozare del derecho de asistencia jurídica gratuita, acredite ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso haber depositado 600 euros, conforme al artículo 229 de la LRJS, y consignado el importe de la condena cuando proceda, presentando resguardos acreditativos de haber efectuado ambos ingresos, separadamente en la cuenta corriente n.º 2827-0000-00-3717-12 que esta sección tiene abierta en BANCO CRÉDITO ESPAÑOL sita en C/ Miguel Ángel, 17; 28010 Madrid, pudiendo en su caso sustituir la consignación de la condena en metálico por el aseguramiento de la misma mediante el correspondiente aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por la entidad de crédito (art.230.1 L.R.J.S).

Se advierte, igualmente, a las partes que preparen recurso de casación para la unificación de doctrina contra esta resolución judicial, que, según lo previsto en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, modificada por el RDL 3/13 de 22 de febrero, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y de Ciencias Forenses, con el escrito de interposición del recurso habrán de presentar justificante de pago de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional a que se refiere dicha norma legal, siempre que no concurra alguna de las causas de exención por razones objetivas o subjetivas a que se refiere la citada norma, tasa que se satisfará mediante autoliquidación según las reglas establecidas por Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en la Orden HAP/266/2012, de 13 de Diciembre.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta Sección de Sala.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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