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Sentencia T.S.J. Canarias 507/2013 de 10 de julio


 RESUMEN:

Retribuciones y salarios: Reclamación de cantidad. Contra medida de reducción salarial. Reintegro de las cantidades deducidas. Convenio colectivo: Negociación colectiva.

Ilmos. /as Sres. /as

SALA Presidente

D./D.ª MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ PARODI PASCUA

Magistrados

D./D.ª ANTONIO DORESTE ARMAS

D./D.ª EDUARDO JESÚS RAMOS REAL (Ponente)

En Santa Cruz de Tenerife, a 10 de julio de 2013.

En el recurso de suplicación núm. 210/12 interpuesto por D.ª Eloisa contra la sentencia de fecha 28 de noviembre de 2011, dictada por el JUZGADO de lo SOCIAL N.º 7 de los de Santa Cruz de Tenerife en los autos de juicio 1.119/2010 sobre derechos-cantidad.

El Ponente, el/la Ilmo. /a Sr. /a D. /Dña. EDUARDO JESÚS RAMOS REAL, quien expresa el criterio de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.—Según consta en autos se presentó demanda por D.ª Eloisa contra la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias) y que en su día se celebró la vista, dictándose sentencia con fecha 28 de noviembre de 2011 por el JUZGADO de lo SOCIAL N.º 7 de los de Santa Cruz de Tenerife.

Segundo.—En la sentencia de instancia y como hechos probados se declararon los siguientes:

Primero.—La actora presta servicios como personal laboral fijo-discontinuo a tiempo parcial -18 horas semanales- para la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, con la categoría profesional de Auxiliar de Servicios Complementarios, Grupo Retributivo IV. SEGUNDO.- Hasta el mes de mayo de 2010 la demandante percibía como retribución los conceptos e importes siguientes:

Salario

P. concert.

C. destino

C. Espec.

C. incent.

C. Homol.

474,19

10,97

21,95

20,85

79,38

51,18

Tercero.—En Circular n.º 2 de 14 de junio de 2010 de la Dirección General de la Función Pública y Dirección General de Planificación y Presupuestos se dictaron instrucciones en relación con las retribuciones del personal al que se refieren los correspondientes preceptos de la Ley 13/2009, de 28 diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2010, con el fin de que las mismas se adapten a los preceptos básicos en la materia que contiene el Real Decreto-ley 8/2008, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. El punto 4 de esa circular establece lo siguiente: "4.1. Con efectos económicos de 1 de junio de 2010, el personal laboral al servicio de la Comunidad Autónoma de Canarias, percibirá las retribuciones que por todos los conceptos le corresponda con una minoración del 5 por ciento respecto de las cuantías que venía percibiendo a 31 de mayo de 2010, que no se aplicará, sin embargo, a las pagas adicional y extraordinaria del mes dé junio del presente año. 4.2 Las retribuciones del personal laboral sujeto al Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Comunidad Autónoma de Canarias quedarán de la siguiente forma: a) La cuantía del salario base previsto para cada grupo retributivo en el Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Comunidad Autónoma de Canarias será la que se detalla en el anexo III. b) El valor mensual asignado al trienio queda fijado en 28,59 euros. c) Las cuantías de los complementos, pluses derivados de convenio en vigor, así como los complementos y suplementos de categorías del personal laboral informático se detallan en el anexo IV. Los complementos y suplementos de categorías que figuran en el anexo IV, serán aplicables al personal laboral informático, a que se refiere la disposición adicional octava del Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Comunidad Autónoma de Canarias. d) Las cuantías mensuales que ha de percibir este personal, para hacer posible la aplicación al mismo de una cuantía anual equivalente a la que corresponde a los funcionarios públicos en concepto de Inclusión del complemento de destino mensual en las pagas extraordinarias se recogen en el anexo V apartado 1. Asimismo, el referido personal percibirá, en concepto de paga adicional, una cuantía anual equivalente a la que perciban los funcionarios públicos destinada a la inclusión progresiva del complemento específico o concepto adecuado o cuantía equivalente, los importes que figuran en el anexo V apartado 2". CUARTO.- A partir del mes de junio de 2010 las retribuciones de la demandante son las siguientes:

Salario

P. concert.

C. destino

C. Espec.

C. incent.

C. Homol.

450,48

10,43

20,86

19,81

75,42

48,62

Quinto.—La demandante ha presentado reclamación previa en vía administrativa el 20 de octubre de 2010.

Tercero.—La sentencia de instancia contiene el siguiente fallo:

Debo DESESTIMAR Y DESESTIMO íntegramente la demanda presentada por DOÑA Eloisa frente a la ADMINISTRACIÓN DE LA CC.AA. (CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, ECONOMÍA Y HACIENDA, DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA), absuelviendo a la demandada de todas las pretensiones contenidas en el suplico de la demanda.

Cuarto.—Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la demandante, siendo impugnado de contrario. Remitidos los autos a esta Sala se señaló fecha para la votación y fallo de la resolución el 4 de julio de 2013, habiéndose cumplido con las formalidades legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.—La sentencia de instancia desestima íntegramente la pretensión ejercitada por la actora, D.ª Eloisa, trabajadora que presta servicios a tiempo parcial (dieciocho horas semanales) para la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias con la categoría profesional de Auxiliar de Servicios Complementarios (Grupo Retributivo IV), la cual interesaba que se dejara sin efectos la medida de reducción de salarios que le fuera impuesta por el Real Decreto 8/2010 y por la Ley Territorial 7/2010, que se le reintegrara en sus derechos económicos y que se le devolvieran las cantidades indebidamente deducidas de sus haberes con los intereses correspondientes.

Frente a la misma se alza la trabajadora demandante mediante el presente recurso de suplicación articulado a través de un único motivo de censura jurídica a fin de que, revocada la sentencia de instancia, sea estimada íntegramente la demanda origen del presente procedimiento.

Segundo.—Por el cauce del apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral denuncia la trabajadora recurrente en su único motivo de censura jurídica la infracción del artículo 9 párrafo 3.º de la Constitución Española, del artículo 3 párrafos 1.º y 2.º del Código Civil y del artículo 1 del Real Decreto 8/2010. Argumenta en su discurso impugnatorio, en esencia que como quiera que la actora, como trabajadora a tiempo parcial que es, tiene unas percepciones totales que no alcanzan el 1,5% del salario mínimo interprofesional, tanto en aplicación del Real Decreto Ley 8/2010 como de la Ley Territorial 7/2010, queda fuera de la reducción general del 5% que para las retribuciones de los empleados públicos establecen dichas normas.

Dos son las cuestiones que, íntimamente relacionadas entre sí, han de ser abordadas separadamente.

Tercero.—En primer lugar determinar si un convenio colectivo estatutario vigente puede modificarse por ley, esta cuestión ya ha sido abordada y resuelta por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en su reciente sentencia de 20 de julio de 2011, respecto del personal laboral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que también vio reducidos sus salarios en un 5% en virtud de los dispuesto en el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo (que posteriormente fue convalidado por el Congreso de los Diputados el día 27 del mismo mes y año), resolución que tiene la enorme importancia de incorporar la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en la materia, en la que se dice textualmente:

"Los Sindicatos demandantes sostuvieron básicamente que la reducción de las retribuciones, producidas a partir de la nómina de junio de 2010, vulneró lo dispuesto en el art. 41 ET, puesto que se impuso unilateralmente por la AEAT, sin que podamos compartir dicha denuncia.

No compartimos que la decisión de la AEAT fuera unilateral, porque se ha acreditado cumplidamente que la deducción retributiva, producida por la misma a partir del mes de junio de 2010, trajo causa directa en el RDL 8/2010, de 20-05-2010, publicado en el BOE de 24-05-2010, que fue convalidado por el Congreso de los Diputados el 27-05-2010, así como por la resolución de la CECIR de 27-05-2010 (hecho probado sexto), debiendo descartarse, por consiguiente, que estemos ante una decisión unilateral de la AEAT, quien está sometida plenamente a la Ley y al Derecho, de conformidad con lo dispuesto en el art. 103. 1 CE, estando obligada, por consiguiente, a cumplir lo mandado por el RDL 8/2010, de 20 de mayo, estando obligada, por consiguiente, a ejecutar las deducciones retributivas establecidas por el RDL reiterado.

CCOO, UGT y CSI-CSIF defendieron, que la reducción retributiva, impuesta por la AEAT, era nula de pleno derecho, puesto que modificó las retribuciones pactadas en un convenio colectivo vigente sin seguir el procedimiento previsto en el art. 41 ET, considerando que el RDL 8/2010, de 20-05-2010 no amparaba dicha reducción, puesto que incumplía plenamente lo dispuesto en el art. 86. 1 CE, ya que no concurría una situación de extraordinaria y urgente necesidad y la reducción de los salarios, pactados en convenio colectivo estatutario durante su vigencia, vulneraba el contenido esencial del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva, contenidos en los arts. 7, 28.1 y 37. 1 CE.

La Sala defiende, como ya anticipamos en nuestro Auto de 4-03-2011, la concurrencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad, que justifica sobradamente, a nuestro juicio, la actuación del Gobierno, tal y como expusimos entonces.

La Sala dudó, sin embargo, sobre la constitucionalidad del RDL 8/2010, de 20 de mayo, porque la reducción retributiva, instrumentada mediante la modificación de los arts. 22 Dos B 4 y 25 Dos B de la Ley 26/2009, de Presupuestos Generales del Estado para 2010 por parte del RDL antes dicho podría afectar al contenido esencial del derecho a la libertad sindical en su vertiente funcional de negociación colectiva, por lo que elevamos cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, previa Providencia de 2-02-2011, en la que sometimos nuestras dudas a las partes y al MINISTERIO FISCAL, aunque no citamos expresamente lo dispuesto en el art. 86.1 CE, reprochándose reiteradamente dicha omisión por el Auto del Tribunal Constitucional de 5-07-2011, lo que nos provoca cierta perplejidad, porque el art. 35 2 LOTC no obliga, de ningún modo, a citar el precepto constitucional infringido, bastando '...con que la duda de inconstitucionalidad quede mínimamente identificada ante quienes han de ser oídos', como viene sosteniéndose de modo reiterado por STC 120/2000, de 10 de mayo, 166/2007, 202/2009 y 60/2010, así como en múltiples Autos del mismo Tribunal, por todos 47/2004, 202/2007 y 47/2010, habiéndose entendido por la Sala, erróneamente al parecer, que después de tres demandas acumuladas, así como la demanda de oficio promovida por la Dirección General de Trabajo y varias horas de juicio, en las que el debate se centró esencialmente en dilucidar si el RDL era vehículo adecuado para modificar durante su vigencia un convenio colectivo o vulneraba el contenido esencial del derecho de libertad sindical, habiéndose recogido expresamente en la providencia de esta Sala de 21-01-2011, que 'la nueva redacción de los artículos 22, 4 y 25 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2010, promovida por el artículo 1 del RDL 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, ya que podría afectar al contenido esencial del derecho a la libertad sindical, regulado en los artículos 7 y 28 1 CE, en relación con el derecho de negociación colectiva, regulado en el artículo 37 1 CE, entendiéndose por la Sala que dichos preceptos son aplicables al caso y el fallo depende de su validez, no siendo posible, a nuestro juicio, acomodar por otra vía interpretativa dichos preceptos al ordenamiento constitucional, permitía identificar perfectamente en qué consistía nuestra duda, puesto que el art. 53 1 CE deja perfectamente claro que solo por ley, que deberá respetar el contenido esencial de los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del Título I CE, podrá regularse el ejercicio de estos derechos y libertades, entre los que están ubicados los arts. 7, 28.1 y 37.1 CE, pero el Auto del Tribunal Constitucional de 7-06-2011 no comparte nuestro criterio y considera que se produjo un déficit de motivación en la fase de alegaciones de la cuestión de constitucionalidad, lo que nos obliga a acatar respetuosamente la crítica del alto Tribunal hacia nuestra providencia, como no podría ser de otro modo, a tenor con lo dispuesto en el art. 5. 1 LOPJ.

Las dudas mencionadas han sido consideradas notoriamente infundadas por el Auto del Tribunal Constitucional de 7-06-2011, al que se remite el Auto de 5-07-2011, donde se sostuvo lo siguiente:

'En relación con los preceptos legales cuestionados que resultan aplicables en el proceso a quo - arts. 22 Dos B.4 y 25 Dos B de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010, en la redacción dada por el art. 1 del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, y sin perjuicio de la forma defectuosa, ya apuntada, en que se ha llevado a cabo en este caso el trámite de audiencia del art. 35.2 LOTC, el órgano judicial promotor de la cuestión de inconstitucionalidad considera que vulneran el límite material que al decreto-ley impone el art. 86.1 de no afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I CE. Tras manifestar que no le suscita dudas en este caso la concurrencia del presupuesto habilitante para que el Gobierno dictara el decreto-ley, esto es, la existencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad (art. 86.1 CE), toda vez que si no se hubieran acometido urgentemente medidas orientadas a la reducción radical del déficit público se habrían intensificado los ataques especulativos contra nuestra economía, y, afirmar, por otra parte, que la ley puede modificar un convenio colectivo en vigor en aplicación del principio de jerarquía normativa, la Sala entiende, por el contrario, que no es posible modificar durante su vigencia lo pactado en un convenio colectivo mediante decreto-ley, ya que dicha modificación afecta a la intangibilidad del convenio, que forma parte del contenido esencial del derecho a la negociación colectiva (art. 37.1 CE), afectando, por consiguiente, a este derecho fundamental, que a su vez forma parte del contenido del derecho a la libertad sindical en su vertiente funcional (art. 28.1 CE).

En otras palabras, la fuerza vinculante del convenio colectivo forma parte del contenido esencial del derecho a la negociación colectiva (art. 37.1 CE), de modo que, sin transgredir el referido límite material del art. 86.1 CE, no es posible que a través de un decreto-ley se suspenda, modifique o se suprima un convenio durante su vigencia, puesto que esa suspensión, modificación o supresión afectaría al contenido esencial del derecho a la negociación colectiva (art. 37.1 CE). Constatado que en este caso los preceptos legales cuestionados han modificado las retribuciones pactadas en el Convenio XI de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, dicha modificación ha supuesto, a juicio de la Sala, una clara afectación a los derechos a la negociación colectiva (art. 37.1 CE) y a la libertad sindical (art. 28.1 CE), al dejar sin efecto lo pactado en el convenio colectivo y, en consecuencia, vaciar de contenido su fuerza vinculante.

Por las razones que a continuación se exponen, la cuestión planteada resulta notoriamente infundada (art. 37.1 LOTC), en el significado que a esta noción le viene dando una reiterada doctrina constitucional. De conformidad con dicha doctrina, el concepto de cuestión notoriamente infundada del art. 37.1 LOTC encierra un cierto grado de indefinición, el cual se traduce procesalmente en la necesidad de otorgar a este Tribunal un determinado margen de apreciación a la hora de controlar la solidez de la fundamentación de las cuestiones de inconstitucionalidad, de modo que existen supuestos en los que un examen preliminar de las cuestiones de inconstitucionalidad permite apreciar la falta de viabilidad de la cuestión suscitada, sin que ello signifique, necesariamente, que carezca de forma total y absoluta de fundamentación o que ésta resulte arbitraria, pudiendo resultar conveniente en tales casos resolver la cuestión en la primera fase procesal, máxime si su admisión pudiera provocar efectos no deseables, como la paralización de otros procesos en los que resulta aplicable la norma cuestionada (por todos, AATC 27/2010, de 25 de febrero, FJ 2; 54/2010, de 19 de mayo, FJ 3).

En relación con el límite material que para la figura del decreto-ley resulta de la prohibición de afectar [...] a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I CE, que es el concernido en este caso, este Tribunal ha rechazado una interpretación expansiva del mismo, pues se 'sustenta en una idea tan restrictiva del Decreto ley que lleva en su seno al vaciamiento de la figura y la hace inservible para regular con mayor o menor incidencia cualquiera aspecto concerniente a las materias incluidas en el Título I de la Constitución sin más base interpretativa que el otorgamiento al verbo afectar de un contenido literal amplísimo, lo que conduciría a la inutilidad absoluta del Decreto-ley, pues es difícil imaginar alguno cuyo contenido no afectase a algún derecho comprendido en el Título I CE (STC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 8). Frente a esa interpretación, una reiterada doctrina constitucional ha venido manteniendo en la interpretación de los límites materiales del decreto-ley una posición equilibrada que evite las concepciones extremas, de modo que la cláusula restrictiva del art. 86.1 CE (no podrán afectar) debe ser entendida de modo que no reduzca a la nada el decreto-ley, que es un instrumento normativo previsto por la Constitución del que es posible hacer uso para dar respuesta a las perspectivas cambiantes de la vida actual' (STC /1983, de 4 de febrero, FJ 5).

De conformidad con ese criterio hermenéutico, lo que le está vedado al decreto-ley, por el juego del límite material ahora examinado, es la regulación del régimen general de los derechos, deberes y libertades del Título I CE o que se vaya en contra del contenido o elementos esenciales de alguno de tales derechos (STC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 8), de modo que, de aquel límite se infiere o concluye, que el decreto-ley no puede alterar ni el régimen general ni los elementos esenciales de los derechos, deberes y libertades del Título I CE (SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 7; 137/2003, de 3 de julio, FJ 6; 108/2004, de 30 de junio, FJ 7; 189/2005, de 7 de julio, FJ 7, por todas). Asimismo, hemos declarado también que al interpretar el límite del art. 86.1 CE este Tribunal no debe atender al modo cómo se manifiesta el principio de reserva de ley en una determinada materia, sino más bien al examen de si ha existido afectación por el decreto-ley de un derecho, deber o libertad regulado en el Título I CE. Lo que exigirá tener en cuenta la configuración constitucional del derecho, deber o libertad afectado en cada caso e incluso su colocación en el texto constitucional y la naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se trate (SSTC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 2; 182/1997, de 28 de octubre, FJ 8; 137/2003, de 3 de julio, FJ 6; 108/2004, de 30 de junio, FJ 7; 189/2005, de 7 de julio, FJ 7; 329/2005, de 15 de diciembre, FJ 8).

En este caso, el órgano judicial estima afectados por los preceptos legales cuestionados, en cuanto afectan a la intangibilidad y fuerza vinculante del convenio colectivo, el derecho a la negociación colectiva (art. 37.1 CE), que forma parte del contenido del derecho a la libertad sindical (art. 28.1 CE). Ahora bien, como hemos señalado en la STC 210/1990, en un supuesto que, en cuanto a la identificación de los derechos afectados, presenta evidentes similitudes con el que ahora nos ocupa, el derecho específico a tener en cuenta dada la duda de constitucional suscitada, referida al alcance y valor normativo del convenio colectivo, es el art. 37.1 CE que reconoce el derecho a la negociación colectiva.

Sólo si se reconociera la afectación en los términos constitucionales del art. 86.1 CE de ese derecho podría llegar a plantearse sí además ello supone una afectación al derecho a la libertad sindical, toda vez que la alegada afectación de aquél es presupuesto para poder considerar la posible afectación de éste (FJ 2).

El derecho a la negociación colectiva se reconoce en el art. 37.1 CE, precepto ubicado en la Sección 2.ª, que lleva por rúbrica 'De los derechos y deberes de los ciudadanos'; del Capítulo II, intitulado 'Derechos y libertades', del Título Primero de la Constitución, que tiene por denominación 'De los derechos y deberes fundamentales'. Dispone aquel precepto que 'La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios'. No obstante el doble mandato que el tenor del art. 37.1 CE dirige a la ley de garantizar el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios colectivos, este Tribunal ha declarado que esa facultad que poseen los representantes de los trabajadores y empresarios (art. 37.1 CE) de regular sus intereses recíprocos mediante la negociación colectiva 'es una facultad no derivada de la ley, sino propia que encuentra expresión jurídica en el texto constitucional', así como que la fuerza vinculante de los convenios emana de la Constitución, que garantiza con carácter vinculante los Convenios, al tiempo que ordena garantizarla de manera imperativa al legislador ordinario (STC 58/1985, de 30 de abril, FJ 3).

Los preceptos legales cuestionados, en la redacción que les ha dado el art. 1 del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, no regulan el régimen general del derecho a la negociación colectiva reconocido en el art. 37.1 CE, ni nada disponen sobre la fuerza vinculante de los convenios colectivos en general, ni, particular, sobre los directamente por aquellos concernidos, que mantienen la fuerza vinculante propia de este tipo de fuente, derivada de su posición en el sistema de fuentes.

Para el órgano judicial promotor de la cuestión de inconstitucionalidad, sin embargo, los preceptos cuestionados afectan al derecho a la negociación colectiva en la medida en que afectan a la intangibilidad del convenio colectivo que es elemento o contenido esencial de aquel derecho. Abstracción hecha de que la intangibilidad o inalterabilidad no puede identificarse, ni, en consecuencia, confundirse, como se hace en el Auto de planteamiento de la cuestión, con la fuerza vinculante del convenio colectivo, lo cierto es que, como ya ha tenido ocasión de declarar este Tribunal, del art. 37.1 CE no emana ni deriva la supuesta intangibilidad o inalterabilidad del convenio colectivo frente a la norma legal, incluso aunque se trate de una norma sobrevenida (STC 210/1990, de 20 de diciembre, FF JJ 2 y 3), insistiendo el Tribunal en el contexto de esta declaración, en que, en virtud del principio de jerarquía normativa, es el convenio colectivo el que debe respetar y someterse no sólo a la ley formal, sino, más genéricamente, a las normas de mayor rango jerárquico y no al contrario (ibídem; en el mismo sentido, SSTC 177/1988, de 10 de octubre, FJ 4; 171/1989, de 19 de octubre, FJ 2; 92/1994, de 21 de marzo, FJ 2; 62/2001, de 1 de marzo, FJ 3; ATC 34/2005, de 31 de enero, FJ 5).

Así pues, los preceptos legales cuestionados no suponen una afectación en el sentido constitucional del término, del derecho a la negociación colectiva reconocido en el art. 37.1 CE, en cuanto ni regulan el régimen general de dicho derecho, ni la intangibilidad del convenio colectivo se configura como uno de sus elementos esenciales, por lo que no han franqueado el límite material que al decreto-ley impone el art. 86.1 CE de no afectar a los derechos, deberes y libertades del Título I CE'.

Despejadas las dudas de constitucionalidad, elevadas por la Sala, por parte del alto Tribunal, quien las considera notoriamente infundadas, al admitir que un convenio colectivo estatutario vigente puede modificarse mediante Real Decreto Ley, por las razones expuestas anteriormente, debemos concluir necesariamente que la reducción retributiva, impuesta por la AEAT a sus trabajadores, no vulneró lo dispuesto en los arts. 7, 28. 1, 37.1 y 86.1 CE, ni el art. 41 ET, ya que la AEAT está sometida a la Ley y al Derecho, de conformidad con lo dispuesto en el art. 103.1 CE, estando obligada, por consiguiente, a aplicar la reducción impuesta por los arts. 22.4 y 25 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2010, en la redacción dada por el art. 1 del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 mayo.

Dicha conclusión no puede enervarse, porque los arts. 66.2 y 134 CE establezcan que los Presupuestos Generales del Estado tengan que aprobarse mediante Ley por las Cortes Generales, puesto que el RDL 8/2010, de 20 de mayo se ha limitado a modificar, en un contexto de extraordinaria y urgente necesidad, los arts. 22. 4 y 25 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, habiéndose convalidado dicha actuación del Gobierno por el Congreso de los Diputados el 27-05-2010, no existiendo limitación en el art. 86 CE, que impida modificar, durante su vigencia, una Ley de Presupuestos Generales del Estado, siempre que concurran las exigencias contenidas en su apartado primero, lo que ha sido admitido por el ATC 7-06-2011, así como por el ATC 5-07-2011.

Consideramos también que no se ha producido ningún tipo de expropiación, como defendieron los demandantes, porque las retribuciones del personal laboral al servicio de las AAPP no pueden superar la masa salarial establecida anualmente por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, a tenor con lo dispuesto en el art. 21. 2 EBEP, que es exactamente lo sucedido aquí, ya que el RDL 8/2010, de 20 de mayo, en un contexto de urgente y extraordinaria necesidad, ha reducido la masa salarial de los empleados públicos, habiéndose considerado por el Tribunal Constitucional, que el vehículo utilizado no afecta al contenido esencial del derecho a la libertad sindical en su vertiente funcional a la negociación colectiva, que esta Sala acata en sus propios términos, de conformidad con el mandato del art. 5. 1 LOPJ.

Por consiguiente, si la deducción retributiva, impuesta por la AEAT, fue causada por su obligación de cumplir los arts. 22.4 y 25 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, en la versión dada por el RDL 8/2010, de 20 de mayo, debemos concluir obligatoriamente que dicha actuación se ajustó a derecho y no vulneró lo dispuesto en los arts. 7, 28.1, 37.1 y 86.1 CE, en relación con el art. 41 ET, lo cual nos obliga a desestimar tanto la petición principal, cuanto la subsidiaria de las demandas acumuladas, puesto que la reducción controvertida ha afectado a la masa salarial en su conjunto, que se ha visto reducida un 5%, siendo inadmisible, por consiguiente, que se mantengan los sueldos percibidos al 31-12-2009".

La identidad esencial entre el supuesto de hecho contemplado en la sentencia de la Audiencia Nacional que acabamos de transcribir parcialmente y el contenido en el presente procedimiento (no existiendo, por otra parte, razón que justifique apartarse de tal doctrina) resuelve en sentido positivo el debate planteado sobre la posibilidad de que una ley pueda modificar lo pactado en un convenio colectivo estatutario vigente.

Cuarto.—La segunda cuestión planteada consiste en determinar si el Real Decreto Ley 8/2010 o la Ley Territorial 7/2010 permiten reducir las retribuciones del personal a tiempo parcial cuando las percepciones económicas de éste no alcanzan el 1,5 del salario mínimo interprofesional, aunque un trabajador a tiempo completo de la misma categoría sí que cobraría por encima de ese mínimo.

El Real Decreto Ley 8/2010, en su artículo 2.º, da una nueva redacción al apartado 2.º del artículo 22 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2010. El punto cuatro de ese precepto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010 pasa a establecer que la masa salarial del personal laboral del sector público definido en el apartado Uno de este artículo (lo cual incluye al personal al servicio de las Comunidades Autónomas) experimentará la reducción consecuencia de la aplicación a este personal, con efectos de 1 de junio de 2010, de una minoración del 5 por ciento de las cuantías de cada uno de los conceptos retributivos que integran la nómina y que les corresponda percibir según los convenios colectivos que resulten de aplicación, a excepción de lo que se refiere a la paga extraordinaria del mes de junio de 2010 a la que no se aplicará la reducción prevista en el presente apartado.

El precepto también dispone en su último párrafo que "No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, dicha reducción no será de aplicación al personal laboral cuyas retribuciones por jornada completa no alcancen 1,5 veces el salario mínimo interprofesional fijado por el Real Decreto 2030/2009, de 30 de diciembre".

En concordancia con esta norma estatal, la Ley autonómica 7/2010, tras recordar en su exposición de motivos en relación con el Real Decreto-Ley que "Las medidas de reducción de las retribuciones se aplican con criterios de progresividad en el salario base y en los trienios del personal funcionario, dictándose normas específicas para el personal laboral. Se establece así, entre otras cosas, que dicha reducción no será de aplicación al personal laboral cuyas retribuciones por jornada completa no alcancen 1,5 veces el salario mínimo interprofesional fijado por el Real Decreto 2030/2009, de 30 de diciembre", en su artículo 1 párrafo 3.º letra c) dispone que "El personal laboral experimentará una disminución de un 5 por ciento en cada uno de sus conceptos retributivos, respecto a las cuantías vigentes a 31 de mayo de 2010, en los términos del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, sin que sea aplicable tal disminución a las cuantías que integran la paga extraordinaria ni a la paga adicional del mes de junio de 2010, ni a los complementos personales y transitorios y la indemnización por residencia. Sin perjuicio de la aplicación directa e individual de la disminución a que se refiere el párrafo anterior, la distribución definitiva de la misma podrá alterarse en la Mesa General de Empleados Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias mediante la negociación colectiva en los términos previstos en el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo".

Mantiene la parte demandante que la Administración demandada, ".haciendo una lectura extensiva y lesiva para los derechos de los demandantes, introduce un criterio nuevo (no previsto por el RD habilitante) cual es el de la aplicación proporcional". Esta Sala, al igual que el Juzgador de instancia, no puede sino estar en completo desacuerdo con dicha valoración jurídica.

Como punto de partida para resolver el debate planteado hemos de apuntar que el artículo 12 párrafo 4.º del Estatuto de los Trabajadores dispone literalmente que "el contrato a tiempo parcial se regirá por las siguientes reglas:...d) Los trabajadores a tiempo parcial tendrán los mismos derechos que los trabajadores a tiempo completo. Cuando corresponda en atención a su naturaleza, tales derechos serán reconocidos en las disposiciones legales y reglamentarias y en los Convenios Colectivos de manera proporcional, en función del tiempo trabajado".

Dicho precepto impone, por tanto, un criterio de identidad de derechos entre los trabajadores a tiempo parcial y los trabajadores a tiempo completo, criterio que se convierte en el de proporcionalidad en aquellos derechos que dependan del tiempo trabajado, dentro de los cuales se encuentra, por excelencia, toda la materia retributiva.

Como bien dice la Magistrada de instancia, si el último párrafo del apartado 2 del artículo 22 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010, en su actual redacción, excepcionara de los recortes retributivos al personal laboral con retribuciones inferiores al 1,5 del salario mínimo interprofesional, sin más concreciones, sería defendible lo que postula la demandante, pues la norma establecería un mínimo garantizado general, sin distinguir entre trabajadores a tiempo completo o a tiempo parcial. Pero el Real Decreto Ley se refiere expresamente al ".personal laboral cuyas retribuciones por jornada completa (.)", con lo que el límite retributivo de 949,95 € mensuales no prorrateados (el salario mínimo interprofesional para 2010, 633,33 €, incrementado en un 50%) por debajo del cual no es dable aplicar reducciones de salarios u otros conceptos retributivos viene expresamente referido a una jornada a tiempo completo, de modo que los trabajadores a tiempo parcial sí se han de ver afectados por los recortes retributivos, aunque perciban menos de 949,95 € mensuales no prorrateados, si la retribución a tiempo completo equivalente sí que superara ese mínimo legalmente establecido.

Como quiera que en proporción a la jornada de dieciocho horas semanales (aproximadamente un 48% de la jornada ordinaria pactada en el convenio colectivo para el personal laboral de la comunidad autónoma) la Sra. Eloisa sí cobra más de 1,5 veces el salario mínimo interprofesional (pues en atención a su jornada, esa cuantía mínima exenta de recortes sería de 455,98 €), se ha de concluir que la misma se ve afectada por las reducciones retributivas establecidas en las normas de rango legal antes transcritas y en la Circular de 14 de junio de 2010, y que la minoración del 5% aplicada a sus haberes es ajustada a derecho.

Por las razones expuestas, se desestima el presente motivo de censura jurídica y, por su efecto, el recurso de suplicación interpuesto por la actora, debiendo ser confirmada la sentencia combatida en todos sus pronunciamientos.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de pertinente y general aplicación,


FALLO


 
Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por D.ª Eloisa contra la sentencia de fecha 28 de noviembre de 2011, dictada por el JUZGADO de lo SOCIAL N.º 7 de los de Santa Cruz de Tenerife en los autos de juicio 1.119/2010, la cual confirmamos íntegramente.

Notifíquese esta sentencia a las partes en legal forma y al Ministerio Fiscal.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Social de origen, con testimonio de la presente una vez notificada a las partes y firme.

ADVERTENCIAS LEGALES

Contra la presente Resolución cabe únicamente Recurso de Casación para Unificación de Doctrina, que se preparará por las partes o el Ministerio Fiscal por escrito ante esta Sala de lo Social, dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la notificación de la sentencia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 220 y 221 de la Ley 36/2011, de 11 de Octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

Para su admisión será indispensable que todo recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, y no goce del beneficio de justicia gratuita, efectúe, dentro del plazo de preparación del recurso, el depósito de 600 €, previsto en el artículo 229, con las excepciones previstas en el párrafo 4.º, así como el importe de la condena, dentro del mismo plazo, según lo previsto en el artículo 230, presentando los correspondientes resguardos acreditativos de haberse ingresado en la C/C Tenerife:3777/0000/66/ seguidos del n.º de recurso de suplicación compuesto de 4 dígitos, y los dos últimos del año al que corresponde el expediente, pudiéndose sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista, y que habrá de aportarse en el mismo plazo.

Para el supuesto de ingreso por transferencia bancaria, deberá realizarse la misma al numero de cuenta 0030 1846 42 0005001274, y en el campo "Beneficiario" introducir los siguientes dígitos: 3777/0000/66/ seguidos del n.º de recurso de suplicación compuesto de 4 dígitos, y los dos últimos del año al que corresponde el expediente.

Notifíquese la Sentencia a la Fiscalía de este Tribunal y líbrese testimonio para su unión al rollo de su razón, incorporándose original al Libro de Sentencias.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Diligencia.-En Santa Cruz de Tenerife, a


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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